En el discurso del presidente electo Alberto Lleras, en el Teatro Patria, ante oficiales de la guarnición de Bogotá, en mayo de 1958, luego del amago de golpe a la Junta Militar de Gobierno, planteó que “(…) no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la nación, (…) pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se debe manejar a las Fuerzas Armadas, en su función técnica, en su disciplina, en sus reglamentos, en su personal.” Este planteamiento, entendible en su momento, dado el plan de regresar a Rojas Pinilla, hizo carrera y se convirtió en dogma, con efectos negativos: los gobiernos evitaron formular políticas militares y los altos mandos asumieron su diseño en forma improvisada.
El problema se complicó durante el Frente Nacional (1958-1974), pues sus gestores no incluyeron una oposición, principio básico de una democracia. Esta falencia alentó a grupos armados de La Violencia (1946-1965) y a movimientos estudiantiles, en ambiente bipolar de la Guerra Fría (1947-1990), para conformar guerrillas (Farc y ELN, mediados de los años sesenta, y luego EPL, M-19 y otras). La ideología anticomunista facilitó que el concepto de seguridad nacional desplazara en importancia al de defensa nacional y se creara el de “enemigo interno”. La polarización estimuló a las FF.MM. para confrontar este enemigo, mediante políticas improvisadas que agravaron la confrontación.
El elemento “articulador” de las numerosas normas improvisadas de confrontación con la subversión hasta 1990 fue la excepcionalidad constitucional del “estado de sitio”, que permitió escamotear el Estado de derecho. Desde 1965 se restablecieron prácticas utilizadas durante la dictadura de someter a civiles a juicios militares mediante consejos verbales de guerra. El estado de sitio facilitó iniciativas militares –normativas y operativas–, actuando como visto bueno anticipado para acciones represivas por venir, con autonomía y violación de derechos humanos.
Con la reforma constitucional de 1968, el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) prolongó los gobiernos compartidos, cuando finalizara el Frente Nacional, y le quitó al Congreso el manejo de políticas económicas. Así, la política de Estado quedo circunscrita a lo económico, los asuntos partidistas a la potestad de gobiernos y coaliciones, y la cuestión militar a la cúpula castrense.
El primer gobierno posterior al Frente Nacional fue el de López Michelsen (1974-1978). Los movimientos insurgentes estaban en declive, situación que se prolongó hasta 1979 cuando comenzó su reactivación. En este gobierno el clima político fue agitado, pues López no hizo esfuerzos por alterar la tendencia de burocratización y clientelización bipartidista, y la corrupción derivada. Pese a la continuidad normativa, no hubo política articulada sobre cuestiones militares. La situación política era difícil y los militares achacaban los problemas al comunismo. El siguiente gobierno, el de Turbay Ayala y su ministro de Defensa, general Camacho Leyva (1978-1982), fue el más represivo hasta 1990. Su instrumento fue el decreto de estado de sitio llamado “estatuto de seguridad”.
Luego, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) continuó con la tendencia de nombramientos militares en orden de antigüedad. El turno de ministro de Defensa fue para el general Landazábal, que dejó ver que Camacho Leyva había consolidado en los militares la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional suramericana, derivada de políticas estadounidenses en la Guerra Fría. Betancur desestimó a los militares en sus políticas, en especial con el inicio de procesos de paz, al reconocer el carácter político de las guerrillas, mediante amnistía. Sus beneficiarios fueron miembros del M-19 recién condenados en consejo de guerra. Por eso los militares culparon a Betancur de frustrar su triunfo militar.
Las relaciones entre presidente y militares fueron conflictivas y empeoraron con el tiempo, pues la autonomía militar había llegado a la cúspide con Turbay y Camacho Leyva. Betancur decidió, además, investigar actividades del grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores), surgido en 1981 luego del secuestro de un familiar de narcotraficantes por el M-19 que, según la Procuraduría, tenía nexos con militares. Ante avances del proceso de paz, a espaldas de los militares, creció su animadversión contra Betancur. Tras críticas del ministro Landazábal al proceso de paz, Betancur le llamó la atención, con lo cual renunció en 1984. El nuevo ministro fue prudente, pese al disgusto militar a acuerdos de tregua de buena parte de las guerrillas con la naciente Comisión de Paz.
Con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, en 1984, comenzó el terrorismo de narcotraficantes para acabar con las tímidas acciones estatales en su contra. El gobierno extendió el estado de sitio parcial a todo el territorio nacional y amplió la jurisdicción penal militar a delitos de narcotráfico, pero improvisadamente. La soterrada “labor de zapa” del Ejército contra guerrillas en tregua y ambigüedades del M-19 llevaron al rompimiento de la tregua en 1985. A finales del año, el M-19 cometió el más garrafal error político con la toma del Palacio de Justicia. El Ejército aprovechó la oportunidad para vengarse del M-19 y Betancur al mismo tiempo, al reaccionar brutalmente y sin estrategia alguna, exterminando la Corte Suprema de Justicia, miembros del M-19 y numerosos civiles. El período de Betancur terminó en medio de traumas, aunque aceptó responsabilidad por lo ocurrido. Anteriormente había conformado la Fuerza Élite antiguerrillera, con soldados profesionales y reclutamiento voluntario del servicio militar, además del obligatorio.
El gobierno del presidente Barco (1986-1990) buscó no inmiscuirse en asuntos militares, pero su mandato experimentó sobresaltos en este campo, como cambios en la cúpula castrense y enfrentamientos armados con narcotraficantes. Barco fue independiente frente a presiones económicas y políticas. Las guerrillas aumentaron acciones mediante la multiplicación de frentes y creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Sin embargo, el M-19 mostró disposición a negociar, lo que culminó satisfactoriamente a comienzos de 1990. No obstante, la guerra sucia escaló con el exterminio de la Unión Patriótica, la expansión del narcotráfico y apoyo a formación de grupos paramilitares patrocinados por miembros del Ejército para contrarrestar sus incapacidades. Su epicentro fue el Magdalena Medio. También hubo asesinatos de personajes, como el Procurador General y tres candidatos a la Presidencia, entre ellos Luis Carlos Galán.
La expansión de la violencia mostró la ineficacia militar en mantener el orden público. Hubo fortalecimiento del Ejecutivo y otras ramas del Estado con la abolición del juzgamiento de civiles por militares, aspecto que provocó la renuncia del general ministro de Defensa. Además, Barco frenó el aumento de la corrupción castrense. La “guerra de Barco”, como denominaron la expansión del conflicto armado, recibió poco apoyo de organizaciones sociales. En 1990 hubo cambios militares con la creación de brigadas móviles. Al final del gobierno, los narcotraficantes anunciaron la suspensión del terrorismo: se abrió así un horizonte de expectativas, como la convocatoria de una asamblea constituyente.
El empalme del nuevo gobierno, César Gaviria (1990-1994), con el de Barco fue inédito: compromisos de convocar una asamblea constituyente, continuidad de proyectos y permanencia de altos funcionarios en sus cargos, como Rafael Pardo, luego primer ministro civil de Defensa desde 1953. Gaviria aprovechó la coyuntura para romper tendencias heredadas del Frente Nacional, además de propiciar la nueva Constitución. Ésta creó la Corte Constitucional, la Fiscalía General y numerosas normas democráticas. Gaviria diseñó la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad, que reemplazó a organismos de seguridad dependientes de la Fuerza Pública, sin injerencia de gobiernos. Su tarea se orientó al seguimiento de factores de violencia: guerrillas, narcotráfico y paramilitares. Los militares entendieron que la confrontación con guerrillas tenía alternativas y sus ambiguos resultados sirvieron para ampliar su limitada visión. Hubo acuerdos gubernamentales con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que culminó con la desmovilización del EPL, el PRT y el Quintín Lame.
No obstante, el día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el Ejército intentó tomarse Casa Verde, sede de la dirigencia de las Farc. Su fracaso y el mensaje de Gaviria de que tal acción no requería aceptación previa complicó la política de seguridad. Pero la política de sometimiento a la justicia tuvo su primer logro con la entrega del mayor narcotraficante: Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín, que fue a una cárcel –La Catedral– diseñada según sus conveniencias, de la que se fugó cuando percibió amenazas. El “Bloque de Búsqueda”, unidad creada con todas las herramientas –incluyendo gringos-, estado de conmoción interior transitorio de la nueva Constitución y Ley de Orden Público tuvieron éxito, tras varios meses, para dar de baja al capo. Además, con la finalización de la Guerra Fría, el narcotráfico en expansión se convirtió en enemigo principal de los gringos, con lo cual Colombia pasó de ser aliado a convertirse en víctima de diplomacia coercitiva.
El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) pretendió ser ejemplo democrático. El nuevo ministro de Defensa civil (anterior jefe de la campaña presidencial), Fernando Botero, buscó ganarse a los militares y proyectarse como sucesor presidencial. Al conformar Cooperativas de Seguridad Rural contra las guerrillas (Las Convivir, nuevos paramilitares), para apoyar a la Fuerza Pública, creó fisuras en el gobierno. En medio de enredos políticos salió a la luz pública que la campaña para elecciones presidenciales la había financiado el Cartel de Cali. Botero renunció y fue detenido como presunto participante. El objetivo de Samper pasó entonces a mantenerse en la Presidencia. El Proceso 8.000 de la Fiscalía contra Samper terminó con su absolución en el Congreso. Estados Unidos, que había presionado a Samper para que renunciara, vio que ya no era necesario: con disimulo obedecía a sus políticas. Entre pocas decisiones de Samper, apoyó el fuero militar.
En medio de gran crisis y deterioro político, los militares sufrieron los mayores descalabros frente a las guerrillas, exhibiendo su ineficacia pese al aumento de efectivos (el Ejército pasó de 101.000 en 1990 a 121.000 en 1994 y 135.000 en 1999; con la Armada y la Fuerza Aérea, las FF.MM. sobrepasaban los 146.000 uniformados). Samper logró terminar su mandato pese a opositores, pero respaldado por poderosos grupos económicos –cacaos– y organizaciones populares que apoyó. Mientras tanto, el presidente electo, Andrés Pastrana (hijo del intrascendente expresidente Misael Pastrana, elegido fraudulentamente el 19 de abril de 1970 frente a Rojas Pinilla, de la Anapo), se reunía con “Tirofijo”, jefe de las Farc, para acordar la desmilitarización de cinco municipios, incluido San Vicente del Caguán.
(Continua en el siguiente número)
Francisco Leal Buitrago, Sociólogo, Profesor Honorario, universidades Nacional de Colombia y Los Andes.
Fuente: Francisco Leal Buitrago, La inseguridad de la seguridad. Colombia 1958-2005, Bogotá, Editorial Planeta, 2006.
Foto tomada de: Las2orillas
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