Se trata de una dominación impersonal, de una dominación silenciosa, producto de las relaciones económicas. Los trabajadores tienen una cierta libertad: por una parte, están libres de medios de producción, por la otra son propietarios de su fuerza de trabajo y tienen la libertad de venderla; si no están conformes con un patrón pueden renunciar, pero necesariamente deben buscar otro patrón para conseguir el salario que les permita vivir. Como clase, los trabajadores asalariados están encadenados dentro del capitalismo. Pueden intentar escapar, parcialmente, del capitalismo recurriendo a formas de producción por cuenta propia, pero terminan explotados mediante formas indirectas por la vía de intereses usurarios o de dominación comercial.
De otra parte, dentro de las empresas capitalistas no existe democracia. Los trabajadores, que pasan la mayor parte de su vida en sus trabajos, no deciden quiénes habrán de dirigirlos, no hay elecciones, no existe una división entre ramas de poder. El trabajador está sujeto a los reglamentos establecidos por los capitalistas y debe obedecer sus órdenes y someterse, so pena de ser despedido. A pesar de que elaboran todo el producto y el valor, no son dueños del resultado de su trabajo; reciben simplemente una parte, el salario, y la mercancía elaborada es propiedad de los capitalistas, así como los excedentes generados.
Pero al tiempo que en la estructura productiva no existe democracia y se vive dentro de relaciones dictatoriales, en la esfera política se establecen algunos elementos de democracia formal y se genera la impresión de libertad, igualdad y propiedad para todos. En la esfera política, idealmente, todos los individuos son iguales ante la ley, lo cual lo establece la Constitución Política en su artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” La Constitución se cuida, muy hábilmente, de no mencionar la discriminación por razones de clase. Además, todas las personas son propietarias, unas de medios de producción y otras de su fuerza de trabajo; todas son libres y pueden autónomamente firmar un contrato laboral mediante el cual se comprometen a trabajar por un determinado salario.
En este contexto de dominación y ausencia de democracia en lo económico y social, el Estado se presenta como una instancia neutra que se encarga de ciertas funciones colectivas en busca del bien común, razón por la cual aparece ante los trabajadores con la imagen mistificada de una especie de árbitro entre grupos en conflicto. Y el aparato estatal se organiza y maneja según criterios y prácticas democráticas formales. Los gobiernos se conforman usualmente (porque cuando la rebeldía de los trabajadores es muy grande se suprimen las formas democráticas y se instauran dictaduras abiertas), mediante el voto de la población y existe una distribución del poder en grandes ramas que se complementan y controlan entre sí: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
En este contexto todos los ciudadanos son formalmente iguales: cada persona tiene el mismo derecho a un voto. Y esto se complementa con la existencia de derechos escritos en materia de participación política, de libertad de asociación y de expresión. Se conforma así un cuadro de una aparente democracia política, pero la propia Constitución tiene el pudor de decir que se tomarán acciones para garantizar que la igualdad sea real, con lo cual reconoce implícitamente que no existe en la práctica.
La realidad detrás de la apariencia
La igualdad formal oculta la desigualdad material y la explotación. La gran masa de trabajadores asalariados no dispone de medios de producción, o los tiene en magnitud insuficiente, y depende para vivir de los capitalistas dueños de los medios de producción. Pero también en la esfera de la política, hay una distancia enorme entre las disposiciones constitucionales y legales y la realidad.
Los capitalistas y dirigentes políticos colombianos, además de muchos analistas, se precian de que en Colombia hay democracia, una de las más antiguas de América Latina. Pero la realidad práctica se caracteriza por lo siguiente:
- El proceso electoral en gran medida está controlado por los grandes y medianos capitalistas, incluyendo los ilegales como los narcotraficantes, que tienen la capacidad económica para financiar las campañas, en todos los niveles, desde el presidente de la república hasta el alcalde del municipio más pequeño. Este control se complementa con prácticas como la compra de votos y amenazas y restricciones a la participación electoral.
- En numerosos municipios de Colombia han existido y siguen existiendo en la práctica dictaduras; se trata de zonas controladas por grupos armados ilegales, paramilitares, que dominan y controlan a la población.
- La gran mayoría de funcionarios de alto nivel en todo tipo de instituciones actúa al servicio de los capitalistas o lo es directamente; provienen en muchos casos de empresas capitalistas y al terminar el ejercicio de sus cargos vuelven a las actividades privadas.
- Un caso evidente del dominio directo de capitalistas particulares es el ejercido por Luis Carlos Sarmiento, el capitalista más rico del país; en determinado momento, tanto el fiscal general como el procurador, eran funcionarios, entre muchos otros, que habían sido empleados o contratistas suyos.
- Colombia tiene el mayor número de desplazados internos por la violencia y millones de víctimas del conflicto armado.
- Colombia es uno de los países con mayor represión y persecución a los sindicatos.
- Colombia es uno de los países con mayor represión y persecución a defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, periodistas, líderes sociales, etc.
- Los grandes medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión están en manos de los capitalistas más ricos
- Las universidades privadas, los centros de investigación y las principales ONG están al servicio del capitalismo
- En las facultades de economía se enseña solamente una visión del mundo, la teoría neoclásica y keynesiana; las corrientes alternativas y críticas del capitalismo prácticamente no son conocidas por los estudiantes de economía.
- La represión a la protesta social se hace en gran medida mediante prácticas violatorias de los derechos humanos asesinatos, lesiones, torturas, abusos sexuales, detenciones arbitrarias, etc.
Después de observar lo anterior resulta sorprendente que incluso analistas serios hablen del sistema de gobierno político en Colombia como una democracia; en la práctica, se trata de una dictadura de los capitalistas. Muchas de estas prácticas contrarias a la propia democracia formal han ocurrido y se han intensificado desde la aprobación de la Constitución de 1991 que es celebrada por muchos como un hito en el proceso de democratización de la sociedad colombiana.
La gran mayoría de intelectuales y analistas considera que en Colombia existe una democracia, así sea débil, imperfecta, restringida y tenga numerosas fallas; igualmente, piensan que el Estado es una instancia neutral cuyo propósito es la defensa de los intereses comunes. La estrategia conceptual de defensa del capitalismo es clara. Por una parte, se separa lo económico de lo político, tratando de sostener que puede haber democracia a pesar de la desigualdad social en la producción; por la otra, se hace referencia al Estado en general, ocultando su carácter capitalista; finalmente, se hace énfasis en que los “problemas” de desigualdad, desempleo, pobreza y miseria son causados por el Estado, escondiendo la responsabilidad del capitalismo y de los capitalistas.
El mito de la Constitución de 1991
La Constitución de 1991 está llena de derechos que se quedan escritos. Para mencionar algunos, el derecho al trabajo digno, a una remuneración digna, al mínimo vital y a una vivienda digna. La Constitución prohíbe la esclavitud y la servidumbre, pero permite el trabajo asalariado y la empresa privada (capitalista) como motor del desarrollo. La propia Constitución consagra las condiciones económicas estructurales que generan la explotación, y la pobreza y miseria de la mayoría de los trabajadores. La Constitución colombiana es favorable al capitalismo. La Constitución colombiana genera la ilusión de que es posible resolver la situación de los trabajadores en el marco de las relaciones sociales de producción capitalistas. Muchos analistas y políticos consideran que el problema no es tener una nueva constitución, sino aplicarla como si no se hubiera aplicado en lo fundamental: desde su expedición en 1991 la Constitución Política ha sido el marco para el funcionamiento del capitalismo con todas sus consecuencias inherentes sobre las condiciones de vida de los trabajadores.
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: Revista TNE
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