Sobre el Fondo de Tierras, ya había advertido falsedades del gobierno en su implementación[1]. El gobierno anunció pomposamente en mayo pasado que el Fondo de Tierras ya contaba con un millón de hectáreas. En síntesis, lo que denuncié es que el 98% de esas tierras están ocupadas, tan solo el 2% restante podría entregarse a familias campesinas. Ahora que el gobierno promociona sus logros en la supuesta entrega de tierras del Fondo, encontramos nuevas inconsistencias.
Lo que dice el Acuerdo
Las disposiciones sobre tierras del Acuerdo de Paz están incluidas en el Punto I sobre Reforma Rural Integral (RRI). Allí se propone la creación de un “Fondo de Tierras de distribución gratuita”, con el objetivo de “lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente”, “regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra”.
Este Fondo debe disponer de tres millones de hectáreas durante los primeros 12 años de funcionamiento. Entre las fuentes que deben alimentarlo están la extinción de dominio, las tierras recuperadas (como los baldíos indebidamente ocupados) y tierras adquiridas por el Estado, entre otras. Adicional al Fondo, el Acuerdo habla de un programa de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad, que tiene como meta siete millones de hectáreas formalizadas.
De acuerdo con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, el plazo para entregar los tres millones de hectáreas del Fondo inició en el año 2017 y vence en el 2028. El plazo para la formalización de los siete millones de hectáreas termina en 2026. Esto da, en promedio, 250 mil hectáreas entregadas por año, aunque es comprensible que en los primeros años se consolidara el Fondo y luego se avanzara en la entrega de predios. Pero, ninguna de las dos cosas avanza a buen ritmo.
Estas tareas están a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que hoy dirige Myriam Martínez. Martínez viene justamente de trabajar con el gremio palmero[2], el mismo que tantos líos de tierras tiene por todo el país. A Martínez la denuncié, luego del bochornoso episodio en que recibía órdenes directas del expresidente Álvaro Uribe vía telefónica en medio de un evento público[3]. Esta queja fue desatendida por la Procuraduría y archivada hace varios meses.
Los nuevos supuestos avances
En un video propagandístico, difundido el pasado 7 de agosto para celebrar el tercer año del gobierno Duque, se menciona como un gran logro que habían entregado 232.539 hectáreas del Fondo de Tierras[4]. Luego, el 15 de septiembre, en debate de control político en el Congreso de la República y en redes sociales informaron que ya habían entregado 232.603 hectáreas del Fondo de Tierras[5]. En respuesta a un derecho de petición la ANT me informó que, con corte al 30 de septiembre, se habían entregado 247.021 hectáreas del Fondo.
Si esta información fuese cierta, estaríamos hablando de un avance del 8% en las metas del Fondo, ya habiendo transcurrido casi cinco años desde su creación. En todo caso sería un progreso tímido. Sin embargo, la información difundida por el gobierno nacional es engañosa. Según la respuesta de la ANT, el 86% de las 246 mil hectáreas del Fondo ya entregadas corresponde a la ampliación o constitución de apenas seis resguardos indígenas. De hecho, un solo resguardo, el La Andoke de Aduche, fue ampliado con 126.287 hectáreas. Es decir, el 51% de lo que publicita el gobierno como un avance del Fondo de Tierras corresponde a un solo resguardo (Ver Tabla 1).
Como indica la tabla anterior, estos seis resguardos están localizados en el sur del país, tres de ellos en el departamento del Amazonas. Algunos de hecho ya estaban constituidos, los resguardos La Andoke de Aduche, Camaritagua, Comeyafu y Puerto Córdoba. Las tierras del Fondo sirvieron para ampliarlos.
Desde luego, la constitución y ampliación de resguardos es una tarea importante y necesaria. El problema es que con el uso de estas cifras se hace ver como si se estuviera cumpliendo con lo prometido en el Acuerdo, cuando no es así. Como ya se dijo, el Acuerdo busca democratizar el acceso a la tierra en beneficio de campesinos y campesinas. Justamente es esta población la más afectada por esta forma de simular el cumplimiento del Acuerdo. Esa es la contracara de las metas presentadas a punta de ampliar grandes resguardos.
De las 232 mil hectáreas entregadas del Fondo apenas 3.814 fueron para familias campesinas. Es decir, el 1,7%. De las 1.534 familias “beneficiadas” con el Fondo de Tierras, 928 recibieron predios de menos de una hectárea. Esto es completamente insuficiente para una familia campesina e insignificante para la “democratización de la tierra” que propone el Acuerdo. Ya La Silla Vacía había mostrado este problema en agosto pasado. En Ovejas, Sucre, y en otros municipios el tamaño de los predios entregados es muy inferior a la Unidad Agrícola Familiar (UAF)[6]. La UAF es la cantidad de tierra que necesita una familia campesina para desarrollar una actividad económica viable, la cual varía dependiendo de la zona y de las condiciones de la tierra. Como he dicho en mis debates sobre la Altillanura, la UAF no debe excederse ni en las adjudicaciones de baldíos que haga el Estado ni en acumulaciones posteriores por parte de empresarios. Pero tampoco debe incumplirse la norma al entregar predios inferiores a la UAF, pues se estaría atentando contra la dignidad y la economía campesina.
En Sucre, como contó La Silla Vacía, es donde más predios del Fondo se han entregado. En Ovejas la UAF más pequeña es de 36 hectáreas, pero se han entregado lotes de apenas unos cientos de metros cuadrados. A pesar de que en Sucre se han entregado 908 predios del Fondo de Tierras, el 82% del total, estos solo corresponden a 302 hectáreas, el 8% del total del área entregada. Salvo un par de predios que benefician a varias familias, el promedio de los lotes entregados en Ovejas es de 0,7 hectáreas. Es decir, el 0,2% la extensión de tierra que debería recibir cada familia.
En el departamento de Córdoba se han entregado la mayoría de hectáreas del Fondo, 979 en total. En el resto del país los avances son todavía menores. Solo en 14 departamentos ha habido entregas de predios, pero en Bolívar se han entregado solo cuatro y en Cesar uno, igual que en Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.
Otra particularidad es que algunos predios se cuentan como entregados por el Fondo de Tierras, pero fueron adjudicados antes de que este se creara. Por ejemplo, uno de los predios de la zona rural de Popayán fue entregado por la ANT como bien Fiscal mediante una resolución de diciembre de 2016. El Acuerdo del Teatro Colón fue firmado el 24 de noviembre de ese año y el decreto que reglamentó el Fondo es del 29 de mayo de 2017. Es decir, en casos como este el predio se entregó seis meses antes de que el Fondo fuera creado formalmente, y el gobierno lo hace ver como cumplimiento del Acuerdo.
También se identificó que varios de los predios entregados estaban a nombre del antiguo Incoder y luego fueron trasladados a la ANT, antes de que empezara la implementación del Acuerdo de Paz. Es decir, no se trata de predios recuperados por el Estado y aportados al Fondo recientemente, a pesar de que el gobierno dice que el fondo ya tiene 1,4 millones de hectáreas, 1,1 millones de los cuales ingresaron en el periodo de Duque. Esta es otra muestra de que se ha hecho poco por implementar el Fondo de Tierras.
Las razones del incumplimiento
Una de las razonas por las que no se ha avanzado casi nada en la entrega de predios del Fondo es justamente el foco de mi denuncia anterior sobre este tema. Ya que la mayoría de los predios que se consideran parte del Fondo están ocupados, será muy difícil entregarlos a familias campesinas sin tierra. Allí hay dos posibilidades, como argumenté en su oportunidad. La primera, que quienes ocupan esos predios sean familias campesinas, en cuyo caso estaríamos hablando del componente de formalización de tierras del Acuerdo (los siete millones de hectáreas) y no del Fondo, que se supone debe entregar tierras nuevas para “democratizar la propiedad”. La segunda, que esas tierras estén ocupadas indebidamente, en cuyo caso habría que surtir el proceso de recuperarlas para que estén verdaderamente a disposición del Estado y listas para ser entregadas a familias campesinas.
Allí reside el problema más estructural. Que con o sin Acuerdo de Paz, en Colombia, se ha perpetuado un modelo latifundista, acaparador de tierras, monopolista, especulativo y extranjerizador. Las instituciones del Estado están capturadas para mantener el estatus quo, como lo muestra el origen de la directora de la ANT. Por eso es que Colombia sigue estando entre los países con más altos índices de concentración de la tierra. Por eso es que nada ha pasado con mis denuncias de acaparamientos indebidos de baldíos en la Altillanura, que llevo más de 10 años documentando. Por eso la deforestación y la palma aceitera avanzan impunes por la Amazonía. Por eso es que el Senado prefirió disolver el quórum durante varias sesiones antes de aprobar el proyecto que busca reconocer los derechos del campesinado.
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[1] Pandemia, sin tierras ni apoyo para el campesinado. Disponible en
https://www.sur.org.co/pandemia-sin-tierras-ni-apoyo-para-el-campesinado/
[2] Información disponible en https://web.fedepalma.org/node/213
[3] Wilson Arias pide a Procuraduría investigar a Directora Nacional de Tierras. Disponible en
[4] Video disponible en https://youtu.be/dssBPmIfc0k
[5] Información disponible en https://twitter.com/AgenciaTierras/status/1438306628378431490?s=20
[6] La Agencia de Tierras infla las cifras de predios que ha entregado a campesinos sin tierras. Disponible en
Wilson Arias, Senador por el Polo Democrático Alternativo
Foto tomada de: https://www.senado.gov.co/
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