El esfuerzo incansable en la lucha contra la corrupción se refleja muy claramente en la incautación durante el gobierno Petro de más de 700 toneladas de cocaína[1], en el primer semestre del presente año; en el mes de abril el incremento de la incautación se calculaba en un 62%[2] en relación con el gobierno anterior. Para el actual mandatario es muy claro que la lucha contra el narcotráfico es también un trabajo anticorrupción pues fue precisamente el tráfico de estupefacientes el que permeó la sociedad colombiana y se arraigó en las instituciones por décadas. Entre 2006 y 2010 la Corte Suprema de Justicia estableció 87 casos de políticos condenados por aliarse con grupos paramilitares para llegar al Congreso de la República y a gobernaciones departamentales[3]. Gobiernos locales y el gobierno nacional, así como el Congreso de la República y más tarde las Cortes fueron funcionales al poder del narcotráfico que generó una corrupción sin precedentes en la historia del país.
Y esa mafia enquistada, hoy rabiosa porque el gobierno del cambio ha ido ganando terreno, se aferra con ímpetu al poder del Estado que viene perdiendo y crea una narrativa extensa a través de medios de comunicación para desacreditar al gobierno, minimizar y ocultar sus logros y exacerbar a la opinión pública magnificando los yerros y los hechos de corrupción que, lamentablemente, se han dado como el caso de la UGRD, pero que van en contravía de las políticas del actual presidente.
Y aunque existan dudas en una parte de la ciudadanía sobre la intención de deponer al presidente Petro por parte de un sector de la extrema derecha que, con la lucha frontal al narcotráfico, a la corrupción y a diversas formas de criminalidad asociadas con ellos, han visto gravemente afectados sus intereses económicos, es lo cierto que el modelo de Lawfare se ha venido implementando en Latinoamérica para tumbar gobernantes incómodos para las clases tradicionales.
Lo describe muy bien Eugenio Raúl Zaffaroni: “ello opera siempre de la misma forma: se introduce en la opinión pública el título impactante de una noticia conteniendo siempre palabras que la opinión pública recepta en forma absolutamente negativa (corrupción, malversación o defraudación pueden ser útiles para dicha función). Esta noticia se difunde a través de los medios hegemónicos, sin importar si hay o no base probatoria (..). A su vez el sector judicial da inicio a una causa (..) y comienza a “colectar el material probatorio” (..) El único interés es vender una noticia política que la sociedad va a comprar sin cuestionar (ya que si sale en esos medios es porque tiene que ser verdad), pero lo más importante de todo es aniquilar al opositor político. Es decir, se viene desarrollando un nuevo fin mediato a través del derecho procesal penal – como herramienta- que es la muerte política de quienes se presentan como oposición al sector que defiende a los grupos económicamente poderosos. Este fenómeno, hace años denominado Lawfare tiene como efecto inminente un notorio debilitamiento de la democracia...”[4]
Es exactamente lo que está ocurriendo en Colombia, pero no solamente a través del derecho penal sino de un aparato de justicia y unos órganos de control que abandonaron su función constitucional y se transformaron en herramientas políticas de oposición que, junto con los medios hegemónicos, han sembrado en la opinión pública la idea de que el país se está derrumbando, de que la economía está mal, que la gente se está empobreciendo, que el gobierno es un nido de corrupción.
Se desconocen los logros y se minimizan. O la opinión pública, ¿sabe que el gobierno Petro, se apuntó un hito histórico en la lucha contra la deforestación? En julio reportó las cifras anuales de pérdida de bosques más bajas desde que se llevan registros, hace 23 años. En el 2023 se perdieron en el territorio colombiano 79.256 hectáreas, una reducción de 36% frente a las 123.517 hectáreas taladas y quemadas en 2022; O que la tasa de homicidios por 100.00 habitantes llegó en 2023 a su punto más bajo en cuatro décadas, (a excepción del año 2020, debido a los confinamientos por la pandemia). ¿O que la reducción de la pobreza monetaria, (que se mide comparando los ingresos de una persona con el costo total de una canasta de bienes y servicios básicos) entre 2022 y 2023, benefició a 1,6 millones de colombianos y salieron de la pobreza extrema otros 1,1 millones? [5].
Lo anterior solo por mencionar algunos ejemplos, sin dejar de lado que, en solamente un año, la inflación bajo del 13.34% al 6.12% llegando en agosto de este año al 0%[6].
La narrativa creada en el imaginario colectivo es bien distinta de la realidad. La mejora en la calidad de vida de millones de personas antes sumidas en pobreza extrema es incuestionable y a pesar de los obstáculos, el proyecto político del presidente y la mayor parte de su equipo se refleja en la vida cotidiana del país. Sin embargo, esa narrativa está siendo fundamental en la intención de derrocar al presidente y su denodada lucha que combina acciones anticorrupción con normas moralizadoras como el decreto 1122, no ha logrado impactar a la opinión pública por la ausencia de una verdadera estrategia comunicativa del gobierno, que cada día es más necesaria. La presidencia no puede continuar limitándose a reaccionar ante los embates mediáticos de los económicamente poderosos, a través de sus agentes en los medios hegemónicos, que ven en el progresismo a su enemigo mortal al que hay que destruir, sino que debe tomar la iniciativa comunicacional, mostrando sus grandes logros a lo largo y ancho del país.
En la medida en que la lucha anticorrupción se hace más fuerte, en que los golpes al narcotráfico son más contundentes, en que los esfuerzos para desarticular a los grupos armados tienen algún avance, el peligro de la aplicación del lawfare es más inminente.
A eso se refiere el presidente Petro cuando habla de un “golpe blando” y a pesar de las evidencias de la actuación de las Corporaciones de Justicia a las que me he referido en columnas anteriores[7], en contra de las reformas planteadas, del Consejo Nacional Electoral, de la gestión caprichosa de la Procuradora saliente – que mientras suspende funcionarios del gobierno actual, exime de responsabilidad a sus cercanos de la casa Char como su antigua amiga Karen Abudinen a quien archivó el proceso en su contra por la pérdida de 70 mil millones de pesos que tenían como propósito la conectividad de regiones apartadas del país – y del permanente ataque mediático, aún sectores sociales movidos por la derecha, lo tildan de loco y lo desacreditan.
Los progresistas y demócratas deben sumarse a las luchas gubernamentales para construir un país con justicia social y probidad. El país requiere la unión, en el propósito común de desterrar para siempre a la extrema derecha y sus mafias narcotraficantes y corruptas. El equipo de gobierno debe implementar las órdenes impartidas en el decreto 1122 como un avance en la moralización de las entidades estatales, muchas de las cuales siguen sirviendo a los intereses de los económicamente poderosos. El compromiso del futuro es de todas y todos.
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[1] https://www.facebook.com/watch/?v=392017163886107
[2] https://www.facebook.com/gustavopetrourrego/posts/comparando-las-incautaciones-de-coca%C3%ADna-para-todo-el-periodo-de-gobierno-con-el-/976757703815134/
[3] https://www.comisiondelaverdad.co/las-investigaciones
[4] https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/152/2021/09/Zaffaroni-Lawfare.pdf
[5] https://elpais.com/america-colombia/2024-08-11/9-graficos-que-explican-los-logros-y-desafios-de-petro-a-la-mitad-de-su-gobierno.html
[6] https://www.facebook.com/gustavopetrourrego/posts/la-inflaci%C3%B3n-lleva-13-meses-consecutivos-a-la-bajaen-marzo-se-ubic%C3%B3-en-716-y-la-/999325501558354/
[7] Ver “Una Corte Politizada” y “El Consejo de Estado No debería cometer Prevaricato” en Revista Sur
María Consuelo del Río Mantilla, Miembro de Junta Directiva Corporación Sur
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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