Pandemia, clientelismo y corrupción

Es evidente, estamos en un momento de crisis mundial en todos los niveles y factores bióticos que hacen parte del entramado de la actual sociedad. La pandemia del Covid-19, amenaza con arrasar la vida humana y con ella la economía, las culturas y demás recursos de que está dispone, como colectivo social. Para muchos, son momentos de reflexión y cambios  que incidan en la reducción de la concentración de la riqueza y la propiedad, que aboguemos por un mundo más humano, equitativo, menos contaminante, preservador de los recursos naturales, hora de reversar las privatizaciones de derechos y servicios básicos para la  población; la salud, por ejemplo y otros bienes que fueron fundamentales para la civilización humana: el agua,  que es vital, la tierra lugar de asentamiento y fuente de alimentos, la energía que es el equivalente del fuego y el aire que respiramos, gravemente afectado por la contaminación que generan las empresas multinacionales que gobiernan el mundo, con su superproducción,  instan a un consumismo desaforado, originando lo que hoy se conoce, como cambio climático o calentamiento global. Si bien es cierto,  el modelo neoliberal vigente incide en esta situación de manera preponderante, expertos consideran que por sus características, estamos frente a una crisis más profunda: La del modelo civilizatorio, que lentamente lleva a la especie humana y a la sociedad capitalista a su autodestrucción. En el buen sentido marxista, el capitalismo,  no necesita ya del proletariado como su sepulturero.

Existen muchas reflexiones y cambios “sugeridos” por la pandemia, que nos llevarían a disfrutar de una sociedad más humana, solidaria, regida por otros valores sociales en tanto somos una sola raza planetaria, habitante de una misma casa, con condiciones para que brille la fraternidad, con dignidad humana. Algunos ilusos, contemplamos la posibilidad, que la crisis humanitaria que vive el mundo, Colombia, particularmente Sucre y sus municipios, como consecuencia del Covid-19, trascendería las costumbres corruptas y clientelista anquilosadas en la administración del Estado, a través de un manejo transparente y ético de los recursos dispuestos por el gobierno nacional en el marco de la emergencia económica y social. Todo por el contrario, las conductas clientelistas y las prácticas corruptas aparecieron de manera inmediata; las compras de mercados, distribución de los mismos, el manejo de los recursos y las acciones de alivio social dan cuenta de este crimen y vergüenza presentes de cabo a rabo en la conducción de los destinos públicos. Los corruptos hacen ferias con los dineros públicos,  destinados a satisfacer necesidades y aliviar la situación de la población más pobre y vulnerable. Según la Contraloría General de la República,  ya se han identificado 80.000 millones de pesos que ensanchan el patrimonio particular y privado de varios funcionarios públicos del país, donde se distinguen los municipios de Sincelejo y Coveñas, lo que es extremadamente grave, dadas las condiciones particulares de Sucre y sus territorios.

Es una total verdad, que la pandemia impacta de manera diferencial a las poblaciones y territorios por diversos factores, en nuestro caso, tenemos alta tasa de desempleo, la absoluta mayoría de la población vive de la informalidad y el “rebusque”, presencia de miles de víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de familia y existencia de otras poblaciones desprotegidas, pobreza extrema, etc. A esto se agrega, la debilidad y baja presencia del Estado en algunos municipios, la mala infraestructura vial y sanitaria, la crisis generalizada de la red pública hospitalaria que limitan la respuesta institucional,  en un escenario de incremento de la tasa de contagio, las 159 camas-UCI existentes a nivel hospitalario y clínicas privadas no serían suficientes y muchos sucreños estaríamos abocados a sucumbir ante el virus, de esas camas no sabemos cuántas estarían disponibles y si tienen equipos de respiración artificial. Un incremento rápido del número de contagiados para nosotros, es fatal, no se puede jugar con esta situación de manera irresponsable.

Debemos valorar como válidas y totalmente pertinentes, las medidas de aislamiento social, de confinamiento,  decretadas por los gobiernos nacional, departamental y local, en realidad son medidas coercitivas, que limitan las libertades públicas y afectan la cotidianidad de nuestra supervivencia, pero son extremadamente necesarias y deben cumplirse al pie de la letra como deber ciudadano. Pero, aún así, estas, no son suficientes si no se le garantiza a la población estabilización socio- económica,  para que disciplinadamente permanezca en sus casas, por ello,  es necesario el suministro de alimentos suficientes y con alto valor nutritivo, permanencia en las vivienda, sin el acoso de acreedores bancarios o de los dueños de estas,  cuando son en  arrendamiento, goce de los servicios públicos domiciliarios de manera ininterrumpida, convivencia en los hogares, con prevención de la violencia intrafamiliar y de género, como mínimo. Estas condiciones deben ampliarse para la población que está por fuera de las políticas de focalización neoliberal, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, para que el confinamiento como medio para contener la expansión del Virus sea exitoso y respetado por todos y todas.

Entendemos que los entes territoriales, tienen menos capacidad presupuestaria  para atender de manera óptima las necesidades y derechos ciudadanos vulnerados por la pandemia, pero si a ello le agregamos, que los mercados repartidos se hacen como si fuera feria de limosnas, dádivas o expresiones caritativas de los gobernantes y que además en su valor va incluido la coima o mermelada del funcionario público, es evidente que el confinamiento, la cuarentena decretada se derrumba  y nos coloca en un escenario de vulnerabilidad total y de explosión social; los ciudadanos y ciudadanas no deben escoger entre morirse de hambre cumpliendo con las medidas de aislamiento social,  que los mate el Covid-19  en las calles o morirse  inermemente  de las dos cosas. En Sucre ya hay expresiones de resistencia, descontento  y agitación social.

La política pública de emergencia por la pandemia, no debe estar por encima de la  Constitución política, del enfoque de derecho. En consecuencia, los mercados y bienes de alivio social ofrecidos por el Estado no son limosnas, frutos de la caridad de nuestros gobernantes, es la garantía que este ofrece a sus ciudadanos y ciudadanas en medio de una situación irregular, para que accedan a sus derechos fundamentales, para que vivan dignamente, cumpliendo este, con su función social.

La corrupción y el clientelismo, hacen su agosto desde abril con los dineros públicos de la emergencia económica y social, pero la entrega de mercados limita a los ciudadanos y ciudadanas en la escogencia libre de los bienes que requieren para la supervivencia, generan una relación de subordinación clientelar, de dependencia y falta de libertad, por lo que me atrevo a proponer que las instituciones públicas , efectúen contratos o convenios con supermercados, considerando los que tienen mejores precios, venden más barato, expiden un bono al beneficiario y este lo cambia libremente por los alimentos y elementos de aseo que necesita, así puede consumir verduras, huevos, leche y otros víveres, no viéndose obligado a comer a medio día y en las tardes arroz con lenteja. Partiendo del supuesto del sano criterio ético y responsabilidad de los supermercados y lógicamente con una estricta y permanente veeduría ciudadana, solo así le podemos quebrar el espinazo a la corrupción, la cual se reproduce de generación,  en generación, a lo largo de nuestra vida republicana. Si somos optimistas y  la vida para alcanzar otra pandemia, es posible que la corrupción y el clientelismo, se habrán extirpado definitivamente de la gestión pública.

José Fredy Aguilera Garavito 

Foto tomada de: El Universal