Ubicación del municipio
El municipio de Murindó pertenece administrativamente al departamento de Antioquia y eclesiásticamente es una parroquia de la Diócesis de Quibdó. Geográficamente está ubicado en la región del Atrato, y comparte su cultura. Tiene una población cercana a los cinco mil habitantes, en su mayoría afrodescendientes (48%). Pero también una población nativa de indígenas Embera-Katío y Embera-Eyábida (42%), que viven en plena selva virgen, en varios resguardos. La población mestiza y blanca es minoritaria (10%). La población indígena pertenece a dos resguardos: Murindó y Chageradó. Cada resguardó está compuesto por comunidades de familias, que habitan en diferentes lugares.
El caserío se inició a orillas del río Murindó, afluente del río Atrato, hacia 1835. Fue erigido municipio en 1914. Sufrió varias inundaciones. En 1992 fue destruido por un fuerte terremoto de 7.8 en la escala Richter y fue trasladado a orillas del río Atrato, donde se encuentra actualmente. Su territorio, extenso de 1.365 kilómetros cuadrados, es muy rico en ríos y quebradas, que permiten abundante pesca. Llueve casi todo el año. La ubicación actual no ha librado al casco urbano de fuertes inundaciones. Dista 156 kilómetros de Medellín y 326 de Bogotá. Limita con el departamento de Chocó y los municipios, del Carmen del Darién (Chocó), y Vigía del Fuerte y Mutatá (Antioquia). Con una altitud de 23 metros sobre el nivel del mar, tiene 25 grados de temperatura, en promedio.
Como en tantos municipios del país, los servicios públicos son muy deficientes. La carretera luego de varios proyectos y presupuestos no ha sido terminada. En un municipio pobre y olvidado, reina la corrupción.
Un sacerdote que trabajó en la región me comentó que en 1976, las FARC se tomaron el perímetro del municipio, para mostrar su prepotencia, pues obligaron a la apertura del almacén donde se vendían licores, y llamaron a la ciudanía para que se llevaran los diferentes tipos de licores.
Las FARC siempre estuvieron presentes desde los años setenta. En septiembre de 1986 masacraron al cabildo de Murindó, porque encontraron a unos jóvenes indígenas con folletos del EPL, que habrían recibieron más por curiosidad que por militancia. La situación se pudo tan tensa que hasta las misioneras de la Madre Laura y el sacerdote tuvieron que abandonar la región.
Fuera de este hecho, pareciera que no hubo maltrato hacia los indígenas, salvo cuando tenían sospechas de filtración de información hacia la Fuerza Pública. Las FARC tendrían presencia en esas tierras indígenas, hasta equis momento, no tanto como base de guerra sino como sitio de descanso y recuperación.
Con la llegada del ELN, empezaron los enfrentamientos entre guerrillas. El ELN, en minoría, buscaba ganar adeptos y arrebatar territorio y ventajas.
Parece que el cultivo de la coca empezó desde los tiempos de Pablo Escobar, invadiendo abusivamente tierras de los resguardos indígenas e imponiendo su “autoridad”.
Del 7 al 11 de marzo una comisión humanitaria visitó tierras indígenas, encabezada por el Obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto, delegaciones de las diócesis de Quibdó, Apartadó y líderes de las siguientes organizaciones: Cabildo Mayor Indígena, COCOMACIA y la Coordinadora Regional del Pacífico Colombiano. El 17 de marzo emitieron un Comunicado que se publica en su totalidad, al final de este breve relato.
Varios de los datos estadísticos fueron tomados de Wikipedia, y el conjunto de la información anterior fue fruto de un diálogo con un sacerdote de Quibdó.
“Autodefensas Gaitanistas actúan con apoyo de algunos miembros de FF. MM”, Iglesia
Las comunidades indígenas están arrinconadas y aterrorizadas por culpa de los grupos armados, en medio de la disputa territorial por el negocio del narcotráfico. El ELN, grupo en minoría militar, ha colocado minas antipersonales en las viviendas de los indígenas, en sus cultivos y en sus caminos, para bloquear la entrada de los miembros del Clan del Golfo.
Enfrentamiento armado en Murindó produjo el desplazamiento de 168 indígenas
ESPECTADOR, Nacional, 3 marzo de 2021
“Esta situación se da por combates entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo quienes buscan controlar el territorio. La Organización Indígena de Antioquia (OIA) informó que las familias no fueron al casco urbano del municipio, sino que se desplazaron hacia el interior de los resguardos como un mecanismo de resistencia ante los violentos. El desplazamiento no se da hacia el casco urbano del municipio, sino hacia el interior del resguardo indígena”.
“La situación de violencia que se vive en Murindó (Antioquia) ha empeorado en los primeros meses de este año debido al conflicto permanente que mantienen el Eln con el Clan del Golfo en este municipio del Atrato Medio Antioqueño. Como resultado de estos combates, 168 miembros del pueblo Embera Eyábida fueron desplazados hacia el interior de los resguardos río Murindó y río Chageradó”.
“En total son 48 familias que hacen parte de la comunidad indígena Turriquitadó Alto, la cual pertenece al resguardo río Chageradó, titulado desde el 18 de diciembre de 1989. El desplazamiento se dio hacia Turriquitado Llano en este mismo territorio que cuenta con 22.500 hectáreas”.
También puede leer: Joven embera cayó en mina antipersonal en resguardo en Antioquia
“La Organización Indígena de Antioquia (OIA) aseguró que el desplazamiento de estas familias no se está dando hacia el casco urbano del municipio, sino que es hacia el interior de los resguardos. Esta decisión se da porque los aborígenes consideran que un mecanismo de resistencia ante estos casos es no abandonar los territorios”.
“A través del sistema de alertas temprana, la OIA estableció que por estas mismas actividades, “estarían también en riesgo de desplazamiento, hacia la comunidad Isla, las comunidades indígenas Gorrojo (105 personas), Bachidubi (193 personas) y Coredó (172 personas). Esto pone en alto riesgo a las familias indígenas, ya que las mismas están sometidas a movilizarse en medio de campos minados, instalados por el Eln, desde enero de este año”, se lee en la alerta”.
“El domingo 28 de febrero, un niño de 13 años murió tras pisar una de estas minas instaladas por el grupo criminal. El joven pertenecía al pueblo Embera Eyábida, del resguardo río Murindó. Por esta razón, la comunidad está pidiendo que se agilicen “todos los trámites y la etapa de alistamiento para iniciar cuanto antes con el Plan Nacional de Desminado en territorios indígenas de Antioquia”, aseguró la OIA”.
Luego se supo que el niño de nombre Plinio Dogán Majoré, no murió, pero sí quedó mutilado.
El ELN desplazó a 168 indígenas de un resguardo en Murindó, Antioquia
Las amenazas fueron proferidas a la comunidad indígena Turriquitadó Alto del Pueblo Embera Eyábida. Caracol Radio. Medellín – 03/03/2021
“La Organización indígena de Antioquia denunció que debido amenazas directas de la guerrilla del ELN se desplazaron 48 familias conformadas por 168 personas del pueblo Embera Eyábida de la comunidad Turriquitadó Alto del municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño.
Según la denuncia, estas personas se desplazaron hasta la comunidad Turriquitadó Llano donde permanecen refugiados desde el día martes 2 de marzo para salvaguardar sus vidas ante las amenazas del grupo al margen de la ley. Los desplazados no cuentan con alimentos ni agua potable advirtieron las directivas de la Organización.
La OIA aseguró que como modo de resistencia, los indígenas no abandonan el territorio y prefieren confinarse en alguno de los resguardos en la zona rural.
Es de recordar que en esa misma zona rural se ha denunciado la instalación de minas antipersona y así mismo varias personas han quedado heridas por caer en estos campos.
La denuncia también recalca que otros resguardos de la zona están en riesgo de desplazamiento las comunidades indígenas Gorrojo (105 personas), Bachidubi (193 personas) y Coredó (172 personas), así mismo otras 11 comunidades”.
Las informaciones citadas de El Espectador y Caracol Radio dan razón de 168 personas desplazadas, pero las víctimas directas e indirectas son varios cientos.
Presentación del Comunicado de la Misión Humanitaria desde la sede de la Conferencia Episcopal, en Bogotá
En comunicado leído por Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó, en Bogotá, el 17 de marzo, en la sede de la Conferencia Episcopal, se manifiestan los hallazgos y preocupaciones que surgieron de la misión humanitaria y pastoral que viajó al municipio de Murindó (Antioquia), del 7 al 11 de marzo del presente año.
Así presentó el Comunicado, la Oficina de Prensa del episcopado: “Dentro de las preocupaciones, señalan que “Tanto el ELN como las AGC, en su disputa territorial, han cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario y han afectado los derechos humanos de sus habitantes” y que como consecuencia de ello, las comunidades indígenas han sido víctimas de confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de sus jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de su autonomía”.
“En el comunicado firmado por la Diócesis de Quibdó, Diócesis de Apartadó, Cocomacia, el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, se realizan exigencias para la fuerza pública, los organismos del Estado, al gobierno nacional y a los grupos armados, donde les piden responder a la urgente situación humanitaria, el desminado territorial, el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y la intervención adecuada y oportuna en esta coyuntura y en las situaciones estructurales que se viven en la región, además de “abrir nuevamente el espacio a la solución dialogada al conflicto armado, pues la guerra desatada que se libra en estos momentos en territorios de Antioquia, la Costa Pacífica y otras regiones del país, hundirán a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en una espiral de violencia sin fin que destruirá la vida de muchas personas”, afirman.
Texto del Comunicado de la Misión Humanitaria
Diócesis de Quibdó
COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ (ANTIOQUIA)
Delegaciones de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico, realizamos una misión humanitaria y pastoral en el municipio de Murindó (Antioquia), del 7 al 11 de marzo del presente año. La misión se dio en el contexto de las informaciones sobre algunas afectaciones recientes y graves a las comunidades indígenas de este municipio. Las comunidades visitadas fueron las de Isla y Turriquitadó Llano.
Durante el diálogo con las comunidades se constató la intensificación de la disputa territorial entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), lo cual ha agudizado la crisis humanitaria para las 2.200 personas que hacen parte del Cabildo indígena de este municipio.
Los hallazgos fueron los siguientes:
- Tanto el ELN como las AGC, en su disputa territorial, han cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario y han afectado los derechos humanos de sus habitantes. Los grupos armados luchan por obtener el control de las rutas del narcotráfico, la implantación y recolección de cultivos de uso ilícito y el posicionamiento geoestratégico frente a los megaproyectos priorizados en esta zona.
- Como consecuencia de la presencia y accionar de los grupos armados, las comunidades indígenas han sido víctimas de confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de sus jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de su autonomía. El ELN ha instalado minas antipersonales dentro de los cultivos y en los caminos de las comunidades.
- Los habitantes de Turriquitadó Alto debieron desplazarse a Turriquitadó Llano, debido a que las AGC obligaron a algunos hombres de la comunidad a transportar a uno de sus combatientes, herido por una mina antipersonal, hasta Turriquitadó Llano. Al enterarse el ELN de lo sucedido, obligó a las mujeres y los niños de la comunidad a desplazarse y, delante de ellos, instalaron minas antipersonales dentro de sus viviendas y frente a la escuela. Las familias desplazadas son 25 (140 personas), pero hubo cuatro familias (20 personas) que no pudieron desplazarse y están absolutamente confinadas e incomunicadas. La comunidad de Turriquitadó Llano ha acogido a las familias desplazadas con generosidad y fraternidad, pero su situación humanitaria se ha agravado ante las limitaciones que ya tenían por el confinamiento obligatorio. Las AGC han amenazado a algunos integrantes de la comunidad de Turriquitadó Alto porque los consideran colaboradores del ELN.
- En la comunidad de Isla, en la cual un niño de doce años fue víctima de una mina antipersonal el 28 de febrero, se vive en situación de confinamiento por las minas antipersonales. En esta comunidad el ELN ha llevado a cabo algunos asesinatos selectivos y ha amenazado a otros integrantes de la comunidad en los últimos dos años.
- Sobre la mayoría de las comunidades pesan amenazas de desplazamiento por parte del ELN.
- Después de cinco semanas de confinamiento, apenas empiezan a llegar las primeras ayudas humanitarias. Las comunidades se sienten solas e indefensas para afrontar estas grandes dificultades.
- Preocupa grandemente que las AGC se muevan con mucha libertad en el territorio y actúen en connivencia con miembros de la Fuerza Pública. Esta situación ha sido una constante en los últimos años y se ha hecho de manera muy visible en toda la cuenca del río Atrato, de tal modo que la población civil, que requiere la protección de la Fuerza Pública, se siente insegura y desconfiada por el temor que le genera la alianza entre agentes del Estado y los actores ilegales.
Exigencias:
– Para las comunidades indígenas afectadas por la violencia y el abandono histórico del Estado colombiano son urgentes las siguientes respuestas: la intervención estatal garantizando derechos sociales, la ayuda humanitaria urgente, el desminado territorial y la protección colectiva que les permita gozar de tranquilidad en sus entornos culturales.
– A la Fuerza Pública se le exige un distanciamiento total de actores ilegales para que se garantice su labor de protección.
– A todos los organismos del Estado, incluyendo el gobierno nacional, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Murindó y los órganos de control y judicialización se les exige el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y la intervención adecuada y oportuna en esta coyuntura y en las situaciones estructurales que se viven en la región.
– Insistimos nuevamente ante el gobierno nacional, para que abra nuevamente el espacio a la solución dialogada al conflicto armado, pues la guerra desatada que se libra en estos momentos en territorios de Antioquia, la Costa Pacífica y otras regiones del país, hundirán a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en una espiral de violencia sin fin que destruirá la vida de muchas personas. Es urgente firmar e implementar un Acuerdo Humanitario que incluya el cese al fuego para que se favorezcan las garantías de protección a las comunidades.
– A los grupos armados les hacemos un llamado a la conciencia con el objetivo de que reconozcan que su accionar es absolutamente nocivo para la población civil. Mientras avanzamos en procesos sólidos de paz, deben observar el derecho internacional humanitario y no deben afectar el discreto goce de derechos humanos que tienen las comunidades. Es absolutamente indispensable que el ELN, desde su dirección central, proceda a ordenar el desminado de viviendas, escuelas, caminos y cultivos, y se comprometa a no volver a instalar minas.
Animamos a las comunidades indígenas a resistir dentro de sus territorios y a perseverar en la exigencia de los derechos que les otorga la constitución nacional.
Iglesia y organizaciones sociales y étnicoterritoriales continuaremos acompañando a las comunidades afectadas por la violencia y el abandono estatal.
Bogotá, marzo 17 de 2021. Firman en el original,
DIÓCESIS DE QUIBDÓ, DIÓCESIS DE APARTADÓ, COCOMACIA,
CABILDO MAYOR DE MURINDÓ Y COORDINACIÓN REGIONAL DEL PACIFICO COLOMBIANO
————————————
Héctor Alfonso Torres Rojas
Foto tomada de: Ministerio del interior.
Deja un comentario