La publicación, de 118 páginas, aborda diferentes enfoques para un análisis integral del tema, en 10 artículos: “La gigantesca deuda social acumulada; Narrativas y realidades sobre las políticas de derechos humanos; Seguridad y paz en el Gobierno del presidente Petro; Las mujeres en Colombia: potencia mundial de la vida; El agua: patrimonio vivo y para la vida, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026; Cambio y cooperación: la diplomacia de Gustavo Petro en el escenario internacional; La oposición al Gobierno: obstaculizar sin liderar; El Congreso de la República: entre las alianzas y la efectividad; Los organismos judiciales, de investigación y de control, en contravía de las reformas democráticas; y El Sistema Integral de Paz al tablero. Concluye con recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, a los organismos de investigación y control, a la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y los movimientos sociales, en asuntos como Paz Total, democracia y garantía de los derechos humanos.
La presentación del estudio reconoce que la elección del presidente y de la vicepresidenta para gobernar el país durante cuatro años, es un hecho histórico que ha despertado enormes expectativas, de un lado, entre quienes esperan un gobierno consecuente con la promesa de garantizar y defender los derechos humanos y ambientales; pero también ha desatado las más reaccionaria oposición dentro del espectro político nacional, configurándose una extrema derecha violenta y tóxica -en términos democráticos-, que incluso amenaza con quebrar el orden constitucional.
“Es la primera vez que Colombia tiene en la presidencia un gobierno de carácter progresista que recoge exigencias de los movimientos sociales. También, como lo señala uno de los artículos de la publicación, hay una novedad correlativa: perdieron incidencia en la Casa de Nariño las fuerzas políticas que han conducido, por tradición, el Poder Ejecutivo. El cambio de gobierno está moviendo el pensamiento, poniendo en las agendas política y pública temas vedados en gobiernos anteriores, así como nuevas políticas y enfoques, atacados constantemente[1]. Esto ha generado una gran tensión entre quienes hoy están gobernando y los poderes económicos y partidos políticos que siempre han estado para defender el statu quo”[2].
El informe propone un enfoque mesurado y ajustado a hechos y decisiones concretas, tratando de deslindarse de intereses partidistas e interpretaciones políticas, y reconociendo, eso sí, la dificultad de alcanzar una lectura “objetiva” de la realidad nacional, desapasionada si se quiere, para asumir, desde una perspectiva ecuánime, las diferentes narrativas que definen el acontecer político y social, y los intereses particulares que animan una u otra interpretación. Por un lado están las voces extremistas de los detractores del gobierno que hablan de caos, corrupción, indecencia administrativa, crisis de sostenibilidad económica del Estado y falta de gobernabilidad; nada les parece acertado. Y por el otro están quienes empecinados en defender las banderas del cambio y procurar el éxito de un gobierno progresista, exaltan sus avances sociales, las propuestas de transformación estructural para lograr un país más justo y equitativo, democrático y en paz, y niegan con vehemencia los desatinos. En medio de unos y otros está la realidad que lejos de pareceres e interpretaciones se expresa en hechos probables y efectos demostrables. Esta la realidad de los derechos humanos.
El Programa de Gobierno “Colombia, Potencia Mundial de la Vida 2022-2026” de Gustavo Petro y Francia Márquez está centrado en una visión derechos humanos integrales, que se articula en torno a tres ejes fundamentales: Paz Total, Justicia Social y Justicia Ambiental. Un enorme desafío, más para un gobierno que “se ha propuesto enfrentar la crisis humanitaria, el desastre ambiental y la enorme desigualdad económica y social acumulada por anteriores gobiernos, especialmente durante el mandato indolente, violento y retrógrado de su predecesor, Iván Duque”[3].
Este informe, además de señalar importantes avances en la búsqueda de la paz, la justicia social y ambiental, plenas garantías a los derechos de poblaciones vulneradas, equidad de género, infancia y mujer, participación vinculante y seguridad territorial, menciona las dificultades que enfrenta la agenda del gobierno ante una realidad compleja, en la que se mantienen los principales agentes de violencia activos en la ilegalidad. Complementario a ello, se aprecia una sociedad fragmentada y temerosa, un Congreso dividido por intereses partidistas, parlamentarios neófitos que aun no entienden la dinámica de la corporación, y persevera el carácter clientelar de los partidos tradicionales, lo cual se ha convertido en el principal obstáculo, incluso mayor al de los partidos que están en abierta oposición, para avanzar en los debates y en la aprobación de reformas fundamentales.
En materia de justicia social, paz y equidad, el informe cuestiona la ausencia de una ruta clara para implementar una política efectiva en ese sentido. Advierte, por ejemplo, que en relación con el Sistema Integral para la Paz, que la Comisión de la Verdad dejó 67 recomendaciones que no están siendo implementadas.
Sobre la Unidad de Búsqueda, se señala que, de 103.955 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, a mayo de 2023 la Unidad ha recuperado 811 cuerpos, 12 personas vivas y ha llevado a cabo 187 entregas dignas. Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- se destaca que en los macrocasos 01 y 03 se ha avanzado hasta la resolución de conclusiones, pero persiste la preocupación de las organizaciones de derechos humanos sobre los estándares de impunidad en relación con los crímenes no priorizados y/o seleccionados.
Según las organizaciones de derechos humanos, el gobierno sostiene un enfoque firme y novedoso en defensa de los derechos humanos, lo que ha hecho posible que se adopten políticas públicas orientadas a su plena garantía e implementación, así como a la búsqueda de una paz integral que contenga avances en materia de reforma agraria, justicia, derechos ambientales y garantías sociales y economía solidaria. En esta dirección un avance importante fue la aprobación de la Ley de Paz Total que le permite al gobierno “buscar la paz con los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a través de la negociación y procesos de sometimiento a la justicia”[4], los avances en las conversaciones con el ELN, el cese al fuego bilateral pactado para seis meses, los acercamientos con otros grupos armados y la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo que contó con la participación masiva de los movimientos sociales, habiendo incorporado sus demandas en áreas cruciales como los derechos humanos, la protección de los territorios y su ordenamiento alrededor del agua, la preservación de la diversidad natural y la soberanía alimentaria. Sin embargo, pese a avances positivos, el informe “manifiesta su preocupación por la continuidad en los asesinatos de líderes y lideresas sociales, 168 desde agosto de 2022, y 34 excombatientes”, advierte sobre los vínculos de agentes de la fuerza pública con estructuras del narcotráfico y del paramilitarismo, y señala que la necesaria evaluación del ESMAD para ser luego transformado en UNDMO, no contó con participación real ni fue estructural.
También se menciona al papel de la “Fiscalía en la impunidad en los ataques a personas defensoras y controvierte la cifra de 76% de esclarecimiento, pues solo hay un 5,6% de los casos tiene sentencias y ninguna que haya llegado a máximos responsables”[5].
En cuanto a una robusta agenda social en marcha, se admite que la regularización de 807 mil hectáreas de tierras en el primer año de gobierno, la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo construido participativamente, una reforma tributaria con rasgos de progresividad que permite recursos para reformas sociales y el programa renta básica ciudadana para los más pobres, son hechos de enorme y positivo impacto en la economía nacional, pero los pocos avances en la disminución del costo de servicios públicos, transportes, canasta familiar y el acceso al agua potable, dificultan la vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Frente al tema de equidad de género y derechos de las mujeres se destacan “avances como la paridad en el gabinete y la inclusión en el Plan de Desarrollo del capítulo Mujeres Potencia del Cambio y el decreto de la Política Nacional de Cuidado, así como la entrega de tierras a 5.677 mujeres campesinas, el Plan Nacional de Acción de la resolución 1325 de Naciones Unidas y la participación de algunas mujeres en el Consejo Nacional de Participación de los diálogos con el ELN, pero insisten en la necesidad de incluir el enfoque de derechos de las mujeres, equidad de género y enfoques diferenciales de manera transversal en las propuestas de reformas sociales”.
Aunque no lo resalta el informe, la creación del ministerio de la Igualdad, con sus cinco viceministerios, es un avance importante. Los viceministerios de las Mujeres, de la Juventud, para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la superación de la Pobreza, de las Diversidades y el de Pueblos Étnicos y Campesinos, confieren destacada importancia a una política social sectorizada, capaz de reconocer y entender los retos que enfrentan los sectores poblacionales más excluidos del país.
En cuanto a política, gobernabilidad y transparencia, no son asuntos menores los escándalos que envuelven a familiares del presidente y políticos de la coalición de gobierno, ni los hechos que revelan abuso de poder o inconsistencias administrativas, como en el caso de algunos ministros que tuvieron que ser retirados de sus cargos. Y no es tema menor, porque en ello reside la confianza y el oxígeno que brinda el apoyo social y permite maniobrar para gobernar. En este sentido, el informe reconoce que “existe cierto escepticismo y perplejidad ética y política frente a los escándalos mediáticos en los que están comprometidos familiares del presidente Petro, y políticos de la coalición de gobierno. Se siente aquí que se están reproduciendo las mismas prácticas repudiables contra las cuales los actores críticos y progresistas han luchado siempre, lo que por lo menos resultaría ser, al menos, un fraude al principio de moralidad administrativa, anhelado durante mucho tiempo por las fuerzas sociales que han luchado por una democracia sustantiva en el país”[6]. Recuperar la confianza ciudadana que se ha perdido (no toda por supuesto, y más allá de los fanatismos), es posible con decisiones acertadas, actos de mesura, fortaleciendo espacios de comunicación alternativa y escuchando las opiniones de voces críticas pero amigables, que buscan construir y apoyar la realización de una agenda para el cambio.
Sobre el desempeño de los organismos de control, el informe llama la atención sobre “el asedio y el desvío de funciones para participar en política, del fiscal Francisco Barbosa, la Procuradora Margarita Cabello y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quienes se han encargado de entorpecer y desprestigiar la paz total, así como de frenar las reformas”. No suman al plan de gobierno, y hacen un daño inmenso a la democracia y a la nación. El informe dedica un segmento a evaluar con notable preocupación el desempeño del fiscal general, al que califican de autocrático. “El papel más agresivo de la oposición política al mandato reformista recibido por el actual gobierno lo representa sin duda el Fiscal General Francisco Barbosa, nominado por Iván Duque, su amigo de juventud y compañero de aulas. Desde su posesión no ha hecho el menor esfuerzo por aparentar al menos un mínimo de independencia frente al partido al que le debe su nominación, y ha hecho un ejercicio selectivo de sus obligaciones de investigar y acusar a quienes están sujetos al poder punitivo de la institución a su cargo. No existe ninguna medida en materia de seguridad o política de orden público de este gobierno, enmarcadas en el nuevo marco de seguridad humana, a las cuales el gobierno no haya salido ante los medios a tergiversar, distorsionar o desprestigiar”[7].
Sobre la relación y la labor en el legislativo, se destaca la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia, potencia mundial de la vida”, de la reforma tributaria y de la ley de Paz total, así como el aumento en curules de partidos con apuestas en favor de los derechos humanos, con 46 curules nuevas, y la reducción de curules de partidos tradicionales, 55 menos, salvo el caso del Partido Conservador que aumentó en siete. El tema de las reformas que hacen su trámite reglamentario antes comisiones y plenarias, que es de máxima trascendencia para el cumplimiento del programa de gobierno, ha enfrentado las fluctuaciones de la coalición de gobierno y de algunos partidos cercanos, impidiendo que los avances sociales que deberían imponerse sobre las discusiones ideológicas y los intereses particulares de sectores dominantes, orienten las discusiones parlamentarias. “La retórica intransigente que busca evitar la aprobación de reformas redistributivas muestra el carácter de un empresariado y unas fuerzas políticas tradicionales que buscan consolidar la resistencia a los grandes cambios en la política social, en la política antidrogas, en la política de paz, en la configuración del Estado y, en definitiva, en todo el sistema político”[8]. Estos sectores deben ser derrotados para que sobre sus personalismos domine el bien de las mayorías nacionales, en especial, de los sectores más vulnerables y deprimidos de la sociedad. La justicia social es la base fundamental del cambio político hacia un nuevo paradigma.
Y en ese nuevo contexto que propone el gobierno nacional, el respeto de los Derechos Humanos, es la principal plataforma para la acción social, política y cultural. A este respecto, el informe destaca dos logros importantes durante el primer año del gobierno del cambio. “Por un lado, el 13 de julio de 2023, fruto de una solicitud elevada por el gobierno colombiano, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) aprobó la resolución A/HRC/RES/53/22 para fortalecer la garantía de derechos humanos en Colombia y promover la construcción de paz en el país mediante el mejoramiento en temas como la atención de las víctimas y la protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos (Reliefweb, 2023). […] El segundo logro en cuanto a derechos humanos y paz tuvo lugar el 2 de agosto de 2023, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU, de manera unánime, profirió resolución para extender el mandato de la Misión de la ONU encargada de la verificación del cese al fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla del ELN… (El Espectador, 2023)”[9].
¿Qué se espera de este gobierno en materia de derechos humanos?, pregunta el informe. “¿un reformismo domesticado por las reglas del neoliberalismo, o un reformismo transgresor? Un reformismo transgresor implica que ante las grandes necesidades que tienen los sectores de la periferias urbanas y rurales de que sus derechos humanos integrales sean garantizados de manera inmediata y efectiva, el gobierno por iniciativa propia o como respuesta a la movilización social, deba producir una desestabilización parcial o una modificación sustancial del régimen político (Barrera, 2022), esto supone dejar entre paréntesis los formalismos y el fetichismo jurídico del régimen santanderista que nos ha gobernado a lo largo de dos siglos de existencia republicana, según el cual se requieren normas para modificar la realidad” [10].
Es severo en su concepto aunque entendible, cuando afirma que es “decepcionante que en ciertos espacios de interlocución entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, se escuche a algunos/as funcionarios/as afirmar que para poner en marcha ciertas políticas públicas de impacto, el Gobierno debe esperar a que se expidan las leyes, decretos reglamentarios o documentos CONPES, y para eso van a pasar varios meses. Aquí, por lo menos, hay una falta de sintonía con las urgencias de la realidad social”[11].
Aunque, hay demoras, dificultades, algunos desatinos humanos y políticos, y la calamitosa realidad de amplios sectores sociales no da espera para alcanzar soluciones efectivas y definitivas, como ocurre con el 39,3 % de la población que se ubica en situación de pobreza, según el estudio del BBVA Research de abril del presente año, el balance deja ver aspectos muy favorables, tanto en enfoque, priorización de temas esenciales y en ejecución de planes y políticas públicas orientadas a la paz, la equidad y la profundización democrática. Sin embargo, aún hay mucho por hacer.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones que plantean las organizaciones de derechos humanos, con el fin de materializar el programa de Gobierno y garantizar avances importantes en materia de paz, democracia, justicia, derechos humanos, sociales y ambientales, y plenas garantías para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, se menciona, “el deber de implementar el Acuerdo Final de Paz de 2016, haciendo énfasis en la Reforma Rural Integral, la articulación entre las políticas de paz total, el desmantelamiento de estructuras y conductas criminales, seguridad, defensa y convivencia ciudadana, y una política pública e integral de derechos humanos que brinde garantías a quienes defienden los derechos humanos”[12], como paso prioritario.
El informe plantea lo que siempre han pedido las organizaciones sociales, y que en la práctica es tan difícil de concretar: “que los escenarios de diálogos y conversaciones con estructuras armadas contemplen plenas garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, y que el gobierno impulse cese multilateral del fuego y exija a los actores armados compromisos humanitarios y con los derechos humanos más allá del cese de hostilidades”.
También recomienda la reducción del gasto militar, la regulación de las armas de menor letalidad y la concreción de la nueva política antidrogas comenzando con el cumplimiento del PNIS demás los acuerdos ya establecidos con las y los cultivadores, el impulso de regiones de paz, diálogos regionales y misiones de paz.
En materia de democracia, se piden plenas garantías para la participación ciudadana y que esta sea incidente y tenga efectos en la agenda de país, y el impulso a las reformas contempladas en el referendo contra la corrupción y la reforma estructural a las fuerzas armadas, entre otras.
En derechos sociales, se le solicita al gobierno adoptar “medidas para atacar el hambre en el corto plazo, y priorizar la superación de la pobreza, la desigualdad y la segregación socioespacial en la política pública nacional, así como el desarrollo de un plan de acción con indicadores de impacto en la transformación de la vida de las y los colombianos, para concretar el mandato del Ministerio de la Igualdad, e insistir en el impulso de una reforma laboral que propenda por estabilidad en los contratos y la formalización en sectores de trabajadores siempre excluidos del mundo del trabajo”[13].
Sobre justicia ambiental, el informe indica que “la implementación del Acuerdo de Escazú, haca necesario que el gobierno articule su reglamentación con los avances sobre derecho a la información, el fortalecimiento de la participación, la transparencia en las políticas públicas ambientales a nivel nacional, y por supuesto, garantías de seguridad para los liderazgos ambientales, así como culminar los procesos de delimitación de las áreas ambientalmente importantes y establecer planes de manejo que aseguren su recuperación y protección”.
Finalmente se destaca que aunque la deuda que arrastra Colombia en materia de paz, derechos humanos, justicia social y ambiental, impunidad, desarrollo sostenible y decencia administrativa es profunda y compleja, se están dando pasos en la dirección correcta. Sin embargo, es necesario agilizar procesos, tomar decisiones correctas en concordancia con el bienestar colectivo, actuar con mayor audacia para garantizar el éxito de las reformas, mayor transparencia administrativa, crear espacios de participación incidente y vinculante, renovar la confianza ciudadana y adoptar medidas que agilicen la agenda social. Sólo así podrá ser cierto el slogan de una ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, donde los derechos humanos, la firme defensa de la vida y la paz como construcción colectiva sean posibles, y ya no más la quimera de un país inviable.
La referencia al laberinto en el título del informe, no es para nada desatinada, y no sólo respecto a una audaz agenda política de cambio que enfrenta complejas encrucijadas. La historia del país se ha caracterizado por acumular situaciones sin resolver, problemáticas sin atender, conflictos sin superar y miserias sin erradicar, lo que, con el paso del tiempo, ha derivado en desequilibrios sociales y deudas que de una u otra manera han definido prioridades políticas y forjado una particular forma de asumir y entender la vida. Romper con la espiral de la violencia, en todas sus expresiones, y saldar la deuda impagable de la guerra y la violencia, es el primer paso para salir del laberinto y cambiar la historia. Y esa es sin duda, la apuesta del gobierno de Petro.
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[1] “Los temas vedados han sido los relacionados con el acceso a derechos, con superar la desigualdad y el hambre y con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección; también, sobre la jurisdicción agraria, la renta ciudadana (abril 2023), la transición energética, hacer tránsito del extractivismo a la producción y otros. Además, el enfoque de seguridad humana en la política de seguridad y defensa y la política de Paz Total, que incluye negociación con los distintos actores armados, incluido el narcotráfico, se han atacado en forma constante”. Informe Colombia LABERINTOS DEL CAMBIO Derechos humanos, paz y democracia. Un año de avances y desafíos. Bogotá, septiembre de 2023. Pág. 9
[2] Ídem.
[3] Informe Laberintos del Cambio, Pág. 37.
[4] CNN español; ¿Qué es la “paz total” que propone Petro y qué grupos armados han mostrado interés en acogerse?”. Atlanta, 27 de octubre de 2022. Ver en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/10/27/colombia-paz-total-petro-grupos-armados-ilegales-interes-orix/
[5] Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo; “Claroscuros en materia de derechos humanos en el primer año del gobierno de Gustavo Petro”. Informe de las Plataformas de Derechos Humanos. Septiembre de 2023. Ver en: https://ddhhcolombia.org.co/2023/09/07/informe-ddhh-plataformas-petro/#
[6] Informe Laberintos del Cambio, Pág 28.
[7] Informe Laberintos del Cambio. Pág. 89
[8] Informe Laberintos del Cambio, Pág., 68.
[9] Informe Laberintos del Cambio, Págs. 59 y 60.
[10] Informe Laberintos del Cambio. Pág. 30.
[11] Ídem.
[12] Informe Laberintos de Cambio. Pág. 105.
[13] Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo. Op. Cit.
Maureén Maya Sierra
Foto tomada de: El Espectador
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