En el reciente proceso de paz y de reincorporación a la vida civil de los 14 mil excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, un sector minoritario decidió marginarse del proceso en regiones como El Guaviare en que su comandante Gentil Duarte después de su regreso de La Habana se incorporó a la llamada “Disidencia de las FARC” y viene operando en dicha región al mando de un reducto calculado en unos 300 hombres; en menor proporción esta disidencia también hace presencia en el Departamento del Caquetá y en el litoral pacífico, en todas éstas regiones se encuentra vinculada principalmente a las economías del narcotráfico y de la minería ilegal.
Las alarmas las prendió el fin de semana Henry Acosta Patiño el empresario vallecaucano que sirvió de intermediario entre el Gobierno de Uribe y las FARC en los contactos fallidos entre dicho Gobierno y la insurgencia armada. Estos contactos fueron retomados por el Gobierno de Juan Manuel Santos desde el año de 2010 y culminaron de manera exitosa con la firma del Acuerdo Final en el teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016. En una carta hecha pública por Acosta el día sábado 23 de septiembre señala que “Estoy altamente preocupado por la ausencia y creo que la ya NO implementación total del Acuerdo Final de nuestro más de medio siglo de Conflicto Interno Armado, entre la insurgencia FARC y el Estado de Colombia” y a continuación señala entre sus preocupaciones que “La reincorporación colectiva, social, Económica, permanente y segura de los casi 14.000 insurgentes, quedó solo en que cada uno haga lo que pueda hacer con los $8 millones individuales que les están entregando. No se quiso hacer la Reincorporación colectiva, disque para no fortalecer el nuevo partido de la insurgencia. El riesgo de que muchos insurgentes se embandoleren, ante la ninguna alternativa de empleo, de autogestión o autoayuda, es inminente y muy posible”. También se refiere a los obstáculos que ha tenido el proceso en la Corte Constitucional en donde dice se discute si las FARC pueden hacer política que para él es el centro del acuerdo y denuncia que la reglamentación que se discute actualmente en el Congreso sobre las 16 circunscripciones especiales de Paz viene siendo torticeramente reglamentada dejando por fuera a las cabeceras municipales en donde vive obviamente la mayor parte de la población de los 167 municipios que contemplan. Se queja igualmente de la manera como se estarían conformando el Tribunal y las Salas de la Jurisdicción Especial de Paz en donde señala que “será entonces una JEP parcializada y la Unidad Nacional Investigativa, de esa JEP, ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, quien se ha convertido en la punta de lanza contra el Acuerdo Final”. “Las medidas de seguridad son nulas. Bandolas andan diseminadas por toda el área rural, asesinando líderes y miembros de organizaciones sociales contestatarias”.
A la carta de Acosta siguió una carta pública dirigida al presidente, Juan Manuel Santos por parte del ahora presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, quien no solo ratifica las denuncias hechas por Henry Acosta sino que va más allá. En efecto, Londoño agrega a los señalamientos de Acosta los incumplimientos en la aplicación de la Ley de Amnistía, aún hoy hay más de 1500 guerrilleros de las FARC en las cárceles sin que se les haya aplicado la amnistía de iure aprobada por el Congreso de la República; la Unidad especial para el desmonte del paramilitarismo no ha sido puesta en marcha y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, hizo todo lo posible y lo logró en el decreto que la crea para que esa Unidad que dicen los Acuerdos de La Habana aunque formalmente adscrita a la Fiscalía General deberá ser autónoma de dicho organismo, sin embargo en el decreto queda bajo su dirección pues Martínez hizo todo lo posible para que así fuera y en esto tiene toda la razón Timochenko.
Tampoco hasta el momento se ha nombrado al subdirector Especializado de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección que tiene como su función principal velar por la seguridad de los ex combatientes de las FARC-EP como tampoco se ha cumplido el compromiso de “poner en marcha el Cuerpo Élite de la Policía Nacional en los términos del Acuerdo Final, a más tardar el 15 de junio de 2017”. Y agrega Timochenko “Optimista el señor facilitador cuando afirma que el gobierno nacional promueve la reincorporación individual entregando 8 millones a cada excombatiente. No hay ni un solo combatiente en esas condiciones, y menos un solo proyecto colectivo aprobado. Se niega la adjudicación elemental de tierras para que puedan adelantarse en ellas los proyectos productivos, y se afirma que solo se aprobarán un promedio de mil proyectos individuales por año.
Son miles los excombatientes excluidos hasta hoy de la asignación única de dos millones de pesos y que no reciben el giro mensual del noventa por ciento de salario mínimo. Se notifica a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que quedarán sin alimentos ni servicios elementales. El acceso a la salud de los nuestros pasa por las más increíbles dificultades”.
“El Congreso de la República se enreda en la expedición de las normas sobre participación política y jurisdicción especial de paz, mientras el señor Fiscal General de la Nación dirige una campaña de difamación contra las FARC, e ignora sospechosamente los más de quince mil expedientes que por paramilitarismo se apiñan en su dependencia…La inmensa familia fariana se revuelve inconforme e indignada. Miles de combatientes, milicianos, apoyos clandestinos, militantes políticos, seguidores y comunidades que creyeron de buena fe en la seriedad del Estado colombiano, reclaman de ésta dirección una posición enérgica, la disciplina militar de la guerra siempre fue prenda de subordinación. Desaparecida esta sólo nos queda la persuasión y el convencimiento. Para ello hacen falta hechos, Presidente Santos”. La misiva de Timochenko termina haciendo un llamado a la comunidad internacional, Naciones Unidas, Unión Europea, CELAC, UNASUR, El Vaticano, países garantes y acompañantes del proceso a actuar para que la obra de la paz se mantenga a flote.
Estas denuncias fueron corroboradas por una visita de campo que periodistas del Portal La Silla Vacía hicieron a cuatro de las zonas de capacitación y reincorporación en que se encuentran los excombatientes de las FARC-EP. La conclusión es tajante. “La Silla Vacía viajó la semana pasada a cuatro zonas y vio que, en efecto, el sueño que tenían los jefes de las FARC de hacer una reincorporación colectiva se está desmoronando.
En parte porque al Gobierno le ha costado trabajo cambiar el “chip” de la desmovilización individual a la que estaba acostumbrada la Agencia Nacional de Reintegración a una colectiva que implica el concurso de varias instituciones más allá de la ARN y a que exista una cabeza dentro del Gobierno que tenga el poder para que funcionarios de otras entidades le obedezcan, la plata disponible para comprar tierras y financiar proyectos productivos, y la voluntad de echarse al hombro ese desafío, cosa que hoy no sucede a pesar del compromiso del director de Reintegración Joshua Mitrotti”.[i] Más contundente resulta el diagnóstico de Acosta que señala que esas dificultades nacen de la oposición a que el proyecto político de las FARC se consolide y sería algo premeditado para acentuar la dispersión y la deserción. Esto es jugar con fuego. Se ha denunciado que tanto la disidencia de las FARC como las llamadas Bandas Criminales están ofreciendo hasta ocho millones de pesos a cada excombatiente que se sume a sus organizaciones criminales. Por ello es de una irresponsabilidad mayúscula el silencio del Gobierno y sobre todo que de manera urgente no se estén adoptando las medidas para cumplir cabalmente con los Acuerdos. Los excombatientes deben tener las condiciones mínimas pactadas. Es un riesgo enorme para el proceso los incumplimientos denunciados.
El Gobierno Nacional no ha respondido a los reclamos por el contrario le ha dado inusual publicidad a los colados en las listas que las FARC-EP entregaron para ser beneficiarios de la Amnistía y de la Justicia Especial para la Paz. Se ha señalado que por lo menos 20 narcotraficantes estaban colados en la lista. Lo que no han informado es que la exclusión de estos 20 casos y de otros colados en la lista se ha hecho de común acuerdo con las FARC-EP que no se han opuesto cuando ello ha sido verificado.
Por otra parte las dificultades para que terminen de aprobarse las leyes y reformas constitucionales en el Congreso de la República se multiplican. Las investigaciones sobre corrupción en los contratos de la firma brasilera Odebrecht y por la compra de investigaciones y sentencias en la Corte Suprema de Justicia vienen menguando las huestes del gobierno en el Congreso. Dos renglones del Senado han quedado vacíos por dichas investigaciones, las de los parlamentarios, Bernardo el Ñoño Elías y Musa Besaíle con orden de detención por parte de la Corte Suprema de Justicia. Este debilitamiento puede ser mayor pues por lo menos otros cuatro parlamentarios de la coalición santista en el Congreso están siendo investigados y podrían también perder sus curules. A lo anterior se suma la decisión del Partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras de votar negativamente el proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Con estos dos hechos las mayorías requeridas para su aprobación apenas se mantienen y dependen de la disciplina y decisión de partidos que hasta ahora han apoyado el proceso como el Partido Conservador.
En resumen las dificultades del proceso son evidentes y el debilitamiento del proceso se convierte en una amenaza real para conquistar una paz estable y duradera. Ahora más que nunca se requiere de una movilización de la sociedad civil para avanzar, pero, tampoco allí emergen señales alentadoras.
PEDRO SANTANA RODRÍGUEZ: Director Revista Sur
Bogotá septiembre 28 de 2017.
NOTAS
[i] El Duro aterrizaje de las FARC. La Silla Vacía 25 de septiembre de 2017. Consultado en www.lasillavacia.com
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