Sin duda alguna, estos primeros 30 días permiten pensar que efectivamente estamos asistiendo a un cambio en la coyuntura política de nuestro país, el cual no pareciera ser un mero enunciado, algunos hechos nos indican que efectivamente en el nuevo gobierno se está asumiendo un compromiso más allá de la retórica formal para hablar de la paz y concretamente en materia de los derechos humanos. Primer aspecto que llama mucho nuestra atención es la manera cómo desde el propio acto de posesión y el discurso se destaca “1. Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca. Vamos a cumplir el Acuerdo de Paz y a seguir las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. El «Gobierno de la Vida» es el «Gobierno de la Paz».
La paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia.
No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen. Los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz. Una vida justa y segura. Una vida para vivir sabroso, para vivir feliz, para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad.” Encabezar los compromisos del nuevo gobierno con esta premisa, indica de entrada, una marcada diferencia con el gobierno anterior, que abiertamente se opuso a la implementación del Acuerdo Final de Paz y su partido político, estuvo comprometido en una campaña para hacer trizas el acuerdo del Paz, y es que más allá de todas las consideraciones que se puedan hacer sobre ese compromiso hecho por el estado colombiano y la guerrilla de las FARC en el año 2016, el Acuerdo Final de Paz, es un instrumento de transformaciones en la perspectiva de superar las desigualdades y devolver a la inmensa mayoría de la sociedad colombiana la esperanza en unas trasformaciones que se han esperado por décadas en el país, en este sentido como lo señala el Presidente, su historia de vida y sus luchas, permiten pensar que esta vez, desde la casa de Nariño y acompañado de la bancada del Pacto Histórico, junto a otros sectores que también han tomado la decisión de apostar por la construcción de la paz duradera y estable, habrá un chance real y efectivo para que el país supere largas décadas de un conflicto armado doloroso, que cuando menos sumergió al país en el atraso económico.
Igualmente, cabe destacar que el nombramiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, también hace parte de ese esfuerzo del nuevo gobierno por marcar un hito y enviar un mensaje claro a la sociedad, de no permitir violaciones a los derechos humanos, ni premiar a quienes hayan estado comprometidos en este tipo de crímenes al interior de las fuerzas militares, en ese sentido la nueva cúpula, es el resultado de una profunda búsqueda al interior del alto mando militar con mayor compromiso en colocar a la institucionalidad militar al servicio de la construcción de la convivencia y la paz, asimismo, el anuncio del señor Presidente a las fuerzas militares de estimular y valorar el cumplimiento de la tarea de la fuerzas militares en el marco de la protección a la vida y a la integridad de la ciudadanía, tal cual lo anuncio apenas 8 días después de haberse posesionado “La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales”, lo que significa cómo lo ha señalado la ONU, un cambio de orientación y mentalidad por parte del gobierno frente a las Fuerzas Militares.
Asimismo, se destaca la forma rápida como el nuevo gobierno acogiendo observaciones e inquietudes del movimiento social y derechos humanos se implementa un plan de choque para prevenir las masacres y asesinatos a los líderes sociales, estableciendo una metodología de creación de Puestos de Mando Unificado (PMU) justamente en aquellos territorios fuertemente afectados por este fenómeno criminal y priorizando la acción de prevención en 65 municipios del país.
Asimismo, se destaca en el nuevo gobierno su disposición al diálogo y escucha, con las organizaciones y plataformas de paz y derechos humanos con quiénes se ha iniciado un ejercicio de acercamiento, en la vía de construir participativamente la política pública de protección a los líderes sociales, frente a lo cual ya se ha iniciado un proceso por parte de estas, de la construcción de los lineamientos principales que deben orientar esta necesaria herramienta para fortalecer las confianzas de las organizaciones sociales en el gobierno y superar experiencias anteriores en las que justamente lo que no existió fue una disposición de diálogo inclusivo, lo que terminó fracturando el relacionamiento del gobierno con el movimiento de paz y derechos humanos.
No menos importante es el nombramiento en responsabilidades importantes del nuevo gobierno de personas con reconocida y amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, estás también se constituyen en acciones afirmativas en procura de crear un nuevo ambiente de tolerancia y respeto a las diferencias para construir un nuevo escenario en la vía de alcanzar la paz total.
Se destaca también, los contundentes anuncios del nuevo gobierno de impulsar una política de diálogo con los grupos armados, para establecer una mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, y unas acciones que permitan qué otros grupos armados lleguen a un acuerdo con el gobierno a cambio de abandonar el uso de las armas y el desarrollo de prácticas criminales.
El conjunto de estas acciones, sin duda marca un cambio drástico en la concepción y la política del gobierno en favor de la paz y en la vía de garantizar el respeto a los derechos humanos, aspecto que claramente está siendo saludado por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos en el país, y claramente constituyen una oportunidad para cambiar la realidad de violencia qué ha tenido que padecer la sociedad colombiana en los últimos años.
No obstante, este panorama promisorio, no nos deja reconocer, que hay temas que siguen inquietando y que será necesario qué el gobierno aborde prontamente.
Uno de ellos, tiene que ver con una promesa de campaña del hoy presidente Gustavo Petro, en relación con el desmonte de un aparato criminal como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que en los últimos días, se han hecho anuncios por parte del ministro de la defensa, en los que se insinúa qué los cambios a este cuerpo criminal, serán de forma y no de fondo, en este sentido es bueno reiterar, que una parte del movimiento social y de derechos humanos ha venido planteando es el desmonte total de esta institución, y no cambios en su uniforme o quizá en algunas de sus armas, lo que se requiere es el cambio de concepción, el país no necesita una fuerza de contención al derecho constitucional y humano a la protesta. Para que esto sea posible, será igualmente necesario abordar una discusión de la sociedad entorno a los cambios en la Policía Nacional, la cual en primer lugar debe dejar de pertenecer o ser parte del ministerio de la defensa, igualmente deben introducirse profundos cambios doctrinales que superen aquella ideología que se promovió durante tantos años, en la cual se inculcaban que “quién protestaba era una amenaza para la institucionalidad y debía contenerse, con todo el uso de la fuerza”, también será necesario introducir modificaciones sustanciales en la política de incorporación a la policía, y su necesaria articulación al ministerio del interior o a una institución de carácter civil, estos cambios pensando en la perspectiva de consolidar una fuerza que sea garante de la convivencia ciudadana, el respeto de los derechos humanos y el diálogo persuasivo, sin que tenga que apelarse al uso de las armas letales, ni a procedimientos, qué claramente vulneran la integridad y la dignidad de los seres humanos.
También llama la atención, qué el gobierno de Gustavo Petro no haya hecho planteamiento alguno en relación a cuáles son las políticas y principales preocupaciones que se tienen en torno a la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, claramente hay una inconformidad por parte de las víctimas y sus organizaciones, en lo que ha sido la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas, así como, grandes inconformidades en lo que tiene que ver con los procesos de restitución de tierras robadas al campesinado, indígenas y afrodescendientes en el país.
Sin duda alguna, todas estas inquietudes y preocupaciones serán abordadas ojalá pronto, según se puede colegir de la disposición y la actitud del nuevo gobierno, y en este sentido, el movimiento de víctimas, derechos humanos y de paz, no pueden olvidar qué su papel en este nuevo escenario político, en el que sin duda estamos frente a un gobierno de carácter democrático, qué debe ser considerado aliado en la causa de garantizar el respeto los derechos humanos, pero que no puede confundirse en lo que algunas personas e incluso organizaciones de los movimientos sociales, califican como “nuestro gobierno” porque esto sin duda, desnaturaliza el papel del movimiento social, cómo veedor y garante, papel que debe cumplir cualquier gobierno, en materia de fortalecimiento de la democracia, la superación de las desigualdades, la garantía de pronta y efectiva justicia y la inclusión del conjunto de la sociedad en las políticas y programas de un gobierno. Adicionalmente es importante señalar que prevalece en el riesgo que una parte importante de la dirigencia del movimiento social y de derechos humanos, terminé siendo cooptada por el nuevo gobierno, lo cual podría convertirse en un debilitamiento del movimiento social.
En todo caso señalar, qué para las organizaciones sociales y de derechos humanos, estos primeros 30 días del gobierno de Gustavo Petro y los anuncios que llegan desde el nuevo Congreso, conforman un escenario alentador y esperanzador para quienes desde hace muchos años han trabajado en la edificación de un país que superé el conflicto armado y se encamine en la ruta de construir una paz duradera, estable e inclusiva. Y en ese propósito el movimiento de derechos humanos de paz y de víctimas debe acompañar, al nuevo gobierno para el fortalecimiento y profundización de esos anuncios, qué se han venido haciendo en este corto periodo. Este compromiso de acompañamiento, debe materializarse de inmediato en toda la discusión en el proceso de preparación y construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo y en la presentación de iniciativas políticas y legislativas que caminen coherente y consecuentemente en la ruta de superar la guerra interna que ha vivido el país.
Alfonso Castillo Garzón, Defensor de los Derechos Humanos.
Foto tomada de: Infobae
Camarada Alfonso, felicitaciones por tan buen aporte a este proceso que debemos mantener como avanzada a nuestro propósito de llevar Colombia por la ruta hacia el Socialismo. Tomaré tan valioso documento como base para continuar el trabajo, que debemos de redoblar, para contrarrestar el alto grado de despolitizacion de la población. Avanzamos con este gobierno, pero conscientes de que el poder anda en manos del gran capital fascista.. Los “viejos” necesitamos compartir conocimientos. Nos vimos camarada.
Interesante, detallado y sencillo analisis político.
Análisis objetivo e impacial, consecuente ala realidad de la política y el pais.
Felicitaciones al autor