Mancuso Gómez, como agente estatal de facto, participó del largo proceso de consolidación del Estado colombiano como un orden criminal, un asesino serial, que debe ser sentado en el banquillo de los acusados, tal y como lo solicitó Álvaro Leyva Durán en agosto de este año. El hoy canciller propuso a la JEP que abriera el macrocaso de la responsabilidad del Estado. Aunque la JEP no atendió la solicitud elevada por Leyva, con la aceptación de Mancuso como agente bisagra entre los paramilitares y el Ejército nacional, prácticamente se dan puntadas para que se abra el macrocaso o simplemente, para que la responsabilidad del Estado colombiano por los falsos positivos haga parte de narrativas jurídicas en los tribunales nacionales e internacionales, lo que muy seguramente conllevará a más sanciones morales y políticas, de acuerdo con fallos que en adelante entregue, por ejemplo, la CIDH.
Dentro de lo expresado y confesado por Mancuso ante la JEP se destaca que “Uribe Vélez todo el tiempo estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro” en su calidad de gobernador de Antioquia. El señalamiento, temerario o no, cierto o no, ubica al expresidente Uribe, como un actor bisagra institucional entre el poder de un gobernador y los paramilitares.
Mientras que a Mancuso la JEP lo reconoce como un “agente estatal de facto” y bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares, el mismo alto tribunal, al validar y confrontar lo dicho por el exjefe paramilitar y compareciente, expone a Uribe Vélez como un “agente político estatal y bisagra institucional” entre el Estado, en su calidad de gobernador de Antioquia y posteriormente como presidente de la República, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de acuerdo con el apoyo electoral que el mismo Mancuso y otros paramilitares reconocieron que le entregaron a la campaña Uribe presidente y por la captura de por lo menos el 35% del Congreso que lograron las AUC.
Estamos, pues, ante dos actores bisagras que, en momentos muy precisos de la historia del país impulsaron, aceptaron y cohonestaron con las conductas criminales de militares y paramilitares, que terminaron con el asesinato de por lo menos 6402 jóvenes, conocidos mediáticamente como falsos positivos. Si la JEP consolida una narrativa judicial o jurídica con la que sea posible probar la responsabilidad de Uribe Vélez en la comisión de la masacre del Aro, tal y como lo incrimina Mancuso Gómez y con ese mismo discurso, probar que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre paras y militares hicieron parte de una política institucional, tanto Uribe como Mancuso compartirían el mismo rol de agentes bisagras y el Estado colombiano tendría que terminar sentado en los estrados judiciales y procesado como un orden criminal.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: Cambio Colombia
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