Previo a estas últimas sanciones, el gobierno contaba con la posibilidad de poner en marcha un programa de recuperación económica que pudo haber reiniciado el crecimiento económico. A diferencia de la mayoría de los países que sufren una crisis de balanza de pagos, Venezuela no necesariamente tendría que pasar por un periodo de “ajuste estructural”, como solía llamarse hasta que los programas del FMI dieron a este término una mala reputación. Con este tipo de ajuste, los niveles de vida suelen caer, al menos a corto plazo, porque el país tiene que recortar las importaciones para equilibrar las cuentas externas. Pero las importaciones en Venezuela ya se han visto recortadas en más de 75 por ciento desde 2012. Esta es una cifra asombrosa. Para comparar, Grecia ha recortado sus importaciones por aproximadamente 31 por ciento después de sufrir una depresión por la mayor parte de los últimos siete años, es decir dos veces la duración de la depresión actual en Venezuela.
Esto significa que la economía venezolana podría comenzar a recuperarse con bastante celeridad en respuesta a las reformas adecuadas, sin tener que sufrir nuevas reducciones en la producción o en el empleo. Por lo menos esa era la situación hasta el pasado viernes, cuando Trump emitió su orden ejecutiva.
El ajuste que requiere Venezuela tiene que ver principalmente con los precios relativos, y en particular su tipo de cambio. Esto lo podemos constatar al observar lo ocurrido durante los últimos cinco años. Para octubre de 2012, la inflación se ubicaba en una tasa anual de 18 por ciento, y el precio de un dólar en el mercado negro era de Bs. 13. Hoy en día, la inflación se alza a más de 600 por ciento para el pasado año, y un dólar cuesta más de 17.000 BF.
Ambas tendencias se refuerzan mutuamente en lo que se denomina una espiral “inflación-depreciación”. A medida que aumenta la inflación a nivel nacional, más gente busca hacerse de dólares; mientras más los compran, más se dispara el precio del mercado negro. Esto aumenta el costo de las importaciones, lo cual aumenta la inflación, y el ciclo se mantiene.
Si vemos los datos de los últimos cinco años, este proceso ha sido más o menos continuo; hubo algunas pausas en la espiral cuando el gobierno indicó que iba a abandonar este sistema de tipo de cambio disfuncional, pero después se reanudó. Hoy en día, el gobierno todavía regala más del 90 por ciento de sus dólares a una tasa de10 BF por dólar. Normalmente sirve para la importación de comida, medicina y otros artículos esenciales. Pero se puede imaginar los fuertes incentivos para la corrupción cuando un dólar que cuesta 10 BF se puede vender por más de mil veces ese precio en el mercado negro.
No cabe duda de que el colapso de los precios del petróleo que tuvo lugar en 2014 hizo que todo fuera mucho más difícil para Venezuela, ya que el petróleo representaba el 95 por ciento de sus exportaciones y la mayor parte de los ingresos del gobierno. Pero Venezuela entró en recesión ese año cuando el petróleo aún estaba por encima de los 100 dólares el barril, debido al fracaso de la política económica. Y la respuesta al colapso del precio del petróleo, especialmente al mantener un sistema de tipo de cambio económicamente letal, aseguró una catástrofe prolongada.
La única forma de escapar a esta situación es flotar la moneda y dejar que llegue a un equilibrio. Una vez que haya tocado fondo, es de esperar que buena parte de los ahorros que tienen los venezolanos en dólares, principalmente en el extranjero, volvería al país, ya que todo es barato en dólares y tendrían la certeza de que el tipo de cambio se habría estabilizado. Esto fue lo que ocurrió en Argentina luego de que flotara su moneda, lo cual derivó en una gran devaluación a principios de 2002. En el caso de Venezuela, la estabilización de la moneda pondría fin a la actual espiral inflación-depreciación y eliminaría por completo el mercado negro del dólar.
Por otra parte, el tipo de cambio no es el único ajuste de precios relativos que requeriría la economía. Existen muchos controles de precios disfuncionales que no han logrado su propósito y tendrían que eliminarse. En 2015, por ejemplo, la inflación alcanzó un 180 por ciento anual. No obstante, los precios de los alimentos que estaban sujetos a controles de precio, aumentaron casi el doble. Además, miles de millones de dólares en alimentos subvencionados cruzaban la frontera en contrabando hacia Colombia.
Los subsidios del gobierno a la energía doméstica, que incluyen electricidad y gasolina prácticamente gratuitas, también tendrían que reducirse con el tiempo. Son bastante elevados: proporcionalmente al tamaño de la economía, viene siendo casi equivalente a toda la recaudación de impuestos sobre la renta y corporativos en Estados Unidos. El dinero que se gasta en dichos subsidios podría destinarse a subsidiar alimentos a los consumidores de forma directa.
Sin embargo, la orden ejecutiva de Trump cambia dramáticamente la situación. Incluso si Venezuela llegara a estabilizar el tipo de cambio y su economía, y ésta volviera al crecimiento, se le negarían los préstamos, las inversiones, e incluso las fuentes propias de ingresos, como los dividendos de la empresa CITGO en EE.UU. que pertenece a Venezuela. Esto hace que una recuperación sostenida se vuelva casi imposible sin ayuda externa, o un nuevo gobierno que cuente con la aprobación del gobierno de Trump.
Precisamente para eso están diseñadas las sanciones: destruir aún más la economía y asegurarse de que no se puede recuperar. No cabe duda alguna en este sentido. Las sanciones también empujan al país hacia un default, lo cual generaría toda una nueva serie de problemas financieros graves, incluyendo el posible embargo de activos petroleros venezolanos a nivel internacional, junto a una merma en el precio del crudo del país.
Otra forma en que las sanciones impiden la recuperación es hacer imposible una reestructuración de la deuda. Dicha reestructuración sería otra manera de darle a Venezuela un margen de respiro al llegar a un acuerdo voluntario con los acreedores, a modo de posponer los pagos de deuda actuales a cambio de nuevos bonos. Sin embargo, la orden ejecutiva de Trump le prohíbe a instituciones financieras y a individuos el participar en tales nuevas emisiones de bonos.
Si damos un paso atrás y vemos a Venezuela desde lo lejos, ¿cómo puede un país con 500 mil millones de barriles de petróleo y cientos de miles de millones de dólares en otros minerales en su subsuelo ir a la quiebra? La única forma de que algo así pueda suceder es si el país se ve aislado del sistema financiero internacional, afectando los préstamos y la inversión. De lo contrario, Venezuela podría vender o incluso canjear parte del petróleo o minerales en su subsuelo, con el fin de obtener los dólares necesarios. Los $ 7,5 mil millones en oro que se conservan en las reservas del Banco Central podrían servir rápidamente de garantía para un préstamo. En los últimos años, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ejerció su influencia para asegurarse de que los bancos que querían financiar un canje, como por ejemplo JP-Morgan Chase y Bank of America, no lo hicieran.
Pero ninguna de las anteriores opciones se encuentran disponibles para un gobierno que se enfrenta a una expulsión del sistema financiero internacional, tal como lo impone actualmente el gobierno de Trump. Ciertamente, Venezuela ya había sido en gran parte excluida de los mercados internacionales de bonos para nuevos préstamos, antes de la orden ejecutiva de Trump, pero no se trataba de algo irreversible. (En fechas tan recientes como el año pasado, una reestructuración de la deuda que habría pospuesto miles de millones de dólares en pagos casi llegó a concretarse). Hoy por hoy, la falta de acceso a los mercados financieros internacionales por parte de Venezuela es irreversible, por lo menos mientras que Trump o su sucesor así lo deseen.
¿Qué se puede hacer? Ahora que el gobierno de Trump se ha comprometido firme y abiertamente a un cambio de régimen mediante la destrucción de una ya debilitada economía venezolana, queda claro que Venezuela tendrá que buscar ayuda externa para poder sobrevivir, tal como lo hizo Nicaragua, cuando Ronald Reagan (de igual modo, sin motivo legítimo y buscando un cambio de régimen violento) declaró un embargo económico en contra de ese país en 1985. Por supuesto, estamos en un mundo diferente al de la Guerra Fría de los años 80 (a pesar de los paralelos que se vienen acumulandoen los últimos tiempos), pero todavía existen otros países que cuentan con una política exterior independiente, entre los cuales destaca China. Al tener la mayor economía del mundo, China podría ayudar a Venezuela a sobrevivir estas sanciones unilaterales.
China emitió un fuerte comunicado condenando las últimas sanciones de Trump. China apoyó las últimas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte en agosto, a iniciativa del gobierno de EE.UU. (Probablemente haya sido un error). Pero al igual que el resto del mundo, los chinos entienden que las sanciones contra Venezuela no son otra cosa que un evidente intento de derrocar a un gobierno soberano. Si las sanciones de Trump se sometieran a votación ante la Asamblea General de la ONU, obtendrían un nivel de apoyo cercano al del embargo de EE.UU. contra Cuba. La última vez que Estados Unidos votó sobre esa cuestión, en el año 2015, 191 países votaron a favor de condenar el embargo, mientras que sólo Israel apoyó a Estados Unidos.
Hasta ahora, ningún gobierno que no sea de Trump ha expresado su apoyo para estas sanciones contra Venezula.
China cuenta con más de 3 billones de dólares en reservas y le ha prestado decenas de millardos de dólares a Venezuela, de los cuales la mayor parte ha sido cancelada, y se espera que el resto se pagará en envíos petroleros.
Puede que China esté dispuesta a ayudar. No hay forma de saber lo que el gobierno en Beijing estaría dispuesto a hacer, pero tendría sentido para el gobierno venezolano acercarse a éste con un plan económico que brinde ciertas garantías de que su dinero no se desperdiciaría. Esto implica un plan que incluye las reformas básicas necesarias para estabilizar el tipo de cambio y la inflación, a modo de permitir la reanudación del crecimiento económico. Los chinos son famosamente reacios a decirle a cualquier gobierno soberano cuáles han de ser sus políticas económicas, y no colocarían condiciones de este tipo en cuanto a préstamos o inversiones — a diferencia del gobierno de Estados Unidos o el FMI o el Banco Mundial, dominados por Estados Unidos
Pero puede que China esté más dispuesto a ayudar a Venezuela en esta situación si se les presenta un plan sensato que apunte a la recuperación económica. También tendría sentido que Venezuela se acerque al Partido Comunista de China, ya que puede influir en las decisiones del gobierno chino y a veces adopta un enfoque más solidario en las relaciones internacionales.
Contrarrestar las sanciones ilegales (tanto en derecho estadounidense comointernacional) de Trump beneficiaría a todos los venezolanos. Evidentemente, en cuanto a efectos inmediatos, cualquier ayuda que logre aliviar la escasez de alimentos y medicinas sería importante, y podría contrarrestar el impacto de las sanciones sobre la recuperación económica. Por otra parte, los préstamos y la ayuda china también podrían coadyuvar a una solución negociada. Aunque ni la oposición venezolana ni el gobierno hicieron concesiones significativas durante las negociaciones a finales del año pasado, hay poco incentivo para que la oposición negocie siempre que puedan contar con un deterioro económico continuo. Una recuperación de la economía haría que dicho incentivo reaparezca para la oposición.
China tiene intereses nacionales propios en no querer que toda Suramérica vuelva a estar dominada por el gobierno de EE.UU., como lo estuvo el siglo pasado, sobre todo con un presidente cada vez más agresivo, volátil, y perturbado al mando. Pero en este caso, sus intereses coinciden con el interés del mundo en general, en el que la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación son de vital importancia, habiéndose conseguido con mucho esfuerzo. Mientras que Trump busca posibles escenarios de acción militar en todo el mundo, a modo de salvar su fracasada presidencia, el pueblo estadounidense también tiene interés en cualquier cosa que ayude a resolver un conflicto que él ya ha anunciado como un posible blanco militar.
La gran mayoría del establishment en materia de política exterior y los medios de comunicación de EE.UU. no logran entenderlo, ya que ven el mundo desde el prisma del poder estadounidense, como solían hacer durante la Guerra Fría; sufren de un exagerado sentido de su importancia, capacidad y benevolencia; y poco les importa la soberanía o la autodeterminación de naciones “menores”. Esto los lleva a cometer muchos errores funestos y violentamente destructivos, como en los casos de Irak, Afganistán, Siria y Libia. Su apoyo a un cambio de régimen en Venezuela está entre esos errores.
Venezuela es un país polarizado, y es casi seguro que el conflicto requerirá una solución negociada, si ha de evitarse una guerra civil. Una mediación internacional con la participación de terceros aceptados por ambos bandos podría ayudar, junto a actores neutros y éticos que pueden jugar un papel importante, como el Papa Francisco, quien ha hecho llamados al diálogo en repetidas ocasiones. Pero el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos, preferiblemente por vía de elecciones democráticas. No es algo que Donald Trump deba decidir.
MARK WEISBROT: codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).
(Traducción por George Azariah-Moreno.)
(Una versión de este artículo fue publicado en inglés por The Nation, el 7 de septiembre de 2017.)
Tomado de https://www.alainet.org/es/articulo/187939
Deja un comentario