Las cifras son impactantes: 61 personas murieron en violaciones de Derechos Humanos, 24 en infracciones al DIHC y 120 en situaciones de violencia político-social. Las víctimas, en su mayoría hombres (113), incluyeron también a 18 mujeres y 8 personas sin información sobre su género.
De los 536 casos, 205 corresponden a homicidios, siendo los liderazgos sociales y las comunidades indígenas los principales objetivos. Los paramilitares encabezan la lista de perpetradores con 56 asesinatos, seguidos por las guerrillas con 22. También se registraron cuatro ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la Policía. En cuanto a las amenazas, los paramilitares fueron responsables de 112 casos y las guerrillas de 49.
La tortura y la desaparición forzada continúan siendo prácticas recurrentes. Se documentaron 32 casos de tortura, 16 atribuidos a paramilitares y 2 a la Policía. Asimismo, 30 personas fueron víctimas de desaparición forzada, siendo los paramilitares responsables de 15 de esos casos.
Putumayo, Cauca, Antioquia y La Guajira concentraron la mayor cantidad de homicidios, mientras que Casanare y Santander fueron los departamentos más afectados por amenazas. Esta situación empeora por la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial, la explotación de recursos naturales y el narcotráfico.
Durante el primer semestre de 2024, 60 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, 26 de ellos pertenecientes a comunidades indígenas, junto a 17 campesinos y un miembro de la comunidad LGBTIQ+. Además, 156 líderes sociales y 26 personas indígenas recibieron amenazas, concluyó Revista “Noche y Niebla” N° 69 (1).
La impunidad y un sistema judicial corrupto
El jesuita Javier Giraldo, es un defensor de derechos humanos conocido a nivel internacional por su liderazgo en el Tribunal Permanente de los Pueblos, fundador del centro jesuita de educación popular Cinep, acompañante de la Comunidad de paz de San José de Apartado.
Conversamos con el p. Giraldo en Bogotá, el pasado 11 de septiembre de 2024 que ha denunciado que “A dos años de gobierno del Pacto Histórico en Colombia, mientras las propuestas de “Paz Total” revelan sus máximas complejidades y el gobierno es cada vez más consciente de que no es lo mismo acceder al gobierno que acceder al poder, el cual se le presenta cada vez más esquivo, el exterminio del liderazgo social de base sigue su ritmo implacable”. Para explicar esta grave afirmación, el p. Javier Giraldo ha enfatizado que “no hay duda que el incentivo fundamental de ese genocidio continuado de los sectores de base es la impunidad. Se van multiplicando las voces que reclaman una reforma urgente de la justicia, entre ellas la del mismo presidente Petro, pero a medida que los expertos se introducen en el laberinto de lo judicial van apareciendo las garras de un monstruo arraigado en dinámicas intransigentes de variadas formas de corrupción.
El presidente Petro ha señalado algunos de los mecanismos tramposos, como por ejemplo la fragmentación de los procesos para distribuir su tratamiento en diversas instituciones procesales que dilatan, se contradicen y terminan sepultando las acciones de justicia; también ha demostrado que las “reformas” a la justicia se han centrado en cómo el poder político se apodera de cada vez más espacios del poder judicial, todo inspirado en una justicia-venganza, sesgada y parcial, que a la postre se convierte en arma de las élites en el poder para aplastar a sus opositores”, concluyó el jesuita Giraldo.
El dramático relato de la lideresa Yuri Quintero sobre la guerra en Putumayo (Amazonia)
Fue en abril de 2020 cuando Yuri Quintero, coordinadora de la Red de campesinas y defensoras de Derechos Humanos del Putumayo, colaboradora de Cinep, recibió a su celular, graves amenazas de muerte: “Dígale a YURI (Quintero) y a YULE (Anzueta) que por acá (San Miguel, Putumayo) hay la orden de ´tumbarlos´ (asesinarlos) a los dos”, sería uno de los mensajes intimidantes.
Conversamos con Yuri Quintero el pasado 11 de septiembre de 2024 en la sede del Cinep de Bogotá: es impresionante el coraje de esta lideresa feminista y católica, que no tiene miedo a enfrentar las petroleras que destruyen la casa común de la amazonia colombiana, que no tiene miedo a enfrentar los grupos armados ilegales
Yuri Quintero, coordinadora de la red de derechos humanos de Putumayo (anteriormente fue diputada de izquierda del departamento-región de Putumayo y los pueblos amazónicos la postularon como diputada nacional en 2022 pero el Pacto Histórico cometió el error de no candidatizarla) hizo un llamado a los poderosos patrones de la guerra, subrayando que “Nuestro principal llamado es el respeto a la vida de la comunidad, la exclusión de la comunidad civil del conflicto armado.
Hay un patrón sistemático de violencia política y especialmente hacia movimientos de izquierda, movimientos de DD.HH, sociales y sindicales. Los líderes reclamantes de derechos son los más victimizados.
Nosotros insistimos en que no hay garantías porque los casos incrementan. No hay un avance en una ruta definitiva para que no se siga repitiendo los asesinatos de líderes sociales en Putumayo”, concluyó Yuri Quintero.
Las problemáticas contenidas en este articuló serán presentadas en el foro del próximo 26 de septiembre de 2024 en la “Precop16-Paz con la naturaleza”, directamente a la ministra de medioambiente Susana Muhamad y al relator de la Onu, Michel Forst, anteriormente miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos (junto a personalidades como Luigi Ferrajoli, Mireille Fanon, Franco Ippolito).
¿Por qué Yuri Quintero, como Andrea Alvis Lora, necesitan del acompañamiento internacional para proteger sus vidas frente a la persecución que sufren como defensoras de derechos humanos en el Putumayo?
Yuri Quintero ha explicado el contexto estratégico de la amazonia, evidenciando que “la región de Putumayo conocida por su riqueza en recursos naturales, ha sido durante mucho tiempo un foco de proyectos petroleros y mineros tanto legales como ilegales. Estos proyectos han exacerbado la violencia, ya que los grupos armados buscan controlar y beneficiarse de estas actividades extractivas y la deforestación ha aumentado significativamente en Putumayo. Este deterioro ambiental, sumado a la violencia, agrava aún más la situación social en la región. Putumayo tiene un 79% de su superficie cubierta de bosques y un 19% son áreas protegidas, sin embargo, es el cuarto departamento con mayor tasa de deforestación.
Contrario a lo esperado tras los Acuerdos de Paz de 2016 y la instauración de la política de Paz Total, que derivó en el inicio de diálogos con los actores armados presentes en el departamento, Putumayo no ha visto avances significativos hacia la superación del conflicto armado. Entre 2018 y 2024, el departamento ha sido testigo de una serie de transformaciones y profundizaciones en el conflicto armado, impulsadas por la aparición y consolidación de nuevos grupos armados. Estos grupos han surgido como resultado de una fusión compleja entre antiguos narcotraficantes, paramilitares y disidentes de los Acuerdos de Paz de 2016. La lucha por el control territorial, las rutas de narcotráfico, el control de la minería ilegal y demás formas de negocio ilegal que son fuente de financiación de los grupos armados en la región, ha derivado en un escenario de violencia continua y represión que afecta gravemente a la población civil.
Desde 2018, la desmovilización parcial de las FARC-EP y la reconfiguración de las fuerzas insurgentes han dado lugar a la creación de nuevos grupos como el “Carolina Ramírez” del Estado Mayor Central (EMC) y los “Comandos de Frontera” (CDF), ahora afiliados a la Segunda Marquetalia (SM). Estos grupos han tomado control del medio y bajo Putumayo, así como del sur de Caquetá y Piamonte (Cauca), utilizando estrategias paramilitares y narcotraficantes para mantener su dominio sobre las rutas fluviales y fronterizas cruciales para el tráfico de drogas. A pesar de sus manifestaciones públicas de disposición para con las agendas y protocolos de la Paz Total, estos grupos continúan incurriendo en actos de violencia que contradicen dicha apuesta. Se han acelerado las prácticas de reclutamiento forzado, se conoce de grupos que públicamente han dicho que ellos pagan mensualidad para quienes integran sus filas, por otra parte, grupos que mantienen métodos de reclutamiento con etapas de escuela política y militar, situación que claramente eleva el nivel de riesgo y vulnerabilidad sobre todo de los menores de edad que están expuestos a estas prácticas.
En las zonas urbanas, la presencia de estos grupos se manifiesta a través de métodos de control propios del paramilitarismo, incluyendo “limpieza social”, extorsiones y la vinculación de jóvenes en actividades delictivas. La alianza con estructuras paramilitares como “LA CONSTRU” ha permitido a los CDF aplicar dinámicas contrainsurgentes y mantener un control férreo en áreas urbanas del bajo Putumayo.
Las cifras demuestran la continuidad de violencias que se trasladan a las zonas urbanas, sobre todo con un acelerado comportamiento en el bajo Putumayo (Puerto Asís y Orito). En lo que va corrido del año 2024, se han registrado más de 42 casos de homicidios, que hacen parte de las formas de control por parte de grupos armados de tipo paramilitar, teniendo en cuenta que estos casos se desarrollan en zona urbana contra jóvenes que desisten de trabajar con ellos y comerciantes que no siguieron pagando extorsiones en el municipio de Puerto Asís, por ejemplo. Estos casos están relacionados con negocios hacia afuera con la pasta base de coca”.
El Putumayo se presentó un incremento de los cultivos ilícitos del 70%
Yuri Quintero recuerda el inicio de su lucha militante en defensa de los campesinos del Putumayo, desde las marchas cocaleras de 1998 (cfr. María Clemencia Ramírez, “Entre el estado y la guerrilla: identidad ciudadana en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Ed. Icah 2001) y hace una fotografía de la dramática realidad rural del Putumayo, destacando que “en las áreas rurales, este mismo grupo impone severas restricciones a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras formas de organización comunitaria. Se han establecido toques de queda, reuniones obligatorias y censos cocaleros, donde se determinan tiempos y costos asociados a la producción de coca, perpetuando así una economía ilícita que el Estado colombiano no ha logrado desmantelar estructuralmente. Es de resaltar que una característica de los actores armados que hacen presencia en Putumayo tiene que ver con su ubicación coincidente con puntos de concentración del monocultivo de hoja de coca, que para 2022 se había más que duplicado con relación al año 2021. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “en el Putumayo se presentó un incremento de estos cultivos del 70%. Mientras en 2021 había 28.205 hectáreas sembradas, en 2022 se pasó a tener 48.034 hectáreas”.
La violencia en Putumayo se manifiesta de diversas formas, clasificándose como violencia social, económica y política. Esto incluye asesinatos sistemáticos con métodos de sevicia en zonas urbanas contra jóvenes, mujeres, directivos comunales, población indígena y campesina; masacres, desplazamientos masivos y gota a gota, desaparición de personas en zonas rurales cuyos cuerpos luego aparecen en alto estado de descomposición, amenazas constantes y la proliferación de panfletos que incrementan la zozobra en el territorio”, concluyó la lideresa Yuri Quintero.
La Ministra Susana Muhamad afirmó que el propósito de la gira “Salvemos La Selva” es dignificar a las comunidades mediante 3 objetivos principales:
1-Estabilizar los derechos territoriales del campesinado, incluyendo las zonas de reserva de Ley Segunda, para un trabajo conjunto de cuidar y conservar los bosques.
2-Posibilidad de que la economía productiva demuestre que vale más reforestar, restaurar el territorio y salvar el agua que aumentar la frontera agrícola y ganadera en el Caquetá.
3-Lograr una alianza público-popular que se convierta en un sólido cordón social en el corazón de la Amazonía”, concluyó la ministra Susana Muhamad, que fue recibida por el papa Francisco en audiencia del pasado enero de 2024. Andrea Alvis Lora, miembro de la Red de campesinas y defensoras de Derechos Humanos del Putumayo, colaboradora de Cinep, ha respondido que “el mensaje de la ministra Susana Muhamad es correcto pero lo que nos falta en esta región y para que llegue el Estado, es un componente de promoción y formación de la participación ciudadana desde la pedagogía y la formulación de propuestas para que las instituciones funcionen… Algo así como lo que es el IDEPAC, pero en el nivel nacional y transversal a todas las entidades. O el componente de participación ciudadana desde la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, el Sena, las Cars tienen ello… pero es muy limitado, hace cosquillas a los problemas…y si no fuera por los proyectos de fortalecimiento de capacidades que da la cooperación internacional muy poco se conocería de cómo acceder a las rutas de derechos”.
MinAmbiente admite fallas en seguridad y prometió acciones para proteger a líderes ambientales
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, calificó de “trágica” la situación y señaló que el número de asesinatos de líderes ambientales es una clara evidencia de que las medidas implementadas por el gobierno no han sido efectivas.
“Es un número deshonroso y es trágico que hoy las personas que son defensores del ambiente estén amarrados en un país como Colombia. Esto demuestra que, como gobierno, no hemos hecho lo necesario para protegerlos”, afirmó Muhamad, de origen palestino.
En respuesta a esta crisis, la ministra Muhamad anunció el lanzamiento de la Red de Derechos Humanos de la Amazonia Colombiana, un esfuerzo enfocado en brindar mayor protección a los líderes ambientales en una de las zonas más afectadas por la violencia.
Esta iniciativa busca enfrentar las amenazas y presiones que sufren los defensores en los territorios más vulnerables, especialmente en el Amazonas. La ministra también señaló que el Gobierno del presidente Petro ratificó su compromiso con la protección de los defensores de la tierra y el medio ambiente a través de diferentes medidas, pero los resultados aún son insuficientes. Global Witness subraya que, a pesar de la implementación de políticas como el Acuerdo de Escazú, la realidad en el terreno es mucho más compleja y peligrosa.
La jefa de la cartera señaló que las amenazas provienen, tanto de grupos armados ilegales, como de intereses vinculados a actividades económicas como la minería y la tala ilegal.
Colombia se posiciona nuevamente como el país con más asesinatos de líderes ambientales en el mundo, según el más reciente informe de la organización Global Witness. En 2023, se registraron 79 homicidios de defensores de la tierra y el ambiente en el país, cifra que lo coloca a la cabeza a nivel mundial.
Este número, que incluye a 31 personas pertenecientes a comunidades indígenas y seis afrodescendientes, evidencia la constante amenaza que enfrentan quienes defienden los recursos naturales. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, calificó este dato como “deshonroso” y anunció la creación de nuevas iniciativas para mejorar la protección de estos defensores.
El informe de Global Witness señala que los crímenes se concentran mayormente en las regiones suroccidentales de Cauca, Nariño y Putumayo, donde se registraron 26, 9 y 7 asesinatos, respectivamente.
En comparación con 2022, el número de homicidios ha aumentado, evidenciando una tendencia alarmante en cuanto a la violencia contra los defensores del medio ambiente en Colombia. De los 196 asesinatos de líderes ambientales reportados en el mundo en 2023, un 40% se concentró en Colombia, superando a países como Brasil y México.
Finalmente, se refirió al acuerdo de Escazú, firmado por Colombia en 2019 y ratificado en 2023, garantiza el acceso a la información, la participación pública y el derecho a la justicia en temas ambientales, así como la protección de los defensores de derechos ambientales.
Sin embargo, “pese a este compromiso internacional, las cifras demuestran que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes para detener la ola de violencia”, señala a la FM (2).
¿El lenguaje de los derechos humanos es extraterrestre? – pregunta la destacada abogada Dora Lucy Arias al Congreso de la República
“La verdad me estoy sintiendo muy rara hablando en lenguaje extraterrestre”, dice Dora Lucy Árias, 53 años, nacida en Manizales, y ternada a la Defensoría del Pueblo. El representante Duvalier Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, le pasó un vaso de agua durante la audiencia del pasado 15 de agosto de 2024, por el examen del Congreso de la Republica sobre la terna elegida para ser Defensora del Pueblo.
Árias, magíster en Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ante organismos internacionales, bebió un sorbo, se sube los lentes y sigue. “A nosotras nos han dicho que hablamos en lenguaje extraterrestre. ¿Qué es el lenguaje extraterrestre?, ¿el lenguaje de los derechos humanos es extraterrestre?, ¿es ajeno al Congreso de la República?, ¿qué es hablar de derechos humanos en los territorios donde se está matando a la gente, donde no tienen salud, servicios, ni una voz que llegue a Bogotá ni a la institucionalidad?”.
Las preguntas retóricas apuntan a la complejidad que ha encontrado en la última semana para sintetizar en tintos y reuniones de pocos minutos las propuestas que les está presentando a los representantes para ganar la nominación en la Defensoría.
La abogada caldense lleva más de 35 años litigando por los derechos de personas vulnerables. La mayor parte de su experiencia profesional, que ayer la Comisión de Acreditación determinó en 22 años, ha sido en el Colectivo José Alvear Restrepo, que se ha destacado por defender a las víctimas de comunidades afectadas por la aspersión de cultivos de uso ilícito o por el conflicto.
La visión de Dora Lucy Árias, que cree que el Congreso no le entiende por el lenguaje que usa, es que la Defensoría del Pueblo no debe limitarse a ser la entidad que lleva el conteo de muertos y desplazados en las regiones o que nombra unos defensores públicos para asuntos penales, sino que debe ser un ente integral.
“Mi prioridad es recuperar la magistratura ética y moral de la Defensoría. Es una de las entidades más importantes de la Constitución del 91, pero ha perdido esa oportunidad de llegar a los territorios”, dice. “Derechos humanos es paz, y paz es derechos humanos”, concluyó Dora Lucy Arias, que conozco personalmente desde 2006 y soy testigo de su fuerza ética.
Árias no es la única que no entiende lo que el otro quiere decir. Para los representantes a la Cámara, las ternadas hablan un lenguaje alejado del idioma transaccional que se suele aplicar para este tipo de elecciones.
El último defensor en propiedad, Carlos Camargo, llegó impulsado por el expresidente de derecha, Iván Duque, pagó favores políticos con la burocracia de la entidad, y fue un ausente en medio del paro nacional de 2021, cuando 47 personas fueron asesinadas, muchas por la fuerza pública, en medio de protestas, a pesar que el papa Francisco en mayo de 2021 había subrayado el “legítimo derecho a la protesta de los jóvenes colombianos”.
Según la “Silla Vacía”, la Defensoría del Pueblo es una bolsa de empleo apetecida. Además de los cargos de defensor, vice-defensor y secretario general, cuenta con 16 defensores delegados cuyos salarios están por encima de los 20 millones de pesos mensuales.
Además, tiene puestos en todos los departamentos que están representados en la Cámara. Tiene 32 directores regionales, una planta de 2.678 funcionarios entre fijos, provisionales y de libre nombramiento, y 4.100 defensores públicos regados por todo el país. A los que se le suma unos 1.100 contratistas.
Son cargos que históricamente han quedado en manos de aliados de los congresistas. Unos los quieren mantener porque Carlos Camargo se los dio y otros conquistar. “Un defensor público se puede ganar en un pueblo cinco millones mensuales, que son como 20 millones en Bogotá. Son cargos que ayudan a los amigos”, comentó un representante liberal a Silla Vacía (3).
La elección fue que Jomary Ortegón (quien fue vicepresidenta del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo y ha sido apoderada de congresistas como Iván Cepeda en procesos internacionales) alcanzó 10 votos, Dora Lucy arias obtuvo 6 votos, de un total de 186 representantes a la Cámara que en este caso participaron de la elección de la primera defensora nacional del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
El nuevo siglo escribió que “el congresista más incómodo y molesto con lo ocurrido con la situación fue Alirio Uribe (el también anteriormente fue destacado líder Colectivo de abogados José Alvear Restrepo), quien llevaba la vocería del partido “Pacto Histórico” pero finalmente no contó con respaldo de los otros miembros de bancada en la elección (4).
1. Francisco de Roux comenta la Semana por la paz n.37
En el espacio titulado ‘Atrio de los Gentiles’ fue la presentación oficial de esta versión 37 en Cartagena, de la Semana por la paz, organizada a nivel nacional por Redepaz, Caritas y muchas voces de la sociedad civil. ‘El Caribe en construcción de Paz’ fue el título de este diálogo de pensamiento y esperanza que se realizó el pasado 07 de septiembre de 2024.
El jesuita p. Francisco de Roux, presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la verdad CEV, ha comentado que “en esta Semana por la Paz, inspirados por el legado de San Pedro Claver, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los valores que nos guían hacia una convivencia respetuosa, solidaria y armoniosa. La programación que se extenderá durante todo el mes de septiembre, ha sido el resultado de una articulación entre organizaciones sociales, religiosas, educativas, culturales y entidades gubernamentales; en la que habrá actividades para todo tipo de públicos. Invitamos a cartageneros y visitantes a sumarse a esta iniciativa por la construcción de paz y defensa de los Derechos Humanos”.
El padre Francisco de Roux, ex presidente CEV ha agregado que: “así vivimos el conversatorio ‘Pedro Claver, memoria y legado de los Derechos Humanos en Colombia’ una actividad en el marco de la Semana por la Paz, el pasado 09 de septiembre de 2024. Contamos con la participación de Alfonso Múnera y Leyner Palacios (ex comisionado CEV). Un diálogo para aprender, conmemorar y reflexionar sobre la vida y obra de San Pedro Claver, patrono de los derechos humanos, desde nuestra realidad de Cartagena. Nos ha acompañado con un saludo introductor, el Arzobispo Mons. Francisco Munera, presidente CEC. Hice un llamado al Ejército de Liberación Nacional ELN: “Los verdaderos revolucionarios son aquellos que hacen la paz. Renuevo mi llamado al ELN que dejen las armas”, concluyó p. De Roux.
El Arzobispo de Cartagena y misionero de la Consolata Mons. Francisco Munera, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana CEC, ha declarado: “Cuidemos y protejamos, en todo momento, la dignidad e integridad de la vida humana: ¡Que pare todo atentado y homicidio! Desmontemos el lenguaje polarizante que descalifica al otro y genera odio: ¡Escuchémonos con respeto para llegar a acuerdos! Seamos sensibles al sufrimiento de los más pobres y vulnerables que siempre terminan siendo los más afectados: ¡Venzamos la indiferencia!
Valoremos y conservemos la institucionalidad estatal y social”, concluyó el Arzobispo Munera.
Al respecto, el arzobispo Mons. Darío Monsalve – encargado por el presidente Petro en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional ELN, ha enfatizado que “los procesos de paz sufren de incertidumbres crecientes que los “congelan”: incierta Venezuela; incierta la estabilidad del gobierno bajo graves amenazas; incierta la situación jurídica de los jefes; incierto el futuro post-Petro de las mesas de negociación. ¡Solo pueblos unidos son tierra firme!
Desde López de Micay me informan sobre horrenda masacre en veredas del bajo Naya: 12 asesinados, 6 hombres y 6 mujeres, entre gentes del lugar y guerrilleros de diversos frentes. ¡Una “emergencia humanitaria compleja”! ¡Unidad de los pueblos para bloquear a los agresores!
La ruta de Jesús para afrontar los poderes injustos del mundo no fue la fácil, ni la del odio y la reproducción de sus violencias: es la de ponerse en lugar de las víctimas para que ellas liberen al mundo de todo odio y todo calvario.
La dolorosa realidad de guerra a muerte entre armados rebeldes y fuerza pública nos dice que se agotó la vía de “mesa bilateral de diálogo”. Queda el camino de la paz real, que es una nación puesta en pie para bloquear todas las guerras y vías que reclutan y matan a sus jóvenes.
La suspensión de diálogos con ELN y el frenazo con La segunda Marquetalia, exigen explorar horizontes nuevos: pasar del plomo a la diplomacia para la paz. La lista de organizaciones terroristas y la extradición gravitan sobre el proceso. La paz interna se internacionaliza ahora”, concluyó el arzobispo Monsalve.
Diego Cancino, ex viceministro del interior que ha documentado la brutal represión policial del estallido social-paro nacional de 2021, ha declarado que “el presidente Petro ha sido blanco de ataques por parte de un poder establecido que ha perpetuado la desigualdad, se ha apropiado de recursos públicos y ha alimentado la guerra en Colombia. Este gobierno del Cambio desafía ese orden establecido con el proyecto “Colombia Potencia Mundial de La Vida”, trabajando para reducir la desigualdad y la concentración de tierra: ha sacado a 1.6 millones de personas de la pobreza”.
La comunidad internacional, junto al papa Francisco, exige al presidente de la República, Gustavo Petro, proteger la vida de los/las defensores de derechos humanos como Yuri Quintero y las líderes campesinas del Putumayo.
Concluimos con las palabras del papa Francisco (amigo del presidente Petro – recordamos su invitación al Vaticano en febrero de 2022 que abrió el camino hacia la victoria electoral del primer presidente progresista elegido en Colombia) en el encuentro en el Vaticano del pasado 20 de septiembre de 2024, en el 10* aniversario del primer encuentro mundial con los movimientos populares: “El silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, la división social a la violencia verbal, la violencia verbal a la violencia física, la violencia física a la guerra de todos contra todos. Ahí está la cola del diablo”.
Las mafias crecen cuando en los territorios rurales no hay una adecuada distribución de la tierra, un ordenamiento territorial equilibrado, un apoyo constante a la agricultura familiar y el respeto a la familia rural que termina sometida a poderes criminales.
“Nuestro camino sigue soñando y trabajando juntos para que todos los trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes con futuro, todos los ancianos con una buena jubilación”, concluyó papa Francisco.
NOTAS
- https://cinep.org.co/noche-y-niebla-advierte-por-escalada-de-violencia-en-colombia-que-deja-cientos-de-victimas/
- https://www.lafm.com.co/colombia/minambiente-admite-fallas-en-seguridad-y-prometio-acciones-para-proteger-a-lideres
- https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/petro-puso-a-la-camara-a-hablar-extraterrestre-con-su-terna-a-la-defensoria/
- https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/ala-radical-del-pacto-historico-perdio-en-eleccion-de-defensoria
Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica del papa Francisco. Fue recibido por el papa Francisco en audiencia en el Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Actualmente colabora con el Instituto de Paz, Ipazde de Bogotá.
Foto tomada de: https://hacemosmemoria.org/
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