“…el asunto es no idealizar, ni negar las comunidades”
La Misión de Observación Electoral[1] –MOE-, en concurso con el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana, publicó el pasado 15 de junio un informe de observación a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Se trata del “Tercer Informe. Efectos Tempranos en la Democracia durante el Proceso de Dejación de Armas en Colombia 2017. Aprendizaje desde los territorios”. De acuerdo con los autores, busca construir miradas comparadas sobre el proceso de implementación del Acuerdo suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC; su importancia radica en que está edificado desde los territorios.
Tomando como base el riguroso trabajo de investigación, a mi juicio, se destacan los siguientes aspectos, que confirman múltiples situaciones que rodean, no solo la ejecución de los compromisos, sino la cotidianidad de las regiones que conforman el territorio colombiano:
– Inicia reconociendo que si bien es cierto el proceso involucra únicamente a las FARC y deja por fuera otros actores y factores del conflicto armado colombiano, la trascendencia de lo acordado impactará en la vida del país territorial, político y socio-cultural.
– Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos de Transición y Normalización (PTN) fueron diseñados con el fin principal de garantizar el cese al fuego y posterior dejación de armas, pero también con el propósito de que sirvieran como un primer paso de los combatientes, en su tránsito hacia la reincorporación a la vida civil. El ejercicio ha permitido corroborar la permanente diferencia de criterios en la implementación logística de las ZVTN, entre las autoridades nacionales y los funcionarios locales y regionales “que no ven claro su papel y su función. Se evidencia exceso de centralismo, se expresa de parte de diferentes actores locales que han sido muchas las preguntas y solicitudes y pocas las respuestas prácticas”.
Aunado a lo anterior, se constatan “síntomas de debilidad institucional y un entorno de turbulencia entre los partidos políticos por efectos de la discusión de las reformas que se generan a instancias del Acuerdo, del mecanismo de fast track y del ambiente preelectoral, que se liga de manera sintomática a los intereses partidistas, corporativos y personales, respecto al interés público de paz”.
Sobre este punto podríamos agregar que la discrepancia entre actores nacionales y locales, más allá del exceso de centralismo, también puede interpretarse como el reflejo de los diferentes intereses que mueven a unos y a otros, así como que el nivel de polarización que ha suscitado el Acuerdo, sale a flote en términos prácticos, en las ZVTN y PTN, con el agravante de que esa situación, pone en riesgo el proceso mismo. Está claro que en este aspecto, el incumplimiento ha sido por parte del gobierno colombiano.
La manera en que la institucionalidad ha abordado la situación en las ZPTN y PTN, es retratada de manera un tanto caricaturesca, como un desfile de chalecos: “…y eso ha venido todo el mundo con sus chalecos, hasta de la cancillería han pasado, ¡no ve que por aquí tienen que pasar para ir a la zona!, entonces pues tienen que vernos necesariamente; mire, nosotros estamos cansados de eso y esto apenas está comenzando. …¿no será que hacemos un bazar para comprar chalecos pa’ la comunidad, a ver si así nos va mejor?
– La observación adelantada por el MOE-Cáritas resalta la importancia que han de tener los “diálogos locales y regionales”, directamente con las comunidades y agentes del territorio, en contraste con la “lógica de la investigación formal que naturaliza el saber y el conocimiento en un único formato y lenguaje, y en una única instancia de pensamiento y acción”.
Cabe aquí recordar a Orlando Fals Borda y sus propuestas en contra de los modelos investigativos de la universidad, para propiciar modelos autónomos de investigación; así como de un nuevo ordenamiento territorial sobre la base de la soberanía regional, el ejercicio ciudadano del poder y la participación popular con poder de decisión; ésta última, expresada en su paso por la Constituyente se encontró, por obvias razones, con la virulenta oposición de los caciques regionales. En el prólogo a la edición de 2005 de su clásica obra[2] “La violencia en Colombia”, Fals Borda hace un retrato de la situación, que aún hoy y a pesar de los múltiples “procesos de paz” adelantados por diferentes gobiernos y diversas fuerzas insurgentes, persiste y se resiste a desaparecer: “Este libro tormentoso y atormentado que llega a sus manos luego de cuarenta años de su primera aparición, recoge la tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política nociva de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se ha perpetuado en el poder a toda costa, desatando el terror y la violencia. Esta guerra insensata ha sido prolífica al destruir lo mejor que tenemos: el pueblo humilde”.
El informe se encuentra cruzado por temas críticos como son la sustitución de cultivos, el asunto de las tierras, la presencia de “nuevas” bandas paramilitares y los asesinatos selectivos de líderes sociales.
De acuerdo con el documento, la percepción sobre los programas del Estado para sustitución es de incumplimiento, motivada por la aplicación simultánea de sustitución voluntaria y erradicación forzada. ¡Para estos casos, también se ha creado un ESMAD! “Prueba de esto es que los acuerdos de sustitución adelantados e impulsados en diferentes municipios han chocado con los Escuadrones Móviles de Erradicación que han arribado precisamente a esos mismos lugares”; se han reportado enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública en La Montañita (Caquetá), Arauca (Arauca), Briceño (Antioquia) y Tumaco (Nariño), presentándose, inclusive, retención de uniformados en algunas situaciones.
El tema de tierras y asesinatos de líderes sociales, está ligado con la presencia de bandas paramilitares, lo que lleva a pensar que el desarme y tránsito a la vida civil de las FARC no conlleva a solucionar el punto de distribución equitativa de la tierra ni a la garantía de seguridad de los líderes regionales y comunitarios. De hecho, en algunas regiones, los paramilitares han expresado abiertamente que se opondrán a la devolución de las tierras despojadas a los campesinos.
En las zonas dejadas por las FARC, se evidencia el control territorial por parte de grupos paramilitares, cuyos nombres cambian y van desde Nueva Generación, Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Paisas, Clan Úsuga, Clan del Golfo, La Empresa, Clan Pacífico, Gaitanistas, Cartel de Sinaloa, hasta Organización Sicarial del Pacífico y Gente de Orden, pero cuyo accionar guarda similitud entre sí y con las “desmovilizadas” AUC.
A esta fecha, las FARC han dado cumplimiento a la entrega de armas a través de la Misión de la ONU en Colombia[3] y a partir del próximo 1º de agosto se prevé su conformación en movimiento político, sometido a las reglas que impone la “democracia” colombiana.
Hasta ahora, el camino recorrido ha sido arduo y tortuoso, pero lo que viene en adelante será aún más difícil y riesgoso. Existe multiplicidad de trabas jurídicas, amparadas algunas en formas de interpretación de las leyes y otras en simples leguleyadas, en contravía de las circunstancias históricas que atraviesa el país, azuzadas por los sectores que se empecinan en mantener privilegios para unos pocos. Pero aparte el debate santanderista sobre la legalidad del proceso, el peligro que se cierne estará en las calles, en las plazas públicas, donde acechan los apologistas del odio y del miedo.
Las luchas partidistas entre liberales y conservadores que acaecieron en el siglo XX y devinieron en el ciclo de violencia actual no han terminado; apenas han cambiado los nombres de los protagonistas y se han sumado algunos factores externos; en el trasfondo subyace el mismo odio social y el mismo miedo, como muy bien lo interpretó el historiador británico Eric Hobsbawm (1917-2012), a partir de los sucesos que se desencadenaron tras el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948: “Lo que debió haber sido una revolución social terminó en la Violencia porque, quizás por última vez, el sistema oligárquico logró contener y controlar la insurrección social, convirtiéndola en una lucha partidista. Pero la batalla se salió de control, y se transformó en una avalancha de sangre, porque la lucha armada entre liberales y conservadores llevaba entonces una carga adicional de odio social y de miedo: el miedo de los oligarcas conservadores de que su partido estuviese en permanente minoría frente a un partido liberal que parecía haber conquistado las masas recientemente sublevadas; y el odio de los pobres del otro bando, no sólo como adversarios tradicionales, sino como opresores de los pobres, o como personas capaces de haber logrado conseguir una mejor situación económica”[4].
José Hilario López Rincón
28 de junio de 2017
NOTAS
[1] La Misión de Observación Electoral-MOE es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil de Colombia que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. http://moe.org.co/
[2] En coautoría con Germán Guzmán Campo y Eduardo Umaña Luna.
[3] El acto protocolario se llevó a cabo el 27 de junio en Mesetas (Meta)
[4] Colombia asesina. http://www.rebelion.org/docs/156970.pdf