Es de recordar que en agosto de 2019 se produjo un bombardeo de las FFAA contra una zona donde estaba ubicado un campamento de un grupo armado disidente de las anteriores FARC EP y su acuerdo de paz, que produjo la muerte de al menos ocho niñas y niños y que según testimonios varios de los menores salieron heridos pidiendo auxilio pero habrían sido rematados por el Ejército[1]. El ataque fue de tal contundencia que abrió un área despejada en la tupida selva, de manera que dejo un profundo pozo, con destrucción total no solo de los efectivos de la guerrilla disidente sino de todo lo que estaba presente en una apreciable área circundante. Este hecho produjo un debate nacional y una acción de control político en el Congreso contra el entonces ministro de defensa Guillermo Botero, quien producto de los cuestionamientos de inmediato renunció a su cargo. Botero fue designado embajador de Colombia en Chile, de forma que sufre la presión de protestas de ciudadanía colombiana que reside en ese país y realiza protestas pidiendo su retiro del cargo por su responsabilidad como ministro en las muertes de niñas y niños en bombardeos militares.
En marzo de este año un bombardeo militar de las FFAA con iguales características de graves efectos destructivos en un área significativa, en aras de atacar a otro frente disidente de las anteriores FARC EP ubicado en Guaviare, produjo la muerte de al menos una niña. Al momento al ser cuestionado por sectores de opinión por este hecho, el ministro de defensa Diego Molano calificó a las personas menores de edad que podían morir en los bombardeos de ser “máquinas de guerra”, para justificar la realización de este tipo de ataque con saldo de muertes entre personas menores de edad reclutadas o presentes en lugares de presencia o concentración de este tipo de actores armados ilegales. Esta situación reabrió el debate público que ha tenido eco internacional con relación a esta forma de ataque y sus consecuencias[2].
Y al momento, de nuevo se registra de manera intensa el mismo debate, dado el bombardeo de las FFAA en Chocó, de igual magnitud devastadora, dirigido contra un área apreciable de selva que quedó totalmente destruida, en el lugar y el entorno donde estaban ubicados efectivos del Frente de Guerra Occidental del ELN, de forma que resultó gravemente herido el comandante guerrillero “Fabián” -quien murió en días posteriores-, y resultaron muertos una niña y tres niños con edades entre los 13 y los 17 años.
El pasado ocho de octubre el senador Iván Cepeda en entrevista concedida al Noticiero de televisión CM& argumentó que este tipo de bombardeo configuraba una grave violación contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo cual exigió que se realicen las investigaciones debidas y anunció que entregó información al Consejo de Seguridad de la ONU para que su relator sobre reclutamiento de menores de edad conozca de la ocurrencia de este tipo de casos en Colombia. Afirmó que en esta forma de ataque las FFMM no observan los principios de precaución y distinción del DIH. Además, puso de presente el agravante de que las autoridades gubernamentales, tanto civiles como militares, mantuvieron oculta la consecuencia ocasionada para con menores de edad, lo cual fue conocido gracias a un derecho de petición que interpuso ante el Instituto de Medicina Legal, sobre información de las ocho personas afectadas en ésta acción militar oficial en Chocó.
Cepeda refirió el que las guerrillas realizan reclutamiento sistemático de personas menores de edad, incurriendo en un crimen de guerra, pero discutió que esa situación no podía justificar el que, simultáneamente, en violación al DIH, la actuación de las FFMM antes que proteger a las personas menores de edad en poder de las guerrillas, procedieran a realizar ataques sin consideración sobre los efectos de grave victimización contra ellas. Y puso de presente que habían existido los informes previos del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en los cuales se advertía de la situación en esa región del río San Juan en Chocó, incluyendo la referencia al reclutamiento de menores por grupos armados ilegales.
“…que había un proceso de reclutamiento de menores de edad, con 46 informes preocupantes por la situación de reclutamiento de menores a los grupos armados ilegales, con un 13% de incremento de esas acciones de reclutamiento entre el año 2019 y el presente, como de otros indicadores de violación de derechos humanos que están disparados, como resultado que en el país no se está implementando una política de paz”[3].
Por su parte, el presidente Iván Duque en respuesta a las preguntas de los medios de prensa sobre éste bombardeo de las FFMM y sus consecuencias nuevamente de muertes de niñas y niños, respondió que “se estaba enfrentando a un blanco legítimo”[4]. Igualmente, un boletín de prensa expedido por el Comando de las Fuerzas Militares indicó que la responsabilidad de lo ocurrido era del ELN por reclutar indebida y sistemáticamente personas menores de edad, a la vez que afirmó que sobre el bombardeo realizado por sus efectivos en Chocó “se tiene la plena certeza que esta operación se trató de algo legítimo, legal y en el marco del DIH, acatando todos sus principios”[5].
Así mismo, la subjefe de Estado Mayor Jurídico de las FFMM, la generala Paulina Leguizamón, declaró en los medios de comunicación que el bombardeo era un objetivo legítimo y que fue realizado dentro de los parámetros del DIH. Dijo que se trató de un “objetivo militar legítimo” y que “los civiles gozan de inmunidad mientras no participen en las hostilidades”.
“La norma no nos impone de ninguna manera condiciones de ninguna índole de sexo, de edad, de creencia religiosa o cualquiera análoga, lo que allí nosotros tenemos que ponderar es que se trate de un objetivo militar. Las personas gozarán de un estatuto de inmunidad y protección mientras no participen directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación”[6].
El debate es de suma importancia por la grave consecuencia humanitaria referida. El principio de precaución exige a la parte militar que realiza el ataque a investigar, prever y planificar su actuación militar, de forma que su ataque se dirija solo contra lo que constituya ventaja militar contraria y proteja la población civil, en todas las formas que lo especifica el DIH. La labor de inteligencia militar apoyada en informes como los del SAT, al establecer la presencia de los menores en un campamento guerrillero, debió prever que el ataque no afectara a los menores presentes. El principio de distinción exige a las partes en contienda militar de guerra, a no atacar a población civil y a los combatientes puestos fuera de combate y a proteger a todas las personas protegidas de forma imperiosa por las normas humanitarias, incluidos los menores de edad. Y el principio de proporcionalidad exige que los ataques lo sean con relación a la ventaja militar contraria, pero no de efectos indiscriminados, ni desproporcionados, a manera de tierra arrasada.
En las obras de divulgación oficial del DIH el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que es por estatus convencional el ente “guarda” de la interpretación de su doctrina, deja en claro que este tipo de ataques militares realizados por una parte en guerra, debe ser proporcional con relación a la ventaja militar contraria y debe prever siempre las posibles consecuencias frente a sectores de la población civil para evitarlas.
“(La proporcionalidad) define el principio destinado a limitar daños causados por las operaciones militares. La proporcionalidad exige que el efecto de los medios y métodos de guerra utilizados no sea desproporcionado en relación con la ventaja militar buscada. (…) se prohíbe, en efecto, que se lancen ataques que causen víctimas entre la población civil y daños a los bienes de carácter civil que sean excesivos en relación con la “ventaja miliar directa y concreta prevista”” [7].
Y con relación al ataque tipo bombardeo se señala por el DIH que puede ser lícito, pero solo si se adecúa a la limitación que se impone en la forma de actuar para no ocasionar víctimas contra las personas y bienes protegidos por el DIH como son la población civil, expresamente los menores en particular, combatientes puestos fuera de combate, los bienes civiles y la naturaleza o bienes ambientales:
“Ya sea terrestre, naval o aéreo, el bombardeo es un método de combate lícito, teniendo en cuenta los límites del principio según el cual no es limitado el derecho que tienen las Partes para elegir los métodos de combate. (…) Están prohibidos los bombardeos dirigidos contra la población civil como tal. Lo mismo se aplica a los bombardeos indiscriminados y a aquellos cuyo objetivo principal es el de sembrar terror. Se han establecido medidas de precaución en los bombardeos y contra los efectos de los bombardeos…”[8].
El senador Iván Cepeda anunció que se prepara una citación en el Congreso para debate de control político al ministro de defensa Diego Molano y al alto mando militar, de manera que los congresistas citantes buscarán que respondan sobre lo sucedido en este caso. Es de esperar que este debate parlamentario podría conducir a que prospere una moción de censura contra este ministro y a una exigencia de rectificación al mando militar orientada a conseguir una comprensión adecuada de los principios y normas obligantes del DIH, que resultan aplicables en nuestro contexto y para que en correspondencia adecúen sus procedimientos, protocolos y actuaciones. Además, de que se investigue y se haga justicia con los hechos violatorios ocurridos y se proceda al reconocimiento y reparación de las nuevas víctimas causadas.
___________________
[1] “Los hallazgos de Noticias UNO en la zona de bombardeo donde murieron al menos ocho niños”, Noticias UNO, 12 de noviembre de 2019, https://www.youtube.com/watch?v=aqWLtxTPw_g
[2] ““Máquinas de guerra”: la polémica en Colombia por la justificación del gobierno de un bombardeo a la guerrilla en el que murió al menos una menor”, Redacción BBC News Mundo, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56261428
[3] Entrevista al senador Iván Cepeda, por Yamid Amad, en “Pregunta Yamid”, Noticiero CM&, 8 de octubre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=FpQY0Ws0owg
[4] “Se estaba enfrentando a un blanco legítimo: Duque”, El Heraldo, 8 de octubre de 2021, https://www.elheraldo.co/colombia/duque-dice-que-en-bombardeo-en-el-choco-se-estaba-enfrentando-un-blanco-legitimo-856221
[5] “Ejército responde a senador Cepeda por muerte de menores en bombardeo”, Red + Noticias, 7 de octubre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=vuEuhziDMlA
[6] “Jefa jurídica de las FFAA defiende el bombardeo y dice que fue objetivo legítimo”, Noticias UNO, 11 de octubre de 2021, https://www.noticiasuno.com/nacional/jefa-juridica-de-fuerzas-armadas-defiende-bombardeo-y-dice-que-fue-objetivo-legitimo/
[7] Verri, Prieto, Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados”, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Ginebra, Suiza, 1998, pp.89-90.
[8] Verri, Prieto, Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados”, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Ginebra, Suiza, 1998, pp.10-20.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: Youtube Presidencia de la República
Flagrante violación del DIH abusando del poder del estado y de las Fuerzas “Armadas” con el dinero de los impuestos de los colombianos que debería estar destinado a minimizar el hambre y las condiciones de miseria imperantes en Colombia.