Anuncios sobre el Fondo de Tierras en medio del confinamiento
El Punto I sobre Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz incluye la creación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita “con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra”, con ello “regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra”. Ese Fondo estará conformado por 3 millones de hectáreas en sus primeros 12 años de funcionamiento, lo cual se complementa con otros 7 millones de hectáreas de formalización de la propiedad privada.
Las intenciones de democratizar el acceso a la tierra y promover su distribución equitativa del Acuerdo de Paz están ampliamente justificada en la altísima concentración de la propiedad rural. Varios datos así lo confirman: El índice gini, que mide la concentración de 0 a 1, se ubica para el caso colombiano en 0,9, siendo el quinto país en el mundo con mayor concentración bajo este criterio[1]. El 1% de los predios más grandes concentra el 81% de la extensión, mientras el 99% restante están apiñados en el 19% de la tierra[2]. Como lo reconoce el propio decreto 902 de 2017, que reglamenta el Fondo de Tierras, en Colombia hay 800mil hogares dedicados a la actividad agropecuaria que no tienen tierras “bajo ningún concepto”.
Por todo lo anterior, el acceso a la tierra es un asunto de gran relevancia en Colombia. El cumplimiento de lo consignado en el Acuerdo de Paz, sería un avance muy importante, aunque no lograría resolver el problema por completo, debido a sus desproporcionadas dimensiones.
En medio de la pandemia, el gobierno nacional anunció fastuosamente que el Fondo de Tierras había alcanzado el millón de hectáreas[3]. Ese anuncio, que pareciera indicar un avance importante en la implementación del Acuerdo de Paz, encubre datos muy llamativos de los predios que componen el Fondo, como se expone a continuación.
I. Primero, la mayoría de los predios ingresados al Fondo están ocupados actualmente. Según información oficial suministrada por la Agencia Nacional de Tierras, apenas el 2% (21.141 hectáreas) de las ingresadas al Fondo están sin ocupación.
Es importante recordar lo que advertía el propio exministro de Agricultura Andrés Valencia en una entrevista a El Espectador en noviembre pasado:
“Lo que hay en el fondo de tierras de alguna manera está ocupado. No es un fondo de tierras baldías, sino que están ocupadas. Para poder empezar a formalizar tenemos que aclarar la propiedad en esas tierras. Y eso va a tomar un tiempo”[4].
El hecho de que la mayoría de las tierras del Fondo estén ocupadas plantea una de dos posibilidades. El primer escenario es que las personas que están habitando estas tierras sean sujetos de reforma agraria, beneficiarios del decreto 902. Es decir, que no tengan tierras o no tengan tierras suficientes y que no superen determinados topes patrimoniales, por lo cual se les pueden titular los predios. En ese caso, no estaríamos hablando de acceso a tierras, como se propone el Fondo, puesto que las personas que reciban los títulos ya se encuentran allí. Se estaría garantizando el título, un propósito similar al del componente de formalización del Acuerdo, aunque se trate de baldíos y no de predios de propiedad privada.
La segunda posibilidad es que quienes ocupan esas tierras no son sujetos de reforma agraria, sino grandes propietarios. En ese caso, el gobierno tendría que llevar a cabo largos y dispendiosos procesos agrarios para definir la propiedad, como lo reconocía el exministro Pinzón, lo cual exige recursos económicos, capacidad institucional y voluntad política, de lo cual el gobierno tiene poco. En este segundo escenario, de poco serviría que las tierras entren al Fondo y estén a nombre de la Nación, pues en verdad el Estado no puede disponer de ellas.
El gobierno ha manifestado que no ha caracterizado a la población que ocupa esos predios, por lo tanto no es posible saber cuánto del Fondo de Tierras corresponde al primer escenario y cuánto al segundo. 551 predios que supuestamente hacen parte del Fondo no tienen siquiera número de matrícula inmobiliaria asignada, por lo cual el proceso de identificación está todavía más retrasado. Esos predios suman 122mil hectáreas.
El escepticismo sobre la capacidad del Estado de resolver procesos agrarios que democraticen la tierra tiene bastante asidero. A manera de ejemplo, llevamos años denunciando casos de acumulación de baldíos en la Altillanura, sin que hasta ahora se resuelva ninguna demanda de nulidad para sancionar a los acaparadores de tierras, como lo recojo en mi libro “Así se roban la tierra en Colombia”, publicado en 2017[5]. Tampoco hay mecanismos prácticos para resolver prescripciones adquisitivas de baldíos, es decir, casos en los que jueces entregaron la propiedad de predios baldíos a personas poderosas que no cumplen con los requisitos para ello. Es el caso del señor Embajador en la República Dominicana Daniel Cabrales y su familia, quienes recibieron 862 hectáreas el departamento de Córdoba, gracias a decisiones de los jueces[6].
II. El tamaño de los predios ingresados al Fondo es llamativo.
Algunos son de grandísima extensión, apenas nueve de los más de 5 mil predios suman 504 mil hectáreas, es decir, más de la mitad del anunciado millón de hectáreas. De esos, hay dos predios en San Pablo y Cantagallo, municipios de la región del Sur de Bolívar, extraordinariamente grandes y aparentemente contiguos. Uno es de 125 mil hectáreas, corresponde al 62% de la extensión del municipio y el segundo, de 65 mil hectáreas, al 75%. Según la información del Ministerio de Agricultura, a estos predios se les abrió la Matrícula Inmobiliaria recientemente. En Arauca hay otros dos predios de más de 86 mil hectáreas cada uno. Sería ingenuo pensar que predios de semejantes dimensiones están deshabitados, por tanto no son tierras nuevas que se entreguen a familias campesinas que carezcan de ella.
Por otra parte, 1.396 predios (el 27% del total de predios en el Fondo) tienen dos hectáreas o menos. Es decir, una extensión claramente insuficiente para garantizar el derecho a la tierra de una familia campesina. El Ministerio de Agricultura ha informado que en estos casos seguirían “siendo potencial beneficiario de ser sujeto de reforma agraria o de acceso de tierras”. Ya lo eran antes de la creación del Fondo, seguirán esperando tener la tierra suficiente.
III. La distribución regional del Fondo es preocupante.
Bolívar, Antioquia, Meta y Arauca concentran 614 mil del millón de hectáreas. Mientras tanto para otros departamentos, incluso algunos muy golpeados por el conflicto armado y que debieran tener prioridad por esa condición, hay muy pocas tierras del Fondo. Es el caso de Putumayo, con apenas 30 predios, que suman 610 hectáreas; Norte de Santander, 75 predios y 2.249 hectáreas; o Caquetá, con 21 predios y 2.218 hectáreas.
IV. La información de la Agencia de Tierras confirma el escaso avance de las adjudicaciones de los predios del Fondo.
Con corte al mes de abril, apenas se habían entregado 30 mil hectáreas, es decir, el 3% de lo que hoy conforma el Fondo. Esto claramente guarda relación con el primer punto. Si las tierras del Fondo están ocupadas no pueden entregarse a familias indígenas y campesinas.
Decretos en contra de la producción campesina
Si en la pandemia no se garantizan tierras para el campesinado, el Estado tampoco facilita recursos para favorecer la producción de alimentos. Hace unos meses se armó un escándalo nacional, pues los subsidios propuestos para enfrentar la pandemia bajo el programa “Colombia Agro-produce” estaban en riesgo de desviarse a los más poderosos, como advirtió la Contraloría, reviviendo el fantasma del famoso Agro Ingreso Seguro[7].
Los subsidios para el agro no son ajenos al problema de las tierras. Como he señalado en los debates de control político, varios de los acumuladores de tierras recibieron a su vez subsidios del Estado, para desarrollar sus proyectos agroindustriales justo en las tierras acaparadas. Sobresale el caso de Sarmiento Angulo, el banquero más poderoso del país, cuyas empresas agrícolas son subsidiadas por el Estado. O el de la multinacional Monica Semillas, que usó la misma fórmula para acumular tierras en la Altillanura y subsidios simultáneamente: la creación de varias personas jurídicas pertenecientes a un mismo grupo económico.
El decreto 486 de 2020, expedido bajo la emergencia económica, recurre a la Línea Especial de Crédito (LEC), justo uno de los componentes del programa Agro Ingreso Seguro. Adicionalmente, ese decreto propone apoyos insuficientes a los campesinos, exclusivamente para los mayores de 70 años y centrada en los gremios. Con la bancada del Polo Democrático hemos presentado un Proyecto de Ley que modifique el 486, garantizando una renta básica para los hogares rurales en condición de pobreza, créditos para los pequeños productores, compras públicas de alimentos y el fomento de mercados locales. No es aceptable que los recursos del gobierno se dediquen a garantizar la liquidez de los bancos, mientras los colombianos más necesitados afrontan tantas dificultades y muchos campesinos no logran comercializar sus productos.
Bajo la emergencia económica también se expidió el decreto 523, que disminuye los aranceles de productos agrícolas como el maíz y la soya. En lugar de garantizar la soberanía alimentaria y apoyar la economía campesina, el gobierno aprovecha la situación para profundizar la crisis del agro ocasionada por la importación de alimentos subsidiados. Desde el Polo Democrático solicitamos la derogación de ese decreto.
En estas épocas se discute también el Presupuesto General de la Nación para el próximo año, que es presentado por el gobierno y debe ser aprobado por el Congreso. Ese presupuesto debería estar en función de aliviar los impactos de la pandemia y el confinamiento. Por el contrario, el presupuesto del agro disminuye un 7,7% en la propuesta gubernamental, mientras el presupuesto total se incrementa un 9% y otros sectores como el de Defensa tienen un incremento del 13,9%. El presupuesto de la Agencia de Tierras, la entidad que debe implementar el Fondo del que comentamos al principio, disminuye un 12,7%.
En conclusión, el Covid-19 nos ha demostrado la importancia de contar con alimentos disponibles para toda la población, así como las precarias condiciones en que viven millones de personas, entre ellas los campesinos. En lugar de fomentar la producción de alimentos y mejorar las condiciones de vida de los vulnerables, el gobierno Duque se ha dedicado a favorecer a los poderosos y a hacer anuncios carentes de sentido por televisión. El campesinado sigue sin tierras, sin apoyo en la producción de alimentos y sin una política social que garantice sus derechos.
[1] Ver: https://razonpublica.com/la-escandalosa-desigualdad-de-la-propiedad-rural-en-colombia/
[2] Ver: https://www.oxfam.org/es/informes/radiografia-de-la-desigualdad
[3] Ver: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Fondo-de-Tierras-para-la-Paz-supero-el-millon-de-hectareas-200507.aspx
[4] Ver https://www.elespectador.com/noticias/economia/reforma-a-ley-de-tierras-sin-camino-despejado/
[5] Ver https://www.semillas.org.co/es/publicaciones/as-se-roban-la-tierra-en-colombia
[6] Ver https://verdadabierta.com/tras-los-baldios-de-la-nacion/familia-cabrales-se-hizo-a-862-hectareas-de-tierras-baldias-por-via-judicial-en-cordoba/
[7] Ver https://www.elespectador.com/coronavirus/los-subsidios-de-finagro-que-se-le-salieron-de-control-al-ministerio-de-agricultura-articulo-917491/
Wilson Arias Castillo, Senador de la República
Foto tomada de: El Comercio
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