El nombramiento de Nancy Patricia Gutiérrez como comisionada de los derechos humanos se da después de que hiciera controversiales declaraciones en torno al cumplimiento de los acuerdos de paz, declaraciones que por supuesto comprometían al gobierno de Iván Duque con el proceso de implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC hace 3 años, tiempo en el cual el partido de gobierno del presidente ha manifestado abierta y reiteradamente su compromiso y concurso para “hacer trizas lo acordado”.
Las preocupaciones que surgen en torno al nombramiento de la ex ministra Nancy Patricia Gutiérrez como consejera para los derechos humanos surgen de una trayectoria política envuelta en escándalos, justamente que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos.
En su ejercicio político Nancy Patricia, ha estado involucrada en situaciones que no generan la confianza suficiente para pensar que el clima de violaciones permanentes y sistemáticas a los derechos humanos pueda cambiar en el país con su llegada a la consejería. Y es que en el pasado, en su paso por el Congreso de la República estuvo vinculada en el año 2008 a investigaciones por vínculos con el paramilitarismo en Cundinamarca en la época de los escándalos de la parapolítica, y aunque resultó absuelta, se genera un manto de preocupación, posteriormente estuvo también investigada en el año 2010 por la “chuzadas del DAS” frente a las cuales se dijo que se benefició de información privilegiada, investigación en la que también fue exonerada de responsabilidad por la corte constitucional por falta de pruebas.
En los 17 meses que permaneció en el cargo como ministra del Interior durante el gobierno de Iván Duque, la cifra de violaciones a los derechos humanos han venido en aumento y justamente se reactivó de manera exponencial el asesinato de líderes y lideresas sociales, sin que hasta la fecha desde el Ministerio del Interior se hayan presentado posiciones que puedan permitir entender que la ministra haya tenido un fuerte compromiso para evitar que esta situación se siguiera presentando.
No da suficiente confianza que quién desempeñándose como ministra del Interior, quizá el cargo más importante, después del presidente no haya hecho las acciones suficientes para llenar de confianza al movimiento social y popular frente a la terrible masacre que se presenta en torno al caso de los líderes y lideresas asesinados a lo largo y ancho del país, ni mucho menos la confianza que la ministra de la política no haya sido lo suficientemente garante en las mesas de diálogos que se establecieron en distintas jornadas de protesta y a las que se llegaron a acuerdos y éstos no se cumplieron. Pero quizá el hecho más destacado es la desfachatez con la que la saliente ministra del Interior se refirió al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla como un “acuerdo fallido”, cuando claramente ella es justamente la ministra encargada de garantizar el pleno ejercicio de su implementación, Y esto no ha sido así precisamente porque ella pertenece al partido político que le ha declarado la guerra a la implementación del mismo.
No obstante estos hechos de suma preocupación, es necesario poner en perspectiva los hechos concretos y en este sentido plantear algunas consideraciones sobre las cual debe orientar el trabajo la nueva Comisionada para los derechos humanos.
En primer lugar es importante señalar que si de recuperar la confianza se trata hay que diseñar planes concretos y efectivos que brinden las suficientes garantías para que del movimiento social y popular sienta qué va a césar el genocidio contra el movimiento social y se va a diseñar un plan que permita poner alto a los asesinatos y a las amenazas.
Un gran desafío está en la declaratoria de crisis humanitaria en aquellas zonas y territorios donde se ha desatado la más feroz violencia contra el movimiento social y popular e implementar en ellas acciones que vayan más allá del aumento del pie de fuerza y permitan las acciones que de manera concertada se realicen con las comunidades, para superar la ausencia del Estado en las mismas, al mismo tiempo que se diseñen planes de desarrollo social y económico, poniendo por encima los intereses de la comunidad y no privilegiado como hasta el momento se ha hecho, los intereses de las compañías minero – energéticas o grupos económicos interesados en la explotación de la riqueza de dichos territorios.
Igualmente es importante que desde la Consejería presidencial para los derechos humanos se indiquen los planes que se van a diseñar para garantizar que la sociedad colombiana puede acceder a un goce efectivo de derechos mediante una acción pedagógica y un compromiso de las instituciones y los servidores públicos para respetarlos.
Asimismo, se requiere el acompañamiento de la Consejería de los derechos humanos para proporcionar las garantías a la protesta social, pasando de la formalidad a hechos concretos que vayan en el camino de facilitar las condiciones para las manifestaciones políticas y no poner como hasta el momento viene sucediendo, como único mecanismo de persuasión, el ejercicio del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD que como se conoce ha desbordado su actuar y asumido comportamientos muchas veces criminales, que terminan con la vida de los manifestantes.
Sí de ganar la confianza se trata la doctora Nancy Patricia Gutiérrez debe convocar escenarios de participación que incluya a las organizaciones y plataformas de derechos humanos y paz para el diseño de un plan efectivo de prevención y protección a la acción de Los defensores y las defensoras de derechos humanos, que entre otros aspectos superé la propuesta del actual gobierno del Plan de Acción Oportuna (PAO), que se diseñó desde el ejercicio de Nancy Patricia Gutiérrez como ministra del Interior y el cual ha contado con el más enérgico rechazo de las organizaciones de derechos humanos por no interpretar la realidad y las necesidades de protección ante las graves amenazas que se presentan a lo largo y ancho del país, el nuevo mecanismo de protección debe ir mas allá de la oferta de “auto protección” que hoy se plantea.
No menos importante en la labor de la Alta Consejería para los derechos humanos es el avance significativo de la mesa para el desmonte de las estructuras paramilitares, que hasta la fecha y después de varios años de haber sido constituida, no logra tener un plan concreto para avanzar en dicho desmonte.
Una contribución importante en el camino para superar las desconfianzas tiene que ver con que desde la Consejería de derechos humanos se acompañan las acciones que permitan el esclarecimiento de las amenazas y los crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos y se superen las altas tasas de impunidad que actualmente se tienen.
De esta manera el desafío no es pequeño, se trata de convertir la Consejería para los derechos humanos en un instrumento de vínculo con el movimiento social y popular, que proporcione los mecanismos idóneos y participativos, de tal manera que se pueda constituir un plan que saque al país de la grave situación que se vive en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La implementación de estas acciones por parte de la Consejería para los derechos humanos seguramente será un claro mensaje del gobierno de Iván Duque en materia de brindar la confianza suficiente para construir el clima necesario para el avance de la implementación del acuerdo de paz.
Finalmente la tarea de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, así como, todas aquellas interesadas en la implementación del acuerdo de paz está en exigir de manera sistemática, al gobierno de Iván Duque y a la Alta Consejería para los derechos humanos la implementación de las garantías suficientes para la protesta social, el derecho a la vida y a la paz duradera y estable.
Alfonso Castillo, Defensor de Derechos Humanos.
Foto tomada de: La FM
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