Suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, va en contravía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, Cabello Blanco desconoce el fallo del organismo internacional y niega el derecho a un debido proceso al disciplinado alcalde. Sin duda alguna, la Procuradora, ficha política de Uribe y de los Char, se extralimitó en sus funciones y actúa con un carácter pendenciero que socava la legitimidad de la institución que representa, al tiempo que naturaliza el manejo clientelista y electorero del órgano de control. Cabello Blanco hizo lo mismo con el alcalde de Ibagué.
Rodrigo Uprimny sostiene que la Procuradora exhibe un “evidente sesgo porque Procuradora suspende alcaldes pero ignora evidentes intervenciones electorales del presidente Duque…Sesgo también es evidente porque Procuradora no suspendió con igual rapidez al comandante del ejército frente a su clara intervención en política electoral, que es gravísima pues desconoce que FFMM no son deliberantes y deben ser neutrales políticamente…Suspensión desconoce sentencia caso Petro de Corte IDH, que dijo que entidad administrativa como Procuraduría no puede separar de su cargo a funcionarios electos; sólo puede hacerlo un juez”
La tarea disciplinante de la Procuraduría no puede estar soportada en el doble rasero con el que está actuando Margarita Cabello. Es claro que la procuradora no está midiendo la participación en política del alcalde de Medellín, con el acto de deliberación en el que incurrió el general Zapateiro, cuando se enfrentó a Gustavo Petro a través de las redes sociales. De igual manera, Cabello Blanco fue incapaz de llamar la atención a Iván Duque, quien en su rol de presidente, rompió la neutralidad, exhibiendo que el candidato de él y de su gobierno es el antioqueño, Federico Gutiérrez, alias Fico, quien además es el nuevo ungido del expresidente Uribe Vélez.
Muy seguramente, Cabello Blanco, siguiendo instrucciones de Duque, Uribe y del exprocurador Ordóñez, ordenó la suspensión de Daniel Quintero, poniendo por encima de las normas y el fallo de la Corte IDH, los intereses electorales y políticos de lo que se conoce como el uribismo. Huelga recordar que Quintero se convirtió para el expresidente y ex presidiario en un férreo enemigo de sus intereses, en particular en lo que concierne al manejo de EPM, empresa estatal convertida en la caja menor del uribismo por varios años.
Si algo caracteriza al uribismo es su capacidad para erosionar la institucionalidad estatal, para darle cabida al manejo discrecional de varias instituciones públicas. Dejar la operación del Estado a los caprichos y conveniencias de los funcionarios que están al frente de entidades estatales, ha sido, para Uribe y Duque, la manera más eficiente de privatizar entidades como la Procuraduría, hoy en manos de una ladina y gris funcionaria.
Con la acción temeraria de Cabello Blanco, nos acercamos más a lo que sucede en el régimen de Maduro Moros en Venezuela. Hace rato nos convertimos en Venezuela. El régimen uribista tiene en los bolsillos del 1087985, a todo el ministerio Público, a la Contraloría General y a la Fiscalía.
Lo hecho por Cabello Blanco constituye una afrenta contra la democracia y el constituyente primario. Eso sí, hay que decir que, por estas acciones, el país extraña los tiempos en los que operó el Síndrome de la Procuraduría. En aquellos años, los funcionarios y en particular los militares, temían a las investigaciones que abriera el Procurador General de la Nación. Por el contrario, hoy, mientras hagas parte del régimen uribista, es suficiente garantía para violar las leyes y la Constitución, porque los órganos de control devienen capturados y operan con el doble rasero con el que está actuando la procuradora Cabello Blanco.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: El Tiempo
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