En primer lugar, hay que decir que es un proyecto de ley, escrito desde la perspectiva masculina con un lenguaje machista y excluyente. No puede ser que en pleno 2023, en un gobierno que se propone la creación del Ministerio de la Igualdad y en el que buena parte de los ministerios y entes descentralizados son orientados y dirigidos por ilustres mujeres que no solamente están empeñadas en aportar al cambio del modelo que nos han impuesto, sino que por igual quieren contribuir decididamente en la transformación integral de nuestra sociedad, aún tengan tecnócratas que elaboren documentos con un lenguaje rebasado en este siglo XXI. No será el fondo, pero por igual la forma cuenta.
Pag, 7. Se propone modificar el Sistema Nacional Ambiental (SINA), convirtiéndose en Consejo Nacional de Sostenibilidad. Compuesto por 28 representantes del Presidente, Ministerios y representantes de la sociedad civil, incluyendo uno de las “Veedurías Ambientales”, que hay que decirlo se organizan por lo general para proyectos específicos, pero en él no existe representación de las Organizaciones Ambientales. La tecnocracia Estatal con su aplastante mayoría, siempre será quien decida en dicho Consejo, donde harán presencia 20 representantes del respectivo gobierno y solo ocho (8) de la llamada sociedad civil, entre estas últimas se incluyen dos (2) de Alcaldes (as) y Gobernadores (as), aunque estos (as) siempre terminan plegándose a la decisiones gubernamentales.
Por demás se extraña la ausencia de los Institutos de Investigación como el Alexander Von Humboldt y del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi o el Dimar, que es el encargado de la investigación científica oceánica, más cuando entre sus funciones, resalta el “promover la investigación y la gestión del conocimiento para la transferencia de enfoques y prácticas de desarrollo sectorial sostenible a nivel nacional”. Art.7 #9. Pag, 8. Es decir en esto también se queda corto.
Art. 10. El Consejo del Sistema Nacional Ambiental quedará totalmente institucional, excluyendo la participación activa y propositiva de las organizaciones de iniciativa ciudadana. Pág. 10. No es compresible que cuando se insiste en muchos escenarios, que la participación ciudadana sea incluyente, esta precisamente se excluya en las leyes que el gobierno del cambio se propone transformar, mejorar y/o actualizar.
Art. 26. En lo relacionado con los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible, quedan por igual algunos sinsabores. Se aumenta la representación institucional, es decir la oficial, pero no la de la sociedad civil y en especial la de las organizaciones ambientales. En estos Consejos Directivos, se pasaría por ejemplo en el caso de la CRQ, de 13 Consejeros a 15. Pero los representantes de las ONG’s Ambientalistas seguirían siendo solamente dos (2). Es decir, cada día seremos más minoría en una institución estatal que es la primera autoridad ambiental en la región. Se fortalece la presencia gubernamental en los Consejos Directivos pero la participación ciudadana queda en la práctica más disminuida. Insisto como ciudadano que apoyo decididamente la participación ciudadana en todas las instancias posibles, que la presencia de las Organizaciones Ambientales debería de ser al menos del 30% en las mismas. Colocando una vez más el ejemplo de la CRQ, estas deberían ser de no menos de cinco (5) los(as) representes de las mismas.
En esta reforma a medias, se pretende que quienes representan las organizaciones sociales en los ya mencionados Consejos Directivos de las Cars, no sean reelegidos(as) por las organizaciones que han depositado su confianza en ellos(as). Eso es como si Congresistas, Diputados(as), concejales(as) y ediles(as), solo se les permitiera serlo por una sola vez. Esto se convertiría en antidemocrático y excluyente. Esa decisión debe ser autonomía de las organizaciones quienes decidan quienes las representa en cualquier espacio de participación ciudadana.
Pero aún peor es que para las dos CARs amazónicas, las organizaciones sociales sean aún más discriminadas y disminuidas. En las cuales no solo será un(a) representante de las ONG’s Ambientalistas y no dos (2) como en las demás Corporaciones, sino que dicha representación seguirá siendo escogida por la Asamblea Corporativa, de paso compuesta solo por Gobernadores(as) y Alcaldes(as). Por demás muy grotesco este modo de elegir a quien represente al sector de la sociedad civil que lucha día a día por la diversidad biológica en el bienestar ambiental en cada territorio. Se sigue considerando a la sociedad amazónica como menor de edad, tan diversa como sus entornos naturales y sus pueblos originarios, al igual en que eran denominadas como Territorios Nacionales, administrados o más bien manejados desde el centro del país.
Por último, es necesario insistir en la urgente medida de lograr que la mayoría del personal de las CARs, sea de carrera administrativa. Hoy en día dicho personal representa alrededor del 20% de las mismas, dejando el quehacer y las decisiones diarias de la institucionalidad en manos de un personal que esta de paso y no tendrá ninguna responsabilidad, inclusive en el corto tiempo. Los contratistas con una debida selección deben de pasar a ser parte integral y estable de las mismas. Las tareas de parte del Estado para proteger la diversidad y equilibrio biológico en los territorios son inmensas, por lo tanto, el personal dedicado a tan diversas acciones y tareas no es suficiente ante el reto de conservar la sustentabilidad y vida propia de las comunidades en los territorios.
John Elvis Vera Suarez
Foto tomada de: Infobae
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