Ha sido frecuente en nuestro país utilizar la expresión de que la “justicia es para los de ruana” significando con ello que aquellos que tienen plata y poder pueden salir fácilmente de sus líos judiciales y ello se confirma con los seguimientos que realizó la DEA y que terminaron destapando lo que ahora se llama el “cartel de la toga”; Un entramado dedicado a vender por cuantías millonarias las decisiones judiciales en la Corte Suprema y en la Fiscalía.
Pero las implicaciones del cartel de la toga van mucho más allá de casos aislados, en donde se exige plata para favorecer decisiones judiciales, y deja al descubierto el funcionamiento del lawfare o guerra jurídica en la que las armas son leyes, manipuladas de forma unilateral y arbitraria con fines políticos[i]. Durante el debate sobre la corrupción llevado a cabo en el congreso de la república en octubre del presente año el senador Jorge Enrique Robledo hizo la siguiente declaración:
“Aquí hay un asunto que hay que mencionar en el caso del Doctor Martínez Neira, él está en campaña es obvio es un cuadro de cambio radical y hay denuncias graves sobre eso, las ha hecho la senadora Claudia López y hoy las va a reiterar, pero yo menciono solo un caso por razones del tiempo, ustedes se acuerdan que hace unos meses por orden de la fiscalía se trajo tras las rejas al alcalde de Montería?, lo tuvieron que soltar a los dos o tres días porque no había pruebas suficientes, pero lo tuvieron y golpearon políticamente. Dice la Silla Vacía, en la información, que la fuerza política del alcalde, ¡que no es de cambio radical!, le está recogiendo firmas a la campaña de German Vargas lleras. Esto es inaceptable, si aquí lo que estamos es ante una candidatura que pone a los jefes políticos muertos de miedo ante el fiscal, porque aquí la clase política, le teme al fiscal, no lo respeta le teme; los tiene escogiendo o un proceso o un candidato en las listas del senado…”
Más adelante en el debate la senadora Claudia López manifiesta que en el caso de Dilian Francisca Toro; una jefa política, con la segunda estructura política más grande del país, después de la de los Char en el Atlantico, “voltearla” era muy difícil, pero gracias a las declaraciones de alias “macaco” y otros paramiltares se obtuvo evidencia de su relación con grupos paramilitares y un eventual lavado de activos, ello fue utilizado para “voltearla” a favor de Cambio Radical y su caso termino en la fiscalía donde se declaró nulo, aunque siempre con la amenaza de poder reabrirse.
La lawfare, no solo se ha utilizado para cooptar, también para debilitar a otras fuerzas políticas como parece ser el caso de Camilo Romero, gobernador de Nariño, a quien la fiscalía le imputaría 5 cargos y quien manifestó “Sería una pena que organismos (de control) se presten para intentar lesionar y dañar proyectos alternativos como los que presentamos nosotros”. También se puede recordar el caso del exalcalde de Magangué Marcelo Torres Benavidez detenido en la cárcel la picota por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica. Y mucho más reciente el 28 de noviembre, un día antes de escribir este artículo, la detención de Carlos Caicedo exalcalde de la ciudad de Santa Marta y candidato a la presidencia de la República quien ha recolectado dos millones de firmas para inscribir su candidatura, y la detención de Rafael Martínez actual alcalde de la ciudad de Santa Marta, quien está suspendido por tres meses por la procuraduría por presuntamente influir en procesos electorales de carácter político partidista. Ambos pertenecen al movimiento Fuerza Ciudadana que representa una alternativa a los intereses de la clase política tradicional y que fue ampliamente respaldada en sus respectivas elecciones por los Samarios.
Se debe recordar el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro destituido por la procuraduría en cabeza de Alejandro Ordoñez, y que gracias a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pudo terminar su mandato, hoy tres años después, el Consejo de Estado tumbó el fallo de Ordoñez que había destituido a Gustavo Petro, haciendo evidente la utilización de la guerra jurídica –lawfare- como estrategia política para debilitar e intentar eliminar al contrario.
Para poder entender el funcionamiento de la lawfare es necesario tener en cuenta sus rasgos, Emir Sader los resume en los siguientes:
- Manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, para fines políticos.
- Instauración de procesos judiciales sin cualquier mérito.
- Abuso del derecho con el objetivo de perjudicar la reputación de un adversario.
- Promoción de acciones judiciales para desacreditar al oponente.
- Intento de influenciar a la opinión pública mediante el uso de la ley para verter publicidad negativa.
- Judicialización de la política, valiéndose de la ley para buscar medios y fines políticos.
- Promoción del desconcierto y de la desilusión en determinados sectores del país.
- Crítica de los que se valen del derecho internacional y de los procesos judiciales para actuar contra el Estado.
- Uso del derecho como forma de coacción hacia el adversario político.
- Bloqueo y represalias ante los intentos de los adversarios de hacer uso de procedimientos y normas legales disponibles para defender sus derechos.
- Tachar las acciones de los enemigos como inmorales e ilegales con el fin de frustrar sus objetivos.
La corrupción
El caso más sonado ha sido el de Odebrecht puesto al descubierto por las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y que compromete las campañas a la presidencia de los años 2010 y 2014, y que ha puesto en evidencia los sobornos pagados por dicha empresa para hacerse a billonarios contratos con el Estado colombiano. Llama la atención lo dicho por el senador Jorge Enrique Robledo, durante el debate en el congreso, sobre la ausencia de investigaciones a los socios colombianos de la firma Odebrecht, Corficolombiana del grupo aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento, con buena lógica se pregunta el senador si Odebrecht, ¿pago solo el soborno para hacerse al contrato, regalándole al socio colombiano esa plata?. El senador en su intervención también llama la atención sobre una auditoria interna del grupo aval donde se afirma desaparecieron documentos claves de ese momento.
Las características del escándalo Odebrecht están dadas por que solo se pudo revelar por investigaciones que vinieron del exterior y al parecer en el país no hay un interés de profundizarlas, esclarecer los hechos y castigar a los culpables, como dijo el senador Robledo se trata de lanzar unos peces pequeños y fritarlos.
Pero de lejos Odebrecht es el único caso de corrupción en el país, recordemos los casos de: la represa del Guavio (1993), el Proceso ocho mil (1995), el escándalo de Chambacu (1999), el escándalo de Foncolpuertos (1999), Dragacol (1999), Invercolsa (2004), Agro Ingreso Seguro (2009), el de la Dirección Nacional de Estupefacientes (2010), el caso de los Nule (2010), DIAN (2011), Saludcop (2011), Interbolsa (2012), Fidupetrol (2015), el Cartel de la hemofilia (2016), Reficar(2016), Coljuegos (2017), Corpouraba (2017), Colpensiones (2017) Llanopetrol (2017), entre muchos otros. Lo cual deja la sensación que en Colombia vivimos en un estado permanente de corrupción, que se agrava por la captura corrupta del sistema judicial.
La criminalidad
Las primeras revelaciones de los vínculos entre políticos y paramilitares se dieron en el 2006, aunque Gustavo Petro ya había denunciado en 2002 la infiltración del paramilitarismo en la fiscalía, cuando se denunció que en las elecciones parlamentarias de 2006 varios candidatos eran cercanos al paramilitarismo, especialmente de las listas que apoyaron a Uribe. La Procuraduría informa que para el 2016 hay 519 procesos disciplinarios iniciados contra funcionarios por vínculos con grupos paramilitares o bandas criminales. Las investigaciones iniciales dieron con la captura y condena del 30% del congreso del momento y hoy día continúan las investigaciones y van más de 60 condenas.[ii]
La senadora Claudia López denuncia durante el debate del 17 de octubre en el congreso los vínculos de German Vargas Lleras con Martin Llanos, entre otras pruebas presenta el video de la entrevista de noticias uno realizada a Martin Llanos, en octubre 7 de 2012, afirmando su participación activa con German Vargas, pero para dar su testimonio en la Corte Suprema espera algún acuerdo de beneficios. Igualmente muestra con datos como la Votación de German Vargas Lleras aumento en Casanare, área de influencia de Llanos, significativamente pasando de 39 votos a 7254. Y la condena de Oscar Leonidas Wilches por parapolítica siendo congresista de Cambio Radical.
Sería un despropósito enunciar en este espacio cada uno de los casos en los cuales se ha dado un vínculo entre la criminalidad y la política, baste con señalar que es un vínculo que existe y es funcional para lograr el éxito político.
Lawfare, corrupción y criminalidad
Es difícil establecer un punto donde empieza una y termina otra, se podría decir que se trata de fenómenos sociales que se complementan y se entrelazan en relaciones complejas, que terminan caracterizando el régimen político.
Desde la perspectiva del régimen político la corrupción, la lawfare y la relación con la criminalidad se han vuelto elementos esenciales para llegar al control del Estado, por lo menos eso nos muestra el debate del congreso, que establece una línea continua entre la presencia de estos fenómenos y el éxito político. La senadora Claudia López evidencia como en las distintas regiones quienes se convirtieron en las fuerzas políticas más fuertes fueron aquellos que también estuvieron investigados o condenados por corrupción o parapolítica y que dichas fuerzas fueron las que apoyaron a Uribe a Santos y ahora a Vargas Lleras[iii].
Las evidencias tienden a mostrarnos que ha sido el régimen político el que ha utilizado la corrupción, la guerra jurídica y la alianza criminal como estrategia para llegar al poder político o para mantenerse en él. En este régimen político corrompido, degradado, la corrupción tiene una doble finalidad la apropiación de las rentas públicas y la reproducción de las condiciones en que ello se puede seguir repitiendo, la guerra jurídica igualmente tiene dos funciones presionar alianzas y sacar del camino a políticos que disputan el poder del régimen degradado. La alianza criminal busca garantizar el respaldo electoral en un territorio y con menos frecuencia, pero no menos importante saldar cuentas con opositores políticos. Pero aunque el régimen político degradado es hasta el momento quien tiene el control político, no debe pasarse por alto el poder cada vez más fuerte de las bandas criminales, ejemplo de ello fue el paro armado en 36 municipios del país adelantado por el clan Usuga y la operación pistola de la misma organización.
Una característica del régimen político degradado es que la corrupción, la guerra jurídica y las relaciones criminales difícilmente se les pueden demostrar a los de arriba, a los grandes políticos, estos comportamientos aunque los favorecen enormemente nunca logran conectarse con ellos, siempre han sido comportamientos de mandos por debajo de ellos y se han mostrado como “injusticias”, “calumnias”, “persecución” y a lo sumo han llegado a aceptarlos como conductas impropias cometidas por sus funcionarios de manera individual.
El debate del congreso deja también la sensación que el papel que cumplia Ordoñez liderando la lawfare, ahora es el de Néstor Humberto Martínez, claro guardando proporciones y con un mayor poder desde la fiscalía para incidir en las decisiones del ejecutivo como lo demostró con sus reparos a la JEP y en general al acuerdo de La Habana.
La encrucijada del país es por lo tanto resolver: cómo detener el régimen político corrompido, degradado, pues como bien se señala en el debate, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira hace parte de ese régimen corrompido, el cartel de la toga evidencio la infiltración de la Corte Suprema y en general la justicia esta desacreditada y no cuenta con la confianza de los ciudadanos. La salida del país hacia una restitución de un orden ético en el régimen político que lo aleje de las prácticas corruptas, la guerra jurídica y de la alianza criminal está en el cambio de sus representantes, es decir está en las personas que deben optar por líderes políticos que no estén inmersos en casos de corrupción o de alianzas criminales o de cualquier delito, el mayor desacierto es seguir eligiendo a quienes han estafado las finanzas públicas, abusado del poder, establecido alianzas criminales, ese camino solo conduce a un deterioro cada vez mayor de la sociedad.
Aunque muchos parecen arrodillarse ante Vargas Lleras como el candidato más opcionado del régimen corrompido y soterradamente lo van subiendo en la silla presidencial, vale la pena que al menos por pudor cuestionaran sus alianzas con estos personajes dudosos, pues lo que está en juego no es el castrochavismo, sino la consolidación de un Estado fundado en la criminalidad al mejor estilo de la ciudad gótica de Batman el caballero de la Noche, aunque parezca risible y patético. Pasar por alto el origen criminal de las alianzas políticas de Vargas Lleras y de cualquier otro político, solo conducirá a fortalecer el poder de la criminalidad en el país y ante la crisis de la justicia es la ciudadanía la que tiene el poder de empezar a cerrarle el camino a ese régimen degradado a través del voto decente.
CARLOS ALBERTO LERMA CARREÑO: Director Ejecutivo Corporación Latinoamericana Sur.
NOTAS
[i] La guerra jurídica es una estrategia de vieja data orientada a debilitar, cooptar o eliminar al competidor, utilizada incluso por los grandes industriales de Estados Unidos, y su fundamento estriba en que quien tiene mayor poder económico y político puede ahogar al más débil en una serie de procesos jurídicos que consumen sus recursos y energías, en la versión moderna ello incluye la influencia en medios de comunicación que contribuye a desprestigiar y deslegitimar al competidor. Esta guerra jurídica se hace mucho más peligrosa en un contexto como el colombiano, donde la corrupción tiene ganado amplios espacios del Estado incluyendo el sistema judicial y donde a su vez no importan las alianzas con la criminalidad con tal de lograr el control político.
[ii] Un resumen a 2016 se puede encontrar en http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-adelanta-519-investicaciones-por-parapolitica-y-bacrimpolitica/470010.
[iii] Durante el debate en el congreso la senadora Claudia López mostró como la campaña de Germán Vargas Lleras ha construido una serie de alianzas con personas relacionadas con actos de corrupción y/o con alianzas con estructuras criminales, entre otras señalo las siguientes:
Alejandro Char, en el Atlántico con 21 investigaciones penales abiertas y no ha pasado nada. Dentro de las investigaciones esta la del otro si en la contratación de los aeropuertos, empresas Airplan y concesión aeropuertos de oriente, que se realizó sin documento Conpes como lo exige la ley, tema que dependía del vicepresidente German Vargas Lleras. Condenado por la contraloría por sobrecosto en la adquisición de elementos de aseo ya alimentos, por 487 millones, realizó compromiso indebido de vigencias futuras por 324.526 millones, aprobó en tiempo record 1.6 billones pesos en vigencias futuras. Gustavo Moreno le quito los 21 procesos a la fiscal Olga Tristancho, los acumulo y los paso a otro fiscal, iniciando nuevamente la investigación favoreciendo a Char. El Clan Gnecco en Cesar, donde esta Lucas Gnecco condenado a 24 años por corrupción y sobrecostos, Jorge Gnecco relacionado con la AUC, narcotráfico y contrabando, Jose Gnecco que firmo el pacto de ralito, Luis Gencco investigado por corrupción. En Sucre, Cesar Guerra Tulena investigado por el cartel de enfermedades mentales, Alvaro Garcia condenado a 40 años por la masacre de Macayepo, Edgard Martínez investigado por parapolítica. En Córdoba Pedro Pestana Rojas condenado por parapolítica, Yahir Acuña Investigado por parapolítica, Zulema Jattin investigada por parapolítica, Carlos Correa investigado por corrupción, Marcos Daniel pineda investigado por corrupción, Yamina Pestana investigada por corrupción. En Bolívar, Enilce López condenada a 37 años por homicidio, Juan Carlos Gossain investigado por el cartel de la hemofilia, Jorge Luis Alfonso López condenado a 39 años por homicidio, Héctor Julio Alfonso López investigado por concierto para delinquir, Manolo Duque investigado por corrupción, Daira Galvis investigada por para política, Antonio José Correa Investigado por Corrupción, Hernando Padaui, socio de Gustavo moreno investigado por corrupción. En Magdalena: los Cotes: Luis Miguel Cotes el “Mello Cotes” investigado por corrupción, José “Chico” Zuñiga, esposo de Rosa Cotes condenado por Parapolitica, Miguel Pinedo condenado por parapolítica. En el Valle: Dilian Francisca Toro, investigada por lavado de activos y para política. En Santander los Aguilar: Hugo Aguilar condenado por parapolítica, Mauricio Aguilar investigado por parapolítica, Elkin Bueno investigado por para política, Richard Aguilar 18 investigaciones en la fiscalía por corrupción. Norte de Santander: Ramiro Suarez condenado a 27 años por homicidio, Edgard Diaz investigado por corrupción. Caldas: Oscar Mauricio Lizcano, investigado por parapolítica relacionado con el cartel de la Toga, Adriana Franco, socia de Ferney Tapasco un asesino investigada por parapolítica. Quindío: Sandra Paola Hurtado Imputada por corrupción, Cesar pareja relacionado con grupos de narcotráfico –pareja de Sandra Hurtado. Arauca Julio Acosta Bernal condenado a 28 años por homicidio, Camilo Acosta Acosta, relacionado con el cartel de la contratación, facundo castillo 18 investigaciones en la fiscalía. Casanare: Martin llanos, José Rodolfo el “Negro”Perez investigado por parapolítica, Nelson Mariño, destituido por corrupción, Marco Tulio Ruiz el contratista del grupo.
Cauca: Temistocles ortega investigado por corrupción, Abrham JImenez investigado por corrupción, a Temistocles lo voltearon haciéndolo contratar de abogado a Bustos y metendolo a la lista de Cambio Radical. Cundinamarca: Jorge Rey relacionado con corrupción, Juan Carlos Restrepo relacionado con investigaciones Odebrecht, Jorge Rozo investigado por la corte suprema su abogado Gustavo Moreno, Mauricio Bejarano relacionado con corrupción. Menciona tener datos de otros territorios que no alcanza a exponer por cuestión de tiempo.
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