Una variable útil para analizar la coyuntura colombiana –que también resulta ser el coco de los economistas ortodoxos– es la inflación. Esta variable sirve como un termómetro que contribuye a medir la potencia bajo la cual está funcionando nuestra economía. En diciembre del 2020 su valor fue 1,61%; 1,39 puntos porcentuales (pp) por debajo de la meta establecida por el Banco de la República y 0,79 pp por debajo de la proyección del MFMP.
A partir de dicha cifra es posible aproximar varios análisis. Primero, la demanda agregada (la suma de todas las demandas: gobierno, empresas, hogares y Colombia frente al mundo) continúa ampliamente debilitada, en concordancia con la actual cifra de desempleo nacional, cuya tasa cerró en el 2020 en 15,9%[1]. Segundo, hay excesos de potencial de producción, es decir, estamos trabajando muy por debajo de nuestra capacidad; lo que los economistas llaman “altos niveles de capacidad ociosa” explicado a su vez por el decaído consumo. Tercero, las medidas de política monetaria y fiscal han resultado insuficientes para hacer frente a esta crisis, en gran medida por un sesgo ideológico que las ha limitado. Y cuarto, la economía colombiana aún cuenta con un amplio margen de maniobra para la implementación de políticas más agresivas, proporcionales a esta crisis sin precedentes.
En lo que respecta a la autoridad monetaria, la reacción del Banco de la República desde la declaratoria de la emergencia, ha estado marcada según el nuevo Gerente Leonardo Villar por “políticas monetarias fuertemente contracíclicas”[2], y ha estado dirigida a otorgar liquidez de manera permanente y transitoria al sistema financiero por el orden de los $40 billones. Esta inyección de liquidez se ha realizado mediante operaciones repo y de compra definitiva de títulos de deuda pública y privada. De forma paralela, el emisor redujo el requisito de encaje de los establecimientos de crédito y también ha disminuido las tasas de interés de política en 250 puntos básicos (pb) ubicándola en 1,75% desde finales de diciembre y como tal se ha mantenido. Con estas medidas se esperaría que merme la carga financiera de los deudores y se reduzca el costo de los créditos, no obstante, estas medidas han hecho abstracción de las variables de la economía real por estar enfocadas en garantizar una baja inflación más que en una reactivación efectiva, restringiendo los apoyos a los agentes de la economía distintos a los bancos; lo anterior, obedeciendo a la pasividad propia del sesgo económico ortodoxo bajo el cual se rige actualmente nuestro sistema económico.
Las medidas expansivas del Banco de la República no se han transmitido de manera efectiva a los consumidores ni microempresarios. Respondiendo a un derecho de petición, el Banco admite que la transmisión de las decisiones de política monetaria a las tasas de interés de los préstamos ha sido afectada –restringida– por los choques que actualmente enfrenta la economía. En un debate realizado en la Comisión Cuarta del Senado pude demostrar que en plena crisis los bancos comerciales están cobrando tasas de interés muy superiores a las que existían antes de la emergencia, por lo tanto, el efecto que se esperaba de la expansión cuantitativa no tuvo grandes repercusiones. Y en estos momentos junto con la ciudadanía, nos encontramos trabajando en una acción colectiva para denunciar los abusos que han cometido los bancos con la población, los cuales en un inicio se disfrazaron como “alivios” para sobrellevar la pandemia. Los deudores ahora cuentan con un saldo de deuda más alto al que tenían antes de las supuestas ayudas. Hemos encontrado casos en los que los bancos están debitando más que antes por los créditos y pagos por parte del deudor, que se van por completo al abono de intereses y no reducen el capital.
Entonces, remitiéndonos a la efectividad de las políticas implementadas hasta el momento, se evidencia que la población está más endeudada, la tasa de desempleo se mantiene demasiado alta y la inflación demasiado baja, o lo que es lo mismo: el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico.
En una columna publicada por el profesor Álvaro Moreno en el portal Razón Pública[3], se demuestra con una gráfica que en el llamado “Índice de miseria macroeconómica” (tasa de desempleo + tasa de inflación) Colombia registró el segundo peor resultado en una muestra de 24 países. Como ya se ha dicho, la inflación puede compararse con un termómetro, y cuando los registros son cercanos a cero hace falta un estartazo en la demanda para volver a encender la máquina de la productividad que amenaza con apagarse.
No obstante, como parte del insuficiente accionar del Estado en esta crisis, Alberto Carrasquilla, actual Ministro de Hacienda, continúa promoviendo la “austeridad” disfrazada de “responsabilidad fiscal” que resulta siendo en términos prácticos una completa incompetencia. Los actuales niveles de pobreza, desempleo y destrucción del tejido empresarial dejan en evidencia un insuficiente y poco eficaz gasto público durante la pandemia. Adicional a lo anterior, el ministro insiste en recurrir a financiación externa para cubrir parte de los gastos en los que se ha incurrido; suscribió al país al programa Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 17.200 millones que obliga al país a ajustarse a políticas de austeridad como:
- Entre 2021 y 2023 el país deberá alcanzar una reducción del gasto público en $53,4 billones.
- Entre 2021 y 2023 el país debe lograr un aumento en sus ingresos por cobros de IVA y recorte del gasto público por 7,4 pp del PIB[4].
De acuerdo con el economista colombiano Daniel Munevar, investigador en Eurodad (Red Europea sobre Deuda y Desarrollo), una red de 28 países europeos que realiza campañas sobre cuestiones financieras y de desarrollo, las metas fiscales sitúan a Colombia con el quinto programa de ajuste fiscal más considerable entre los 81 países que han recibido créditos del FMI en el 2020. El monto planeado de recortes para los próximos tres años equivale a 1,2 veces el presupuesto de educación o 1,7 veces el presupuesto de salud de Colombia en el 2020.[5]
Esto es inaudito y tremendamente grave, Carrasquilla y Duque reducirán aún más la capacidad del Estado para hacer frente a las demandas de la población en materia de derechos sociales y económicos y, en consecuencia, agudizarán los estragos de esta crisis.
Resulta entonces contraproducente buscar financiamiento externo. Se requiere de medidas extraordinarias por parte del Banco de la República, como financiar a manera de préstamo y de manera excepcional, un aumento del presupuesto público en el monto necesario para incrementar la inversión social, crear puestos de trabajo y darle el impulso a la demanda agregada que se está necesitando. Como lo he sustentado desde el año pasado, y lo reitero en el presente artículo, un préstamo de nuestra banca central resultaría menos costoso, menos volátil y no vulneraría nuestra soberanía monetaria, como sí lo hace la deuda en moneda externa. De igual forma, como se señala a lo largo del texto, con el actual potencial rezagado bajo el cual está operando la economía y tomando como base la endogeneidad del dinero que –según lo indica el profesor Moreno, implica que “la inflación no puede ser un fenómeno monetario”–, hablar de desequilibrios inflacionarios o hiperinflación resulta ser una cuestión distante.
Recientemente una investigación diseñada por miembros del Banco de Desarrollo Asiático demostró que no es cierto que esta herramienta tenga el carácter “pavoroso” que se le adjudica y que nunca haya sido utilizada por país alguno, a excepción de Inglaterra. Como se puede apreciar en la tabla tomada del estudio en mención, algunos países en vía de desarrollo como Colombia han tenido el apoyo de sus bancos centrales durante la crisis:
Fuente: Jesús Felipe, Scout Fullwiler et al.(2020). How “monetization” really works-examples from nations’policy responses to covid-19, Working Paper, No. 627, ADB Economics, Asian Development Bank.
El Estado tiene la llave para accionar esta herramienta pues, como señalan la vida cotidiana y el sentido común, hacen falta ingresos para que los agentes compren y las empresas tengan incentivos para producir, emplear e invertir. Si la liquidez otorgada por el banco central a través de mecanismos ortodoxos no se transmite a la economía real como lo comprueban las abundantes denuncias ciudadanas que he recibido, el Estado entonces, está en la obligación de hacer uso de los instrumentos de los que dispone para actuar de manera articulada, generando una armonización efectiva de las políticas monetaria y fiscal para conjurar la crisis.
Limitarse a calificar una emisión por parte del Banco de la República para financiar un aumento del gasto público como una simple herejía económica, sin tener en cuenta la naturaleza del dinero y las múltiples particularidades de la actual coyuntura colombiana, banaliza de entrada la discusión e impide un debate necesario en el país. Hacia dónde se dirigiría el gasto es una cuestión también importante que ha hecho parte de mis intervenciones y propuestas en el Congreso y que espero abordar en una próxima entrada.
La crisis social que está viviendo el país no soporta más de las medidas anacrónicas y austeras de este Gobierno. Las masivas denuncias que he recibido mediante la campaña #NoFueUnAlivioFueUnAtraco demuestran la ineficiencia de la política monetaria expansiva del Banco Central y la necesidad de un estímulo fiscal que llegue directamente a las empresas y los hogares.
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[1] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
[2] https://www.eltiempo.com/economia/sectores/banco-de-la-republica-entrevista-con-el-nuevo-gerente-del-banco-leonardo-villar-559702
[3] https://razonpublica.com/emision-monetaria-tiempos-pandemia-debate-necesario/
[4] https://www.eurodad.org/arrested_development
[5]https://www.cadtm.org/El-FMI-ha-llegado-para-quedarse-en-Colombia-austeridad-post-Covid-19#.X8QRhS_
Wilson Arias Castillo, Senador de la República
Foto tomada de: https://www.eltiempo.com/
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