Sería la cuarta vez, en menos de cinco años, que el Congreso se niega de manera solapada a un proyecto de reforma constitucional que reconoce los derechos de los campesinos. Esto, en medio de una crisis estructural del agro que ha relegado al campesinado a un estado permanente de precariedad y falta de reconocimiento. Las mayorías del Congreso y el Gobierno nacional nuevamente demuestran su nulo interés en dar soluciones reales y estructurales a las problemáticas de las campesinas y de los campesinos en Colombia. Debemos recordar que el Gobierno del presidente Duque tomó la absurda decisión de abstenerse de votar en la ONU la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos en diciembre de 2018. Precisamente, el Proyecto de Acto Legislativo No. 8 de 2021 recogía gran parte del contenido de esta declaración. La táctica para hundirlo en esta ocasión es una vieja y conocida práctica parlamentaria: desarmar el quórum.
De acuerdo con el reglamento del Congreso, el quórum es el número mínimo de congresistas requeridos para deliberar o decidir. El quórum decisorio, es decir la cantidad mínima de congresistas que se requieren para poder votar y decidir, es de al menos la mitad más uno de los integrantes. En este caso se requería la presencia de 54 senadores para poder tomar una decisión frente a la aprobación o el archivo del proyecto de acto legislativo. Cuando las mayorías del Congreso quieren hundir un proyecto sin el costo político derivado de votar de manera negativa, recurren a la jugadita de ausentarse y desarmar el quórum. De esa manera, los proyectos quedan en un limbo en el que no son archivados, pero tampoco son aprobados. Si adicional a esto consideramos que el tiempo es un factor que juega en contra del trámite de los proyectos, cuando se desarma el quórum los proyectos quedan en suspenso, debilitándose más con cada día que pasa. En otras palabras, las mayorías del Congreso hunden de esta manera los proyectos por la puerta de atrás, sin necesidad de asumir las consecuencias de un voto negativo expreso.
El proyecto de acto legislativo No. 8 de 2021 es de reforma constitucional. Con el ánimo de proteger nuestro régimen constitucional de inestabilidad y reformas excesivas, el procedimiento que deben surtir en el Congreso es mucho más exigente y complejo que aquel correspondiente al trámite legislativo ordinario. Esto es lo que se conoce como la rigidez constitucional que es característica, aunque sea formalmente, de nuestro ordenamiento. Para que una reforma constitucional sea exitosa en el Congreso debe surtir 8 debates en un tiempo muy corto de sólo dos períodos ordinarios consecutivos. Los periodos ordinarios en los que sesiona el Congreso van del 20 de julio al 16 de diciembre y del 16 de marzo al 20 de junio de cada año. Es decir que los 8 debates deben darse en un tiempo récord inferior a 8 meses, so pena de ser archivados por vencimiento de términos. Adicionalmente, estos proyectos tienen otras particularidades, como que en los primeros 4 debates se requiere de mayoría ordinaria y en los últimos 4 de mayoría calificada. Es decir, mientras que en los primeros 4 debates se requiere que estén presentes al menos la mitad de los integrantes y que de ese número la mayoría voten de manera positiva, en los últimos 4 debates se requiere que al menos la mitad más uno de los integrantes no sólo esté presente, sino que además voten de manera positiva el proyecto.
Como es evidente, todos estos requisitos hacen imposible para sectores de oposición política minoritaria llevar a feliz término un proyecto de reforma constitucional. A su vez, las dinámicas híper presidencialistas que identifican nuestro sistema político, y que deforman las nociones más básicas de la división de poderes, hacen que sea imposible lograr una reforma constitucional sin el beneplácito del Gobierno.
Este proyecto fue radicado el 20 de julio del 2021 y los términos no le favorecen. Ya han transcurrido cuatro de los ocho meses sin que haya logrado superar su segundo debate. Aún si se aprobara en los próximos días, es muy difícil que el proyecto logre superar los seis debates restantes en tan sólo cuatro meses, máxime si se tiene en cuenta que son las Mesas Directivas las que fijan el orden del día. A esto debe añadirse las dificultades propias que implican estar en un año electoral en el que el ritmo del trabajo legislativo se ve sustancialmente reducido. Es por esta situación que suspender el proyecto bajo la fórmula del “no existe quórum decisorio” es la salida que tienen los sectores mayoritarios para forzar el hundimiento del proyecto por vencimiento de términos.
Este difícil panorama es el que me llevó, junto con un grupo de líderes campesinos, lideresas campesinas, personas de la academia y la ANUC a proponer en diciembre del año pasado un referendo constitucional para lograr reconocimiento de los derechos de este importante sector. Nuestro Referendo incluye gran parte del contenido de la Declaración que el Gobierno se abstuvo de votar.
Optamos por la vía del Referendo por dos razones principales: La primera es que vimos conveniente vincular directamente a los ciudadanos y ciudadanas con este propósito, porque nada mejor que sean ellos los que den respaldo a la iniciativa. Ese componente participativo tiene el potencial de enviar un mensaje político certero que puede desincentivar las jugaditas parlamentarias en términos de costos políticos. También conlleva a que el proyecto de reforma llegué con fuerza y con un mayor grado de legitimidad democrática. La segunda, es que el trámite del referendo en el Congreso se da a través de un proyecto de ley que convoca al pueblo para que decida. Como ya se dijo, venimos de un reiterado y sistemático hundimiento de proyectos de acto legislativo en materia de derechos de los campesinos, por lo que vimos pertinente intentar una nueva vía. Con esto, quisimos evitar las dificultades propias y ya expuestas del trámite de un proyecto de acto legislativo y optar por una alternativa más plausible como lo es el trámite de un proyecto de ley.
Lamentablemente las restricciones de la Pandemia jugaron una mala pasada e impidieron que lográramos recoger el número de apoyos ciudadanos requeridos para el trámite.
No obstante, nos queda un valioso aprendizaje que debemos interiorizar. Esta situación es la consecuencia lógica y natural de la composición política actual del Congreso de la República. Mientras las mayorías del Congreso sigan reservadas a aquellos sectores políticos regresivos y anti derechos no podremos articular las soluciones estructurales que el país reclama. Por esto mismo, la ciudadanía debe tomar la batuta en las próximas elecciones y apostarle a una recomposición del Congreso de la República. Si bien existen todas las razones para que el Legislativo sea una institución desprestigiada, debemos entender que nada será posible sin una renovación política en su conformación. La ciudadanía debe reapropiarse de este espacio y elegir senadores y representantes que respondan a las necesidades de las personas y no a las maquinarias políticas y clientelistas.
Estoy convencido que el país requiere, con urgencia, el reconocimiento constitucional del campesinado. Necesitamos definir con claridad las bases fundamentales en materia de derechos y garantías para esta población. Esto puede potenciar en gran medida el bienestar del campesinado y la estructuración de políticas que hagan posible la seguridad y la soberanía alimentaria. Adicionalmente, es un acto de justicia elemental para corregir la falta absoluta de representación campesina en la Asamblea Nacional Constituyente del año 91. Sin embargo, este propósito en favor de las millones de campesinas y campesinos del país no será posible mientras continuemos con un Congreso como el actual. La invitación es sencilla: ejerzamos nuestro derecho al voto con la altura, la trascendencia y la responsabilidad que implica. No más votos por aquellos congresistas insensibles con la realidad del campo colombiano.
Jorge Londoño Ulloa, Senador de la República por el Partido Verde.
Foto tomada de: https://www.eltiempo.com/
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