La Justicia Tributaria es un principio que en algunas ocasiones contiene otros como la equidad, la transparencia, la progresividad; y en otras ocasiones, solamente hace alusión a un tratamiento igualitario para todos los contribuyentes. En opinión propia, al hablar de un pacto por la justicia tributaria nos comprometemos con el desarrollo y construcción de un sistema tributario que no sea solo igualitario, sino que, en términos de justicia, le toque a cada uno lo que le corresponde. Así, la justicia tributaria se puede definir más cercana a la progresividad que a la neutralidad.
Y es que la progresividad es completamente necesaria en un país que ha estado legislando por décadas a favor de un bloque hegemónico de poderes que se han lucrado y han vivido a espaldas de una gran población empobrecida.
Comienzo este artículo con esta reflexión, porque durante estas semanas de discusión en las que se han sostenido reuniones con medios de comunicación, gremios económicos, grupos de interés y congresistas, el Ministerio de Hacienda en cabeza de José Antonio Ocampo, ha hecho varias declaraciones sobre algunas modificaciones que sufriría la Reforma Tributaria en medio de la conciliación y acuerdo para su aprobación.
Más allá de los temas populares y resonantes en medios como los impuestos a los alimentos ultra procesados, que al parecer se mantendrán en la reforma, genera incertidumbre otros que se han pensado modificar: De acuerdo con el Colombiano, el más reciente indicio seria el impuesto a las exportaciones de oro[1] que estaba en conjunto con los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón; al respecto, el ministro Ocampo ha dicho que dado que los cálculos de recaudo del oro serian mínimos y se podría incentivar el contrabando, solo el impuesto al petróleo y carbón sería suficiente. Sin embargo, alrededor de los temas de justicia tributaria, también podemos interponer los de los fines sociales de la tributación: ¿El recaudo es la única motivación para realizar una reforma tributaria? En esta discusión, por ejemplo, en los temas bonanza de la exportación de recursos extraíbles, se presenta la posibilidad que los impuestos busquen limitar las afectaciones ambientales que tiene la exploración y explotación minera, y en búsqueda de comenzar la enajenación de la dependencia del modelo extractivista.
Por otro lado, esta el tema de la renta única que, pensada en la necesidad de simplificar el régimen tributario, terminó proyectando incompatibilidades entre personas que reciben dividendos por sus participaciones accionarias y otras ganancias ocasionales, produciendo que tengan que pagar tasas muy altas de tributación. Ante esto no se conoce si la propuesta para eliminar esta falla conceptual estará en disminuir las tarifas propuestas o proponer un techo de tributación porcentual, lo cual podría aliviar las inconformidades. Nuevamente, el punto es, que es necesario por un lado eliminar la gran cantidad de beneficios y exenciones tributarias para las personas de altos ingresos, pero también simplificar el régimen para evitar la evasión y la elusión.
Como este, otras varias incompatibilidades respecto a la diferenciación de la variada complejidad tributaria son los principales obstáculos, desde el debate técnico, para la concreción de una versión final de la Reforma Tributaria.
En el marco de las urgencias, el impuesto a los combustibles en las zonas de frontera es una necesidad, sin embargo, genera tanta oposición, que se ha considerado su eliminación de la Reforma. Sin embargo, este si es un tema que resulta delicado, porque la búsqueda de conciliación política puede estar postergando una discusión completamente necesaria sobre un subsidio que se esta yendo a contrabando y generando una brecha cada vez mayor en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible.
Ya había advertido que el ministerio de Hacienda tendría que reconsiderar la eliminación de algunos beneficios tributarios específicamente en aquellos sectores que pueden tener un gran impacto social pero que además acompañaron el programa del Gobierno Petro, como la cultura, la salud y la educación.
El problema más claro de la discusión de la reforma tributaria es que obviamente hay demasiados intereses que buscan continuar con estos beneficios y que por otro, le están apostando a una regulación más clara. De acuerdo con un artículo de investigación que desarrollé para la Universidad Nacional en compañía del economista Leonardo Rojas, caracterizamos cómo las élites financieras han venido precisamente jugando ese rol de interferencia en las decisiones de política tributaria a favor de este sector; así mismo sucede con otros sectores, no solo económicos sino también políticos. Hoy el gran peligro es que, entre la conciliación y la condescendencia política, el Gobierno Petro no recaude al menos 20 billones de pesos, lo cual significaría una derrota estratégica, pues la gran crisis fiscal en la que recibieron al país, implica encontrar nuevas fuentes de financiamiento para la implementación de los programas sociales.
La cuestión de algunas de estas modificaciones es que en la medida que se busca la conciliación se pierde el principio de justicia tributaria. Pero sumado a ello, puede resultar un fracaso si por beneficiar el acuerdo entre las minorías, se descuida las proyecciones de recaudo. Cada vez que se sede en un beneficio, una exención, se disminuye una tasa de tributación, se concede una flexibilidad, se pone en riesgo el recaudo que debe apalancar la ejecución de un programa social y político escogido por las y los colombianos, especialmente, si no olvidamos, que la última reforma tributaria nos costó varias vidas.
Ante esto, y especialmente ante la tradición ‘lobista’ del Congreso de la República, los electores debemos generar un respaldo generalizado a algunos de los elementos que conforman el principio de justicia tributaria, entre ellos la transparencia, la progresividad y fundamentalmente, el cumplimiento del programa, que no pasa solo por la voluntad política, sino por crear y mantener las condiciones materiales necesarias para la puesta en marcha de dicho programa que fue elegido como la ruta para los próximos 4 años. En este sentido, varios medios populares han venido visibilizando estos debates como forma de contraponerse a los mensajes masivos que generan los medios de comunicación tradicionales, y desde las alternativas locales y comunitarias, generar un respaldo informado sobre estos temas[2].
Hay elementos que sin duda merecen más debate, especialmente porque la norma debe ser lo suficientemente clara para ser justa y no afectar a quienes se busca fortalecer, pero no tan flexible como para ser eludida. Es un reto de que no está solo en cabeza del Ministerio de Hacienda y de sus asesores técnicos, es un reto que nos compromete como ciudadanos que apostamos por un cambio, no podemos permitir que lo que ganamos justamente en las calles, se nos arrebate por quedarnos esperando a que otros tomen las decisiones, la Reforma Tributaria necesita un acompañamiento masivo de las ciudadanías y del apoyo popular, porque si no del CAMBIO solo nos quedará la “C” de CONTINUISMO.
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[1] Consultado en: https://www.elcolombiano.com/negocios/retoques-al-proyecto-de-reforma-tributaria-en-colombia-2022-PP18531925
[2] Se puede consultar la primera rueda de prensa popular en: https://twitter.com/Amediacuadra8/status/1563090766221950976?s=20&t=vlwouFmBvKwofMb7vTn_Pg
Paula K. Triviño-Gaviria
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