Este artículo toma como referencia, entre sus fuentes de consulta, las declaraciones que Carlos Alfonso Spath García, rindió ante el despacho de la fiscalía 88, adscrita a la dirección nacional de JUSTICIA TRANSICIONAL de la fiscalía general de la nación. Diligencia que se realizó el día 12 de octubre de 2018 en la ciudad de Montería, como parte de la legalización de la medida de aseguramiento de detención preventiva del señor Carlos Spath.
Carlos Spath García ha sido requerido en dos (2) ocasiones a rendir declaraciones por sus vínculos con el paramilitarismo. La primera en el año 2007, por citación de la Corte Suprema de Justicia, junto a Rodrigo García Caicedo y Hernán Iñigo Gómez y el 12 de octubre del año 2018; cuando fue detenido e interrogado por la fiscalía 88 especializada de justicia transicional de Montería, pero al día siguiente fue puesto en libertad; se presume que los círculos económicos y políticos de Córdoba, ligados al Uribismo y al presidente Duque, presionaron a la fiscalía 88 con sede en la capital de Córdoba, para que levantara la orden de detención en contra del señor Carlos Spath García, lo que sucedió el día 13 de octubre de 2018, además ralentizar el avance de las investigaciones y decisiones judiciales proferidas por la Fiscalía 132 de Justicia Transicional, en contra de empresarios, comerciantes y ganaderos implicados en la creación y financiación del Bloque Calima de las AUC), por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.
Es importante recordar que Carlos Alfonso Spath García es tío paterno de la actual senadora Uribista del Centro Democrático, por el departamento de Córdoba, RUBY CHAGUI SPATH, ex jefe de prensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante varios años, hija del exalcalde de Cereté ELBER CHAGUI ZAKER y nieta del primer alcalde elegido por elección popular en el municipio de Cereté ALFONSO SPATH SPATH, padre de Carlos Alfonso Spath García . La senadora RUBY CHAGUI SPATH es también hermana de ELDER ELÍAS CHAGÜÍ SPATH, quien fue mencionado en la indagatoria realizada a Jesús Henao por la Fiscalía General de la Nacion, en la investigación por el asesinato de Jairo Zapa, como la persona que tendría un interés tras el homicidio del ex director de regalías de Córdoba[1].
El patriarca de este cuestionado clan político fue ALFONSO SPATH SPATH, político Ceretano, elegido como el primer alcalde popular de ese municipio en 1988 y reelegido en el año de 1992, quien se alió con ALFONSO DE LA ESPRIELLA, histórico congresista cordobés, padre de CARLOS ALFONSO DE LA ESPRIELLA (condenado junto a ZULEMA JATTIN por parapolítica, por la Corte Suprema de Justicia, en el año 2010); que al igual que SPATH SPATH, venía del grupo “Mayorías liberales”, liderado por EDMUNDO LÓPEZ GÓMEZ[2], de acuerdo a lo descrito por la investigadora Laura Bonilla en su tesis de maestría: “¿Refundaron la patria? Cambios en las redes políticas del departamento de Córdoba 1998 – 2016”.
En 1992, Alfonso Spath Spath falleció mientras se desempeñaba como alcalde de Cerete, su hijo CARLOS ALFONSO SPATH GARCÍA, fue nombrado alcalde encargado durante tres (3) meses, antes había sido concejal de Cerete en el año de 1986, con el aval del partido liberal. Después de su corta experiencia en la política, Spath García se dedica a la ganadería y a la dirección de empresas de su propiedad.
Ya para esa época CARLOS ALFONSO SPATH GARCÍA, conocía a SALVATORE MANCUSO, FIDEL, CARLOS Y VICENTE CASTAÑO, tal como lo afirmo en la diligencia de indagatoria ante la fiscalía 88[3], de la dirección de Justicia Transicional de la ciudad de montería, realizada el 12 de octubre de 2018, adelantada por el fiscal Eloy Gabriel Prada.
De la diligencia realizada por la fiscalía 88 de la Dirección de Justicia Transicional, se concluye que entre los años de 1992 a 1997 CARLOS ALFONSO SPATH GARCÍA, participo en las reuniones de los ganaderos que promovieron, financiaron y conformaron las CONVIVIR en Córdoba y Sucre, al amparo de la legislación que legalizo la creación de este tipo de cooperativas de seguridad que actuaban como la cubierta legal del accionar de los grupos paramilitares. Es necesario recordar que “Para obtener la licencia de funcionamiento de una asociación Convivir, los interesados debían constituirla mediante escritura pública. Una vez tenían la referida escritura pública, esta debía ser sometida a consideración del Gobernador del Departamento. Para el caso del departamento de Córdoba, la mayoría de las licencias fueron expedidas por el Gobernador Carlos Miguel Buelvas Aldana, su Secretario de Gobierno Benito Osorio Villadiego y Guillermo Oyola Herazo de la División de Desarrollo Comunitario”[4], entre los años de 1995 a 1997. (ver sentencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo[5]).
Por su parte, de acuerdo con el informe de la Comisión intereclesíal de Justicia y Paz, se menciona que “Salvatore Mancuso señaló en el año 2009 al ex gobernador de Córdoba CARLOS BUELVAS ALDANA como una de las personas que coordinó acciones de las AUC”[6], así mismo este jefe paramilitar expuso en una de sus versiones libres que “(…) el gobernador Buelvas Aldana llegó a reunirse con el GENERAL IVÁN RAMÍREZ QUINTERO, CARLOS CASTAÑO GIL Y SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, para hablar sobre la consolidación de los territorios de los paramilitares en Córdoba y el Urabá antioqueño[7]”.
De hecho, como bien lo señala el reciente artículo, “los archivos de las Convivir”, publicado por el Periódico el Espectador Colombia 2020 “Salvatore Mancuso, actuó como representante legal de la CONVIVIR HORIZONTE LIMITADA, la cual fue registrada en Montería en el año de 1995.”
Entre los años de 1992 al 2002, CARLOS ALFONSO SPTAH GARCÍA, junto con HERNÁN IÑIGO GÓMEZ[8], actualmente es prófugo de la justicia, sobre él recae una condena por paramilitarismo (se presume que vive en Costa Rica) y RODRIGO GARCÍA[9], expresidente del Fondo de Ganaderos de Córdoba, actuaron como asesores de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. Asistieron a reuniones con los comandantes paramilitares, ofrecieron sus residencias y fincas para realizar encuentros clandestinos planeados por los jefes paramilitares, hicieron lobby ante las elites políticas y económicas del departamento recolectaron aportes económicos de los ganaderos[10] y empresarios para el accionar de las estructuras criminales de las AUC, realizaron mediación entre la XI brigada del ejército con sede en Montería y el estado mayor de las AUCC y de las AUC, hicieron apología del paramilitarismo en eventos públicos y aportaron propuestas estratégicas de expansión del proyecto paramilitar para que los armados ejecutaran dichos planes.
El rol que jugo CARLOS SPATH como un tercero civil implicado en las actividades de las Autodefensas Unidas de Colombia, son de suma importancia para los planes de expansión del proyecto paramilitar, es decir compartió los idearios de las AUC e hizo parte de ese grupo de ganaderos agrupados en el fondo de ganaderos de Cordoba, conocido como “el Grupo de los (6) seis[11]”. De hecho le encomendaron la labor de asesor del estado mayor de las AUC junto a Hernán Iñigo Gómez, Rodrigo García Caicedo y Ernesto Báez, es decir, hizo parte del Staff IDEOLOGICO de la organización y oficio como una especie de cónsul civil de las AUTODEFENSAS ante los sectores ganaderos y empresariales que en otras regiones del país se concertaron para apoyar la incursión del paramilitarismo en su estrategia expansionista y de copamiento territorial.
De acuerdo con la sentencia del tribunal de justicia y paz de Medellín, proyectada por el magistrado Pinilla Cogollo, en el año 2015;
“En Córdoba A mediados de la década de los años 80, la confluencia de intereses de distintos grupos marcaría el devenir del Departamento de Córdoba. Las formas de justicia privada y defensa armada e irregular de la propiedad, que se habían gestado en las décadas anteriores, la llegada de narcotraficantes con intereses similares o coincidentes y el proyecto nacional de lucha contrainsurgente que empezaba a tomar forma y consolidarse en el país de la mano de la doctrina de la seguridad nacional, e incluía la eliminación de los enemigos políticos y organizaciones y movimientos sociales contrarios a los intereses dominantes, y que pasaba también por el exterminio de indigentes, drogadictos, reincidentes o presuntos criminales y cualquier otra manifestación que alterara el orden establecido, confluyeron en la región por distintas vías, se apoderaron de ella en todos los órdenes y desde allí se extendió al resto del país[12]”.
Estos antecedentes que describe la sentencia del tribunal de Justicia y paz, permiten analizar el actuar de algunos actores políticos y económicos que protagonizaron el proceso de paramilitarización de la vida política, económica y cultural de la sociedad Cordobesa; como es el caso de los clanes ganaderos y terratenientes Spath- Spath, García-Chagui y Cabrales[13]Castillo, este último encabezado por el exsenador Uribista Daniel Cabrales, actual embajador de Colombia en república Dominicana, a quien un fallo de tutela instaurado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le ordena devolver a la nacion unos predios de 862 hectáreas de extensión, pertenecientes a la nacion, que la familia Cabrales se escrituró de manera ilegal mediante la figura de la prescripción, en complicidad con el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Judicial de Montería.
Es decir, lo que se produjo a partir de las décadas de los años ochenta y noventa en Córdoba, fue el cambio de la estrategia de “defensa armada de la tierra hacendataria” sustentada como legitima por las elites terratenientes, a “la ofensiva armada ilegal” de despojar la tierra a los campesinos, así como apoderarse ilegalmente de baldíos[14]: de la nación, eliminando de paso al movimiento político y social de origen campesino y popular y provocando gigantescos desplazamientos humanos.
A ese respecto es esclarecedora, la investigación realizada por el portal Verdad Abierta y la U. Nacional que señala que “Desde mediados del año pasado (2019), un grupo de investigadores de la Fiscalía rastrea en juzgados de varios municipios cordobeses indicios de presuntas irregularidades en la resolución de las demandas de pertenencia que favorecieron a gamonales, terratenientes, empresarios y paramilitares; la pesquisa no es casual, está motivada por el mayor número de casos de prescripción por la vía judicial en el país. De acuerdo con datos del Grupo de Investigación de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, que ha estudiado el tema desde hace más de tres años, indican “que entre 1994 y 2014 se registraron en el departamento de Córdoba 3.462 casos de prescripción que derivaron en la titulación de 65.572 hectáreas, la mayoría de las cuales podrían tener un origen baldío”[15], En lo que se constituyó en una violenta contrarreforma agraria del latifundismo en Córdoba, en alianza con el paramilitarismo.
CARLOS SPATH GARCIA Y SU RELACION CON EL PARAMILITARISMO DESPUES DE LAS CONVIVIR.
Entre los años de 1995 a 1998 se producen varios acontecimientos en el país que determinan el curso de los acontecimientos en las siguientes décadas. Por un lado, llega a la presidencia Andrés Pastrana en el año de 1998 y da inicio a los diálogos del Caguan con las FARC. A partir de esa decisión el país se polariza entre los que defienden los diálogos de paz y una extrema derecha cada vez más fuerte que los ataca. Mientras en el sur del país y zonas de influencia de las FARC se vive un ambiente de entusiasmo en favor de la paz, en el otro extremo al norte del pais, en Córdoba, Antioquia y Urabá se consolida el poder del paramilitarismo de la mano de Álvaro Uribe, para esa época exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial y aliados regionales como Carlos Buelvas Aldana, exgobernador de Córdoba, que sellan pactos entre la clase política, ganaderos, bananeros, latifundistas, narcotraficantes y las AUC, en una cruzada avalada por las brigadas IX de Medellín, XIV en Urabá y la XI Brigada del Ejército con sede en Montería, Córdoba, que permitió la consolidación del paramilitarismo a través de la conversión de las convivir en frentes y bloques paramilitares (Bloque bananeros, Córdoba, Montes de María, Catatumbo, etc.) y su expansión a otras regiones del país, como el Valle del Cauca, de la mano de ideólogos, asesores, políticos y comandantes paramilitares encargados de ganar aliados poderosos en el plan de refundar la patria, controlar el congreso de la república y alcanzar la presidencia (como en efecto ocurrió) a través de su candidato Álvaro Uribe Vélez en el año 2002.
Carlos Spath García afirmó en la indagatoria ante la fiscalia 88 de justicia transicional, que hablo con Álvaro Uribe en el año 2001, en la campaña a nombre de los ganaderos de Córdoba sobre la negociación con las AUTODEFENSAS en caso de ser electo. En esa misma indagatoria, admitió que se entrevistó con el presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, para presentarle la petición de los ganaderos de Córdoba de iniciar negociaciones con las Autodefensa Unidas de Colombia; esa reunión se realizó en el CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MONTERIA; también reconoció ante la fiscalía que fue a hablar con el jefe paramilitar Martin Llanos en el año 2002 para que ingresara a las negociaciones de los paramilitares y el gobierno Uribe, pero él jefe paramilitar no acepto.
PAPEL DE CARLOS SPATH GARCIA EN EL PLAN DE EXPANSION DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA AUC Y LA CREACION DEL BLOQUE CALIMA.
La investigación contra Carlos Alfonso Spath Garcia, se origina en la compulsa de copias provenientes de la Fiscalía 17 delegada, ante el tribunal Superior de Medellín de la dirección de Justicia Transicional, fechada el 07 de abril de 2018, para que se investigue la posible “financiación de grupos al margen de la ley “Por parte de Luis Fernando Botero, Carlos Alfonso Spath García, Hernán Iñigo Gómez y otros, con base en las manifestaciones hechas en versión libre por el postulado Hebert Veloza alias HH y otros postulados, comandantes y mandos del Bloque Calima de las AUC[16].
Posteriormente, el día 29 de agosto de 2018, el fiscal 132 especializado, ordeno la apertura de instrucción en Contra de “(…) Carlos Alfonso Spath García y otros, por el presunto punible de Concierto para Delinquir Agravado, ordenándose escucharlo en Diligencia de Indagatoria”. El día 11 de octubre de 2018, el señor Carlos Spath García fue capturado en la ciudad de Montería y escuchado en indagatoria por la fiscalía 88 adscrita a la Dirección Nacional de Justicia Transicional, grupo de compulsa de copias.
El 17 de octubre de 2018, se expide resolución en la que se resuelve la situación jurídica de Carlos Alfonso Spath García, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento, pero continúa vinculado al proceso penal, toda vez que el delito de Concierto para Delinquir Agravado como crimen de lesa humanidad, no prescribe.
La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Grupo de Compulsa de Copias; a través de la Fiscalia 132 Especializada de Justicia Transicional, en la resolución de la situación jurídica de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias “Gordo lindo”, con relacion a la creación del Bloque Calima de las AUC, determino “que (…) los indicios demuestran con meridiana claridad la existencia del CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, es decir hubo un colectivo de personas, los hermanos Carlos y Vicente Castaño, los asesores Hernán Iñigo Gómez y Carlos Alfonso Spath García, los empresarios del Valle del Cauca, los narcotraficantes Diego León Montoya, alias don Diego, Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias gordo Lindo, entre otros; que se concertaron de manera coordinada, con división de tareas, enviaron un grupo de paramilitares al departamento del Valle del Cauca, que posteriormente dio origen al Bloque Calima de las AUC, con el fin de enfrentar a las FARC y el ELN –Obviamente, ejecutando actos de barbarie contra la población civil”
En esa estrategia Carlos Spath juega un importante papel de socializador político de las ventajas de apoyar el proyecto paramilitar ante los ganaderos y empresarios del departamento del Valle del Cauca, toda vez que por sus relaciones de antaño con el gremio ganadero vallecaucano pudo establecer diálogos directos con sus dirigentes y extenderlo al resto de grupos empresariales del valle del cauca. (La fiscalía 132 especializada definió claramente la participación de los civiles en el delito de concierto para delinquir, al considerar que la empresa paramilitar para la creación de una estructura paramilitar de tal magnitud necesito el concurso de varios actores concertados entre sí; ese despacho señala textualmente que “Cuando se habla de distribución de tareas: No todos los involucrados portaban uniforme y armas de fuego: Los hermanos Carlos y Vicente Castaño jefes de las AUC que autorizaron creación de Bloque Calima en esa zona. Carlos Alfonso Spath García y Hernán Iñigo de Jesús Hernández[17], Asesor el primero e ideólogo el segundo, encargados (…) de explicarle los empresarios los beneficios, bondades y obligaciones con esa presencia paramilitar en el departamento del Valle del Cauca y Cauca. Los empresarios y los narcotraficantes Diego Montoya, alias Don Diego, Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño y Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo-Que financiaron el grupo que delinquió en el Valle del Cauca y Norte del Cauca entre los años de 1999 y 2004, y por último los mandos paramilitares: HH, el Cura, el Fino, primeros comandantes del bloque Calima, responsables de la violencia indiscriminada que padeció el Valle del Cauca en ese periodo”.
La estrategia para la creación del bloque Calima, fue diseñada y aprobada en el cuartel de Carlos Castaño en el municipio de Tierra alta, a finales del año 1998 y principios del año 1999, y en su diseño participaron Salvatore Mancuso, Vicente Castaño y Carlos Castaño, con el visto bueno de los dirigentes vallecaucanos Luis Fernando Castro (Tori Castro) expresidente de la plaza de toros de Cali, Carlos Holguín Sardi[18] exsenador de la república por el partido conservador y Edgar Lenis Garrido (Expresidente de Avanca); dirigentes designados por la elite empresarial y política del Valle del Cauca, que en calidad de notables viajaron al departamento de Córdoba, a principios del año 1999[19] y en forma oficial solicitaron a los comandantes de las AUC, él envió de un grupo de paramilitares experimentados que dieran creación a una estructura armada ilegal en territorio Vallecaucano.
Como contraprestación el empresariado Valluno asumiría el compromiso de aportar económicamente para el sostenimiento de las tropas de las AUC, así como garantizar la ubicación de sus campamentos el centro del Valle del cauca (Tuluá y Buga) en fincas o haciendas de civiles aliados al proyecto paramilitar, facilitar contactos con los mandos de policía y ejército de la zona, gestionar inmunidad frente a las investigaciones penales que se pudiesen generar por el accionar del paramilitarismo y conceder el visto bueno para ampliar las relaciones de las AUC con los gremios económicos y políticos del norte del Cauca y el sur occidente del departamento del Valle.
La respuesta al gesto de petición de ayuda del notablato Vallecaucano, fue que el estado mayor de las AUC, Carlos, Vicente Castaño y Mancuso, decidieron acelerar la creación del Bloque Calima. Los jefes de las AUC comisionaron a Edward Cobos, alias “Diego Vecino” comandante paramilitar del bloque Montes de María, Hernán Iñigo de Jesús Gómez, dirigente deportivo e ideólogo de las AUC y Carlos Spath, ganadero, líder gremial de Córdoba y asesor del estado mayor de las AUC, para que se desplazaran a la ciudad de Cali, en el mes de febrero de 1999 a reunirse con aproximadamente 50 empresarios, comerciantes, ganaderos y gerentes y accionistas de ingenios azucareros del valle del cauca, con el objetivo de exponerles la importancia de apoyar económicamente y logísticamente las fases de creación del paramilitarismo en esa región.
En la declaración de Carlos Spath, ante la fiscalía 88 delegada de la Dirección de Justicia Transicional[20] y en las versiones de los exjefes paramilitares en justicia y paz[21], se establece que el ganadero Cordobés, asistió a varias reuniones en la ciudad de Cali, junto con Hernán Gómez , Edward Cobos Téllez (Diego Vecino) en las que se invitó a los empresarios, ganaderos e industriales del Cauca y Valle del Cauca a sumarse a la causa paralimitar y financiar la creación y consolidación del BLOQUE CALIMA (ver declaraciones de gordo lindo ante justicia y paz); en los folios de Justicia y Paz están registradas reuniones en el Club Colombia, Las Oficinas de la corporación Plaza de Toros de Cali, la Parcelación la MORADA[22] en Jamundí y una finca de propiedad de Manuel Mosquera (ganadero Caucano), tío de Juan José Chaux Mosquera, exgobernador del Cauca, condenado por parapolítica.
En varias de esas reuniones participo Hebert Velosa, alias “HH”, en calidad de comandante del Bloque Calima, Gordo Lindo como enviado financiero de Vicente Castaño. Asi mismo asistieron los empresarios: Edgar Lenis Garrido, María Clara Palau, Ramiro Rengifo, Bernardo Tezna (gerente del ingenio San Carlos) Manuel Mosquera, el gerente de almacenes Carulla en Cali y otros importantes hombres de negocios de la sociedad valluna y Caucana; en ellas se planifico el inicio de operaciones del Bloque Calima, se informó sobre el número de paramilitares (50 Inicialmente) que serían trasladados desde el Urabá y Córdoba para dar inicio a las operaciones, se definió el área del centro del valle y las fincas donde los paramilitares establecerían sus bases de operaciones, y las primeras acciones militares contra la población civil auxiliadora de la guerrilla de las FARC en Tuluá y Buga.
Por su parte Carlos Spath reconoció ante la fiscalia 88 de justicia y paz, que una vez tuvo contacto con HEBER VELOSA HH, en las oficinas de la PLAZA DE TOROS DE CALI, versiono que en una ocasión en la que estaba reunido con LUIS FERNANDO CASTRO BOTERO “Tori Castro”, en las oficinas de este último en la plaza de toros de Cali, “Tori Castro le dijo ¡que ya venía para acá Ever Velosa HH!, en esa reunión CASTRO BOTERO le reclamo a VELOSA porque los paramilitares le estaban matando ganado en sus fincas”.
Así mismo en esas reuniones celebradas en la génesis del bloque Calima se informó de los gastos incurridos en el plan de establecimiento de las AUC en el Valle del Cauca, de hecho Gordo lindo confirmo en la reunión celebrada en la parcelación la MORADA, de propiedad de Manuel Mosquera, que “los dineros invertidos en la financiación del bloque Calima ascendían hasta ese momento tres mil quinientos millones de pesos que incluían la compra de un helicóptero que fue llevado a la región del centro del valle, uniformes, alimentación, transporte y material de intendencia y nóminas de los miembros del Bloque Calima”.
De igual manera se informó de la compra de 2.000 fusiles búlgaros de marca AK 47 que entraron por el puerto de Buenaventura para fortalecer la capacidad militar de las AUC. De esas 2.000 armas, por lo menos 300 fusiles se quedaron en manos de los miembros militares del Bloque Calima.
En la indagatoria rendida ante la fiscalía 88 de justicia y paz, Carlos Spath García, admitió “que viajo a la ciudad de Cali, junto con Hernán Gómez y Edward Cobos, alias “Diego Vecino” y que una comisión de reconocidos empresarios y ganaderos Vallecaucanos, los recibieron en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y los trasladaron al Club Colombia de la Ciudad de Cali, para reunirse, con los empresarios y ganaderos del Valle del Cauca y Cauca”. Allí Carlos Spath García, dio testimonio de los éxitos de la estrategia paramilitar en su departamento Córdoba para derrotar a la guerrilla e invito a los poderosos hombres de negocios de la elite Vallecaucana a sumarse a la causa paramilitar.
En esa cumbre celebrada entre paramilitares, asesores del paramilitarismo y empresarios, se explicó el plan financiero y operacional para establecer un frente paramilitar en el Valle del Cauca denominado Bloque Calima, que funcionaria de manera similar al bloque bananeros de las AUC. Su modelo de financiación sería similar al aplicado en la región bananera, es decir se cobraría en escala; una cuota económica por cada 10 hectáreas de azúcar sembrada o de extensión ganadera protegida. (De acuerdo con investigaciones adelantadas por la Corporación Nuevo Arco Iris, se comprobó que los ingenios azucareros pagaron sus cuotas económicas al bloque Calima, a través de cargamentos de azúcar refinada, que fue entregada a intermediarios en la ciudad a de Cali, para que blanqueara la operación financiera y poder entregar en efectivo los aportes económicos de los ingenios azucareros, esta operación debía realizarse de esta forma, porque en la contabilidad de las empresas de la caña no podía aparecer el pago de seguridad a grupos al margen de la ley como el bloque Calima)
Carlos Alfonso Spath García, es mencionado en sus versiones ante JUSTICIA Y PAZ, por Diego Vecino, Gordo Lindo, Hebert Velosa (HH), Salvatore Mancuso, Monoleche, Ivan Roberto Duque (Ernesto Baez), en todas ellas es la persona que se encarga de representar los intereses del comando central de las AUC ante los empresarios, ganaderos e industriales del Valle del Cauca, cumpliendo un rol previamente acordado entre las partes y por lo tanto evidenciándose como parte del engranaje entre paramilitares y empresarios para crear el BLOQUE CALIMA en el Valle del Cauca.
Las tareas, que cumple Carlos Alfonso Spath Garcia, en ese entramado para cometer delitos y concertarse para delinquir lo involucran en la trama ilegal, por circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permiten determinar que esta persona conocía el propósito de la empresa criminal y participo en parte o en todo el desarrollo de su ejecución, desde la planeación de la creación del Bloque Calima, implementación de su estrategia en el centro y sur del Valle del Cauca y Norte del Cauca y en la estructuración del modelo de financiación del Bloque Paramilitar.
A este respecto la fiscalía 132 de justicia Transicional sostiene en su auto acusatorio: “Frente a los promotores del BLOQUE CALIMA, que promocionaron su creación y financiación; se consideró en especial la existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad, lo cual significa que en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de delitos de lesa humanidad, lo cual significa que también deben ser castigadas en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte de una actividad dirigida a ese fin. De lo contrario, no otra razón podemos encontrar, para que se propiciara un sinnúmero de reuniones y que el aporte se centrara en su financiación y sostenimiento del grupo”
CONCLUSIONES. LOS TERCEROS CIVILES EN LA JEP. UN DEBATE CON AMPLIAS REPERCUSIONES
Por estos días se publicó un articulo en el periódico el Tiempo, titulado “Los casos de financiadores de la guerra, en el radar de la CPI”, en que se menciona el informe que envio, a principios de marzo del presente año, la Fiscalia General de la Nacion a la CPI en respuesta a la solicito que hizo ese organismo a los tres sistemas de justicia (ordinaria, justicia y paz y JEP) sobre el estado de los procesos de los máximos responsables de crímenes del conflicto armado: Toda vez que en el informe preliminar de la Corte Penal Internacional, the office of the prosecutor, publicado en septiembre de 2019, informa que: “(…) en respuesta a una solicitud de información adicional, la Fiscalía General de la Nación explicó que la investigación contra individuos que habrían presuntamente participado en la creación, promoción y financiamiento del grupo paramilitar “Bloque Calima” en representación de los comandantes de las AUC, Carlos y Vicente Castaño”.
En ese documento se hace especial mención a los financiadores de crímenes de guerra y en especial en las regiones de Uraba y el Valle del Cauca, lo que indica el interés que tiene la CPI, porque el juzgamiento a este tipo de patrones de criminalidad avance en los diferentes sistemas de justicia de Colombia.
En forma sucinta dicho informe relaciona el número de procesos que están abiertos en contra de terceros civiles, en la fiscalia general de la nación, su estado avance y cuantos han sido asumidos por la JEP, hasta el momento, reiterando la importancia que para las victimas significa que este tipo de criminalidad se devele a través de los planes de verdad, justicia, reparación y no repetición que presenten los postulados que voluntariamente se sometan a la jurisdicion de paz o mediante el llamamiento a juicio en la justicia ordinaria por la acción oportuna de la Fiscalia General de la Nacion.
Sobre la investigación referente al Bloque Calima, hay mucho que decir:
Primero, solo dos (2) casos han sido remitidos a la JEP, hasta el día de hoy, segundo; la fiscalía 132 de Justicia Transicional de la Fiscalia General de la nacion califico los delitos como “concierto para delinquir agravado como crimen de lesa humanidad”, tercero; varios sindicados y mencionados en dicha decisión de la fiscalía 132 han solicitado voluntariamente su sometimiento a la JEP sin que hasta el momento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de este órgano de justicia transicional haya resuelto dichas solicitudes, cuarto; el fenómeno del paramilitarismo en Valle del Cauca y Cauca tiene poco avance en la justicia ordinaria, los políticos comprometidos en su relación con la parapolítica en el departamento se han visto beneficiados por el archivo de las investigaciones en su contra en la justicia ordinaria y en las limitaciones en “Justicia y paz”, quinto; las víctimas de la criminalidad sistemática de este bloque paramilitar no están suficientemente representadas en los procesos sobre terceros que adelanta la JEP y la procuraduría (delegada ante la JEP) que debe ser la que oficiosamente actué en representación de las victimas cuando éstas no se hayan posesionado como parte del proceso, no ha asumido con celeridad y priorización esos casos.
He aquí la importancia que la investigación y el juicio contra Carlos Alfonso Spath García, avance en la justicia ordinaria o sea remitido a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, para que sea juzgado como tercero civil; ese es un reclamo al que las víctimas de los Bloques Calima y Córdoba tienen derecho para conocer la verdad sobre los financiadores, asesores y promotores del paramilitarismo en sus regiones y obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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[1] periódico el universal, 16 de febrero de 2018.
[2] Laura Bonilla, ¿Refundaron la patria? Cambios en las redes políticas del departamento de Córdoba 1998 – 2016, Universidad Javeriana, maestría en ciencias políticas, año 2018.
[3] Diligencia de indagatoria, declarante Carlos Alfonso Spath García, proceso18, Fiscalía 88 delegada ante los juzgados penales del circuito, Dirección de Justicia Transicional, Grupo Compulsa de Copias, 12 de octubre de 2018.
[4] Ibid
[5] Postulados: Jorge Eliecer Barranco Galván, Iván David Correa, José Luís Hernández Salazar y Dovis Grimaldi Núñez Salazar, Justicia y Paz, tribunal de Medellín, 2015.
[6] Comisión intereclesial de justicia y paz
[7] Sentencia proferida por esta Sala en contra del postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez, el pasado 9 de Diciembre de 2014, Tribunal Superior de Medellín, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, M.P. Rubén Darío Pinilla Cogollo”.
[8] Ideólogo de las Autodefensas Unidas de Córdoba y posteriormente de las AUC, se encuentra en la actualidad prófugo de la justicia, condenado por paramilitarismo, se presume que vive en Costa Rica
[9] conocido como “el gordo García” fue candidato a la gobernación de Córdoba en el año de 1992, capturado En el año 2009 por vínculos con los paramilitares.
[10] Rodrigo García Caicedo sintetiza de muy buen modo los nexos entre el paramilitarismo y las distintas expresiones del poder en Córdoba. Así señala: “Todos los ganaderos como el comercio en un 90% apoyaban a Fidel —Castaño— y a sus hombres, los alcaldes y gobernadores se aliaron a las AUC. La clase política en su totalidad jugó a eso, y esto no lo puede desconocer nadie y menos negarlo”. entrevista Meridiano de Córdoba: edición 4255.diciembre 18 de 2006)
[11] Sentencia justicia y paz, 2015, Piniella Cogollo. Conocido como el grupo de los seis (6)
[12] sentencia justicia y paz, Pinilla Cogollo, 2015).
[13]Portal Verdad abierta, junio 16 de 2020 : “Ordenan dejar sin efecto fallo que entrego 862 hectáreas a la familia Cabrales en Córdoba: Este portal, con el apoyo de la organización Dejusticia, reveló el pasado 26 de febrero la manera cómo la familia Cabrales se hizo a esos predios, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) instauró una acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Judicial de Montería tras considerar que ese despacho judicial había vulnerado los derechos de la Nación.”.
[14]“ Datos del Grupo de Investigación de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, que ha estudiado el tema desde hace más de tres años, indican que entre 1994 y 2014 se registraron en el departamento de Córdoba 3.462 casos de prescripción que derivaron en la titulación de 65.572 hectáreas, la mayoría de las cuales podrían tener un origen baldío”. Portal Verdad abierta, junio 16 de 2020
[15] Portal Verdad abierta, junio 16 de 2020.
[16] Ver sentencia 132 de la Fiscalia de justicia transicional
[17] Ver orden de captura y condena contra Hernán Gomes Hernández
[18] Sobre la participación de la elite política conservadora en la creación del Bloque Calima, nos ocuparemos en otro artículo referente a la parapolítica en el Valle del Cauca.
[19] Ver declaraciones de Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, Ernesto Báez, Mono leche y Salvatore Mancuso
[20] Ver declaración de Carlos Alfonso Spath García, 12 de octubre de 2018, fiscalía 88 delegada, dirección de justicia transicional, grupo de compulsa de copias.
[21] Ver Sentencia de justicia y paz, magistrado Pinilla Cogollo, Tribunal de Medellín, 2015
[22] ver declaraciones de gordo lindo ante justicia y paz
Julio Arenas, Investigador Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: https://www.eluniversal.com.co/
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