El 17 de octubre, según el Fiscal General, se habían realizado pruebas técnicas de balística en 90 de 112 fusiles; resulta entonces preocupante que si en 15 días se examinaron 90 fusiles, lo obvio es que los 22 restantes se debieron inspeccionar en un término menor y por lo tanto ya deberían conocerse los resultados. Se podría pensar que los resultados del experticio contradicen la teoría del crimen expuesta por el gobierno nacional y por ello, convenientemente la callan. También se podría pensar que si las pruebas señalaran a las disidencias de las FARC, ya se habrían divulgado. Sin embargo, lo cierto es que el silencio y el paso del tiempo contribuyen sobradamente a que se cimienten las bases de una nueva impunidad, en un país donde el propio Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, en el acto de su posesión, el 1º de agosto de 2016, reconoció que “La impunidad en Colombia ronda por el 99 %. La misma tasa que denunció el Departamento Nacional de Planeación en 1991 cuando se creó la Fiscalía”[1].
No obstante, el Fiscal considera que la gravedad de la situación obedece a la “degradación del sistema y los problemas de acceso a la justicia” aunado a que “los ciudadanos no cumplen con su deber de denunciar”.
Pero en el caso de la masacre de Tumaco, esta no es la situación, pues el crimen ocurrió a la luz del día y al lugar de los hechos acudieron prontamente los organismos de investigación del Estado. La denuncia de los ciudadanos no era necesaria y la investigación inició de oficio, con la Vicefiscal al frente de la misma.
Con el silencio, el ente investigador falta a su mendaz consigna de “Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente”, que no pasa de ser un eslogan publicitario de campaña. O, que para la Fiscalía, los campesinos asesinados, al igual que cientos de líderes sociales, no son la gente a los que deba dirigirse el derecho de acceso a la justicia.
Que la Vicefiscal hubiera hecho presencia en el lugar de los acontecimientos, tan pronto como ocurrieron los mismos, pero que a la fecha no se conozcan los resultados o los avances de las indagaciones, denota que la Fiscalía estaba interesada apenas en generar un impacto mediático.
No hay que olvidar que de acuerdo con las primeras versiones de los campesinos sobrevivientes, los autores de la masacre serían miembros de la Policía Antinarcóticos. Que según la versión oficial, los autores fueron las disidencias de las FARC que habrían realizado el ataque utilizando cilindros bomba, versión desmentida por el informe de la Defensoría del Pueblo, que también hizo presencia inmediata en la zona y verificó la inexistencia de rastros de ataque con explosivos.
El relato oficial se desmorona, igualmente, con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que 48 horas después de los hechos conceptuó que los campesinos murieron impactados por proyectiles de “alta velocidad”, es decir disparos de fusil, sin que se hiciera ninguna mención a cilindros bomba o algo parecido.
Los señalamientos iniciales hacia las tropas oficiales, sumado al sospechoso silencio de la Fiscalía General de la Nación para dar a conocer los resultados de las pruebas de balística practicadas a las armas oficiales, llevan a pensar de manera suspicaz, que algo no encaja en la Fiscalía de la gente para la gente, y que así como ha ocurrido en otros casos, la Fiscalía o el Fiscal, que es lo mismo, se encuentra en mora de informarle al país quiénes fueron los autores de los disparos que segaron la vida de los siete campesinos e hirieron a cerca de veinte. O cuando menos, cuál fue el resultado de la prueba técnica de balística sobre las armas de la fuerza pública.
Y que no se diga que el silencio es para evitar entorpecer la investigación o para no alertar a los criminales.
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
22 de noviembre de 2017
NOTAS
[1] http://www.elcolombiano.com/colombia/99-de-los-delitos-quedan-en-la-impunidad-fiscal-JI4785092
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