Fue la reunión de más alto nivel realizada hasta la fecha con el Nuevo Gobierno sobre derechos humanos en Colombia, en particular sobre el asesinato contra dirigentes sociales. Y también es la reunión de más alto nivel del Estado con dirigentes sociales sobre derechos humanos en cualquier época.
Hay que celebrar el liderazgo que viene asumiendo el señor procurador Fernando Carillo y su equipo sobre el tema de la afectación contra dirigentes sociales aunque con tímido reconocimiento de la gravedad sobre los organismos de acción comunal.
También hay que destacar la presencia del presidente Iván Duque con su más alto equipo de gobierno y la firma del “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”. Igualmente importante su compromiso con el “diálogo social como mecanismo de fortalecimiento de la democracia, garantía de los derechos fundamentales y resolución pacífica de conflictos”, en la perspectiva de una política pública que permita que todas las autoridades del Estado defiendan estructuralmente la vida y la honra de los líderes y defensores de derechos humanos, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial, como dijo el presidente. Es posible que para algunos, estas expresiones sean retóricas, pues falta la letra menuda de los textos, pero como sea es un buen trazo de líneas de lo que debe ser la política pública en materia de derechos humanos y de garantías para las organizaciones, los dirigentes y los ciudadanos para el pleno goce y ejercicio de derechos como responsabilidad esencial primaria de todo Estado que se llame democrático.
Importante para los comunales que el presidente fuera explícito en su discurso en reconocer la importancia de estas organizaciones con quienes dijo, “construiría las vías terciarias”.
También de gran valor en el documento y reiterado por el Procurador, el requerimiento a las autoridades territoriales para que asuman sus compromisos en derechos humanos y su anuncio de hacerles seguimiento con la eventualidad de sanciones si no las asumen. También bien importante su anuncio de acciones concretas contra la estigmatización de todo orden contra dirigentes sociales.
Debilidades del documento
Es cierto que se trata de avanzar hacia una política pública en este grave problema. Desde los organismos comunales hemos reiterado que ha de ser una política pública integral e interdisciplinaria, sin embargo, en los primeros trazos aún parecieran ser muy superficiales las eventuales medidas, más centradas en esquemas de seguridad y de protección que en soluciones integrales y estructurales a los orígenes económicos, sociales y políticos del problema, interrelacionados con la corrupción; la intolerancia político administrativa; la cultura de la ganancia fácil y el fortalecimiento en los territorios de bandas del narcotráfico, entre otros.
De hecho, en el Gobierno Nacional anterior y en algunos gobiernos locales como de Bogotá, Cali o Antioquia o sectores importantes de la política y hasta de los gremios económicos se han anunciado políticas de protección y rechazo a las afectaciones contra dirigentes sociales y comunales, pero parecieran que no pasan de ser declaraciones formales sin medidas reales de fondo y menos con impacto en la realidad, pues los problemas siguen sin pausa.
Un problema menor en el documento, pero relevante para los comunales es la invisibilización desde el Estado que se sigue dando a los organismos de acción comunal, no obstante que son quienes ponen la mayor cantidad de víctimas en todo el territorio nacional. Pareciera que es la capacidad de lobby la que determina el reconocimiento o visibilización de un sector y no la realidad de su situación, y esto es muy grave en temas tan delicados como el derecho a la vida si es que esa tendencia se mantiene en la definición de las políticas y programas. Es cierto que los actores sociales invitados en especial eran los de la Región Nor-Occidental del País en que son muy fuertes las organizaciones afros e indígenas que merecen todo nuestro respeto y consideración, sin embargo aun así los organismos comunales en esa región siguen siendo la organización social de funcionamiento cotidiano más sólido y consolidado que mereció un espacio en cabeza de sus dirigentes regionales. Igualmente en el documento no solamente no hubo una referencia a los organismos comunales sino que en su elaboración no fue invitado organismo comunal o dignatario alguno, a no ser que desde la Procuraduría y el Estado se comprenda que el tema comunal es tan grave y complejo que merece una política especial como tanto hemos reclamado desde nuestras organizaciones en cuya perspectiva se debe realizar la próxima mesa nacional “Por la Protección a la Vida” en la ciudad de Popayán.
Regularmente no falta quien nos recrimine diciendo que si acaso ¿los organismos de acción comunal no son organizaciones sociales y/o de derechos humanos? Y siempre hemos respondido que por interpretación internacional sí, pero por razones culturales e históricas en nuestro País no, en primer lugar porque el líder comunal no se asume como líder social y lo más grave es que los gobiernos territoriales y en general los poderes locales menos lo asumen. Por eso si esta palabra y este concepto no es explícito, en las normas y políticas, no resulta funcional ni aplicable para nuestras organizaciones. Es lo que algunos sectores han llamado lenguaje, programas y políticas diferenciales.
Algunos temas imprescindibles en esa política pública que tanto reclamamos y que aún no conocemos la profundidad con que pueda ser abordada en esta eventual política pública.
- Impunidad: medidas efectivas para sancionar a los culpables, en especial a los autores intelectuales. Apoyo a las organizaciones y familiares en el seguimiento a la judicialización de los culpables.
- Estigmatización: cultura ciudadana de la tolerancia a la vez que penalización a la estigmatización contra dirigentes comunales y campañas publicitarias de dignificación de la organización y de los dignatarios, por ejemplo con espacios regulares en los medios de comunicación masiva, formato boletín del consumidor.
- Fortalecimiento de los organismos comunales: recursos y programas de fortalecimiento de los organismos comunales y sociales en los territorios para el pleno goce y ejercicio de derechos. Programa que originalmente debe depender del Gobierno Nacional, pues los poderes locales son hoy de los principales enemigos de las organizaciones para el ejercicio de derechos. Es que la debilidad de nuestras organizaciones en los territorios dificulta el ejercicio colectivo de los derechos.
- Origen ciudadano de los personeros elegidos a partir de ternas presentadas por las organizaciones comunales y sociales para que de verdad sean defensores del pueblo y no pajecitos de los gobernantes locales.
- Con la fuerza pública. Establecer como requisito para la calificación y asensos a los integrantes de la fuerza pública la disminución de persecuciones, desplazamientos, y homicidios contra dirigentes comunales y sociales en sus territorios y la efectividad en la persecución a los culpables.
- Formación en la Fuerza Pública. Fortalecer la formación en la fuerza pública como garantes de derechos de los ciudadanos y de sus dirigentes sociales antes que como organismos de persecución cuando reclaman o protestan.
- Apoyar con líneas de crédito fáciles y baratas a la economía popular e informal para arrebatársela a los dineros ilegales, pues en la defensa de sus territorios muchos comunales son víctimas de ilegales.
- Cumplimiento a los compromisos de proyectos y mejoramiento de vías en las zonas de sustitución de cultivos.
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Guillermo A. Cardona Moreno: Mesa de Interlocución en Derechos Humanos de la Confederación Comunal con el Estado. Presidente del Observatorio Nacional Comunal
Foto obtenida de: la FM
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