No hay paz total sin paz urbana

La paz urbana no ha hecho parte de las agendas de paz nacional por parte de ningún gobierno en el país. Es la visión tradicional del conflicto armado colombiano como un asunto rural, entre campesinos uniformados con distintas siglas, con discursos encontrados sobre la realidad y los bolsillos de los jefes nutridos con cuantiosos recursos provenientes de la droga, la minería, el secuestro y la extorsión. Por ello, los habitantes de los centros urbanos han visto el conflicto como algo externo, ajeno a sus entornos, cuya solución está en manos de la idealizada fuerza pública, y si el gobierno, cualquiera, quiere negociar la paz con los grupos armados, lo puede hacer, pero sin ninguna impunidad, con las cárceles abiertas sin orden de salida para los desmovilizados, la paz imposible. Con tal de que los citadinos puedan transitar por las carreteras y visitar las fincas, de malas los pobladores del campo donde operan esos grupos que algún día caerán. Es la lógica de quien solo percibe el conflicto armado desde la TV.

La violencia en las ciudades se ha visto como un asunto de eficacia de las autoridades. Contra la criminalidad no cabe sino la mano dura. En el mapa de la lucha contra la delincuencia organizada urbana tienen cabida las cifras diarias del comportamiento de los principales hechos delictivos, en particular los homicidios, que alimentan la favorabilidad positiva o negativa de los gobiernos, y los registros de personas detenidas sindicadas de pertenecer a tales estructuras, en especial si son los considerados como “objetivos de alto valor” por su lugar destacado en las jerarquías. La política criminal oficial se ha soportado entonces en tratar de debilitar tales estructuras con su descabezamiento, sin importar que a “rey muerto, rey puesto”, como en una guerra de desgaste, al tiempo que se busca cortar el oxígeno económico proveniente de las rentas del narcotráfico, la extorsión, el pagadiario y otras fuentes. Esta última faceta de la lucha contra la criminalidad ha sido un fracaso pues el peso de la economía “subterránea” en el contexto general del aparato productivo los expertos la calculan en un 35% y el peso específico del narcotráfico es del 4.5% del PIB (El Tiempo febrero 23 de 2023). En ciudades como Medellín y sus alrededores, hay otras rentas ilegales que cada vez se vuelven tan jugosas como el comercio de drogas: la extorsión y los agobiantes prestamos usureros para financiar la informalidad diaria de la ciudad.

Con otras palabras, la lucha contra las estructuras organizadas se reduce a sonsacar sus miembros individualmente y perseguir hasta donde la limitada capacidad de la inteligencia publica lo permita, los delitos contra la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, con precarios resultados.

Hoy Gustavo Petro nos convoca a pensar la paz de otra manera. No la paz como el resultado de sumar inciertas paces parciales, desarticuladas, sino como un ejercicio que ligue las diferentes violencias, con sus causas y sus actores, de manera total e integral, en un proceso único, sin detrimento de reconocer las particularidades de cada eslabón de la cadena violenta, pero con un propósito común: reivindicar el papel de la vida como el bien supremo de Colombia y la solución pacífica de los inevitables conflictos de distinto tipo, sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales. Como sugirieron el acuerdo del gobierno Santos con las Farc y la Comisión de la Verdad hace exactamente un año: “Priorización del diálogo para poner fin a la confrontación armada”.

El Estado colombiano ha sido incapaz de acabar por la vía armada con las organizaciones beligerantes que nacieron para retarlo, así sus banderas se hayan degradado por la corrupción del narcotráfico, con la pretendida justificación perversa de financiar la guerra. De allí la pertinencia de la negociación con el ELN o las disidencias del estado mayor central. La misma incapacidad estatal ha sido evidente para desarticular las sólidas estructuras armadas ilegales urbanas, como las de Medellín y el Valle de Aburra, consolidadas militar y económicamente, convertidas en opción de ingresos para miles de personas, con arraigo y control social y político, con una fuerte capacidad para hacer daño, como lo han hecho, o para enmendar perjuicios como lo quieren hacer, según han dicho públicamente, con ocasión de la instalación del espacio de dialogo socio jurídico entre los delegados del gobierno nacional y sus voceros.

No puede haber paz total en Colombia, si no hay paz urbana. Si no se involucran todos los actores, todos los territorios, las poblaciones con sus víctimas y se abordan las estructurales causas. El llamado del gobierno nacional ha sido tan pertinente, que, a pesar de las limitaciones de orden legal u operativas, los principales protagonistas han dicho: cuenten con nosotros. Las estructuras armadas ilegales de Medellín y la subregión metropolitana no han sido la excepción. No importa que no se tenga un marco jurídico para orientar el proceso a diferencia de las organizaciones consideradas de carácter político, sus voceros asumieron el reto de sentarse a explorar y dialogar con los delegados del gobierno. El espacio de dialogo se instaló el 2 de junio de 2023, pero los beneficios del proceso se vieron desde el 27 de abril cuando se hizo público el siguiente comunicado, escueto pero diciente:

Las estructuras Armadas Ilegales de Medellín y El Valle de Aburrá, Informan a la ciudadanía.

1. Reiteramos nuestro apoyo al propósito del GOBIERNO NACIONAL del señor Presidente GUSTAVO PETRO URREGO, de construir la PAZ TOTAL, un anhelo que requiere del concurso de todos los COLOMBIANOS; sin distinción alguna, pues de por medio esta la suerte de las generaciones actuales y venideras. La violencia no puede seguir siendo una opción para resolver conflictos o para generar las oportunidades de desarrollo que el Estado está en la obligación de propiciar, para el bien común de todo el país.
2. Como un aporte de nuestra parte los voceros de las Estructuras Armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburra, en condición de reclusión en la Cárcel

-La PAZ de ITAGUI, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la Ciudadanía y las Autoridades, tales efectos se han empezado a evidenciar en la reducción de algunos Indicadores significativos en la inseguridad del territorio

3. Este cese de hostilidades es un aporte significativo a la humanización del conflicto armado urbano, que habrá de impactar el comportamiento de fenómenos como los homicidios y el desplazamiento forzado intraurbano.
4. Manifestamos nuestra disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el Fentanilo y la Heroína. “Nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”
5. Llamamos a las autoridades y en general a toda la institucionalidad para que con nuestro concurso prevengamos el involucramiento de los menores, niños, niñas y adolescentes de Medellín y el Valle de Aburra en estructuras ilegales y actividades delincuenciales.
6. Estamos comprometidos con la PAZ URBANA, nos unimos al esfuerzo del Gobierno Nacional y hacemos un llamado al Estado, Iglesia y entes Internacionales a trabajar todos juntos en este empeño.

La reducción de homicidios en la ciudad, la más alta en 40 años, da cuenta de los efectos positivos del compromiso de las estructuras armadas con la paz total y la paz urbana. Luego, en el evento de instalación del espacio, volvieron a reiterar su absoluta disposición con un compromiso adicional: convocar al Estado colombiano para que asuma sus competencias, propias del Estado social de derecho, respecto a que ellos no quieren seguir siendo los referentes para generar oportunidades de ingresos para los jóvenes de los territorios o agentes para resolver problemas entre las comunidades, no sin la repudiable violencia. Además, reconocen su interés en resarcir a las poblaciones de la ciudad que han sido afectadas por su accionar, mediante procedimientos propios de la justicia restaurativa de la mano de la institucionalidad. Se observa voluntad de conversar y tejer acciones para desarticular las estructuras y el interés de transmitirle al conjunto de la sociedad el cansancio de la violencia, la importancia de estar cerca de los hijos y las familias, la conveniencia de propiciar modelos de incorporación integral de los jóvenes que hacen parte de sus organizaciones o en condición de riesgo de vincularse a ellas y facilitar que los territorios, los lugares de donde ellos mismos salieron para ejercer la delincuencia, puedan percibir las bondades de la implementación real del Estado Social de Derecho, con generación de oportunidades y mejoramiento de las condiciones de existencia.

La paz urbana, como la paz total, es muy retadora. De por medio está afrontar, con decisión y creatividad, realidades como qué hacer con las rentas ilegales, también legales, que nutren a los actores participantes del proceso, la formulación de modelos eficientes de inserción o reinserción social de sus miembros, la atención con dignidad de las víctimas, las poblaciones y los territorios.

La paz urbana de Medellín y el Valle de Aburra, es un valioso piloto nacional cuyas implicaciones podrán percibirse en otras zonas urbanas. Las condiciones y las voluntades están dadas. La sociedad no puede darse el lujo de desperdiciar la oportunidad.

Jorge Mejía Martínez

Foto tomada de: El Colombiano