Los gobiernos locales que deberían estar al servicio de la comunidad en general, al servicio real de las mayorías ciudadanas, han terminado actuando reiteradamente a favor de sus más allegados, cercanos a su vez a intereses económicos muy poderosos. La política tradicional y la economía que por lo general han caminado de la mano, se han respaldado mutuamente a Través del tiempo, para que sus respectivos intereses no choquen ni se vean deteriorados por las acciones de ninguno de los dos y menos por la injerencia de terceros que en estos casos es la comunidad cuando reclama por justicia social e inclusión.
Aunque existen diferentes espacios institucionalizados de participación ciudadana y estos sean abiertos para “socializar” determinaciones y acciones gubernamentales, la verdad es que se toman decisiones sin la participación oportuna, amplia y democrática de las mayorías y prevalecen los intereses del poder económico particular, excluyente y poderoso. La información veraz y exacta sobre lo que se programa y/o planea nunca se da porque esta le cerraría las puertas a sus proyectos soterrados y mezquinos. La falta de transparencia es lo que ha permitido acciones que nos han conllevado a la actual crisis climática y ecológica planetaria y local.
Los Planes de Ordenamiento Zonal (POZ) son “instrumentos de planeación que definen y precisan las condiciones de ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el sistema general de espacio publico y equipamientos colectivos, los criterios para armonizar usos y tratamientos urbanísticos asignados en el área…” pero por igual debemos agregar que lo ambiental hoy en día es determinante en la planificación de las áreas ocupadas por la sociedad y con relevancia en las zonas urbanas donde se está concentrando la mayor parte de la humanidad.
Quienes hayan tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Armenia (Quindío), y contemplar la cordillera central desde el borde de la ciudad, sabrán que el mejor espacio para hacerlo es a partir del área conocida hoy como la Avenida Centenario, prácticamente al borde o aledaña al Cañón del Rio Quindío. Es innegable lo placentero de su disfrute por la hermosura de la montaña y el paisaje de su entorno.
Por su alto valor paisajístico, por el mismo derecho de la población a disfrutar este, insertado en el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC), declarado por la Unesco, por el alto riesgo de desastre que significa construir en estas laderas en una zona con alta sismicidad, por las reparaciones al crecimiento urbano para beneplácito de los negociantes de la construcción y no de sus ciudadanos, por el derecho a una ciudad humanizada y no vendida a las llamadas empresas urbanizadoras, por el reclamo del espacio público para el goce público, por la conservación y el aumento de las zonas verdes urbanas tan necesarias para la calidad de la vida citadina, por la garantía del agua para los Armenios y por la calidad y conservación del patrimonio hídrico en su integralidad, porque no queremos que las torres de cemento nos impida deleitarnos con el paisaje rural que aún le queda al Quindío, es por esto que la modificación del POZ de la Avenida Centenario, no es bien recibida.
No han importado las observaciones de la Procuraduría 14 judicial II Ambiental y Agraria, como por igual las de la Personaría Municipal de Armenia, sobre los impactos negativos ambientales y sociales de tal modificación. La pérdida del espacio público por la privatización del mismo, la no garantía a futuro de la cantidad de agua requerida por quienes habitarán la ciudad y esta zona en particular, la construcción de una nueva Ptar para las aguas servidas, cuando aún no han sido edificadas las que desde hace años se han proyectado, el aumento previsto del parque automotor con la densificación urbanística traerá consigo una mayor congestión de las vías, mientras no se cuenta con ciclo-rutas adecuadas y transporte público masivo para facilitar la movilidad urbana. Una vez más se muestra como la legitimidad y legalidad no importan cuando esta de por medio la ganancia monetaria particular a costa del bienestar general ciudadano.
Por último, aunque la ley no obliga al concepto de la autoridad ambiental a la modificación del POZ, por las características particulares de dicha zona urbana de borde, continua a un área de protección ambiental, la ciudadanía vería con buenos ojos la intervención de la Corporación Autónoma Regional, para que su compromiso con las biodiverciudades se materialice también en tan importante espacio urbano y con la construcción de ciudades sustentables y resilientes, tan prioritaria en esta crisis ambiental.
John Elvis Vera Suarez
Foto tomada de: Pinterest
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