No podemos seguir tolerando una sociedad donde la distancia entre los más ricos y los más humildes crece día a día, y esta mediada por la ausencia de mínimos derechos a millones de pobres. Desamparados que están por fuera de derechos como la educación de calidad, la falta de estabilidad laboral, la ausencia de una pensión, la inexistencia de servicios de salud o de pésima calidad, o la simple tenencia de un pedazo de tierra.
Desde la Constitución de 1991 nos comprometimos como país a instaurar un Estado social de derecho, es decir, un modelo de políticas públicas destinado a brindar derechos sociales a todos y todas por encima de los negocios. Asegurando de esta manera la justicia social, que es desde entonces, y lo ratifica el Acuerdo final de paz de 2016, el verdadero nombre de la reconciliación nacional. Pero el desconocimiento de la Constitución, del Estado social de derecho y de la democracia participativa ha sido la constante de todos los gobiernos que, desde César Gaviria hasta Iván Duque, vendieron el país con la apertura neoliberal, las reformas de ajuste estructural y la subasta de lo público, y todo, en medio de un ambiente creciente de corrupción política y putrefacción empresarial, cuyo resultado es la brecha brutal entre los pocos que lo tienen todo y la inmensa mayoría que se quedó sin nada.
Por esto, el éxito o fracaso del gobierno de Gustavo Petro, será el triunfo o la derrota de su política social. Y si fracasa su política social fracasará el país y seguiremos condenados al abismo aberrante de inequidades, exclusiones y violencias. Política social que, ante la inaceptable desigualdad que nos carcome, debe asumirse como la gran tarea histórica de corregir la deformidad colectiva que trajo un capitalismo enfermo por la gula de unos pocos, un capitalismo avaro y codicioso sostenido por una clase política corrupta, que hoy es llamada a rendir cuentas ante el pueblo.
Un pueblo que ahora pobla las calles con dignidad y se alista para cambiar el rumbo del país a través de la democracia directa, como alguna vez soñamos en la Constituyente. De eso se trata la consulta popular que ha convocado el Presidente, de hacer respetar la soberanía que instauró la Constitución del 91, del poder público que radica en el pueblo, de la voluntad general que con tanto recelo y miedo miran hoy quienes han acaparado y saqueado la riqueza de nación negando derechos a las mayorías y destruyendo el agua y demás bienes naturales.
A la economía le va bien y al pueblo le va mal
“Colombia fue la sexta economía de la OCDE” tituló el diario opositor El Colombiano en diciembre de 2024: “Colombia no solo sobresalió a nivel global, sino que se posicionó como el país latinoamericano con el mejor desempeño y el único de la región en el top 10”, transcribió el opositor diario antioqueño ante el informe del prestigioso diario londinense The Economist.
Lo anterior basta para desvirtuar contundentemente la andanada de información falsa y malintencionada que difunden algunos representantes de los gremios, líderes de la derecha y medios de comunicación, sobre la catástofre financiera del gobierno progresista de Gustavo Petro. Pero también sirve para preguntarnos: ¿Por qué si la economía va bien, al pueblo le sigue yendo mal? Es decir: no hay derecho a la tierra, no hay derecho a la salud, no hay derecho a un salario digno, no hay derecho a la pensión, no hay derecho si quiera a un contrato laboral. Entonces: ¿Si no llegan al pueblo, a dónde están llegando las grandes utilidades de la pujante economía colombiana?
Y la respuesta podemos encontrarla en la más prestigiosa publicación de finanzas y negocios norteamericana, publicación famosa por sus listas de hombres más ricos del mundo, la famosa revista Forbes, que en su edición de marzo sobre Colombia, destaca que tan solo en el mes de febrero de 2025, Jaime Gilinski aumentó su fortuna en DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, para un gran acumulado de riqueza de DIEZ MIL SETECIENTOS MILLONES DE DÓLARES
¿Cómo megaenriquecerse en medio de la pobreza?
En el informe de Forbes, para el año 2024, las seis personas más ricas de Colombia (un país pobre y promocionado por la derecha como un desastre económico) aumentaron sus fortunas en un 57,7% respecto de 2023, llegando a acumular TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS MILLONES DE DÓLARES. Y aquí, se destacan 4 mega ricos colombianos que tienen inversiones en diferentes áreas de la producción, entre ellas la producción de “noticias”. Información que paso de derecho fundamental en una democracia, a ser su negocio más rentable, su juguete preferido a la hora de acumular poder mediático. Cuarto poder que al final se traduce en el poder de aparecer o desaparecer, posicionar o destruir, o simplemente crear las noticias convenientes a sus negocios y a quienes los apalancan en el mundo político. Gigantes emporios mediáticos que se han encontraron con la piedra en medio de los ojos que les propinó los medios públicos, de ahí su odio visceral contra RTVC y su gerente Hollman Morris, que día a día desnuda sus falacias y manipulaciones y les arrebata el rating.
*Fuente revista Forbes Colombia
Para la Confederación Oxfam (Organización internacional que lucha contra la pobreza) en Colombia la extrema concentración de riqueza en pocas manos responde en un 94% por ciento a tres factores: i) privilegios heredados, ii) clientelismo puro y duro (influencia en las decisiones políticas) y iii) actividades monopólicas. Hoy las 4 personas más ricas de Colombia concentran recursos superiores a los que poseen 25 millones quinientas mil personas, es decir más de la mitad de la población.
Tan solo en época de pandemia, mientras mucha gente moría por la Covid 19 o quebraba financieramente ante la dureza del aislamiento social, los más ricos, estos megabillonarios, aumentaron sus fortunas en un 58%, mientras 3 millones de personas caian en la pobreza extrema. Y lo anterior, gracias en parte al lucrativo y corrupto negocio de la salud (especialmente las vacunas), gracias al negocio de los mercados infamemente inflados en precio y a los subidios que entregó el presidente Duque a las más poderosas familias, entre ellas las que controlan el sistema financiero. Subsidios financiados con la mayor deuda contraida por presidente alguno en la historia del país y que estamos pagando entre todos.
Dicha concentración de la riqueza prolifera en medio de un sórdido mundo político-empresarial, donde en la “bolsa electoral” se invierten grandes capitales en partidos y figuras políticas que trabajarán, desde las instituciones democraticas, para sus intereses y no para los del pueblo que están llamados a representar. Una rentable transacción donde los empresarios invierten un dinero en las campañas políticas (de todos los partidos) y ahora si pueden sentarse tranquilos a ver, por ejemplo, como sus políticos pre-pago hunden las reformas que puedan otorgar derechos al pueblo.
Porque los derechos, en en su estrecho y mezquino mundo, se colocan en rojo en la columna de gastos innecesarios. Y si la voz de sus políticos prepagos no es suficiente, tienen los poderosos parlantes de sus conglomerados mediáticos, que saldrán a decir que pagar una hora extra nocturna, o dar un contrato estable, o darle pensión a un viejo que aportó toda su vida al país, o proteger el agua o la naturaleza, o financiar un mecanismo de participación ciudadana, quebrará al país, destruirá cientos de miles de empleos, acabará las empresas, frenará al desarrollo y nos volveremos como Venezuela.
Que valga la pena decirlo: la amenaza válida ahora, sería que quieran volvernos como la Argentina (de Milei)
Gabriel Bustamante Peña
Foto tomada de: RTVC Noticias
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