Existen críticas justificadas sobre alguna de estas medidas, como los cambios de los pensionados de los fondos privados al fondo pensional público, restando responsabilidad a las administradoras de pensiones y la poca accesibilidad de créditos para las micro y pequeñas empresas. A pesar de los posibles ataques, el Gobierno Nacional continúa en el diseño de políticas públicas que permitan garantizar una adecuada calidad de vida, que reflejen menores impactos tanto en la economía como en las personas. Con tal propósito, el Decreto 639 del 2020 pretende apoyar a las empresas en primer lugar para, financiarlas en cuanto a sus gastos por la falta de ingresos y en segundo lugar, que las empresas garanticen a sus trabajadores una proporción de los ingresos que permita el consumo mínimo. Esta política pública tomo el nombre de Programa de apoyo al empleo formal y se financiara con el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME.
Este decreto es una evidencia de los desafíos que enfrenta toda política pública y que se deben responder claramente para evidenciar que los resultados obtenidos están en relación con los resultados esperados. Toda política pública debe responder por quiénes son los beneficiarios, cómo se van a beneficiar y durante cuánto tiempo van a recibir dicho beneficio para no generar ningún incentivo a seguir recibiéndolo sin justificación. La primera pregunta es quienes van a ser los beneficiarios y bajo qué criterios se van a seleccionar.
Los criterios que establece el decreto para las empresas beneficiarios son personas jurídicas, constituidas con registro mercantil actualizado y que hayan presentado pérdidas de igual o más de 20% de sus ingresos. Con respecto a la selección de las empresas beneficiarias se tienen que,
- Cómo se establece la frecuencia de dichos ingresos. Los ingresos son mensuales o son trimestrales o a qué tipo de ingresos se refiere. Posiblemente una mejor variable para establecer las empresas beneficiarias pudo haber sido las ventas o el patrimonio, dado que con esta coyuntura son muy pocas las empresas que mantienen su mismo nivel de ingresos.
- Se excluye una gran parte de las empresas que no son formales y que de igual forma necesitan de dichos recursos y en una vista global, son las empresas que más complicaciones tienen al momento de acceder a créditos.
- No se hace diferenciación en los sectores ni tamaños de las empresas. Las políticas públicas deben tratar de beneficiar a la mayoría con la mejor asignación de presupuesto. Luego es importante analizar que existen sectores que generan más empleos que otros sectores y que de igual forma, no es lo mismo financiar empresas grandes que empresas micros y pequeñas. Se asume que las empresas grandes deberían tener mayor musculo financiero que las micros y pequeñas empresas.
Los auxilios “corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del salario mínimo legal mensual vigente”, tomado del artículo 3 del decreto y el tiempo del auxilio será por los meses de mayo, junio y julio y solo se podrá solicitar una vez, tomado del artículo 5 del decreto. Aquí es importante resaltar que no se sabe el tiempo que va a durar dicha crisis y que probablemente tres meses sean muy pocos, pero la realidad es que el recurso fiscal es escaso.
El decreto también es ambicioso en la forma en la cual va a operar. Necesitará de la correcta coordinación tanto de entidades públicas nacionales como el Ministerio de Hacienda, de la Unidad de Gestión Parafiscales y Pensionales, el Ministerio de Salud y de empresas privadas principalmente representadas por los bancos y los operadores de pago de la seguridad social, que son quienes manejan todo lo relacionado a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA. De igual forma no solo existen desafíos al momento de brindar el auxilio, sino desafíos en el momento de controlar que los auxilios sean usados para lo que en principio se presupuestó. ¿Cómo se va a validar que las empresas utilicen dicho auxilio para el pago de nómina? Lo que queda al final es simplemente confiar en las correctas decisiones de las empresas en el uso de dicho auxilio y esto evidencia el problema de los incentivos perversos, desarrollo de toda una teoría económica del comportamiento. Los incentivos perversos de salir beneficiado sin necesitarlo, generaran más costos a la administración pública porque implican una auditoria futura en sanciones disciplinaria, fiscales y penales, que crearan otra erogación en los presupuestos públicos de las entidades de control.
Estos desafíos que en principio son de la administración pública, que por la coyuntura involucran al sector y empresas privadas, refleja la necesidad de los sistemas de información y de su inter relación, para la toma de decisiones asertivas que minimizan las asignaciones de auxilios incorrectas. Se necesitarán sistemas de información de las empresas privadas que deben estar contenidas en las cámaras de comercio, información del pago de seguridad social de las empresas mediante PILA, información de las empresas utilizando dichos auxilios para el pago en nómina e información de las empresas que se vayan viendo beneficiados junto con la información presupuestal del auxilio. Un desafío grande, sabiendo que se está en contrareloj, por la premura y necesidad de dicho auxilio. Finalmente queda una duda y es cuáles serán las condiciones de dichos auxilios, simplemente se les cobrara el aumento del IPC para que el presupuesto cuando sea recuperado no pierda capacidad adquisitiva.
Este decreto es una evidencia de los desafíos que implican el diseño y la implementación de las políticas publicas y sobre todo cuando se está en contrareloj y se necesita de la pronta implementación de la política, de los incentivos perversos que se presentan en cuanto a las personas que se puedan aprovechar y la construcción de los sistemas de información, que ayudan a tomar las mejores decisiones de política pública. Las intenciones son las correctas pero es un camino largo para implementar esta política pública.
Luis Carlos Calixto Rodríguez
Foto tomada de: Periodico15.com/
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