Aunque desde el 26 de agosto del 2018 se realizó la Consulta popular anticorrupción con amplio apoyo de millones de colombianos, el fenómeno sigue vigente en el funcionamiento del gobierno y en las inversiones que se hacen por parte de distintas dependencias públicas.
Un reciente debate en la Comisión 4 del Senado de la república, convocado por la senadora Aida Avella de la Unión Patriótica, con la presencia del Director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, la participación de otros senadores, de veedurías ciudadanas y auditorias comunitarias, permitió identificar las distorsiones en los procesos de contratación por parte del Estado, que han desviado la Ley 80 de 1993, lo que hace urgente su actualización para construir un verdadero Estatuto sobre la materia; también examinar el caso concreto de la contratación y las inversiones del Sistema General de Regalías y el explosivo saqueo de tales recursos públicos; e identificar lo que ya se conoce popularmente como los “Contrataderos”, organizados por las redes criminales del clientelismo especializadas en despojar los presupuestos públicos y las inversiones gubernamentales.
Colombia tiene una abundante regulación de la contratación pública desde la expedición de la ley 80 de 1993 (La ley de la corrupción), con decretos y resoluciones reglamentarias que canalizan los distintos procesos de contratación estatal en todos los niveles, pero en el debate mencionado se señalaron tendencias muy perversas que cierran con la perdida de los dineros del correspondiente proyecto. Así:
El comportamiento desde finales del siglo pasado es una proliferación de contratos que se hacen por menos de 1.000 millones, cantidades menores a las que les hacen ajustes duplicando su valor. Lo que ocurre es que al ajuste inicial se le hace otro nuevo, lo que sube el contrato a los 2.500 millones de pesos; el 80% de estos proyectos en la práctica se pierden en manos de los proliferantes “contrataderos”.
Existen múltiples vacíos en la Ley 80, que le amarran las manos al Estado y a los mismos órganos de control; en la práctica lo que ocurre en las contrataciones es que solo se presentan 3 propuestas de 3 contrataderos y entre ellos se ponen de acuerdo para que uno de estos se quede con el contrato. Los otros “contrataderos” simplemente no presentan un documento como la cedula o la póliza correspondiente y con tal artimaña queda todo en familia.
La senadora Avella dio un dato interesante en toda la caracterización que se ha hecho de la corrupción en la actual coyuntura:
Miles de empresas han logrado la participación en centenares de contratos, siendo el departamento de Antioquia, -controlado por la ultraderecha uribista- el de mayor origen de las empresas o “contrataderos”. Le siguen el Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Caldas, Bolívar; pero el foco de todas estas cadenas de corrupción esta en el departamento de la Guajira, que cuenta con al menos 38 “contrataderos” vigentes; en el Meta hay 16 (con 916 proyectos en ejecución, por un valor de $6,6 billones); en Antioquia 19 (con 1.839 proyectos por $4,4 billones); en el Cauca hay 15 (con 1.040 proyectos por $6 billones). En Casanare y La Guajira se tiene un monto de $4,4 billones en proyectos, con 758 y 935 proyectos respectivamente.
De otro lado, tal como lo esclareció el senador Lemos, el régimen de contratación pública en el país, que debería ser la regla general a la ejecución de los recursos, se ha convertido por vía legal, por la expedición de una inmensa normativa, más bien en la excepción y no en la regla general, hágame el favor.
Lo que está ocurriendo es que los populares “contrataderos” utilizan leyes como las de servicios públicos (142 y 144), las cuales permiten a las empresas celebrar “contratos interadministrativos” con entidades del orden nacional o del orden territorial y por tal vía hacer de ejecutoras. Y ocurre que ellas no ejecutan, contratan a terceros amigotes, con los que se embolsillan miles de millones de pesos. Eso está ocurriendo en la actualidad con Findeter donde prácticamente se ha conformado una verdadera cloaca al servicio de 10 parlamentarios del Caribe que controlan esta entidad. La cosa allí pinta peor que lo de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres; la piñata con los recursos de varias entidades del orden nacional es bastante explosiva.
Lo que procede con todas estas denuncias es presentar un proyecto de ley para que el Estatuto de Contratación Estatal sea el único que tengan que aplicar las entidades públicas, independientemente de su naturaleza o de su condición.
Alexander Lopez, el director del Departamento Nacional de Planeación, con la entereza que caracteriza su liderazgo, se encargó de documentar al detalle, en este trascendental debate de control político, lo que está sucediendo con los billonarios recursos de las Regalías petroleras y mineras.
De acuerdo con Lopez, en los últimos años ha crecido de manera sustancial tanto la adjudicación como las pérdidas a través de obras asignadas a los “contrataderos” en los municipios de las seis diferentes categorías, hecho que ha permeado a toda la Administración pública. Ni más ni menos.
Lopez afirma que desde 2017 se han perdido 15,3 billones de pesos del Sistema General de Regalías, destinados de manera inicial a la construcción, adecuación y/o remodelación de infraestructuras y programas sociales en las regiones.
Todo esto lo ha comprobado el funcionario directamente en compañía de los técnicos de la Sub dirección de Regalías en trabajo de campo y con visitas a cientos de proyectos adjudicados desde el Sistema General de Regalías y los Ocad correspondientes; situación que ha llevado a que el DNP y el SGR estén adelantando una “auditoría integral” para determinar cuáles son los sectores de mayor avance; igualmente los más críticos en la ejecución, haciendo seguimiento a las denuncias emitidas desde los territorios por la ciudadanía y las organizaciones comunales.
Lopez entrego un dato clave en toda esta rampante corruptela: de los procesos de contratación solamente el 7% pasan por licitación pública, mientras el 41% se acoge a un régimen especial, el 35% se hace por contratación directa, mientras que el otro 17% se adjudica a través de concurso, méritos o la mínima cuantía.
En el DNP y el SGR, según el funcionario, el 92,5% de recursos son aptos para inversión, 18% de ese total están destinados para la Paz, Ciencia y medio ambiente. Asimismo, el 74,5% se ha destinado a la asignación de inversión regional, las inversiones directas (del cual el 25% está destinado a este rubro) y a la inversión local, siendo estos los que mayores fugas, fiascos y retrasos presentan; con un detallazo adicional: son los municipios y departamentos los encargados tanto de la asignación, adjudicación y seguimiento a las obras contratadas. Los alcaldes y gobernadores escogen a sus amigos para hacer las obras y generar las coimas respectivas. Hay gobernadores, ex gobernadores, ex alcaldes y alcaldes que nadan en los millones extraídos de las regalías.
Vean este dato clave que nos entrega Lopez: desde 2012 hasta enero de 2025 se han contratado 31.908 proyectos por el SGR por un valor de 99,6 billones de pesos. Sin embargo, solo desde 2021, tras la aprobación de la Ley 2056 de 2020, 21.520 proyectos han tenido la luz verde para su adjudicación por un monto de 77,1 billones de pesos, siendo estos los que se encuentran en auditoría y control social, que ahora cobra auge con un Convenio firmado entre el DNP/PNUD y la Confederación comunal, dado que los sistemas de Auditoria social vigentes desde el 2012 han sido absolutamente inocuos.
Lo cierto es que el 35% de estos proyectos se encuentran en riesgo de pérdida absoluta, que son la media bobada de 26,98 billones de pesos procedentes del SGR y que terminaron en manos de la delincuencia de los “contrataderos”.
Hasta el momento, la Auditoria especial organizada por el Sistema General de Regalías ha identificado 10 poderosos “contrataderos” que, no obstante, las denuncias hechas siguen muy campantes manejando billonarias partidas de manera discrecional e ilegal.
Esos “contrataderos” son los siguientes:
La Agencia de infraestructura del Meta (Ver https://meta.gov.co/secretaria/agencia-para-la-infraestructura-del-meta-aim/19 ) con 55 proyectos por $1,6 billones y 194 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Agencia en la que el amo y señor es el ex gobernador Juan Guillermo Zuluaga (ficha santista, con ínfulas feudales de majestad terrateniente llanera) y su sucesora, la señora Rafaela Cortes; los gestores más visibles de una casta política regional (Carmelos, liberales alanjaristas y uribistas fanatizados) podrida y criminal asociada con grupos paramilitares asesinos, (Puntilleros, Carranceros y urabeños), militares (VII Brigada, Fudra Omega y Batallón de Granada), con la delincuencia judicial (Tribunal del Meta), ganadera y del volteo de tierras urbanas y rurales.
La Fundación Universidad del Valle (Ver https://fundacionunivalle.com/ ) con 151 proyectos por $970 mil millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Fundación que es el centro de una retícula de corrupción con largos brazos en el Eje cafetero, donde hace de las suyas, conjuntamente con gobernadores y alcaldes, que aprovechan la franquicia contractual para despojar los dineros de las regalías, desviados para la compra de mansiones, conjuntos urbanísticos y lujosas haciendas ganaderas.
El Fondo Mixto para la promoción del deporte con 185 proyectos por $998 mil millones y 28 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Fondo que es una verdadera alcantarilla manipulada por la actual gobernadora del Valle del Cauca, señora Dilian Toro y su ex gobernadora de bolsillo, Clara Luz Roldan, una campeona de la corrupción con los dineros del deporte y de las infraestructuras deportivas.
El Fondo Mixto Sierra Nevada (ver https://fondosierranevada.com/ ) con 264 proyectos por $898 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Fondo (propiedad de un reconocido clan del Cesar) que, en un abrir y cerrar de ojos, acumulo una gigantesca contratación con el Sistema General de Regalías y el Ocad Paz fruto de su tráfico de influencias con los alcaldes de los municipios Pdet de la Sierra Nevada de Santa Marta-Serranía del Perijá.
Foncolombia (Ver https://foncolombia.com.co/ ) con 158 proyectos por $468 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Foncolombia es una fachada de roscas corruptas de Bucaramanga especializadas en desviar dineros públicos para capturar campañas electorales y funcionarios públicos de la región oriental.
AREMCA (Ver https://aremca.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/2020-RUP-AREMCA.pdf ) con 196 proyectos por $810.000 millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Aremca (Asociacion Regional de municipios del Caribe) es un operador barranquillero multiforma que navega por diversas aguas políticas, recogiendo a conveniencia las suculentas tajadas que su tráfico de influencias burocráticas y legislativas le prodiga.
ASOMUDACAR (ver https://colombialicita.com/resumen/entidades/12044#google_vignette ) con 135 proyectos por $621.000 millones y 11 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades; Asomudacar es una cloaca del Urabá que ha saqueado los dineros de las regalías con contratos en alcaldías para construir letrinas defectuosas y arruinadas en Necocli, San Pedro de Urabá, Arboletes, Turbo, Chigorodó, Rio Sucio y en las áreas rurales de esta región bajo absoluto control de la banda criminal del Clan del Golfo.
ASOSUPRO (Ver https://asosupro.gov.co/ ) con 70 proyectos por $369.000 millones y 13 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades; Asosupro (flamante Asociacion Supra departamental de municipios para el progreso, invento de picaros) es un artilugio de altos funcionarios del Guaviare y el Caqueta; y de los Municipios del Retorno, Calamar, Milán, Albania y San Vicente del Caguán, utilizado para despojar miles de millones de pesos en plantas de energía (Energuaviare), en proyectos productivos (cacao, chontaduro, maíz, piscicultura) y de infraestructura con vías sin terminar entre el Retorno y Calamar. Asosupro es un descarado festín de burguesías burocráticas emergentes con nombres conocidos como los de Nevio Echeverri (en la lista Clinton) y Heydeer Yovanny Palacio Salazar (ex gobernador del Guaviare), quien goza de total impunidad merced a sus poderosas influencias en las esferas judiciales no obstante las denuncias de la Unión Patriótica y de la izquierda, perseguidos y amenazados por grupos paramilitares, militares y policiales anti narcóticos acantonados en el aeropuerto de San José.
La Empresa de servicios públicos de Casanare (Ver https://www.eaaay.gov.co/ ), con 40 proyectos por $589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; Esta Empresa es un parapeto utilizado para sus negocios por personajes como el actual alcalde de Aguazul, Nelson Camacho, el principal comerciante de contratos en el Casanare; su fortuna es incalculable y de ahí su enorme capacidad de soborno sobre contratistas de toda laya.
La Empresa de servicios públicos del Meta (Ver https://www.edesaesp.com.co/ ) con 72 proyectos por $485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; esta Empresa es un miedoso hueco de saqueo de dineros públicos en Villavicencio y otros municipios del Meta; ahí comen verdes, alanjaras (los del robo de la refinería de Chichineme), seudo izquierdistas, uribistas y liberales carmelistas.
DISPAC (Ver https://dispac.com.co/ ) con 9 proyectos por $421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. (https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/dnp-presenta-radiografia-del-sistema-general-de-regalias.aspx ); Dispac es un empresa estatal de energía con sede en Quibdó (donde manda el Clan del Golfo), utilizada por sobresalientes políticos corruptos para el robo de los tendidos de energía en los municipios de la costa pacífica del Cauca, Nariño y Choco.
Preocupa que la Fiscalía General de la Nación no haya tomado cartas en el asunto permitiendo así que este enjambre delincuencial siga haciendo de las suyas con los dineros apropiados para atender necesidades apremiantes de las comunidades.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: El País
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