En el informe los órganos de control insisten en lo que han planteado en informes anteriores de la gran dificultad que presenta la implementación de la ley, especialmente cuando se prevé una “incertidumbre financiera”
Igualmente el informe refiere a la gran pérdida de oportunidad que significó el acuerdo final de paz, por cuanto el gobierno actual no incorporó en el Plan de Desarrollo una articulación dinámica, que permitiera, en favor de las víctimas del conflicto armado, aprovechar los desarrollos qué se incorporan, especialmente en aspectos como desarrollo rural y participación, que se incluyen en este acuerdo de paz y que podrían fortalecer la ley 1448/2011, de esta manera y a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno estos son insuficientes dada la gran demanda que las víctimas tienen en materia de garantía de soluciones duraderas.
También se advierte en el documento que ante la crisis generada por la pandemia del covid-19 se advierte un grave retroceso en la superación de la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en el auto 147 de abril de 2020, si se tiene en cuenta que la mayoría de las víctimas se encuentran en la economía informal, Y en este sentido la Unidad para las Víctimas no logra atender de manera oportuna y eficiente la demanda de ayuda humanitaria e indemnización qué las víctimas están solicitando ahora y en las condiciones de la pandemia a través de canales virtuales.
Igualmente se insiste en el documento en el poco avance en los componentes de rehabilitación, reparación colectiva, retorno, e incluso en las medidas que proporcionen adecuadas condiciones para la participación efectiva de las víctimas, pues se reconocen dificultades para la conectividad en muchas regiones del país. Se advierte de las graves dificultades que se generan en muchos territorios por el recrudecimiento de la violencia.
En el informe se incluye un pronunciamiento de la Mesa Nacional de Participación Efectiva, en el cual se presentan algunas inquietudes, cómo la disminución de la capacidad institucional y la persistencia en la debilidad de coordinar a las entidades que hacen parte del sistema de atención así como, la articulación entre las entidades de la nación y el territorio “…hoy la mayoría de alcaldes y gobernadores no quieren adquirir compromisos, ni presupuestales, ni políticos para la implementación de la ley 1448 de 2011, no atienden y ni siquiera se reúnen con las mesas de participación de las víctimas” (página 40 del Informe) en este pronunciamiento la Mesa Nacional de Víctimas, advierte que el número de víctimas sigue en aumento constante, así como la tendencia a que las víctimas caigan en condiciones de pobreza extrema, tal como lo señaló la Corte Constitucional en el auto 147 de abril del 2020.
En este pronunciamiento la Mesa enfatiza en la necesidad de implementar acciones urgentes en la vía de garantizar el derecho a la subsistencia mínima, el derecho a la alimentación, a la salud a la educación, a la vivienda digna, asimismo, la garantía el empleo y la generación de ingresos para las víctimas del conflicto “accediendo a un trabajo, produciendo ingresos y dejando de depender de la asistencia pública” (página 45 del Informe), igualmente se presentan solicitudes que permitan garantizar el derecho a la identidad, a la reunificación familiar, derechos de género, a la vida, a la integridad física, a la seguridad y a la participación. También se incluyen una categoría en las que se exigen el derecho a la restitución de tierras y a la reparación integral.
Este pronunciamiento culmina con unas peticiones a alcaldes y gobernadores, para que se incluyan metas específicas de cumplimiento a la ley de víctimas en los planes de acción territorial así como exigencias a distintas entidades para garantizar programas de generación de ingresos y empleo asistencia psicosocial programas de prevención y protección y asistencia y reparación a las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad en los casos de asesinatos, atentados y amenazas contra líderes de víctimas
En este séptimo informe la comisión incorpora la metodología de hacer seguimiento a las recomendaciones de los informes pasados lo cual sin duda constituye una forma más efectiva de hacer seguimiento a la implementación de la ley 1448, metodología que había sido solicitada por las organizaciones de derechos humanos y víctimas.
En este comentario queremos hacer referencia algunos aspectos del informe técnico presentado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo especialmente en los siguientes temas:
Presupuesto
Se destaca que entre el año 2012 y 2020 el presupuesto asignado para la política de atención asistencia y reparación, es de 118 billones de pesos a valores constantes del año 2020 lo que significa que es un valor superior al que se había establecido los documentos CONPES 3712 y 3726 del año 2012, de los cuales 15,8 billones de pesos fueron asignados al presupuesto del año 2019 siendo destinados es 75% de estos recursos a la asistencia y el 15% a la reparación y 8% a costos institucionales.
A pesar de este importante esfuerzo es necesario como se señala en el informe que el gobierno haga un ejercicio de costeo detallado en cada uno de los componentes de los programas de atención y reparación que tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad y sostenibilidad que requiere la población víctima del conflicto armado asimismo hace falta que se especifiquen metas más concretas expresadas a través de un nuevo CONPES, asimismo se reitera que “es necesario que las medidas acciones y presupuesto contemplados en el acuerdo final se relacionen directamente con la ley 1448 en busca de la optimización y ejecución efectiva de los recursos asignados” (página 68 del Informe).
Prevención y protección
Se insiste en el informe en un preocupante fenómeno de “expansión y agudización del conflicto armado interno y otras formas de violencia que se evidencian en el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales y la incorporación de nuevos territorios a la dinámica del conflicto armado” (página 97 del Informe), está difícil situación afecta de manera especial líderes y lideresas así como a los defensores de los derechos humanos frente a lo cual el gobierno nacional no ha respondido adecuadamente con la identificación del riesgo extremo en el que se encuentra muchos de estos liderazgos en distintas territorios del país. frente a este fenómeno como lo plantea el informe es necesario fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones encargadas del desarrollo de una política de protección y prevención del riesgo, así como la necesidad de responder de manera más rápida y oportuna frente a las demandas de protección que hacen líderes, lideresas y comunidades.
Reparación integral
Rehabilitación: de acuerdo a los datos presentados en el informe se da cuenta de un componente con múltiples retrasos en el cumplimiento de las metas establecidas en el CONPES del año 2012 además de una baja cobertura y de la inconsistencia de las cifras reportadas, en general se requiere un rediseño de los programas de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado en particular para las mujeres víctimas de violencia sexual.
Restitución de tierras
De acuerdo a lo establecido en el informe aún existe el 20% de municipios afectados por el conflicto que están pendientes de la microfocalizacion, además subsisten las amenazas contra los líderes de los procesos de restitución además de registrarse nuevos y permanentes desplazamientos en distintas regiones por la presencia de acciones militares, se evidencian pocos avances en la etapa judicial en el proceso de restitución de tierra pues sólo el 17% de las solicitudes ha llegado a esta etapa, no hay trato preferencial a las solicitudes de mujeres en el proceso de restitución, y el Estado persiste en el incumplimiento de su obligación de acatar las más de 5.500 sentencias de restitución de tierras, lo que en la práctica significa la no garantía de restitución y la revictimización. De acuerdo a lo establecido en este informe entre los años 2019 y 2020 sólo el 15% de las solicitudes en promedio de los dos años obtuvieron algún tipo de respuesta para iniciar los procesos de restitución.
De acuerdo a este informe hay pocas gestiones de la Unidad de Restitución de Tierras para el estudio de las decisiones negativas y los desistimientos tácitos expresos en las solicitudes de restitución cuyo indicador es del 65%, este dato es muy preocupante pues deja entrever que puede existir múltiples presiones a diferentes niveles incluidas las víctimas solicitantes de procesos de restitución. se llama la atención para que la Unidad de Restitución de Tierras aplique el enfoque diferencial de género para tramitar las solicitudes de mujeres reclamantes.
Vivienda
De acuerdo a lo establecido en el informe hay un bajo acceso de la población víctima a los subsidios familiares de vivienda en los programas del gobierno, del total de subsidios otorgados, solo el 17% fueron otorgados a víctimas del conflicto, lo que de seguro es un indicativo de las dificultades económicas que tienen las víctimas para acceder a los programas de ahorro programado que en general ofrece el gobierno cómo política de vivienda. El informe reconoce el importante avance en la gestión de otorgamiento de subsidios para vivienda rural logrando una cobertura del 114%, de los cuales más del 50% correspondió a mujeres cabeza de hogar y a población con discapacidad.
Educación superior
Aunque las universidades han diseñado planes para garantizar la vinculación de víctimas del conflicto la demanda de aspirantes supera la oferta de cupos establecidas por las instituciones
Generación de ingresos
Se reconoce un importante avance en el cumplimiento de las metas en las líneas de formación para el trabajo a víctimas del desplazamiento forzado, lo que podría indicar que la meta establecida es insuficiente respecto al universo de víctimas pendientes de atención en esta materia. En contraste la cobertura en la oferta de entrenamiento y fortalecimiento sólo alcanzó el 1,7% del total de víctimas que se reportan superaron la situación de vulnerabilidad.
El informe destaca que la política pública de generación de ingresos no incluye de manera clara y efectiva las necesidades específicas de las víctimas, las acciones adelantadas por el gobierno nacional son insuficientes para la atención integral a las víctimas del conflicto armado.
Indemnización administrativa
En el Plan Nacional de Desarrollo no se estableció una meta concreta para medir el avance de la entrega de las indemnizaciones lo cual va a dificultar hacia el futuro medir el avance en materia del pago de indemnizaciones administrativas.
De acuerdo a las cifras establecidas el gobierno requerirá 79 años para agendar el total de víctimas a ser reparadas, si se continúa al ritmo actual del pago de indemnizaciones. Desde el año 2019 sólo se han pagado indemnizaciones a las víctimas priorizadas a través de la resolución 1049, a través de la cual se establecen unos criterios de priorización, por la vía general no se ha indemnizado ninguna persona. Se señala que existe un inmenso abismo entre el número de solicitudes a través de la vía de priorización de la resolución 1049/19 y la capacidad de agendamiento de la unidad para la atención y la reparación a las víctimas. Toda esta situación genera gran incertidumbre para las víctimas tanto las que se han inscrito en por la vía de la resolución 1049/19, como las que se encuentran en la ruta general
Reparación colectiva
En este componente se registran escasos avances pues de los 757 sujetos de reparación colectiva a la fecha sólo el 2% de ellos ha completado el plan integral de reparación colectiva, en materia reparación colectiva se hace bastante evidente la falta de voluntad y compromiso de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y a pesar de que en el Plan de Desarrollo se establece una meta ambiciosa no resulta lo suficientemente claro la manera en que se va a lograr el cumplimiento de esta meta Y si está atender a todos los componentes que se deben tener en cuenta en materia de reparación colectiva.
Víctimas en el exterior
El informe indica que no existen indicadores claros que permitan determinar el estado de avance en materia de reparación a víctimas que se encuentran en el extranjero aunque se reporta un avance de víctimas en condición de vulnerabilidad aún los porcentajes globales son reducidos y con tendencia a la baja según se indica en el informe, es necesario la construcción de indicadores que permitan medir el impacto del acompañamiento en el retorno y la relación de víctimas en el exterior que regresan al país.
En general con los indicadores tan pobres en la gestión en el proceso de implementación de la ley 1448 las víctimas del conflicto armado, acrecientan su incertidumbre en la posibilidad de acceder al derecho a la reparación integral y a la restitución de tierras, esto considerando la falta de compromiso del gobierno nacional y de muchos entes territoriales en hacer los esfuerzos institucionales para la articulación, coordinación institucional y esfuerzo presupuestal que permita garantizar a las víctimas del conflicto armado la superación del estado de gran vulnerabilidad en la que se encuentran, además, la negativa del gobierno de articular la implementación de la ley con el acuerdo final de paz, y la constante acción de ataque contra este, por parte de los altos funcionarios del gobierno nacional en cabeza del propio presidente, y el aumento de las violaciones a los derechos humanos, y la violencia en muchas regiones, expresada en el continuo asesinato de líderes y excombatientes, y el aumento de las masacres, y la tremenda impunidad y desgobierno, anuncian que en la prórroga que se establecerá a la ley de víctimas por 10 años más será un mero ejercicio formal, que no vendrá traducido de un cambio de actitud y de una mejora en la asignación de recursos, ni mucho menos en un esfuerzo de la institucionalidad para garantizar a las víctimas del conflicto armado el derecho a la reparación integral, ni tampoco el derecho a la verdad, la cual es permanentemente saboteada desde el gobierno, el cual ha desarrollado una estrategia de negacionismo el conflicto a través de la cual en la práctica, se desconoce a las víctimas y consecuentemente con ello se niega el derecho de estas acceder al goce efectivo de los derechos, tal como lo ha demandado en múltiples oportunidades la Corte Constitucional.
En adelante será necesario que las organizaciones sociales, el movimiento de víctimas y las plataformas de derechos humanos, fortalezcan los niveles de exigencia para el cumplimiento de lo establecido en la ley 1448/11. También es necesario, que las víctimas fortalezcan sus procesos organizativos para exigir desde la movilización, el cumplimiento de la misma.
Alfonso Castillo, Defensor de Derechos Humanos
Foto tomada de: https://www.eltiempo.com/
Deja un comentario