En efecto, en la introducción al proyecto de ley de esta reforma se lee, que esta es necesaria “para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, (…), el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias…”
Antes de la pandemia, las transferencias que el Estado Colombiano le hacía a los hogares más pobres y vulnerables eran de las más bajas y precarias en relación con la renta disponible, y apenas cubría el 13% del valor de la línea de pobreza por persona en los hogares receptores de esas transferencias. La gráfica que sigue, elaborada por la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (CEBT) que contrato la DIAN, ilustra el impacto que tienen estas transferencias en el ingreso disponible y el lugar que ocupamos en relación con los países de la OCDE:
Tamaño medio de las transferencias monetarias como porcentaje de la renta disponible es bajo, 2017, o último año disponible.
Fuente: Gráfica elabora por la CEBT, sobre cálculos de la OCDE, basados en la Encuesta de Hogares GEIH, 2017, e incluye los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, ICB F y subsidios a los desplazados
Analizando el impacto distributivo del sistema tributario colombiano y de las transferencias hacia los hogares más pobres, la CEBT encontró que estos son limitados, entre otras razones, porque “la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio es baja, parcialmente debido a los gastos tributarios generalizados y las exenciones que favorecen de manera desproporcionada a los hogares con mayores ingresos y riqueza”, y al “limitado tamaño de las transferencias, en comparación con otros países de América Latina y el Caribe, (26 veces inferior que en México), y el promedio de la OCDE, (137 veces inferior)”, tal como se ve en la gráfica 1[1].
Con el proyecto de incrementar y ampliar el programa de “ingreso solidario”, el gobierno y el partido Centro Democrático pretenden salirle al paso a la demanda de amplios sectores sociales por la implantación de una Renta Básica, que amplíe, agrupe e incremente las actuales transferencias, y que concrete el mandato constitucional del derecho al Mínimo Vital, demanda que la Bancada Alternativa del congreso ya había presentado desde los inicios de la pandemia, y que han reiterado el pasado mes de marzo, pues la primera vez fue rechazada por el gobierno y por la mayoría del congreso.
En efecto, mientras la bancada alternativa del Congreso (47 congresistas), propone una Renta Básica que, por ejemplo, para un hogar pobre o vulnerable conformado por 4 personas sería de $440.000 mensuales, (en el proyecto de la bancada alternativa, las transferencias por hogar van desde $320.000, hasta $470.000, según el número de personas por hogar), en el proyecto de reforma tributaria del gobierno la transferencia para este hogar sería de $244.067 mensual si el hogar está en pobreza extrema, o de $168.065 si es pobre, una suma que incluiría: 1) las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas provenientes de los programas que administra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social financiados con recursos del Gobierno nacional, 2) los subsidios para los servicios de energía eléctrica y gas combustible distribuidos por red física, y, 3) la transferencia del Programa Ingreso Solidario, (parágrafo 3 del art. 18 del proyecto de reforma tributaria).
Y mientras en el proyecto de la bancada alternativa se busca proteger el derecho a una vida digna de alrededor de 30 millones de personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, los que corresponden aproximadamente a 7,5 millones de hogares, la propuesta del gobierno es cubrir aproximadamente a 5.7 millones de hogares, objetivo para el cual el gobierno espera recaudar $7 billones con la reforma tributaria.
Si fuera cierto que la reforma es imprescindible para mantener estas transferencias, y para mantener y ampliar el programa de “ingreso solidario”, simplemente bastaría con derogar la reforma tributaria anterior, cuyas gabelas tributarias a los más ricos le cuestan al país $9 billones por año; o eliminar gran parte de las exenciones y descuentos tributarios que tienen las empresas y personas naturales, que en 2019 sumaron $17.1 billones, según la DIAN, cifras que cubren con creces los 7 billones que dice el gobierno le costará mantener e incrementar estos programas.
Al respecto, la CEBT recomienda que Colombia se aleje del uso excesivo de incentivos y beneficios tributarios, como los que se les conceden, por ejemplo, a las empresas ubicadas en las zonas francas, resaltando que un número significativo de ellos viola el principio de equidad horizontal, según el cual contribuyentes “iguales” deben tributar lo mismo. Adicionalmente, afirma que en muchos casos los costos de las exenciones, descuentos y otros gastos tributarios superan sus beneficios.
El gobierno mismo reconoce en los anexos al texto de reforma, que “la capacidad de recaudo del impuesto sobre la renta de personas naturales se reduce debido a la existencia de rentas exentas y otros beneficios que disminuyen la tasa efectiva de tributación, especialmente para los contribuyentes con mayores ingresos. Esto último, además, limita la equidad vertical y horizontal del impuesto, pues los beneficios tributarios vigentes no son uniformes para todos los contribuyentes, ocasionando que personas con ingresos similares tengan cargas tributarias diferentes”, (subrayado nuestro).
Reforma para tapar el hueco fiscal y mantener privilegios tributarios.
Con la reforma el Gobierno estima recaudar al año 2,3 puntos del PIB, los que equivalen aproximadamente a $28 billones de pesos. El temor del gobierno es no cumplir con esta meta, no porque se quede sin recursos para financiar programas sociales, sino porque un recaudo menor, “podría ser problemático para los mercados y las agencias de calificación”, como se lo recordara un reciente informe de JP Morgan, lo mismo que Fedesarrollo, que advertía que, “si la reforma no recoge neto más de $10 billones es una reforma que no va a ser bien vista por los inversionistas, no solo a nivel local, sino internacional”[2]. Un temor fundado en el crecimiento de la deuda pública, que va a seguir creciendo, cuyo servicio se puede volver más oneroso todavía si el gobierno no asegura los recursos suficientes para cubrirla, lo que ocasionaría que el país perdiera la nota que hoy tienen las calificadoras de riesgo sobre la economía colombiana.
Lo perverso del proyecto de reforma, es que, antes que buscar esos recursos incrementando los impuestos de los más ricos y eliminando las gabelas, exenciones, descuentos y beneficios que estos han logrado incorporar en el régimen tributario[3], los que están estimados en $69.1 billones, según cálculos de la CEBT, (esta cifra no incluye la evasión al IVA y del impuesto de renta, cuyos costos se calculan en $20.7 y $21.6 billones, respectivamente), la estrategia del gobierno consiste en mantener la mayor parte de estos beneficios, por lo que la mayor parte del recaudo va a recaer principalmente en las clases medias y en los trabajadores, objetivo que va a profundizar aún más las desigualdades en la distribución del ingreso, una desigualdad que podría corregirse, en parte con una reforma tributaria, pero que el gobierno desecha, apuntalando con ello un sistema de impuestos y transferencias, que, en opinión de la CEBT, “no reduce los altos niveles de desigualdad en Colombia, lo que perjudica el crecimiento económico”.
Incluso, el propio Gobierno reconoce que el sistema tributario colombiano, no sólo es injusto, sino que acentúa la desigualdad en la distribución del ingreso, como lo anota en la exposición de motivos del proyecto de reforma: “La baja capacidad redistributiva de la política fiscal se cimienta en dos aristas. Primero, el sistema tributario es poco progresivo, en el sentido que las personas con un ingreso superior al promedio de la economía tributan en menor proporción al que su ingreso se los permite. Esto se encuentra explicado por las múltiples exenciones, así como por otros beneficios tributarios que les favorecen de manera proporcional con respecto al resto de la población colombiana”, una declaración para la galería, pues la mayoría de estos beneficios no se tocan para nada el proyecto de reforma.
Trabajadores y clases medias, principales paganinis.
El grueso de los recursos que el Gobierno espera recaudar con la reforma proviene de los impuestos a personas naturales ($17 billones) y el IVA ($1,3 billones).
Para lograr este recaudo, el proyecto de reforma se propone ampliar la base tributaria por parte de las personas naturales que deben declarar renta y pagar impuestos. Como lo señaló la oficialista revista Semana, “por ahora, si se aprueba la reforma, en el primer año de su aplicación, según la cartera de Hacienda, la tarifa marginal del 10 % recaería sobre quienes tengan ingresos gravables por más de 800 Unidades de Valor Tributario (UVT) al año, un valor que equivale a un ingreso mensual de $2.4 millones, valor que a partir de 2023 se reduce para que la tarifa del 10 % aplique a quienes tengan ingresos anuales gravables por $ 16,9 millones anuales, o $1.4 millones al mes”[4].
Aquí quedarían incluidos gran parte de los trabajadores de las grandes y medianas empresas del sector industrial, principalmente los trabajadores calificados; los trabajadores del Estado; las trabajadoras del sector financiero, de las empresas de servicios públicos domiciliarios y de las empresas de la gran minería; la mayor parte de las trabajadoras con título profesional de los sectores de la salud y la educación, y la mayor parte de los trabajadores profesionales, técnicos y tecnológicos por cuenta propia. Y para el 2023, por lo menos el 90% de la población asalariada y la totalidad de los trabajadores independientes o por cuenta propia formales.
Todas ellas y ellos verán reducidos sus ingresos por vía de la tributación directa y de la tributación indirecta, pues el proyecto de reforma propone no solo ampliar el número de bienes y servicios gravados por el IVA, sino además incrementar sus tarifas. Así lo indica el gobierno en la exposición de motivos de la reforma: “La propuesta considera ampliar la base gravable del impuesto reduciendo y racionalizando los tratamientos preferenciales”. Aquí, los “tratamientos preferenciales” se refieren al hecho de que Sarmiento Angulo se beneficie de no tener que pagar IVA cada vez que compra un huevo para su desayuno, como si este fuera el único beneficio tributario con que cuentan la persona más rica del país.
Es muy grave, por ejemplo, clavarle IVA a la gasolina y el ACPM; a los insumos agrícolas y de la construcción; o autorizar la instalación de peajes dentro de las ciudades; o pasar algunos insumos alimenticios utilizados en las cadenas productivas, de la condición de bienes exentos, (bienes que en la cadena de producción pagan IVA, pero cuyo valor luego lo descuentan de los impuestos), a bienes excluidos, (lo que significa que ya el IVA no se descuenta de los impuestos, por lo que su valor lo trasladan automáticamente al precio de los productos). En todos estos casos se incrementan los precios y las tarifas de los bienes y servicios asociados a este impuesto.
También es muy grave imponerles IVA, entre otros, a los servicios funerarios; a los celulares; al internet; a los computadores; a los cines; al uso de las tarjetas de crédito; a los intereses y retiros de las cesantías; y en los estratos 4, 5, y 6, a los servicios públicos domiciliarios.
Todos estos incrementos traerán como consecuencia inmediata un menor consumo por parte de los hogares, pues una buena proporción de sus ingresos deberá destinarse al pago de este impuesto, lo que significa incremento de hogares en condición de indigencia, de pobreza y de vulnerabilidad, con el consecuente incremento de los fenómenos sociales asociados a estas situaciones.
Adicionalmente, un menor consumo de los hogares va a impactar negativamente en el crecimiento de la economía, un crecimiento sobre el cual el gobierno hace cuentas alegres, pues calcula que para el 2022 el PIB crecerá alrededor del 6%, cuenta que en ningún sentido es coherente con las medidas propuestas en su reforma, pues el consumo de los hogares se va a reducir de manera significativa, siendo este, precisamente, el factor que más incidencia tiene en el crecimiento de la economía, 69,7% en 2020, 68,5% en 2019.
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[1] Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, pág., 48.
[2] https://www.portafolio.co/economia/reforma-tributaria/reforma-tributaria-2021-recaudo-menor-a-13-billones-le-quitaria-dientes-a-la-propuesta-551298
[3] Las reformas tributarias en Colombia han sido diseñadas por el lobby de las grandes empresas y por los más ricos, los mismos que son los principales financiadores de las campañas electorales de los partidos del régimen.
[4] https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/que-es-la-reforma-tributaria-2021-claves-para-entender-en-que-consiste-y-como-afectara-su-bolsillo/202110/
Héctor Vásquez Fernández
Foto tomada de: https://www.infobae.com/
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