La elección presidencial venezolana no fue un proceso democrático
El régimen de Nicolás Maduro -que controla a su favor las instituciones estatales nacionales-, le puso todas las trabas posibles a la oposición para su participación electoral. Empezó por inhabilitar a María Corina Machado (MCM), pese a que ella ganó las elecciones primarias de la oposición, con más de dos millones de votos. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó su inhabilitación por 15 años, acusándola de presunta participación en delitos contra el Estado, como apoyar sanciones contra Venezuela. Tampoco aceptaron que la académica Corina Yoris, se inscribiera como candidata en reemplazo de Machado. Entonces, la Plataforma Unitaria Democrática registró como candidato al exdiplomático Edmundo González Urrutia (EGU), quien -con casi 7 millones y medio de votos, 67,7% del total- ganó la elección. Así lo demuestran las actas de las mesas electorales, que la oposición recogió al terminar la elección del 28J y ha difundido ampliamente[1]. La oposición logró el apoyo popular mayoritario no solo al interior de Venezuela sino entre la diáspora venezolana, pese a que interfirieron sus posibilidades de votar. Pero Edmundo González tuvo que huir de Venezuela, no se le ha permitido regresar, menos aún desde que anunció que estaría el 10 de enero para posesionarse.
El régimen de Maduro abandonó la narrativa chavista de ser un proyecto democrático con respaldo electoral, prefirió ser y actuar como dictadura. Pese a que firmó con la oposición, en octubre de 2023, el acuerdo de Barbados, el gobierno desconoció su compromiso de dar garantías electorales y derechos políticos a los venezolanos, así como proteger esos y otros intereses vitales de Venezuela. Por todo eso, Maduro, tiene cada vez menos legitimidad; su poder depende de la capacidad de su aparato represivo. No le importa aferrarse al poder sin apoyo popular, le importa mantener capacidad de coerción con el control y uso del aparato represivo del Estado, y con el apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas comandadas por Padrino López, así como con la actuación violenta de los llamados “colectivos” y de grupos irregulares que actúan desde Venezuela, como el ELN y disidencias exFarc.
Imposición por la fuerza y sus efectos
Entre el 9 y 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro se instaló en su tercer periodo consecutivo en el poder, imponiéndose por la fuerza pues ha logrado controlar el poder con aumento de represión y uso de la fuerza militar y policial. El incidente sufrido por MCM cuando iba hacia Caracas, luego de un período en la clandestinidad, aumentó el miedo en la población y en la oposición, que el régimen ha logrado infundir. Todo esto ha incrementado el deterioro democrático interfiriendo el papel de la oposición y sumiendo la población en un gran temor. Ahora anuncia su intención de reformar, a su acomodo, la constitución, e implantar el llamado Estado Comunal.
El régimen tratará de que las elecciones regionales en 2025, no sean competitivas, no generen posibilidades de escoger una tendencia política distinta a la suya. La oposición trata de lograr aceptación popular y alimenta las esperanzas de la sociedad en lo que un cambio político se puede lograr; pero ve limitada su capacidad de movilizar a la población por acción del aparato represivo del régimen.
Así seguirá agudizándose el problema de gobernanza del régimen de Maduro tanto con el agravamiento de la pobreza interna como con la pérdida de credibilidad, en especial de potenciales inversionistas. Justo cuando Venezuela necesita reactivar la economía, crece el temor de invertir allí ante la ausencia del Estado de derecho y de sus garantías procesales. Esa situación estimula especulación y corrupción e impide acceder a créditos o reincorporarse a los mercados financieros internacionales cuando necesita inversiones para reactivar la producción petrolera, estabilizar su economía, generar reformas estructurales, evitar embargos de activos externos por acreedores que buscan recompensar sus pérdidas por confiscación.
Todo esa crítica situación en Venezuela ha llevado a que buena parte de su población se vaya del país. Esa diáspora, ya supera los 7.500.000 migrantes. Venezuela pierde talentos y fuerza de trabajo productivo, agrava el terrible estado de los servicios de salud, educación, seguridad; aumentan el déficit fiscal, la inestabilidad de precios y del tipo de cambio, la inflación y contracción económica. Además, se acelera la imposición de sanciones y de órdenes de captura contra Maduro y sus cómplices, acusados de crímenes de lesa humanidad por organismos multilaterales, y su aislamiento internacional. Desde Estados Unidos ofrecen 25 millones de dólares por Maduro y otro tanto por Diosdado Cabello y 10 millones de dólares por Padrino López [2]. Todo eso ha ido mostrando que con Maduro no hay futuro, y él aspira a que lo salve Donald Trump a cambio de petróleo.
El gobierno de Maduro aumenta la militarización ante los anuncios de protestas 9 y 10 de enero y genera, en la primera quincena de enero, al menos 83 detenciones arbitrarias. Como señala Ligia Bolívar[3] la mayoría de estas detenciones, al no ser reconocidas por el Estado o al negar el paradero de las víctimas, constituyen desapariciones forzadas, uno de los crímenes contra la humanidad que, junto al crimen de persecución, está siendo empleado por el Estado en aras de disuadir el trabajo de la sociedad civil en el contexto poselectoral, y del golpe de Estado en curso, desde la posición de un gobierno que se sabe perdedor de las elecciones, pero que ha preferido aferrarse acudiendo a la fuerza. Y agrega que Maduro no estuvo en condiciones de cumplir con los postulados mínimos de la Constitución, que obliga a juramentarse ante la Asamblea Nacional, y ese día no hubo ni quórum de los diputados. Por eso ‘Alerta Venezuela’ llama a los Estados a intensificar el uso de sus canales diplomáticos, así como los mecanismos disponibles conforme con el Derecho Internacional, con el fin de: -proteger a activistas, defensores, periodistas y cualquier persona perseguida por oponerse al gobierno; -apoyar con acciones coordinadas el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho; – favorecer soluciones que tengan por norte la garantía de derechos humanos.
Afectaciones a Colombia
La primera afectada es la frontera que articula asuntos claves colombo-venezolanos, ante todo, poblacionales -comunidades indígenas binacionales, habitantes de un país que se han ido a vivir al otro-; ambientales -ecosistemas de enorme importancia para ambos lados-; también económicos y de seguridad, aumenta las incertidumbres, etc. Sin importarle esas articulaciones, Maduro arbitrariamente ordenó “cerrar la frontera con Colombia” 72 horas del 10 al 13 de enero.
Efectos del deterioro en la relación con Venezuela también podrían sentirse en las negociaciones con el ELN, que se desarrollan en ese país, la acción en la frontera colombo-venezolana de ese y otros grupos transfronterizos como el Clan del Golfo, afecta tanto la población como el renacimiento del comercio binacional. Además, la crisis humanitaria en Venezuela ha ido forzando a millones de ciudadanos a buscar refugio, empezando por el país más vecino.
Preocupa que el presidente Petro ha sugerido que las sanciones internacionales son el principal factor que afecta la democracia en Venezuela, desconociendo las actuaciones del régimen chavista-madurista; o que coopte el grosero mentís del régimen de Maduro sobre la detención de MCM, para calificarla de fake news. En la campaña electoral de 2026, la relación con Venezuela será un tema crucial que no se puede atender repitiendo las narrativas del régimen madurista ni buscando congraciarse con ese gobierno sino con una sólida relación entre los dos estados, las autoridades y poblaciones fronterizas.
Gran rechazo mereció el deplorable llamado de Álvaro Uribe (desde Cúcuta) del 12 de enero 2025, a optar por la vía militar frente al régimen de Maduro, intervención que agravaría los efectos en Colombia. Maduro respondió señalando a Uribe de ser un “triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal”. Uribe fue apoyado por la candidata presidencial Vicky Dávila, quien en su cuenta en X dijo que, la única amenaza creíble para Maduro y su régimen es el uso de la fuerza de una coalición de países occidentales, con una labor de inteligencia quirúrgica para convencer a los militares de que se hagan a un lado o incluso apoyen a las fuerzas democráticas, las elegidas en las urnas[4]. Así menosprecia que los efectos de una acción como esa recaen en el pueblo raso que los sufre. En cambio, el presidente Gustavo Petro señaló que eso sería una violación a la autonomía del vecino país y solo llevaría a más violencia.
El canciller Luis Gilberto Murillo ha tratado de clarificar la situación. El 12 de enero de 2025, señaló que, aunque no hubo reconocimiento oficial a la posesión de Maduro, debido a la falta de garantías en las elecciones, la asistencia del embajador colombiano Milton Rengifo fue “la decisión más responsable” para garantizar canales diplomáticos y evitar ruptura de relaciones, que hay que manejar con mucho tacto por las implicaciones que tiene para las comunidades fronterizas[5]. Además, destacó la importancia de mantener “canales humanitarios” con Venezuela y rechazó la propuesta de intervención militar en el vecino país[6].
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[1] https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-venezuela/ser-vecinos-de-venezuela-hoy-es-realmente-dificil/
[2] https://www.elnacional.com/opinion/el-ultimo-gran-error-de-maduro/
[3] https://alertavenezuela.org/blog/2025/01/14/inicio-el-golpe-de-estado-en-venezuela/14en25
[4] https://www.lasillavacia.com/en-vivo/vicky-davila-sobre-venezuela-solo-queda-el-uso-de-la-fuerza/
[5] https://www.elespectador.com/politica/expresidente-uribe-pidio-una-intervencion-militar-internacional-en-venezuela-para-sacar-a-maduro-noticias-hoy/
Socorro Ramírez
Foto tomada de: Yahoo Noticias
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