El 24 de marzo, saliendo de Santa Marta, dos policías de carretera incautaron un armamento de guerra, que constaba de “26 fusiles de asalto, 36 culatillas para fusil, 28 visores nocturnos de dos ojos, nueve visores nocturnos de un ojo y ocho silenciadores de fusil”, cuyo destinatario en la frontera con Venezuela era alias “pantera”, un “oficial también desertor” bajo el mando de Cliver, quien se encontraba al frente de uno de los grupos de asalto que se habían entrenado en los mencionados campamentos de La Guajira.
Entre tanto, el señor Alcalá Cordones, permanecía en libertad en su residencia ubicada en la ciudad de Barranquilla, desde donde difundió un video declarándose responsable del arsenal decomisado y, concedió entrevista a la emisora “La doble W”, en la cual expresó que el armamento fue comprado con dineros proporcionados por Juan Guaidó, que “las armas incautadas pertenecían al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, un convenio, firmado por mí, con el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos”. Además, confesó que desde tiempo atrás venían organizando un operativo para atentar contra la vida del presidente de Venezuela y de otras altas personalidades de su gobierno, “hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad, libertad para Venezuela” (sic) y dijo que los miembros de la oposición “Cesar Omaña, Iván Simonovis y Leopoldo López, conocían de las operaciones”. También Indicó que venía actuando bajo las órdenes del autoproclamado, al revelar que “Juan Guaidó, me envió a la reunión con los asesores norteamericanos, en donde acordamos hacer una unidad militar…con la idea de libertar el país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales de narcotráfico y el desastre que han generado en nuestro país”. El señor JJ Rendón al que se refiere, es el mismo que fungió de asesor en la campaña del presidente Duque.
En la entrevista radial, al ser preguntado sobre si el gobierno colombiano sabía de estas actividades, respondió que “las autoridades colombianas conocían de las operaciones que veníamos preparando”. Pero, de manera contradictoria, señaló que “les había informado a las autoridades de Colombia, 48 horas después de los hechos”. El ex alto oficial, expresó a la Doble W que “las autoridades colombianas han estado hablando conmigo, no estoy en un intento de fuga” y esperó tranquilo en su casa, hasta que los agentes de la DEA llegaron a recogerlo, porque, supuestamente era buscado por la justicia norteamericana y le habían puesto precio a su captura, por razones de lavado de dinero y narcotráfico.
Todo parece indicar que se trató de una operación de rescate, por parte de la DEA, de uno de sus hombres atrapado en flagrancia y no de la captura de un peligroso narcotraficante que atentaba “contra la seguridad del pueblo norteamericano”, como suelen argumentar en estos casos. La entrega de Alcalá a la DEA, sin que mediara solicitud formal y concepto previo de la Corte, deja en evidencia la complicidad del gobierno colombiano en el nuevo y fracasado intento de magnicidio contra el presidente de Venezuela, pone por el suelo la dignidad de la justicia colombiana y expresa la subordinación de la soberanía nacional a los intereses norteamericanos.
A confesión de parte, relevo de pruebas, reza un principio del derecho penal. Las revelaciones hechas por el “capturado”, sobre tráfico de armas y entrenamiento de mercenarios por “asesores norteamericanos” en territorio colombiano, con el deliberado propósito de ingresar ilegalmente a territorio venezolano, para asesinar al presidente y su equipo de gobierno, demuestran que esa operación, violatoria del derecho internacional, contaba con la complicidad del Uribato y su títere. Por la misma razón, el gobierno violando el procedimiento y el debido proceso lo entrega, supuestamente y sin fórmula de juicio, a la justicia gringa. Queda demostrado, además, que este ha sido uno más de los fracasados intentos de golpe de estado, de Trump y su lacayo colombiano, contra el legítimo gobierno venezolano. Es indignante que tanto el sub-presidente, como los medios, con excepción de la emisora que entrevistó al confeso delincuente, hayan guardado silencio casi sepulcral sobre estos graves y escandalosos hechos. Como hecho anecdótico, que dice mucho de la conducta del gobierno, el reo fue conducido sin esposas, como es usual en estos casos, al avión de la DEA, en desacostumbrado ambiente de cordialidad y despedida de mano, como si se tratara de una alta personalidad y no de un peligroso narcotraficante.
Ante la evidencia del fracasado “operativo quirúrgico”, dirigido por el Departamento de Estado, el fiscal general de USA, William Bar, acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, al ministro de la defensa, general Padrino López, y a otros 12 altos funcionarios del gobierno Bolivariano, coincidencialmente los mismos que iban a ser asesinados, ante los tribunales de justicia de la potencia del norte, de “conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos”. De inmediato, Mike Pompeo, Secretario de Estado de EE. UU, puso precio de US$15 millones por la captura de Nicolás Maduro y de US$10 millones por cada uno de los miembros del gobierno. A esta lista, añadió los nombres de un señor Vergara y Cliver Alcalá, quienes llevaban más de siete años narco-traficando y conspirando contra dicho gobierno, como actores de primera línea, Junto a Guaidó, Leopoldo López, Corina Machado, en todos los intentos de golpe de estado promovidos, financiados y asesorados por el gobierno de los Estados Unidos.
La jugada de Trump y su secretario de estado resulta temeraria e infame, violatoria de la soberanía nacional y del derecho a la autodeterminación del pueblo hermano, avasalladora de su propio ordenamiento constitucional y del derecho internacional de la paz, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, que compromete a los Estados asociados a no intervenir en los conflictos internos de ninguno de sus Estados miembros. Así lo denunció el presidente Maduro en carta dirigida a cada uno de los mandatarios de los países adscritos a este organismo, a quienes pidió ayuda y clamó por el rechazo y la condena a esta ignominiosa afrenta del decadente hegemón del mundo. Las fotos publicadas de los dirigentes venezolanos, como en el viejo oeste, tienen el perverso propósito de provocar la sigilosa invasión a Venezuela, de caza recompensas, (asesinos a sueldo), que se encarguen de ejecutar la eliminación física de la cúpula chavista. En la misma lógica, aunque no es justificable, es explicable la recompensa de 80 millones de dólares que ofrece el gobierno iraní por la cabeza de Trump. Es la regla del todo vale, con la que ha jugado el imperialismo a lo largo de su historia de agresiones a los pueblos del mundo.
Como parte del endurecimiento de la ofensiva para derrocar el gobierno venezolano, el desalmado presidente de los Estados Unidos, ha arreciado el bloqueo económico contra ese país hermano; llegando incluso, a cometer la monstruosidad de prohibir la venta de medicinas, máquinas de detección, tapabocas y demás elementos de bio-protección, para combatir la pandemia del COVID-19, que asola el mundo, tanto a Venezuela, como a Cuba, Irán y Nicaragua. Para rematar, esta demencial y cimera figura del imperio, decretó y lleva a cabo un Bloqueo Naval contra el pueblo venezolano, el mas grande de la historia del tradicional guerrerismo que ha caracterizado a los EE. UU, con el pretexto de combatir la droga que el supuesto “Cartel de los soles”, introduce por el Mar Caribe a territorio estadounidense.
La verdad es que, aunque ahora lo niegue, nunca como hoy, estamos frente al preludio de una agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, en la que están involucrados el Uribato y su títere y los demás gobiernos lacayos del desvencijado grupo de Lima, que puede desencadenar una nueva guerra mundial, en la cual se involucrarían Rusia y China, dados sus crecientes intereses y grandes inversiones en Venezuela; así como, Cuba, Nicaragua y demás países aliados del gobierno Bolivariano. La justificación de este temerario despliegue naval, de “poner fin al narcotráfico” y “proteger la vida de la juventud norteamericana”, resulta bastante ridícula. Porque si de eso se trata, en los Estados Unidos saben, con pelos y señales, que el verdadero problema y de grandes proporciones en materia de narcotráfico es Colombia. Cuentan con siete bases militares ubicadas estratégicamente en territorio colombiano, han invertido, durante décadas, miles de millones de dólares y cientos o miles de asesores y tropas estadunidenses, que han dirigido y participado directamente en operaciones militares y bombardeos contra el narcotráfico y las guerrillas; además, de fumigaciones con glifosato a grandes extensiones sembradas de la planta de coca. Todo esto, contando con la aprobación y el sometimiento de todos los gobiernos, de derecha y extrema derecha, de los últimos 30 años, incluidos los de Álvaro Uribe, quien figura en documentos desclasificados del pentágono como “el narcotraficante 82” y enfrenta centenares de procesos penales en la CPI y la Corte Suprema de Justicia, por supuestos nexos con las mafias y presunto fundador de las bandas paramilitares colombianas y, por supuesto, el del actual sub-presidente Duque.
Sin embargo, a pesar de todas estas concesiones de gobiernos elegidos con dineros de las mafias y las grandes corporaciones, el pentágono y el Departamento de Estado lo saben, en Colombia no disminuyen los cultivos ilícitos, ni el envió de la droga a su país. Hoy, en el territorio colombiano, hay 209.000 hectáreas sembradas de coca y en los laboratorios, que se encuentran en la selva profunda y también a pocos kilómetros de Bogotá, se procesa entre el 80% y el 90% de la cocaína que ingresa a territorio norteamericano para ser distribuida por poderosas mafias gringas, entre más de 40 millones de consumidores.
Saben también, que, de lo miles de toneladas de coca producida en Colombia, más del 90% salen del país por la costa pacífica y por el aeropuerto El Dorado, hasta Honduras, con destino a los Estados Unidos. Los gobernantes yanquis, son conscientes de esta dramática realidad, pero les importa poco saber que cuentan con un gobernante, cuya presidencia fue comprada por un narcotraficante, mientras sea servil a sus intereses.
Es verdad que Trump carece de sentido de humanidad frente a gobiernos que no se someten a sus intereses, que son los mismos de las grandes corporaciones que dominan el mundo. Es una verdadera atrocidad que se niegue a levantar las sanciones y someta al genocidio a los pueblos de Irán, Siria, Nicaragua, Cuba y Venezuela, al impedir que países bajo su hegemonía geopolítica les vendan máquinas de detección del virus COVID-19, medicamentos, indumentarias de bio-protección y demás recursos, para la población, los médico y trabajadores de la salud, para enfrentar la pandemia que asola el mundo, desoyendo el llamado de la casi totalidad de la comunidad de las naciones. El mundo debe condenar esta demencial decisión y la de suspender el envío de recursos a la OMS, que pasarán a la historia como en crimen contra la humanidad.
Pero no hay que olvidar que la política internacional de EE. UU, fue diseñada desde antes de la segunda guerra mundial, en acuerdo entre halcones (Republicanos) y palomas (Demócratas), en la cual se definió al planeta como una “Gran Zona” que debía ser sometida y “estar subordinada a las necesidades de la economía norteamericana” (Chomsky. 2.003), para lograrlo impusieron al mundo su particular doctrina política bipartidista, cuya esencia podría resumirse en que, a la clase gobernante norteamericana, no le importa si los países bajo su dominación cuentan con gobiernos elegidos democráticamente, o son gobernados por sanguinarias dictaduras; siempre y cuando gobiernen sometidos a los intereses de Norteamérica y no caigan en la herejía “de que deben satisfacer las necesidades de su pueblo y no las de los inversores norteamericanos” (N. Chomsky. 2003). Jamás han tenido reparos humanistas para apoyar o intervenir directamente en el derrocamiento de gobiernos democráticos que amenacen los intereses de los grandes capitales yanquis. Así registra la historia de cruentos golpes e invasiones en Guatemala (1954 – 1963), República Dominicana (1963 – 1965), Brasil (1964), Chile (1973), Nicaragua (dictadura de Somoza y operación Irán – Contra), para nombrar solo algunas dolorosas experiencias. De tal manera que, es necesario tener claro que las críticas del partido demócrata a las inhumanas acciones de Trump, contra Venezuela, Cuba, Irán, Siria y Nicaragua, son solo de forma y de estilo, pero no de fondo, ni de contenido.
José Arnulfo Bayona, miembro de la Red Socialista de Colombia
Foto tomada de: ALnavío
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