El Observatorio de Feminicidios de Colombia es un sistema de información conformado por la Red Feminista Antimilitarista que, a partir de la prensa local, regional y nacional, rastrea casos de feminicidio y violencias contra las mujeres en el territorio nacional. En este sistema se registra que, por regiones, Antioquia[2] viene reportando el mayor número de feminicidios, seguido en el presente año por Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca.
En lo corrido del año, el número de feminicidios en el país es de 671 de los cuales 92 fueron reportados en Antioquia lo que equivale al 14,31 % y 72 en Bogotá con un 10,73% evidenciándose que la cuarta parte de este terrible flagelo se produce en estos dos entes territoriales. Antioquia tiene el doloroso récord de ser el departamento que desde 2017 ha encabezado la lista de ser la región del país más violenta contra las mujeres, excepción hecha de 2022 en la que fue el Valle del Cauca en donde se cometió el mayor número de feminicidios; Bogotá incrementó sus cifras en el último año pues hasta entonces era precedida de otros departamentos.
La lucha contra las violencias de género y, en particular, el feminicidio, requiere una transformación estructural que aborde las raíces profundas del problema: el machismo, la desigualdad de género, y las deficiencias en el sistema judicial y social. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, resulta de vital importancia, profundizar en acciones que tiendan, de manera efectiva, a adelantar una reforma cultural y estructural enfocada en prevenir las violencias de género en Colombia en todos los niveles de la sociedad. Las organizaciones feministas han desarrollado un trabajo en ese sentido que resulta insuficiente si desde los ámbitos nacional y territorial no se implementan políticas públicas que se sumen de manera efectiva al trabajo de las ONGs.
No es coincidencia que sea en Antioquia, el departamento en el que la derecha, patriarcal y violenta, ha tenido la mayor influencia, en donde las mujeres sean las víctimas de ese machismo profundo y últimamente en Bogotá que, lamentablemente, ha venido deteriorando los avances democráticos obtenidos en los gobiernos de izquierda, porque la democracia y el progresismo imponen avances en el respeto al derecho de igualdad de todos los géneros, lo que está en contravía con la mirada machista y tantas veces misógina de la derecha tradicional.
El gobierno nacional comprometido desde su inició en modificar los patrones culturales sobre este aspecto creó el Ministerio de la Igualdad uno de cuyos objetivos es la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias a través de la prevención, atención, seguimiento y monitoreo de los casos y de la transformación cultural.
Resulta imperativo que estas tareas sean abordadas por todos los entes territoriales y logren incidir de manera plena en la transformación cultural tan necesaria para combatir la infamia de las diversas formas de violencia patriarcal.
Planteo algunas propuestas que podrían contribuir a prevenir las violencias de género y que deberían ser parte de las políticas públicas que se materialicen en las distintas regiones del país:
- Los roles de género tradicionales deben ser cuestionados pues es necesario promover una visión igualitaria de los roles en el hogar, la educación y el trabajo, eliminando la creencia de que las mujeres debemos asumir exclusivamente tareas de cuidado y los hombres deben ser proveedores, asumiendo de manera cierta que las oportunidades de educación y trabajo deben ofrecerse a todos por igual.
- La educación en igualdad debe hacerse desde temprana edad incluyendo programas educativos en escuelas y colegios que enseñen sobre igualdad de género, consentimiento y resolución no violenta de conflictos y enfatizando en que cualquier forma de violencia (física, emocional, económica o sexual) no puede seguir siendo normalizada. Se hace necesario capacitar a docentes y líderes para identificar y abordar situaciones de riesgo.
- Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en la normalización de la mirada desigual por género. Sería necesario impulsar un enfoque crítico para evitar la reproducción de mensajes sexistas, chistes misóginos, o mensajes que culpen a las víctimas. Sería deseable promover campañas masivas de sensibilización en los medios, desmitificando roles de género y normalizando el respeto a los derechos de las mujeres.
- Desde los diversos escenarios estatales y sociales hay que cuestionar el machismo con diferentes estrategias que incluyan la creación de espacios para que los hombres reflexionen sobre actitudes y comportamientos violentos o controladores, promoviendo masculinidades positivas y fomentando espacios seguros donde las mujeres puedan denunciar, organizarse y ser escuchadas. Adicionalmente debe implementarse programas de reeducación y sensibilización dirigidos a hombres para transformar patrones de machismo y violencia.
- Establecer sanciones efectivas para quienes ejerzan violencia, combinadas con programas de rehabilitación para romper el ciclo de agresión.
- Las redes de apoyo familiares, vecinales, comunitarias y laborales son espacios necesarios para que protejan a las víctimas y prevengan agresiones y por ello deben ser fortalecidas. Debe generarse una cultura de cero tolerancia a la violencia de género en todos los espacios.
- Los funcionarios públicos, policiales y personal del sistema judicial, desde la Fiscalía General hasta las Altas Cortes, deben ser sensibilizados y capacitados para que identifiquen, actúen y prevengan violencias de género con verdadero sentido humano y de igualdad. Sigue existiendo en el sistema judicial una actitud machista y de desprecio a las mujeres o personas de género diverso que son víctimas de violencias, lo que ha costado numerosas vidas. Debe asegurarse que los procesos judiciales sean rápidos y eficaces para que las víctimas reciban justicia y los agresores sean sancionados.
- El cambio de la narrativa cultural sobre poder y control es una exigencia para romper con el ciclo de dominación pues sólo de esa manera se puede transformar la percepción de que la violencia es una forma legítima de resolver conflictos o afirmar poder.
- Resulta necesario valorar y apoyar la independencia económica, emocional y social de las mujeres y reconocer que las violencias de género afectan de manera diferenciada a mujeres rurales, afrodescendientes, indígenas, personas LGBTIQ+ y otros grupos marginados. Para ello se debe fomentar una cultura que respete y valore las múltiples identidades y expresiones de género.
- Promover una cultura donde se denuncie la violencia y se garantice que los agresores enfrenten las consecuencias legales de manera efectiva. No ha sido suficiente la expedición de normas como la ley 1257 de 2008 sobre violencia contra las mujeres y la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely), que tipifica el feminicidio como delito autónomo en Colombia que, a pesar de constituir avances, terminan convirtiéndose en letra muerte ante la ostensible impunidad que rodea los casos de feminicidio y otras formas de violencia de género. Las víctimas de estas formas de violencia deben recibir apoyo psicológico, social y legal.
- Un aspecto importante es mejorar los sistemas de protección y atención a víctimas, ampliando y promoviendo la red de casas de acogida seguras y con recursos suficientes, donde las mujeres puedan recibir apoyo integral (legal, psicológico y económico), fortaleciendo líneas de atención accesibles y efectivas, que incluyan protocolos específicos para las comunidades rurales e indígenas.
- Promover procesos de empoderamiento de la mujer, garantizando la participación efectiva de las mujeres en espacios de toma de decisión política, social y comunitaria. No resulta suficiente con normas como la ley de cuotas o la decisión política de la paridad en cargos políticos o de gobierno, pues la participación debe ser efectiva en todos los espacios y en todos los niveles donde la incidencia de la mujer en las decisiones familiares y comunitarias sea recibida con el mismo respeto que la participación masculina.
- El Observatorio de Feminicidio que es un sistema no gubernamental debería ser la fuente primigenia de un sistema nacional de registro y seguimiento de casos de feminicidio y violencias de género, que permita la creación de políticas públicas más efectivas y el seguimiento de ellas para medir los impactos reales y actualizar permanentemente las estrategias implementadas.
Estas acciones requieren un compromiso conjunto entre el Estado, las organizaciones sociales y cada ciudadano. Reconocer el problema como estructural y trabajar desde múltiples frentes es esencial para construir un país donde las mujeres vivamos libres de cualquier forma de violencia.
El 25 de noviembre de cada año debería ser una fecha en la que no tengamos que seguir contando mujeres asesinadas por el hecho de serlo, sino que podamos celebrar que hemos erradicado de nuestro país la infamia de la violencia patriarcal.
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[1] https://www.uexternado.edu.co/investigacion-uec/el-feminicidio-en-colombia-la-tarea-pendiente-de-las-cifras-que-aun-no-hemos-calculado/
[2] https://observatoriofeminicidioscolombia.org/reportes
María Consuelo del Río Mantilla, Junta Directiva Corporación Sur
Foto tomada de: Señal Colombia
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