Como parte de la responsabilidad que obliga a pagar por los daños al planeta y la vida, en las cumbres mundiales del cambio climático se han firmado compromisos de llegar a transferencias no reembolsables a los países “en desarrollo” vulnerados, con un Fondo Verde anual de 100.000 millones de dólares desde 2020. En la COP 27, realizada en Egipto en 2022, se mostró la precariedad de ese fondo y la reticencia de Estados Unidos, China y otros de los grandes contaminantes a aportar lo necesario, con mecanismos ágiles y oportunos. La banca multilateral ha sido ejemplo de ineficiencia en el manejo de esos recursos verdes, que los convierte en otro capítulo de créditos y trámites discriminatorios. En esa cumbre se acordó la formación de otro fondo, llamado de daños y pérdidas, dedicado a los países más afectados por desastres climáticos.
En Dubai, COP28, se dieron pequeños pasos adelante hacia el fondo de daños, con promesas de aportes de China, Emiratos Árabes Unidos, Japón, países europeos, y gestos irrisorios de Estados Unidos. Entre todos no sumaron 700 millones de dólares, el 0,35% de lo que se requiere cada año según el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2022, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA,2023). La deuda con el Fondo Verde ya asciende a 500.000 millones de dólares y se estima que los daños en 2022 causados por las potencias contaminantes a los países de desarrollo bajo y medio, superan un impacto anual en el PIB de 850.000 millones de dólares.
Teniendo en cuenta la historia de incumplimientos con el Fondo Verde, los anfitriones en Dubai han calificado la apertura del Fondo de Daños y Pérdidas como un gran logro; pero para más de 100.000 asistentes a la COP28 es una gota de agua ante los desastres anuales y el acumulado de destrucción. Además, es decepcionante la noticia de que la administración del Fondo la hará provisionalmente el Banco Mundial bajo control de Estados Unidos y de su costosa burocracia promultinacionales. No es buen augurio que los banqueros y aportantes quieran reducir el pago por daños y pérdidas, y los aportes para adaptación, a los países insulares más pobres burlando las obligaciones con África y América Latina.
La delegación de Colombia en la COP28 contribuyó a que se pusiera en marcha ese nuevo Fondo de Daños y pérdidas y volvió a colocar en la agenda la urgencia de rediseños financieros para facilitar la acción climática y las transiciones hacia energías descarbonizadas en los países del Sur.
El club de los grandes emisores de GEI, encabezado ahora por China, que ya duplica en este ranking a los Estados Unidos y a Europa sumados, acepta en teoría que deben cumplir sus obligaciones con los países contaminados, pero en la práctica pretenden mantener su modelo de crecimiento de la producción de energía a partir de fuentes fósiles, combinada con energías renovables al ritmo de sus conveniencias económicas. En lugar de transición, el G20 que es el responsable del 80% de las emisiones mundiales, lo que está impulsando es una complementación entre fósiles y renovables, a condición de que en todo lado sea un buen negocio para sus grandes corporaciones.
Los discursos del Jeque Al Jaber, presidente de la COP28 y de una de las compañías petroleras más grandes del mundo, han sido reveladores de lo que está en juego: la cumbre del cambio climático se volvió una feria de ofertas de tecnologías de “petróleo verde” con captura de CO2 en la explotación y en el transporte; el Jeque anuncio que un mundo sin energía fósil es imposible, que eliminarla llevaría al mundo de regreso a las cavernas y que “no hay evidencia científica que indique que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles se necesite para limitar el calentamiento del planeta” (El Espectador, 3 de diciembre de 2023).
El Informe sobre la Brecha de Emisiones, Un megahit candente: Aún con temperaturas récord, el mundo fracasa en reducir sus emisiones, “concluye que la situación actual se encamina a un aumento de la temperatura muy por encima de los objetivos del Acuerdo de París, a menos que los países cumplan sus promesas” (PNUMA, 2023).
En ese Informe se muestra el crecimiento mundial de la energía en 2022, basado en más producción de carbón y petróleo. La guerra en Ucrania ha conllevado un decrecimiento del consumo de gas y la combinación de más energía fósil con aumento en las renovables con un crecimiento récord en energía solar fotovoltaica. “A escala mundial, dice el Informe (2023), los gobiernos siguen planeando producir más del doble de combustibles fósiles en 2030 de lo que sería coherente con el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París”.
En estas cumbres del clima se repiten las propuestas de la Agencia Internacional de Energía y del Panel Intergubernamental de experto en Cambio Climático que llaman a cerrar todas las térmicas de carbón hacia 2030 y a disminuir progresivamente la exploración, producción y consumo de petróleo y gas. Gracias a los estudios científicos y a la creciente conciencia socioambiental, los países se han visto obligados a establecer compromisos nacionales de descarbonización hacia la meta de carbón – neutralidad neta en 2050. Sin embargo, en la práctica aumenta la brecha entre esos compromisos y lo que los grandes contaminantes llevan a la práctica.
Atendiendo a las alertas, el secretario general de las Naciones Unidas ha llamado a un Pacto de Solidaridad Climática, que retoma criterios definidos desde la Cumbre de Rio en 1992. El secretario Antonio Guterres ha pedido a los grandes emisores “que realicen esfuerzos adicionales para reducir las emisiones y a los países más ricos que aporten recursos financieros y técnicos para ayudar a los países de renta baja y media en su transformación con plazos diferenciados” (PNUMA, 2023). Esos criterios implican que “los países con renta alta y altas emisiones, como los del G20, deberán adoptar medidas más ambiciosas y rápidas marcando el rumbo y demostrando la viabilidad de un desarrollo sin combustibles fósiles”.
La referencia del Secretario Guterres a los “plazos diferenciados”, es una reiteración de la diferencia de responsabilidades y compromisos entre los grandes contaminantes y los vulnerados y subordinados en la globalización fósil en el último siglo y ahora. El principio ético y la racionalidad económica obliga a no sacrificar a los países “en desarrollo”, como los de Latinoamérica, para que sean la vanguardia en la eliminación de los combustibles fósiles o en la entrega de sus recursos de agua, sol y viento a las multinacionales. Como dice el varias veces citado Informe:
Las transiciones energéticas en los países de renta baja y media están condicionadas por el objetivo general de perseguir el desarrollo. Los países de renta baja y media se enfrentan a varios retos comunes al tener que sacar millones de personas de la pobreza, expandir industrias estratégicas, urbanizar y hacer frente a los retos políticos de una la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. Satisfacer las necesidades energéticas básicas de las personas que viven en la pobreza tendría un impacto limitado en las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero, GEI (PNUMA, 2023).
En Colombia, este criterio del Pacto de Solidaridad Climática puede ser clave en las discusiones sobre acción climática, descarbonización y cambio de la matriz de energía. En primer lugar, indica que no es éticamente sustentable que se asuma como política pública, con el solo argumento de la existencia de una crisis ecológica global, la decisión de reducir drásticamente, o eliminar a corto plazo, el consumo o la producción de petróleo y gas. Tampoco es coherente sacrificar, por ejemplo, al Pueblo Wayuu para producir energía renovable e hidrogeno así sea utilizando agua bendita.
La sintonía con los objetivos de Paris y de la Convención Marco sobre Cambio Climático, tienen que soportarse en estrategias que tengan como prioridad presionar a escala global, y desde lo cotidiano, el cambio de paradigma consumista, y al mismo tiempo promover localmente el Buen Vivir, afrontar la pobreza multidimensional, ampliar la industrialización, lograr avances en incorporar la revolución del conocimiento en la sociedad colombiana y fortalecer el bloque latinoamericano y amazónico andino.
Camilo González Posso, Presidente de Indepaz
Foto tomada de: Canal Institucional
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