Con cifras de la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN, se puede establecer que habiendo pasado el período fuerte de pago de impuestos, es decir, los meses de febrero, abril y junio para las personas jurídicas y los meses de agosto, septiembre y octubre para las personas naturales, los impactos de la Reforma Tributaria se dieron en la población, es decir, el grueso del crecimiento obtenido en los ingresos fiscales está reflejado en el IVA, precisamente el que ocasionó que las familias terminaran por restringir el consumo ante la imposibilidad que tenían de conocer con certeza el efecto de los cambios del 16% al 19% sobre sus propias canastas.
De esta forma, mientras las declaraciones del IVA en el período enero – octubre de 2016 ascendieron a 15.9 billones de pesos, en el mismo período de 2017 fueron de 26.7 billones, es decir, el aumento por IVA fue de 10.8 billones de pesos, en otras palabras un crecimiento del 68%, aunque valga decir, que si bien el impacto mayor debe provenir de la Reforma, también es cierto que debe de existir una parte producto de la mayor eficiencia en el recaudo o por el pago de los contribuyentes ante la presión por posibles sanciones, aspectos que las cifras por si solas no permiten analizar.
Lo cierto entonces es que producto de la Reforma las familias vieron afectada su capacidad de consumo en 10.8 billones de pesos respecto al año anterior. Siendo así, los análisis que se han realizado frente al crecimiento económico se quedan cortos, es el Gobierno quien ha terminado con los recursos de la sociedad y su propia ineficiencia y corrupción ha conducido a que esa menor propensión al gasto de las familias se vea reflejado en una menor calidad de vida. Son los costos que la sociedad ha debido asumir para pagar los desafueros de un Estado corrupto e incapaz de satisfacer las necesidades más acuciosas de la población.
En cuanto al pago de la renta de las personas naturales, la DIAN manifestó que recibió 1.6 billones de pesos, aunque el recaudo total fue de 7.98 billones, la diferencia radicó en las devoluciones y retenciones. Siendo así el pago de impuesto de renta de las empresas ascendió a 13.1billones de pesos. Las cifras para el año 2016 fueron de 1.5 billones producto de la declaración de renta de personas naturales y 6.9 billones a través de retenciones. Se resalta entonces el impacto en el IVA ya que en los rubros de la renta el incremento bordea el billón de pesos.
Otro tema a resaltar, mostrando además el aceptable comportamiento económico que han tenido las empresas, es el resultado del impuesto a las transacciones financieras que en lo corrido del año ya representa un aumento de 1.4 billones de pesos, y se puede decir que las empresas porque el 4 X 1000 ha tenido exenciones considerables para el público. No obstante, tener una significativa participación de las empresas en el impuesto a las transacciones así como en la renta, cuyo aporte es del 89%, el Presidente Juan Manuel Santos manifestó en la socialización del informe de competitividad, que los alivios a las empresas a este año habían ascendido a los 26.7 billones de pesos, respecto a lo pagado en el 2010, y hoy, a diferencia del 72.8% que tenían que pagar en el 2010 se paga el 36%, cifra distante eso si a lo planteado por el sector privado que sigue hablando de tasas por encima del 70%.
Lo cierto de todo esto es que mientras a las empresas se les alivia su carga tributaria, asunto que en principio está bien, a la población en general a través de un impuesto regresivo como el IVA se les disminuye su capacidad de consumo. El país ha realizado esfuerzos importantes para posibilitar la salida de las condiciones de indigencia y pobreza a una buena porción de la población, pero con medidas como estás, que son claramente regresivas, esos esfuerzos terminan por esfumarse y la gente que recién sale de la pobreza, que sigue siendo vulnerable, ante una disminución de su capacidad de gasto, vuelve y cae fácilmente en situaciones de pobreza. Ya las cifras de Bogotá y del país lo empiezan a evidenciar.
Las reformas tributarias, y lo expresado por el Presidente lo pone de manifiesto, han tenido como objeto la disminución de impuestos a las empresas, tocando la capacidad de pago de las familias a través de impuestos como el IVA, que si bien es de fácil recaudo y muy eficiente, se constituye en un elemento contrario a cualquier intención de generar condiciones de equidad tributaria, el IVA termina siendo muy costoso para las familias de bajos ingresos y atenta contra sus condiciones de bienestar.
Bajo esta misma lógica, se adelantan distintas reformas tributarias en el continente, incluso en los Estados Unidos, donde 400 empresarios se declararon en oposición a la reforma por considerarla un camino hacia una mayor inequidad. Un Estado fuerte, con capacidad de incidir en la construcción de una sociedad con una paz estable y duradera, debe contar con los recursos necesarios para poder generar el gasto requerido. Pero esto debe de ir de la mano de una intención clara de generar equidad tributaria, es decir, eliminar buena parte de las exenciones tributarias existentes, aquellas que no están garantizando la promoción empresarial o el bienestar de las familias y personas. La corrupción y debilidad institucional son otros elementos esenciales en la búsqueda de los recursos necesarios.
Las empresas y personas de altos recursos deben asumir sus responsabilidades y obligaciones con el país; siempre se nos habla de las altas tasas que se pagan de impuestos, pero nunca se cuenta cuáles son las tasas reales, aquellas que quedan realmente después de descontar las exenciones. También se han divulgado algunas de las inversiones que tienen en paraísos fiscales o los artilugios que se inventan empresas y altos directivos para no tributar en el país. Mientras tanto, son los trabajadores quienes, a través de su menor capacidad de consumo, deben soportar las normas fiscales que pocas veces los favorecen. La equidad y la paz pasa necesariamente por el tema tributario, y tras esta última reforma quedó expreso que la intención clara es que la carga tributaria mayor sea soportada por la población. Esto es, sin duda alguna, un inadecuado principio para garantizar una mejor vida y un crecimiento adecuado para el país.
Un país que soporta su productividad y su estabilidad fiscal en los bajos ingresos y en los impuestos a la población a través de un menor consumo, jamás podrá tener unas condiciones de demanda adecuada para que sus estructuras productivas, sus empresas cuenten con una demanda suficiente para crecer. El camino escogido por Colombia es contrario a cualquier lógica de crecimiento y bienestar, somos el resultado entonces de un proyecto de las élites a todos luces inequitativo e inviable.
JAIME ALBERTO RENDÓN ACEVEDO: Director Programa de Economía Universidad de La Salle
Noviembre 29 de 2017
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