Solamente durante los últimos años, quizás cinco o menos, cuando ha sido más visible la grave violación de derechos humanos contra comunales, en medio de la afectación general contra defensores y dirigentes sociales, algunos sectores de la academia, de las ONGs de derechos humanos y de los medios de comunicación se han tratado de acercar a la realidad de esta organizaciones de base ciudadana, tan fundamentales para la vida de las comunidades y del País.
Pero, ¿son en realidad las juntas y organismos de acción comunal simples instrumentos del clientelismo y del Estado? Es una manera facilista e irresponsable de mirar el asunto, por el contrario, desde nuestras organizaciones, y en especial desde nuestros escritos hemos encajado la frase: “las organizaciones comunales no son clientelistas, el clientelista es el Estado y sus mal llamados partidos que imponen a nuestras organizaciones y comunidades la intermediación política para llevar beneficios a las comunidades”, lo que ha llevado a que los recursos del Estado lleguen a la base social como favor del político o gobernante de turno, subordinada a la población y sus dignatarios y no como deber del Estado y derecho ciudadano. Nuestras organizaciones son víctimas del régimen económico y político vigente. Siendo Roussonianos podemos decir que el origen del dirigente comunal es sano, es honesto, es llevar soluciones, mejoras, beneficios a la comunidad, es acceder el conocimiento y ejercicio de derechos pero en este trasegar su única opción es la intermediación política por lo que sin quererlo y en contra de su voluntad terminan atrapados por las redes de la politiquería.
Se debe poner de presente que parte fundamental de las soluciones a necesidades y aspiraciones de las comunidades se construyen en la base social con trabajo colectivo como la minga, el convite, la mano prestada, por ejemplo, por estos días se ha difundido un video en redes sociales sobre el Municipio de Argelia-Antioquia, en cabeza de Mario Loaiza Cardona Presidente de la Junta de la Vereda San Agustín y de la Asojuntas, quienes llevan dos caños construyendo una carretera de diez y ocho kilómetros a pica y pala y un tractor financiado con bazares, tamales y empanadas, o lo certificado por el Ministerio del Interior en el CONPES 3955 del 18 de Diciembre del año 2018 en el que reconocen que cerca del 30% de la infraestructura de este País, en especial el rural la ha construido la acción comunal o se ha conseguido por su planificación y gestión.
Es el gusto del dignatario comunal acudir a la politiquera para acceder a los beneficios del Estado?. No, en todos los escenarios la denuncian, la rechazan, es tema obligado de los congresos comunales nacionales, departamentales y regionales, pero en su base social no tienen otra opción, pues su única alternativa es supervivir en el territorio con su comunidad, desplazarse o morir, porque estas mafias electorales en muchos casos se confunden o tienen como instrumento final de chantaje a grupos armados.
Por el contrario, nadie en Colombia ha liderado más procesos desde la base social por la planeación y la presupuestación participativa como los comunales. Es que más del 35% de integrantes de los consejos territoriales de planeación proceden de los organismos comunales y sobre todo son el soporte organizativo territorial del Sistema Nacional de Planeación. Cuando se pregunta a los comunales si prefieren que los recursos públicos se ejecuten en sus barrios y veredas por contratistas externos que nadie conoce y que por lo general son del resorte de la politiquería, todos al unísono dicen, preferimos que se ejecuten por la vía de convenios solidarios con ellos, en que la comunidad hace rendir el recurso público con su trabajo, de hecho nadie en Colombia ha hecho rendir más el recurso público, en las pocas oportunidades que se le ha dado como las juntas de acción comunal. La denuncia reiterada de los comunales contra los contratistas de la politiquería cuando se roban los recursos ha sido una causa fundamental de segregación, amenazas, persecuciones y asesinatos.
Dada la presencia permanente de los organismos y dignatarios comunales en el territorio, es que los políticos, todos, buscan a las organizaciones de acción comunal y su infraestructura para sus campañas electorales y los gobernantes para difundir o aplicar sus políticas, partidos y movimientos políticos que carecen en el territorio nacional de estructuras organizativas y de base por lo que usan a la estructura organizativa comunal.
Generalmente la disputa por acceder al beneficio de las juntas se produce durante los últimos cinco meses antes de las elecciones, cuando los candidatos levantan sus carpas, circos, toldos o sedes de campaña. Durante cuarenta y tres meses cada cuatro años los organismos comunales son el voluntariado social más importante de Colombia en la construcción de comunidad, en las actividades de solidaridad, en la gestión comunitaria y en las relaciones con el Estado, bondades que se diluyen durante los cinco meses de campaña cuando los candidatos desvertebran la organización como en el tristemente recordado tormento del potro en el antiguo circo romano en que ataban a la victima de cada una de sus extremidades a un animal salvaje que luego los soltaban en diferentes sentidos causando su desmembramiento. Aquí el victimario es la clase política, sus candidatos y gobernantes.
En muchos municipios colombianos, en especial de categoría quinta y sexta que son el mayor número, el punto de partida de una candidatura exitosa es el porcentaje de dignatarios comunales a su disposición. Por eso la disputa por su sometimiento es furibundo en estas épocas electorales, rapiña que va desde la lisonja demagógica, pasando por el soborno, el chantaje, la amenaza, el desplazamiento y en los casos más graves el homicidio cuando no se someten o se oponen a ciertos candidatos. Por eso las alertas tempranas de algunos organismos públicos y en especial privados durante estas épocas de campaña o mejor carnaval electoral de compraventa, chantajes y sobornos.
En muchos de nuestros escritos y reclamaciones hemos dicho que la estigmatización es uno de los problemas más graves contra los dignatarios comunales por cuanto en los eventos electorales la absoluta mayoría, deben estar alineados con alguna candidatura so pena de las consecuencias ya descritas; si no lo están o son abstencionistas pueden ser calificados de subversivos o estando con un candidato, los otros lo estigmatizan y persiguen. Pasadas las elecciones las consecuencias son fatales para quienes no apoyaron al ganador pues es común oír a la desvergonzada clase política decir y muchas veces en público, que gobernarán para quienes los apoyaron, aplicándole la segregación, estigmatización y persecución contra los demás. Al final ni siquiera gobiernan para los que los apoyaron sino para ellos y sus contratistas.
El clientelismo y la corrupción son la nueva forma de esclavitud de la que no se escapa más de la mitad de la población colombiana, pues también lo son un alto porcentaje de funcionarios públicos de libre nombramiento que ingresan a las entidades públicas como cuota de un político y por el tiempo que determinen, de quien deben ser incondicionales so pena de perder la ocupación.
Los recursos para el soborno y chantaje a los dignatarios de las comunidades van desde los particulares de las campañas y de los candidatos, por lo general de procedencia incierta, hasta los públicos a través de las OPS-Ordenes de Prestación de Servicios, generalmente por tres meses, cuyo objetivo es cualquier cosa, por lo general servicios u oficios varios.
Como actúa el comunal cuando es libre de sobornos y chantajes? Cuando el comunal es libre de sobornos y chantajes, actuando con libertad, comparte las grandes causas sociales y políticas alternativas del municipio y del País. Así se puede desprender de las deliberaciones y conclusiones de los congresos comunales nacionales y territoriales; de los debates locales sobre temas de interés general sobre el ambiente, la biodiversidad, la participación; las consultas municipales sobre el agua, la vida y la biodiversidad tienen buen componte comunal, al igual que las movilizaciones y paros cívicos locales y en general luchas por los servicios públicos y sociales o grandes eventos recientes de interés nacional como el referendo contra la corrupción. Allí el componente comunal fue elevado, sin embargo a muchos sorprende que esos resultados generales no se reflejen en los eventos electorales locales y es por lo ya reiterado en el sentido que estos casos está en disputa, el poder y los recursos públicos por lo que es milimétrica la disputa por los votos utilizando las mañas, marrullas y vicios que sea necesario y si no obtienen los suficientes votos en las urnas, cuentan con el control de la Registraduría que sigue siendo en Colombia el principal “elector”
Los Gobiernos saben de esta forma de operar de las campañas violando la libertad de expresión y de votación?. No solamente conoce estas prácticas, sino que todo el Estado se alimenta de ellas, y casi que se debe a ellas, por eso cuando decimos que deben existir políticas y programas integrales que aborden el problema estructural de las afectaciones contra los dignatarios comunales y dirigentes sociales, el Estado y sus funcionarios escuchan y escuchan amablemente, pero poco hacen o no actúan y siempre presentan estrategias superficiales que no van más allá de atacar las consecuencias finales pero en nada las causas.
Esta realidad estructural de la política y del Estado Colombiano en sus diferentes niveles es el que impide que existan plenas garantías para el conocimiento y ejercicio de derechos ciudadanos. En Colombia existen suficientes normas constitucionales para que impere la planeación participativa, Leyes 152/94 y 1551/012; la presupuestación participativa, Leyes 1757/015, 1551/012; para que toda política, programa y proyecto con destino a una organización comunal o social sea concertado con ella, Ar 6, Parágrafo 1 Ley 15517/012; para que todo recurso con destino a una comunidad corresponda a proyectos de las comunidades radicados en los bancos de proyectos, Art. 49 Ley 152/94; para que los recursos públicos en las comunidades se ejecuten por convenios con ellas y con su componente en trabajo o especie lo que los haría infinitamente más eficientes, numeral 16 y Parágrafos 3 Art. 6 Ley 1551/012, sin embargo no existe ni un Estado que garantice el pleno conocimiento y ejercicio de estos derechos de las organizaciones ciudadanas, ni poderes locales que permitan su ejercicio pues siguen considerando su monopolio del poder un derecho adquirido que nadie puede variar y a quienes lo quieren asaltar a partir de sus derechos los consideran intrusos que desatan todo su odio, su rabia y su criminalidad.
Que alternativas pueden existe ante esta realidad?
Ante la dificultad desde nuestras organizaciones para incidir sobre estos poderes no obstante nuestros derechos, hemos concebidos estrategias alternativas como el Candidato es el Plan y Mandato Ciudadano por la Transparencia, para que más allá de incidir sobre los resultados electorales de los candidatos, desde las organizaciones vayamos construyendo formas de poder alternativo y soberano depositando un voto, así sea simbólico para algunos, por el Plan de Desarrollo de las Comunidades que incluye transcendentales conceptos de reconstrucción del tejido social, el ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos, más allá de los simples planes de arena y cemento o planes de negocios de los gobernantes y el Mandato Por la Transparencia y la Participación para lograr que los ciudadanos en urnas especiales colocadas en los salones comunales y otros espacios públicos depositen el voto por una forma de gobierno transparente que implique decisiones como la elaboración democrática de los planes desarrollo, de los presupuestos, la ejecución transparente de los recursos públicos y otras decisiones ya referenciadas.
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En Colombia existen hoy unas sesenta y cuatro mil juntas de acción comunal con unos siete millones de afiliados, más del catorce por ciento del total de la población, unas mil trescientas asociaciones municipales y locales, treinta y cuatro federaciones departamentales y de ciudades capitales y una Confederación. Son la organización de base social más extendida y estable en el territorio nacional en especial en los estratos uno dos y tres y en las zonas rurales y de conflicto.
Guillermo A. Cardona Moreno, Presidente Observatorio Nacional Comunal, Dirigente de Derechos Humanos
Foto tomada de: cundinamarca.gov.co
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