Las funciones del ente de control son regladas y deben responder exclusivamente al interés público. El o la Procurador(a) debe ser una persona imparcial con conocimientos profundos de derecho y del funcionamiento de la administración pública y contribuir de manera decidida al mejor funcionamiento de las entidades estatales.
Existe una equivocada visión en el sentido de que los entes de control son eminentemente sancionatorios y que sus funciones son de suprapoder y no de colaboración armónica con el resto del Estado. Si bien no son parte de las ramas del poder público, sí se encuentran dentro de la estructura estatal.
La Procuraduría General que hasta la Constitución Política de 1991 actuaba bajo la dirección del gobierno, a partir del año mencionado es un ente autónomo con independencia administrativa y financiera. Esta mayor independencia del ente de control parece haber sido desdibujada por completo en las dos últimas administraciones de la entidad, que la han convertido en una institución caprichosa y prevaricadora. Tanto el Procurador Alejandro Ordóñez como Margarita Cabello, quien felizmente terminó su período de pesadilla y arbitrariedad, convirtieron a la entidad en una herramienta de persecución y extorsión para sus enemigos y opositores políticos.
Voy a referirme a algunos hechos relevantes ocurridos durante el ejercicio de Margarita Cabello, quien pasó de ser una mediocre ministra a ser la Procuradora General que ha tenido uno de los mayores índices de actos inmorales y/o ilícitos. En casi dos siglos de existencia de la Procuraduría General, pocas veces quien la dirige ha tenido tantos y tan variados hechos irregulares, inmorales y/o delictivos como la señora Cabello Blanco. Mencionaré solo algunos de ellos que deberían haber sido investigados y ameritaban, seguramente, la imposición de sanciones.
1. Compra de oficina en Barranquilla con sobrecosto:
Durante el ejercicio de Procuradora General de Margarita Cabello, se adquirió un inmueble por más de 20.000 millones de pesos, a pesar de que un avalúo comercial lo valoraba en aproximadamente 10.043 millones. Esta transacción generó críticas por un supuesto sobrecosto del 102%. La senadora Esmeralda Hernández intentó realizar un debate de control político al respecto, pero este fue aplazado en seis ocasiones. Una de las principales irregularidades detectadas en la compra fue el pago anticipado del 50% del valor del inmueble, es decir, más de $10.000 millones, antes de que se firmara el contrato definitivo. Además, el vendedor, Ludwing Landazábal, tenía antecedentes por su vinculación con un escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Con este historial, la Procuraduría procedió con la compra, a pesar de que el inmueble estaba hipotecado y tenía tres embargos pendientes, los cuales solo fueron levantados dos meses después de la firma del contrato.[1]
2. Denuncia penal por presunta corrupción en contratación: La senadora Esmeralda Hernández presentó una denuncia penal contra Margarita Cabello, acusándola de violar la ley de contratación al adjudicar contratos de manera directa y favorecer a ciertos grupos políticos. Se señaló la entrega de más de 71.000 millones de pesos a un solo operador sin un proceso de selección pública adecuado. “He denunciado penalmente a Margarita Cabello por burlar la ley de contratación. Siguen entregando contratos a dedo desde la Procuraduría: hace unos días conocimos la nueva suma millonaria de 22.000 millones entregados de nuevo al mismo contratista, con lo que ya son más de $71.000 millones a dedo para un solo operador sin pasar por un proceso de selección pública como lo exige la Ley 80″ señaló la congresista Esmeralda Hernández[2].
3. Acusaciones de clientelismo y politización de la Procuraduría: Durante su mandato, Cabello fue criticada por utilizar la Procuraduría para beneficiar a clanes políticos, en particular el Clan Char, y por una gestión marcada por altos niveles de impunidad. Estas acciones constituyeron una clara manipulación del Ministerio Público con fines políticos.
4. Incumplimiento de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): La Corte IDH determinó que la Procuraduría no podía destituir ni inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, ya que estas sanciones solo pueden ser impuestas por un juez penal. Sin embargo, Cabello promovió una reforma para mantener dichas facultades dentro de la Procuraduría, transformando ciertos funcionarios en “jueces” internos. Esta medida fue una manera artera en que la autoridad encargada de hacer cumplir la normatividad, tomara medidas para incumplir con flagrancia e impunidad las decisiones del tribunal internacional, que siendo parte del bloque de constitucionalidad, son de obligatorio cumplimiento.[3]
5. Persecución política y parcialidad: bajo el liderazgo de Margarita Cabello, la Procuraduría utilizó sus facultades disciplinarias y se excedió en ellas para sancionar a funcionarios del gobierno, como lo hizo con Luis Guillermo Pérez, Superintendente de Subsidio Familiar, mientras mostraba indulgencia con aquellos cercanos al gobierno anterior. Esto denotó la instrumentalización política de la entidad y puso en duda su imparcialidad[4]
6. Abuso de autoridad e intromisión en asuntos por fuera de su competencia: Cabello expresó públicamente su desacuerdo con iniciativas del gobierno, manifestando su oposición a las mismas, en una clara extralimitación de sus funciones y pretendiendo presentar las reformas planteadas en el gobierno Petro como inviables, afirmaciones que nunca sustentó con estudios técnicos, sino sobre la base de su convicción y arbitrariedad. Tal fue el caso de la reforma pensional en la que argumentó que Colpensiones no estaba preparada para asumir la administración de más de 24 millones de afiliados. Estas posturas constituyeron una politización de su rol y una oposición sistemática a las políticas gubernamentales[5].
7. Vinculación con el escándalo del software Pegasus: Durante su gestión como Procuradora General de Colombia, Margarita Cabello afirmó que no existían pruebas de que el gobierno del expresidente Iván Duque hubiera adquirido o utilizado el software espía Pegasus. En una rueda de prensa el 29 de octubre de 2024, Cabello declaró: “A hoy podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa ni hemos encontrado orden presidencial del presidente anterior de adquirirlo.”
Además, señaló que no se habían encontrado evidencias del uso de gastos reservados o de dinero incautado para la compra de dicho software. Sin embargo, estas declaraciones contrastaron con las de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien confirmó la existencia de una operación por 11 millones de dólares para la adquisición de Pegasus, incluyendo un primer pago en junio de 2021.[6]
Posteriormente, surgieron señalamientos sobre vínculos entre Cabello y funcionarios implicados en la compra de Pegasus. Según una investigación periodística, existía una relación contractual entre la Procuradora y el general en retiro de la Policía, Norberto Mujica, quien estuvo involucrado en la adquisición del software[7]
Los anteriores son solamente algunos aspectos relacionados con la nefasta gestión de la señora Margarita Cabello quien no sólo ejerció con escasa probidad su cargo, se extralimitó en funciones, violó normas de rango constitucional y probablemente tipificó con su conducta más de una norma penal, sino que deslegitimó por completo la entidad a su cargo generando una pérdida de confianza de una gran parte de la ciudadanía en la entidad de control.
Adicionalmente al hecho de que la Procuraduría General es una entidad que ha venido perdiendo su razón de existencia (lo que será objeto de otro artículo) gestiones como la de Margarita Cabello, que convirtió el ente de control en una herramienta de persecución política, no contribuyen para nada a la eficacia de la administración pública, como debería ser.
El balance de gestión de Margarita Cabello avergüenza a la Procuraduría pero también a sus nominadores.
No solamente debe repensarse la existencia de la Procuraduría General de la Nación sino la manera como se accede a la dirección del ente de control, pues no puede el país continuar despilfarrando el presupuesto que debería ser para inversión social, en una entidad cada vez más oscura y desdibujada y en fortalecer mezquinos poderes personales cuyos intereses son ajenos a las necesidades de la institucionalidad del país.
Margarita Cabello debería ser procesada por sus acciones. Sólo así habría justicia.
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[1] Infobae.com. “La procuradora Margarita Cabello dejará su cargo en medio de un debate por millonaria compra de oficina en Barranquilla: qué fue lo que pasó” diciembre 2024
2] Infobae.com Denuncia de Esmeralda Hernández contra Margarita Cabello
[3] Uprimny Yepes, Rodrigo. “La tomadura de pelo a la Corte IDH” DeJusticia junio de 2021
[4] Margarita Cabello, la procuradora que puso en cuestión su imparcialidad. El País, mayo de 2021
[5] Margarita Cabello cuestionó la reforma pensional y habló de regular la Procuraduría: “Rompe el principio democrático” Infobae, julio de 2024
[6] Procuradora Cabello se refirió a la supuesta compra del software espía Pegasus: “No hay rastros oficiales de su existencia” Infobae, 30 de octubre de 2024
[7] RTVC Noticias 4 de noviembre de 2024
María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta de la Corporación Sur
Foto tomada de: Procuraduría General
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