Dichos nombramientos quedarán registrados como hito histórico, pues desde 1854, cuando el prócer de la independencia, General José Dionisio María Melo Ortiz, de origen indígena pijao, respaldado por las sociedades Democráticas, los artesanos y el pueblo, asumió la presidencia de la República, nuestros pueblos originarios, no solo fueron despojados violentamente de sus territorios ancestrales, sino sometidos a la persecución, al exterminio, al desconocimiento de sus culturas, la violación de sus derechos individuales y colectivos y, en general, a la marginalidad, la pobreza, el desempleo, la exclusión social y política y, hasta hace muy poco, con remotas posibilidades de ejercer sus derechos ciudadanos de elegir y ser elegidos/as.
Su persistente y centenaria lucha por la defensa del territorio, su cultura y su derecho a vivir en paz y en dignidad, por obligar a gobiernos conservadores, liberales y neoliberales a cumplir con centenares de acuerdos pactados, pero deliberada y sistemáticamente incumplidos, les ha costado el sacrificio de decenas de miles de vidas a manos de las fuerzas armadas estatales y de bandas criminales al servicio de terratenientes e industriales azucareros; acciones y crímenes que hacen parte de la acumulada deuda histórica de la sociedad y el Estado con nuestros hermanos pueblos ancestrales. La designación de voceros y voceras de estas etnias en altos cargos de la administración pública nacional, es de buen recibo por la ciudadanía que ha votado por los cambios democráticos y la transformación de las costumbres políticas; al tiempo que, deben ser entendidos como el comienzo de la reparación de la deuda, de su derecho a organizarse políticamente y disfrutar, en condiciones de igualdad social y material, los beneficios del Estado.
Además, son indiscutibles sus respectivas calidades académicas, profesionales y sus saberes tradicionales, garantías para el cumplimiento transparente y democrático de sus funciones que, para decirlo en palabras de Giovani Yule, “se hará con estricto apego a la ley”. Así, las víctimas serán reconocidas y reparadas con fundamento a las normas nacionales e internacionales y al cumplimiento del acuerdo de paz, las tierras despojadas serán restituidas a sus verdaderos dueños; así mismo, la embajadora ante la ONU, lo será en representación de todo el pueblo colombiano. Solo los despojadores o “compradores de buena fe” de tierras usurpadas a sangre y fuego deberán estar preocupados y asustados con la prometida restitución. Igual de intranquilos deberán estar los victimarios agazapados en la impunidad de la que hasta ahora han disfrutado. A no ser que tengan algo que esconder, más allá de la ridícula descalificación hecha por la senadora Cabal, por ser indígenas y no saber inglés, no hay razones para tanta preocupación. Bienvenidas las meritorias designaciones de nuestras hermanas, hermano y compatriotas indígenas a las altas dignidades del gobierno de Gustavo Petro.
El pánico cundió en las filas del partido Centro Democrático y su jefe máximo, Álvaro Uribe Vélez, quien al enterarse de la designación del presidente Gustavo Petro Urrego, del destacado Jurista y exmagistrado auxiliar investigador de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, como el próximo ministro de Defensa, publicó un video corto que tituló “Petro y la politización de la Justicia” en el que, con deliberada intención descalificadora, con cierto dejo de espanto, odio y sed de venganza, exclama que Iván Velásquez había sido “investigador contra la parapolítica. La Farc política impune. Ahora adherente a Gustavo Petro, por favor, ¿Qué confianza puede haber?”. La senadora Paloma Valencia publicó un trino en el que lo desprecia porque, según ella, “Iván Velásquez no sabe nada de seguridad ni defensa” y pregunta si “llega a montar persecución al interior de las fuerzas”, o si las va “a paralizar para poder avanzar en los diálogos con la criminalidad”, al tiempo que lo señala como “acérrimo enemigo y un eventual riesgo para la oposición”. Otro parlamentario de su bancada, lo invalida por no tener méritos para ejercer el cargo, no haber nacido en el hospital militar y no ser hijo de coronel del ejército, como el ministro saliente.
La preocupación de Uribe y sus altavoces es entendible, ninguna confianza puede tener en una persona que como magistrado investigador dirigió la comisión que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, develó los vínculos de decenas de parlamentarios, el 35% del congreso según Mancuso y Vicente Castaño, de sus mayorías en ambas cámaras, con la banda paramilitar las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y demostró que su origen, expansión y fortalecimiento tuvo como base las llamadas CONVIVIR creadas durante su ejercicio como gobernador de Antioquia y durante los dos periodos de su oscuro gobierno. Hizo fracasar el complot orquestado, por orden del alto gobierno, desde las oficinas del desaparecido DAS, mediante perfilamientos y chuzadas a la corte y a Iván Velásquez, calumnias y falsas acusaciones, mediante el sonado caso de delincuente alias “Tasmania”, con el que pretendían aniquilarlo y desprestigiar el proceso de la parapolítica, el mayor escándalo político y de corrupción de sus dos periodos presidenciales, que cursaba en los estrados de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha terminado, porque Uribe sigue libre y en impunidad, pero que llevó a la cárcel decenas de congresistas, incluido su primo y promotor, Mario Uribe Escobar, condenado por parapolítica y asociación con paramilitares para despojar de sus tierras a los campesinos de Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño.
Gracias al fracaso del complot, también salieron a la luz pública los vínculos con los paramilitares y narcotraficantes, de decenas de generales y altos oficiales de las fuerzas armadas y policiales, comprometidos con entrenamiento y dotación de estos grupos armados de extrema derecha, la realización de operativos conjuntos, masacres, asesinatos y los mal llamados falsos positivos. Los generales, Hernando Herrera, Wilson Chawes Mahecha, Farouk Yanine Díaz, Robinson Rodríguez del Río, Rito Alejo del Río, Rubén Darío Alzarte Mora, Mario Montoya, Jaime Humberto Uzcátegui, Fernando Millán Pérez, Rafael Hernández López, general Mauricio Santoyo (jefe de seguridad del presidente Uribe), son algunos casos ampliamente informados en los medios y en los informes desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Son explicables, pero inaceptables, las infundadas apreciaciones de la senadora Paloma, malintencionada manera de sembrar animadversión entre las fuerzas militares.
El éxito del exmagistrado, significó el fracaso de Uribe y sus cómplices parlamentarios, narcotraficantes y de los altos mandos de las fuerzas, al punto que, le pusieron precio a su cabeza y fue obligado a abandonar el país para preservar su vida y la de su familia. Uribe también acusa a Iván Velázquez de ser el responsable, enviado por la ONU, de poner al descubierto la corrupción de Oto Pérez Ortiz, expresidente de Guatemala, llevado a la cárcel junto con 400 cómplices de su corrupto gobierno. ¿Cómo va a tener confianza en un personaje de estas calidades éticas incorruptibles?
Dice el sabio adagio popular que el ladrón juzga por su condición; como el patrón lleva 25 años cobrando venganzas, pensará que el nuevo ministro llegará a cobrar las suyas. Pero, el talante democrático y magnánimo de Iván Velásquez queda patentado en este trino atribuido a su autoría: “Un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante”.
Pese a la campaña mediática de odios y desprestigio contra el Doctor Iván Velásquez, sin haber entrado aún en funciones, no logrará poner en duda sus más altas calidades académicas, éticas y profesionales, que son prenda de garantía e idoneidad para ejercer el cargo al frente del ministerio de Defensa. Además, goza de prestigio, confianza y respeto en las Naciones Unidas y en la comunidad académica nacional e internacional.
Se puede deducir que la línea de acción del nuevo ministro de Defensa está contenida en esta frase de campaña del presidente Gustavo Petro, que desató la ira y la intervención impune en política del cuestionado General Zapateiro: “Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del clan, la cúpula se corrompe cuando son los politiqueros y el narcotráfico los que terminan ascendiéndolos”. Combatir la corrupción administrativa que existe como epidemia en los altos mandos de las fuerzas militares, desmontar los nexos de la oficialidad con las bandas paramilitares y el narcotráfico y quitarle a los politiqueros el manejo clientelista de los ascensos en la carrera militar, para reinstalar la meritocracia como único requisito para ascender, será la más importante misión del flamante ministro de Defensa.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia.
Foto tomada de: Colombia.com
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