En el conjunto de documentos se puede apreciar el mosaico de divergencias con lo acordado en La Habana en las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC. No hay acuerdo sobre temas centrales pero si se vislumbran desacuerdos con lo acordado por lo menos en tres aspectos que serán muy difíciles de superar. El primer gran obstáculo tiene que ver con las objeciones a la participación política de los jefes de las guerrillas de las FARC. En este punto la posición más radical se encuentra en el documento del Centro Democrático del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, en que expresamente se señala la oposición a que los jefes de las FARC puedan participar en procesos electorales mientras no cumplan con las penas privativas de la libertad que es otra de sus propuestas de reforma a los acuerdos.
Los jefes guerrilleros incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra según el centro democrático deberían ser inhabilitados para participar en procesos electorales por lo menos mientras no purguen las penas que deberían ser impuestas en el marco de la justicia transicional que se propone. Con esto el Centro Democrático y de manera tímida otras de las propuestas presentadas al Gobierno Nacional por los impulsores del NO en el plebiscito, atacan uno de los ejes centrales del pacto logrado en La Habana. En efecto si lo que se busca como uno de los ejes de la negociación es que las FARC abandonen la lucha armada para que hagan tránsito a la vida política se ataca uno de los pilares de ese objetivo. Esta propuesta corre al lado de otra que buscaría tramitar en el Congreso una ley de amnistía e indulto para la tropa guerrillera con lo cual los jefes inhabilitados políticamente quedarían además sin mando sobre sus tropas desmovilizadas. Estas dos propuestas atacan los pilares de la negociación misma y será muy difícil que una guerrilla que no fue derrotada en los campos de batalla acepte que sus jefes sean apartados de la lucha política.
El segundo gran obstáculo tiene que ver con la eliminación del Tribunal de Justicia para la Paz y la pretensión de algunos de los impulsores del NO que los jefes de la guerrilla vayan de la Mesa de Negociaciones a purgar sus penas en Colonias Penitenciarias Agrícolas. Como recordarán los lectores un eje de acuerdos que ocupó a la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC por cerca de 18 meses de los cuatro años de la negociación, fue el tema de justicia. Como se desprende de los relatos periodísticos y de las entrevistas a los negociadores, la negociación solo tomó aire cuando el grupo de los seis expertos nombrados para encontrar alternativas formularon la propuesta de un Tribunal de Justicia para la Paz en el marco de una justicia restaurativa en la cual a cambio de toda la verdad los responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de Guerra recibirían penas restrictivas de la libertad pero no contempló el acuerdo la reclusión en centros carcelarios. Estas penas restrictivas de la libertad se dejaron en manos de los jueces del Tribunal para la Paz y se podría avanzar como ha sido señalado en desarrollar el tipo de penas, pero, obviamente esto no es lo que pretenden las propuestas del NO y específicamente la propuesta del Centro Democrático.
En la propuesta entregada por el Centro Democrático se pretende que sólo las guerrillas afronten juicios en las salas dependientes del Tribunal de Bogotá y en una última instancia en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Los otros actores del conflicto concurrirían voluntariamente a dicho sistema de justicia. En los Acuerdos de La Habana el Tribunal de Justicia para la Paz es competente para juzgar con la misma benevolencia pero con igual dureza a los otros actores del conflicto trátese de militares comprometidos en este tipo de delitos como también a paramilitares y civiles seriamente comprometidos con delitos atroces. Es muy difícil que las FARC y que las víctimas de los actores del conflicto distintos a las guerrillas acepten que los procesos sigan en la impunidad que es lo que ha caracterizado a la justicia ordinaria y a los Tribunales Militares que hoy son competentes para investigar y sancionar estos delitos. Así mismo se le resta importancia a la Comisión de la Verdad pactada en los acuerdos de La Habana y nada se dice de la Unidad Especial para investigar el delito de desaparición forzada relacionada con el conflicto armado interno. En síntesis lo que pretenden los impulsores de estas propuestas como el Cent ro Democrático es sólo juzgar a los jefes de la guerrilla mientras se buscaría aprobar una legislación de penas blandas para los militares comprometidos en estas conductas. Esto lo han advertido los propios militares condenados o investigados por estos delitos que se han mostrado en desacuerdo con esta propuesta de los impulsores del NO.
Finalmente un tercer gran obstáculo está relacionado con el tratamiento que se propone frente al narcotráfico. En los Acuerdos de La Habana se admite lo que ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional de Colombia, han señalado como la conexidad entre el delito del narcotráfico y el delito político. Cuando actividades relacionadas con el narcotráfico persiguen no el enriquecimiento privado individual sino el financiamiento de actividades subversivas, por ejemplo, los tribunales de justicia han señalado que existe una conexidad y por tanto se le puede considerar como un delito que por ser conexo con el delito político puede ser objeto de amnistías e indultos. Las FARC reconocieron por primera vez en los Acuerdos de La Habana que recurrieron a actividades relacionadas con el narcotráfico para el financiamiento de la guerra. Por el contrario las propuestas del Centro Democrático piden que el delito sea tipificado como delito autónomo negando de tajo la conexidad que pudiera existir con la rebelión. Este es a mu juicio el tercer ataque artero a los Acuerdos de La Habana y constituyen los principales obstáculos al proceso de renegociación de los Acuerdos.
A estos tres las FARC han agregado el tema de la seguridad jurídica de los acuerdos que es lo que llevó a la Mesa de Negociaciones a elevar el Acuerdo de La Habana al llamado bloque de constitucionalidad y a considerarlo como Acuerdo Especial a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Temen las guerrillas no sin razón que el Estado incumpla con los acuerdos pactados en la negociación. Este es un obstáculo aunque no reviste a mi juicio la notoriedad de los tres anteriores.
Estos son a mi juicio los principales temas de discusión sin que sean los únicos. El Gobierno y sus negociadores son conscientes de que estos son los obstáculos mayores y si han vuelto a la mesa es porque los resultados del plebiscito fueron adversos a los contenidos del Acuerdo aunque para ello se haya tenido que recurrir a la mentira y al engaño como quedó demostrado en las declaraciones del Gerente Nacional de la Campaña del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe. Hay una oposición a que el conflicto se cierre con todos los actores comprometidos con los horrores y que ellos tengan que responder con unas mismas reglas del juego. Como lo hemos señalado y nos parece acertado es que el Gobierno Nacional haya diferenciado a los distintos promotores del NO lo que ha permitido ver diferencias notables en los contenidos de sus propuestas. Pero el tiempo para avanzar es limitado pues el limbo en que se encuentra el proceso no da mucho margen de tiempo para encontrar una salida. Cerrar un acuerdo unánime será muy difícil pues las contradicciones son de hondo calado.
Entre tanto lo que no pierde vigencia es la movilización ciudadana expresada en las formidables y masivas marchas que se han venido desarrollando en todo el territorio nacional. Para el próximo 27 de Octubre se tiene previsto un Encuentro Nacional de Víctimas en la Plaza de Bolívar de Bogotá que viene a reforzar la presencia de las víctimas que han sentido que los principales ataques de los promotores del NO en el plebiscito pero principalmente del Uribismo, se dirigen a bloquear los logros obtenidos en el punto quinto de la Agenda de Negociaciones tales como la Comisión de la Verdad, la Unidad especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Tribunal de Justicia para la Paz y las medidas de reparación contenidas en los Acuerdos. Las víctimas que con rigor sufrieron en carne propia las consecuencias del degradado conflicto armado en Colombia ven peligrar la verdad y la justicia que aún con limitaciones habían sido conquistadas en los Acuerdos de La Habana.
Y es en este preciso sentido que cobra vigencia política la propuesta de los Cabildos por la Paz como una herramienta que pueda brindar un piso de legitimidad al proceso de paz. Estos Cabildos deben ser vistos como espacios de encuentro ciudadano y de respaldo así como una alternativa viable para consultar a la ciudadanía sobre los acuerdos de paz con las FARC y ojalá con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Pedro Santana Rodríguez
Director Revista Sur
Bogotá 19 de octubre de 2016.
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