Se encuentra el presidente ante un problema estructural. En Colombia mucha gente no denuncia los delitos ambientales que se cometen contra los recursos naturales, y la justicia penal no avanza en estas investigaciones. Durante muchos años, los tipos penales establecidos en el Código Penal no fueron aplicados, la impunidad en esta materia ha sido enorme, en detrimento del entorno, de las reservas de agua y del desarrollo sustentable. La Constitución Colombiana establece en 71 artículos una verdadera carta ecológica, subrayada por el principio del desarrollo sostenible o sustentable. En otras palabras, quiere decir que la propiedad tiene también una función ecológica, no se deben por ello utilizar recursos naturales de manera irracional y excesiva. La explotación de estos recursos (agua, suelo, aire) debe efectuarse de tal manera que las generaciones futuras puedan también gozar de ellos.
Los ríos están recibiendo las descargas de aguas negras de la mayoría de los municipios del país, al no existir plantas de tratamiento de aguas residuales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, no aplican los dineros de las tasas retributivas debidamente. Mientras tanto cada municipio contamina sus ríos y quebradas. Así se burla institucionalmente la ley penal. El gran problema es la contaminación de los ríos y su franco deterioro. Como lo expuso José Luis Gómez, del Fondo Acción, en una entrevista: La riqueza hídrica de Colombia puede volverse un mito pues está amenazada por la ausencia o debilidad de políticas claras y de acciones efectivas para su gestión. La oferta y la calidad del agua se han reducido progresivamente en las últimas décadas debido al crecimiento urbano, a la deforestación y degradación en las cuencas, a la contaminación y a los impactos no controlados de actividades industriales, agrícolas, ganaderas y energéticas.
Hay quienes vaticinan la guerra por el agua como la principal guerra del futuro. La gente se rapiñará el agua y los gobernantes harán valer la soberanía invocando la intangibilidad del recurso hídrico, pero mientras llega ese panorama apocalíptico continuamos contaminando con la producción industrial y la tala excesiva que agota los caudales. Se dice que, “en el año 2025, la demanda de este elemento será un 56% superior que el suministro… y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado.
Ante la instalación del Congreso, agregó el presidente Duque Márquez, “Nuestra biodiversidad es nuestro mayor activo y la belleza de nuestro territorio nacional es reconocida por el mundo. Tenemos entonces la vista fija en cambiar el modelo tradicional de desarrollo y evolucionar a uno ambientalmente sostenible. Por eso, de la mano del Congreso, le dejamos al país la Ley de Delitos Ambientales, lo que representa un hito histórico. Igualmente, nos comprometimos a reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030…hemos multiplicado la generación de energías renovables, y ya tenemos en construcción el parque eólico más grande en la historia del país, con inmensos molinos, molinos de viento en Uribia, en la Alta Guajira, que van a proveer energía eléctrica a miles de familias, que se suman a las más de 217.000 que, en este Gobierno, han podido refrigerar por primera vez sus alimentos, o prender la luz con la energía del viento y del sol…”
“Para esta legislatura que empieza, estamos presentando un nuevo modelo de crecimiento verde, porque vemos en la protección del medio ambiente un deber ético y una oportunidad para combatir la pobreza y las economías ilícitas, tal como lo estamos haciendo con los Contratos de Conservación Ambiental, en lugares donde la deforestación criminal ha sido cómplice de la miseria de miles de familias. Tenemos el reto ineludible de lograr el progreso atendiendo los desafíos del cambio climático, al cual nuestro país está especialmente expuesto”.
Como lo expuse y expliqué en mi libro titulado “Aguas y Derechos”, se está necesitando un Código Único de conducta ambiental para los países agrupados en la Organización de Naciones Unidas, ONU. Los seres humanos deben acatar unas reglas mínimas para no degradar los recursos naturales, y fijarle paradigmas desde la niñez para evitar la vulneración del agua, los suelos y el aire; porque al paso que va la humanidad, estos tres recursos naturales renovables, afectados con los daños ambientales diarios, serán en un futuro la amenaza de extinción de la vida: estos recursos naturales no son inagotables: las acciones antrópicas los destruyen, se necesita la formación de una ética ambiental: la bioética cotidiana.
Cuando la escasez de agua aumente (la principal causa es la contaminación de las mismas ciudades que vierten sus excretas a los ríos y la falta de control a los vertimientos industriales), los países que hayan sabido conservar sus fuentes de agua, se verán acosados por la demanda y tendrán que reforzar sus medidas de seguridad y hacer valer la soberanía nacional para evitar el despojo y las agresiones. Hay quienes vaticinan las guerras por el agua en un futuro. La gente se rapiñará el agua y los gobernantes harán valer la soberanía invocando la intangibilidad del recurso hídrico, pero mientras llega ese panorama apocalíptico continuamos contaminando con la producción industrial y la tala excesiva que agota los caudales. No existe una justicia ambiental internacional con un sistema integrado como el de los derechos humanos de la ONU o la OEA. Por lo tanto, los pleitos ambientales quedan a la deriva de las legislaciones nacionales y la invocación de los tratados.
El presidente Duque expresó su intención de enfrentar el cambio climático, y ahora exhibe su interés para corregir, pero desde 1994 no se han acatado las recomendaciones del panel del cambio climático de la ONU, las CAR han desangrado los presupuestos y hemos tenido ministros del medio ambiente que no han sabido dirigir el SINA. El calentamiento global exige medidas constantes, aplicación de políticas públicas desde la cúpula de cada gobierno y concurrencia de acciones (impedir la tala de bosques naturales, incrementar la arborización urbana, conservar los páramos, no dejar avanzar la minería ilegal, recuperar los humedales, buscar energías alternativas no contaminantes, disminuir la carbonización del aire, ampliar la movilidad urbana con transporte masivo…) ; concurrencia de todas las autoridades ambientales para hacer más efectivas las soluciones; hacer SINA como se instruyó desde Río de Janeiro en 1992, además, cumplir con el otro gran sistema nacional: el de riesgos que establece la Ley 1523 del año 2012. Y realizar una planeación sobre el territorio concatenando los diferentes planes de desarrollo con sus componentes ambientales. Esto evita la providencia y la improvisación. Hacer que los funcionarios de Planeación de todos los entes territoriales sean más responsables, esa es la clave.
El derecho ambiental interno o derecho ambiental colombiano deviene del derecho ambiental internacional, a través de las cumbres mundiales organizadas por la ONU desde 1972 hasta el año 2014 (Estocolmo, Río de Janeiro, Johannesburgo, Kyoto, Montreal, Poznan, Copenhague, Bali, Río más 20, Cancún, París 2015 y otras); los pactos y declaraciones se convirtieron en tratados internacionales como fuente del derecho, y estos se convirtieron en leyes (y estas dan paso a decretos y resoluciones), fuente del derecho interno. Las leyes ambientales son para cumplir los tratados internacionales y para hacer respetar la naturaleza. Las autoridades ambientales no las hacen cumplir, La Procuraduría y las personerías municipales no vigilan, gran parte de los ciudadanos no tienen conducta bioética. Entonces todo se desploma y altera.
Ese es el caso con la tala de seis millones de hectáreas de bosques destruidas en los últimos 20 años, un promedio 310.400 hectáreas al año, solo en los últimos tres años ha bajado a 295.000 hectáreas al año; el 40% de la selva del Chocó ya fue deforestada; de esta manera en nada contribuimos a sostener los sumideros de carbono; y lo que está ocurriendo con la minería ilegal es aterrador. Más la corrupción y la rapiña protagonizada en el interior de las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs). En el Valle del Cauca, por ejemplo, el director Marco Antonio Suárez, sin ser ambientalista, ni tener méritos, llegó al cargo aupado con los votos del anterior director Rubén Darío Materon, quien no pudo hacerse reelegir, esa era su ambición. Y el señor Materon tampoco era ambientalista, ni siquiera sabía que era el SINA, ni el origen del derecho ambiental y su concatenación.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente se debe poner orden en las Corporaciones Autónomas Regionales, por ejemplo, no enviar delegados complacientes o intonsos a los consejos directivos, hacer bloque gubernamental con el Gobernador de cada Departamento o su delegado a fin de evitar que los intereses económicos de empresarios con monocultivos o enclaves económicos en el Departamento respectivo no estanquen o frenen la política ambiental nacional. Los empresarios influyen sobre los directores y se autoprotegen como depredadores para no ser sancionados. Y lo más importante, que al presidente le toca animar y exigir: avanzar hacia la especialización en temas sobre el calentamiento global, porque en las CARs las cúpulas directivas, no estudian, no se actualizan y no conocen los lineamientos e instrucciones del panel de cambio climático de la ONU, impartidas por científicos que trabajan en el contexto de la Convención Marco creado desde 1994 que, terminaran sus aportes de esta gran fase, el año 2015 fue clave pero el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos, en lo ambiental no lo cumplieron, en el Valle, por ejemplo, no se rescataron la ronda de los ríos. Si respetaran esos lineamientos Colombia estaría preparada para los fenómenos de la niña o del niño, en los cambios extremos.
A Luigi Ferrajoli le faltó precisar, o no se percató que, esa Constitución Planetaria que él reclama con sobrada razón, ya está pensada y en la práctica se despliega pero no se cumple; desde el año 2000 con los objetivos del milenio (2000/ 2015) una agenda mundial; prolongados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 2015/2030 , firmados en Paris 2015 en la cumbre COP 21, otra agenda mundial que abarca a los países miembros, o sea si de verdad esos objetivos se incluyeran en los planes de desarrollo de cada país miembro, y se sancionará a los que desacatan, esa es la Constitución Planetaria de la ONU, renovada o refrendada cada 15 años y el mundo cambiaria porque los agentes agresores de los recursos naturales disminuirían y se podrían enfrentar los problemas globales como el calentamiento global, el terrorismo global los crímenes globales y las pandemias. La Asamblea general debe ser convocada a sesiones extras con más frecuencia, y el Consejo de Seguridad de la ONU reformarlo con prontitud, de otra forma las decisiones multilaterales no se materializan, dejando en manos del unilateralismo norteamericano las decisiones básicas, o abiertas las confrontaciones entre las potencias que han llevado a esta ingobernabilidad mundial. Esas reformas deben ejecutarse en aras de salvaguardar los derechos esenciales: los derechos humanos, el medio ambiente, la salud planetaria y la seguridad. En Colombia 5 años después de firmados los ODS como Objetivos para el Desarrollo Sostenible, una agenda a 15 años, las CAR, los Departamentos y los municipios no los aplican debidamente, ni respetan el Plan Nacional de Desarrollo, donde se incluyeron.
Una muestra de la dificultad para cumplir es el hundimiento del Acuerdo Regional de Escazú, Costa Rica, para garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, no fue elevado a Ley en Colombia y de esa manera se dificulta cumplir y conducir las relaciones entre particulares y el Estado. Contiene el Acuerdo de Escazú disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que han venido siendo asesinados por defender las tierras, los ríos y los bosques.
Alberto Ramos Garbiras, Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional y derecho ambiental, en la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali (USC). Profesor de la cátedra: derechos humanos. Ex Procurador ambiental del Valle del Cauca.
Foto tomada de: Mongabay Latam
Deja un comentario