¿Monarquía Republicana, desde cuándo?
Jaime Castro, exalcalde, connotado administrativista y constitucionalista liberal conservador,[1] con estudios superiores en Francia, discípulo de Maurice Duverger, ha vuelto sobre el tema del presidencialismo colombiano, con base en las actuaciones del primer gobernante de una tercera fuerza, de oposición, Gustavo Petro. Para hacerlo acude a su maestro, y califica a Colombia de una monarquía republicana, para insistir en que “el poder termina siendo ejercido por un solo hombre, verdadero rey o monarca, que se siente investido de la legitimidad suprema”.[2]
Castro, quien es un distinguido exalumno de la Universidad del Rosario, en su columna se refiere al régimen político francés como parlamentario o semipresidencial, para recordar que Duverger calificó a la V República inaugurada por el general De Gaulle en la segunda posguerra como “la nueva forma de monarquía francesa”. Pero, en su lugar, Castro podría haber ido más atrás en su actual reflexión, para, en cambio, citar a uno de los rectores de su alma mater, Carlos Martínez Silva, un muy fino y agudo polemista de la segunda mitad del siglo diecinueve en Colombia. Autor de Capítulos de Historia Política de Colombia, publicados en la Biblioteca del Banco Popular.[3]
En su obra de publicista conservador, y miembro del Consejo de Delegatarios que redactaron la Constitución Política de 1886, Martínez Silva tuvo varias polémicas en la prensa periódica, a través de su afamada revista política, un mensuario, El Repertorio Colombiano, 1878-1899, donde ejerció con generosidad la ironía y el sarcasmo político y social.
Él adquirió notable prestancia como polemista, al suceder a Miguel Antonio Caro en la dirección de El Tradicionalista, donde cruza regulares mandobles escritos, dedicado a la defensa del cristianismo, la crítica del orden de Rionegro fenecido, y la constitución de 1886.
De aquella pedagogía constitucional proviene una de sus sentencias más reconocidas y citadas, cuando se lamenta que el nuevo orden que reemplazó a la Constitución de Rionegro (1863), en cambió entronizó en la precaria comunidad política republicana una monarquía, pero constitucional.
Él, al presentar su revista el Repertorio, del mes de julio de 1878, con ocasión de un nuevo triunfo del liberalismo contra el conservatismo mediado por la candidatura del general Julián Trujillo, comenta la división de su adversario, el partido liberal después del triunfo:
“El círculo encarnado de las administraciones Parra, Pérez y Murillo, se llama hoy radical y por sus contrarios oligarca, y éstos se da a sí mismos el calificativo de republicanos o de liberales genuinos. Qué principios políticos, filosóficos o administrativos los dividan, es punto más que difícil de determinar, pues tanto unos como otros , alzan como enseña la Constitución de Rionegro- que dicen ser la última palabra del liberalismo doctrinario-…”[4]
Para 1879, Martínez Silva comenta el triunfo de Rafael Núñez, exsecretario de hacienda del general Julián Trujillo. Este es, sin embargo, el portavoz de una urgente reforma a la “intocable” Constitución de Rionegro. La preocupación principal es la paz, “pero la paz no puede ser sólida y estable mientras no se corrijan las instituciones que estimulan y fomentan la anarquía, el desorden y las guerras civiles.”[5]
El triunfo del nuevo partido Independiente, como vocero de la Regeneración, por boca del general Trujillo propugna la creación de un Estado o distrito federal, disminuir formalidades para reformar la Constitución, prolongar el periodo presidencial de la Unión por uno o dos años, estas son algunas de las seis reformas abanderadas por el presidente consignadas en su programa. Con todo, en aquella transición partidista de corta duración con los Independientes las conflictividades partidistas permanecen, sobre determinada en lo internacional por el pleito por la canalización del Istmo de Panamá; obra bloqueada por el gobierno de Estados Unidos,[6] que amenazaba con no garantizar su apertura, si la obra estaba a cargo del ingeniero Lesseps y, en últimas, en favor de Francia.
En esta vuelta a la coyuntura de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Colombia se debate en el tránsito del capitalismo comercial a una forma capitalista dependiente y periférica, cuando en el marco internacional, donde Estados Unidos y su poder confrontan el predominio europeo, la forma política del régimen radical se tambalea. En su lugar termina por imponerse el centralismo en la nueva Constitución de 1886, con respaldo, eso sí, en un régimen presidencialista singular, donde el poder ejecutivo marca la parada, con límites jurídicos para un ejercicio del poder discrecional contra sus adversarios y eventuales enemigos, tan propensos a acudir a la guerra como solución definitiva en el periplo de disputas decimonónicas.
Colombia y la democracia demandada por la Oposición
Después de impuesto el orden “monárquico” constitucional de 1886, por los ganadores de la guerra de los mil días, más la consiguiente pérdida de Panamá y la soberanía sobre el canal que intercomunica los dos océanos, el gobierno de uno, la monarquía presidencialista tampoco la tocaron las reformas de 1936 y 1968, en lo fundamental.
El gobierno de uno, que no es democrático, tal y como lo explicaron los padres fundadores en la creación de la nación americana del norte, cuando establecieron con Madison y Hamilton que lo que se creaba era una república no una democracia, nos aclara el rumbo moderno dominante en materia política para la Colombia de los siglos siguientes.
Un hito en este proceso es la experiencia constituyente de 1991, que expresa un ejercicio democrático de refundación posible del poder político nacional. Reclamada por la presencia armada y desarmada de una tercera fuerza, la insurgencia subalterna que negocia la paz con el presidente Barco, luego del fracaso del ensayo de paz de la administración Betancur, una disidencia del conservatismo clásico.[7]
Ante la crispación producida por el asesinato de líderes reformadores de aquel orden antidemocrático, que reforzó el plebiscito de 1957, con la exclusión de terceras fuerzas de oposición al bipartidismo, no hubo manera de prolongar abiertamente el ejercicio de la excepcionalidad con la forma del estado de sitio por los presidentes. Con la excepción de uno, Virgilio Barco, quien abrió “la caja de Pandora” política, al utilizar este poder para ensayar la reforma del monarquismo presidencialista reinante, dando la posibilidad de incluir una tercera fuerza dentro de la institucionalidad.
Antes, el pretexto para evitar la presencia inocultable de la tercera fuerza no bipartidista, de corte socialista, que después de 1948, se enmontó armada como pudo, y con miles de combatientes, la estrategia fue conjurar la brutal guerra interpartidista de liberales y conservadores, y vinieron los pactos de Sitges y Benidorm.
Entonces, así, se reconstituyó un partido único, para fijarle rumbo al desarrollo capitalista del campo colombiano, a costas de la miseria campesina que seguía reclamando, a sangre y fuego, la posibilidad de trabajar la tierra de manera directa, lo que suponía disolver el latifundio y acabar con la persistencia de los privilegios feudo/coloniales.
La emergencia de la tercera fuerza, de la oposición como alternativa de gobierno tuvo un alumbramiento difícil, y vivió la experiencia del fraude contra la candidatura presidencial de la Anapo, el 19 de abril de 1970. Aquel fraude fue denunciado con la fuerza de las armas por una fuerza, hecha de diversas confluencias, el M19, que se presentó en sociedad con este eslogan, “Con el pueblo, con las armas, al poder”.
Siguió la lucha armada, la protesta civil en calles y plazas, y luego, un intento de una Coordinadora guerrillera nacional que juntara a las insurgencias subalternas con sus agendas y tradiciones de lucha, que propició un nuevo tiempo para retomar la negociación de la paz. Tal fue la antesala de un proceso constituyente sui generis, que vino precedido por un movimiento civil, juvenil, universitario emblemático, la “séptima papeleta” que se depositó en las urnas, pero que no se contó oficialmente.
Tal fue la fuente de legitimación nacida de la sociedad civil en rebeldía, ante una serie de asesinatos de candidatos a la presidencia en Colombia,[8] para darle curso a la convocatoria de una asamblea constitucional, si se le da crédito al que paradójicamente fuera uno de los constituyentes conservadores, Yepes Arcila. Tal fue la antesala de una de las pocas asambleas constituyentes experimentada por la comunidad política en Colombia. Para encontrar otra habría que remontarse a los albores de la República.
¿Democracia Participativa o Cesarismo?
“El terreno de la política queda en manos de lo que Petro pueda hacer en movilizaciones a través de un discurso confrontacional y en gestión de gobierno. En eso no parece irle muy bien. Las encuestas confirman su mal momento.” Gustavo Duncan, en ET, 27/09/23, p. 1.11.
La Constitución de 1991 se sancionó, entró en vigencia, con un previo ejercicio de oposición durante el gobierno de Virgilio Barco, que le puso un colofón al Frente Nacional, que abrió las puertas para la reforma del artículo 218, que era una suerte de cláusula pétrea que impedía cambiar la carta política reformada en 1957, cuando se dio curso también a la votación de las mujeres que empezó a ensayar el dictador Gustavo Rojas Pinilla, para apoyar su fallido proceso “constituyente”.
En fecha reciente, a raíz del fallecimiento de otro constitucionalista conservador, como lo fuera Martínez Silva en otro tiempo, Hernando Yepes Arcila, quien era parte de la llamada sala constitucional de la CSJ, que se nutría de jurisprudencia recopilada desde 1914, Alfonso Gómez Méndez recordó que Yepes se opuso al proyecto de Constituyente utilizando el estado de sitio, como lo hizo el gobierno Barco. Esa medida conservadora no prosperó en la CSJ, cuando una votación de 13 a 11, cuando los votos de Hernando Gómez Otálora y Fabio Morón, autorizó lo que Gómez Méndez califica de “atípico e inconstitucional proceso”.
En todo caso, el derrotado Yepes, electo constituyente en diciembre de 1990, prosiguió su oposición a que la asamblea se declarara omnímoda, “y que pasara de ser asamblea constitucional –para lo que había sido convocada- a “Constituyente” con las consecuencias buenas y malas ya conocidas.”[9] Entre otros argumentos se esgrimía hasta hoy, que “un cuerpo constituyente elegido con el voto de tres millones (no podía) revocar un Congreso legítimamente elegido en 1990 por ocho millones de ciudadanos.”[10]
La Constitución de 1991 ya lleva treinta y dos años de vigencia, y muchas reformas, pero, ninguna ha debilitado, en verdad, la centralidad del régimen presidencialista, que tuvo en Estados Unidos un referente fundamental en las recién creadas repúblicas americanas. Luego del fracaso y consiguiente aplastamiento de la independencia de Haití, por el mismo poder jacobino.
El estudio de la Constitución actual y del régimen que define cómo proceder jurídica y políticamente, prueba que durante el gobierno de Ernesto Samper empezó a degradarse el ejercicio democrático que proclamó el nuevo orden. Con las Convivir se fue desarrollando el experimento político y de hecho del régimen neopresidencial. En su lugar, el desmonte fue entronizando la degeneración democrática que exacerbó el presidencialismo para el desarrollo de la política pública de guerra disfrazada con el “racional” de la seguridad democrática y la nueva arquitectura del régimen parapresidencial cuyo laboratorio fue Antioquia durante el gobierno de Álvaro Uribe, con el apoyo del mindefensa del presidente Samper, el politólogo uniandino Fernando Botero.
A la degeneración democrática que afecta el orden de 1991, en materia de su régimen, hasta convertirlo en para-presidencial, para extender la guerra social de los de arriba contra los grupos y clases subalternos en rebeldía y resistencia, en particular el campesinado, se despliega la política pública de guerra que se cierra con el aterrador episodio de los falsos positivos, cuya responsabilidad rehúye uno de los principales artífices del comodín sangriento de la “seguridad democrática”, propiciador del paramilitarismo.[11]
Movilizaciones del 27 de septiembre y (E)lecciones de Octubre 29
“Reafirmamos completamente que la coalición de gobierno se hace con los congresistas que realmente quieren la agenda de cambio, que planteen una discusión genuina de cara al país…Hay otros congresistas que no, que tal vez consideran que como está hoy el país, está bien, y es legítimo que lo piensen…No se puede coartar la democracia de los congresistas…” David Racero, Buscamos reconstruir una coalición, en ET, 16/07/23, 1.4.
“Justo es reconocer que hubo gente en las marchas: 30.000 personas en Bogotá (8.000 indígenas provenientes de otras regiones); 6.000 en Medellín; en Barranquilla fueron 2.000, según cifras oficiales, mientras que en Cali de 3.800 a 4.000 manifestantes. La pregunta es qué tanto hubo de voluntad genuina de salir…” Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo, 10/01/23, 1.7.
El ejercicio del segundo año del gobierno del primer presidente de la oposición, Gustavo Petro, elegido por una tercera fuerza, en el año 2022, llega entonces con el compromiso democrático de transformar las condiciones que hicieron posible el nacimiento y prolongación de la degeneración democrática, con el consiguiente aplazamiento de la realización de la igualdad social pactada en 1991.
El binomio tiene la fenomenal tarea de extirpar la degeneración progresiva del régimen parapresidencial,[12] en Colombia, cuya genealogía arrancó en 1997/98. El nuevo gobierno de Petro y Márquez, propone, en cambio, la política de la paz total que reemplaza la existente política pública de guerra que lo contamina casi todo en materia política y de convivencia civil.
El Pacto Histórico cuestiona la vigencia del bloque de la guerra, en que se juntan reacción y derecha, con asociaciones tácticas con sectores liberales y algunas fuerzas autodefinidas como de centro. Propone una alianza, primero, de cinco partidos, y gana las elecciones. Luego, triunfante, en el primer año propone una coalición mayoritaria bajo el paraguas del que llamó Frente Amplio. Esta iniciativa se desarticula cuando empieza el trámite de las reformas sociales, y, en particular, la reforma de la salud, que en todo caso supera el primer debate congresional. No corre la misma suerte la reforma laboral que se hunde en la primera legislatura.
Como la tarea inmediata es abolir los insultantes privilegios que se retrotraen a los tiempos coloniales. Se trata de darle existencia cabal a la ciudadanía social en Colombia y la región “con prisa, sin pausa”. [13] Desde el palacio de Nariño, el 1o. de mayo de este año, Gustavo Petro llama a la movilización del pueblo, para defender en todas partes, a lo ancho y largo del país el programa de reformas.
Desde aquel balcón, aquella tarde, define su gobierno como de izquierda, y no solamente como progresista que era la divisa que publicitó desde cuando desprendió sus fuerzas de participar en el Polo Democrático Alternativo, a cuya dirigencia acusó de manifiesta corrupción y pasividad política. Entonces creó el progresismo, fue a elecciones y después alumbró la alianza denominada Colombia Humana, para, por segunda vez, intentar participar como candidato presidencial oponiéndose a su rival, Iván Duque, en el certamen electoral de 2018.
En el año en curso, el presidente ha puesto su nombre y prestigio al servicio de la movilización que favorezca el trámite de las reformas, cuando sabe que no cuenta con las mayorías en el Congreso, y que sus aliados, en lo que queda del Frente Amplio son poco firmes, en particular, por fuera del Pacto Histórico, el Liberalismo y la Alianza Verde, que siguen condicionando los textos originales de las reformas sociales.
Un momento fundamental de este llamado, donde el binomio, Petro y Márquez se jugó fue la movilización del 27 de septiembre, que coincidió con el encuentro indígena nacional convocado por la ONIC en Bogotá. El editor general de El Tiempo, Ernesto Cortés al registrar los hechos en el diario, no se resistió a cuestionar la movilización conseguida, al decir “qué tanto fue patrocinado por el mismo Gobierno y qué tanto está calando el discurso presidencial en la plaza pública.”[14]
Uno de los contradictores actuales del programa del Pacto Histórico y sus reformas, quien fuera su ministro de educación y excandidato a la presidencia, Alejandro Gaviria, con respecto a la táctica de la movilización popular, “El Gobierno no ha incorporado estos cambios en su discurso y como sigue aferrado a él, el discurso de hoy es divisivo, no integra a la sociedad, porque no incluye estas nuevas demandas que están creciendo. El Gobierno no ha adaptado su discurso, sus políticas, su forma incluso de involucrarse con la ciudadanía a unas nuevas realidades económicas y sociales…”[15]
Es la garantía que el gobierno del Pacto Histórico tiene que exhibir en los meses previos a la elección del 29 de octubre. Para que las multitudes subalternas refuercen sus convicciones, y vote a los candidatos del Frente Amplio recompuesto en las regiones, así como para que garanticen el triunfo de alcaldes progresistas en las principales ciudades.
Porque con atraso de más de medio siglo, la guerra social prolongada de clase, sigue causando estragos, mientras que la receta de la paz total se prepara para vivir la suerte de un plebiscito en favor de la paz total a cargo del país nacional. Volvamos con la vocería del joven congresista del Pacto Histórico; Racero, y las elecciones regionales: “…invitamos a que se puedan fortalecer a nivel regional frentes amplios, que puedan hacer un ejercicio de proyección a nivel territorial de una agenda de cambio que complemente la que se plantea a nivel nacional.”[16]
El pronóstico, en todo caso, es reservado, abrumado y bombardeado el bloque subalterno en formación de modo inmisericorde mediante la propaganda negra de los escándalos atribuidos al presidente. Sumada la fe de erratas en materia de comunicación pública, más las repetidas ausencias con las que el presidente Petro no contribuye para avanzar en términos de confianza con sus públicos principales.[17]Máxime cuando estos hacen posible el descubrimiento efectivo de la senda democrática frente a las sirenas del desastre del bloque de la reacción dispuesto a continuar la guerra antes que renunciar al goce de sus privilegios.[18]
Por eso, la reunión de movilización, discurso y elecciones determinarán qué tan eficaz ha sido el recurso a la presencia popular en la calle y en la plaza y con base en la auto-organización de los subalternos. Queda menos de un mes para probarlo.
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[1] Así lo probó en su desempeño como ministro de gobierno, 1984-1986, del presidente Belisario Betancur, cuando se produjo el holocausto del Palacio de Justicia, de donde logró rescatar con vida a su esposa. Después de lo cual ni él, ni Betancur, que salvó también la vida de su hermano, impidieron aquella hecatombe humana.
[2] Castro, Jaime, Monarquía Republicana, en ET, 15/09/23, p. 1.19.
[3] Martínez Silva, Carlos (1973). Capítulos de Historia Política de Colombia. “Revistas Políticas” publicadas en “el Repertorio Colombiano”. Bogotá.
[4] Op. cit., p. 35.
[5] Ídem., p. 182.
[6] Ejecutor del destino manifiesto, y la doctrina Monroe que reclama América para los americanos, es decir, para la creciente potencia imperialista, los Estados Unidos de América que reclama su lugar en la jerarquía del orden mundial
[7] Experiencia que se hundió con el aggiornamento del la Unión Patriótica eliminada físicamente por sus enemigos bipartidistas, a través del uso de las guardias blancas del paramilitarismo con respaldo oficial, como se ha documentado por los ejercicios de la Comisión de la verdad en los publicados 23 volúmenes.
[8] Que no tiene precedentes en la historia de la vida política moderna de Occidente.
[9] Gómez Méndez, Alfonso. Hernando Yepes Arcila. Gran jurista y gran ser humano, en ET, 27/09/23, 1.11.
[10] Yepes Arcila estuvo del lado del expresidente Misael Pastrana, que renunció a ser constituyente, al oponerse a tal medida de la asamblea constituyente de 1991.
[11] Está en desarrollo un debate público, propiciado por una columna del constitucionalista Rodrigo Uprimny. Argumentó sobre la existencia de responsabilidad política y moral del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que podría llegar a ser penal. El expresidente rechazó tales argumentos, y empleó a su abogado, el penalista Jaime Granados, para contradecir lo escrito por Uprimny Ambos acuden a los casos tratados por la Corte Penal Internacional, en particular, con base en precisiones hechas al expediente conocido para resolver la causa con el vicepresidente Bemba de la República democrática del Congo, por las agresiones cometidas por sus tropas en la vecina República Centro Africana. Se trata de determinar la responsabilidad del mando, en cabeza del presidente Uribe Vélez, cuando se perpetraron las muertes de 6402 víctimas de los llamados falsos positivos, entre los años 2002 y 2008, como lo certifican las investigaciones realizadas por la JEP, la instancia para la justicia transicional establecida en los Acuerdos de Paz de 2016, entre las Farc Ep y el gobierno de Juan Manuel Santos.
[12] La degeneración democrática está reforzada en los últimos trabajos del sociólogo político estadounidense, Charles Tilly, en su libro Democracia traducido al castellano. En él da cuento de lo que pasó con las transiciones en las llamadas democracias populares bajo la égida soviética. Una de esas manifestaciones actuales es la disputa territorial entre la república de Ucrania y la federación rusa, mal nacida de la perestroika y el glasnost de Mijail Gorbachov y compañía.
[13] “Estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen los diversos sectores de la sociedad, no para regaños ni respuestas agresivas, ni amenazas sobre hechos a los que somos totalmente ajenos…enfatizamos en que somos sus aliados y no un obstáculo…y condenamos sin reticencias los golpes blandos”. César Gaviria, op. cit., ídem.
[14] Cortés, Ernesto, ¿Qué tan efectivas están siendo las movilizaciones?, ET, 10/01/23, p. 1.7.
[15] Op. Cit., ídem.
[16] Racero, David, en ET, 16/07/23, 1.4.
[17] Nosotros no tenemos la información en detalle de por qué no pudo asistir (el presidente) …Carlos Ramón nos expresa que el Presidente está un poquito indispuesto, pero de nuestra parte el diálogo es con el Gobierno. Ídem.
[18] “Estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen los diversos sectores de la sociedad, no para regaños ni respuestas agresivas, ni amenazas sobre hechos a los que somos totalmente ajenos…enfatizamos en que somos sus aliados y no un obstáculo…y condenamos sin reticencias los golpes blandos”. César Gaviria, op. cit., ídem.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD, Director Grupo Presidencialismo y participación
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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