Entre los principales elementos de este momento mencionamos al menos los siguientes:
- El potencial transformador que contiene el acuerdo final de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en el mes de noviembre del año 2016, este documento sin duda constituye la agenda mínima para la construcción de un gobierno de transición democrática, que garantice la implementación cabal de lo acordado en La Habana, y que de seguro podrán convertirse en factor desencadenante de las trasformaciones democráticas si se conquista un gobierno de transición y los actores sociales y populares impulsan un proceso de movilización social y popular orientado a la transformación social, política y económica del país que permitan consolidar la paz y la justicia social, que anhela la sociedad colombiana.
- De otro lado está la actitud del propio gobierno de Juan Manuel Santos y en general del Estado Colombiano, que cada día dejan en evidencia como ponen obstáculos que impiden el avance en el cumplimiento de los acuerdos y en algunos momentos como acaba de suceder con el fallo de la Corte Constitucional, saboteando el procedimiento del fast track para la aprobación de las leyes que hace necesario el primer impulso a los acuerdos.
- Igualmente es necesario mencionar, el país asiste a un fortalecimiento de la ultraderecha, que sin ambages ha manifestado su oposición total a la implementación de los acuerdos y se ha declarado abiertamente en contra, usando un discurso virulento y explosivo que intenta ganar audiencia en favor de la profundización del conflicto social y armado en nuestro país.
Todo este debate está condimentado, desde una matriz mediática que se ha promovido por parte de los sectores dominantes del país que pretende vender la idea que con el proceso de desmovilización y entrega de armas de la guerrilla, cesan todos los conflictos sociales y populares y ahora el país ha conquistado la paz, lo cual entre otras, ha significado que desde la comunidad internacional se crea que el país vive un ambiente de reconciliación y respeto pleno a los derechos humanos, tesis que por supuesto no tienen nada que ver con la realidad que vive el pueblo colombiano.
Seguimos asistiendo a diario, a un proceso descarado de desmonte y desconocimiento de los derechos sociales, para nadie es un secreto los graves retrocesos en garantía del derecho a la salud, el trabajo digno, los derechos de los pensionados, las graves afectaciones al derecho a la educación pública.
A este panorama se suma por supuesto el grave deterioro que se presenta en materia de respeto a los DDHH, los últimos meses coincidentes con la firma del acuerdo final de paz, han significado un aumento en las violaciones de los derechos humanos, del derecho a la vida y de derecho a la protesta, que se expresan en una revitalización del proyecto paramilitar en varias regiones del país, el asesinato de no menos de 56 líderes y lideresas sociales en lo corrido del año 2017 y el aumento de las amenazas procedentes de estos grupos que actúan al libre albedrío en muchas regiones del país como ha sucedido históricamente.
Ahora la arremetida viene contra los derechos políticos principalmente, los mensajes que desde el establecimiento político, en el que se encuentran el poder legislativo en el Congreso de la República, la rama judicial que se niega a aceptar la implementación de los acuerdos tal cual como se acordaron, especialmente en lo relativo a la ley de amnistía e indulto y también ahora de las altas cortes que acaban de propinar un certero golpe de muerte a la construcción de confianzas por parte de la insurgencia.
Al mismo tiempo el gobierno de Juan Manuel Santos, impulsar desde el Congreso de la República y en práctica gubernamental, un fortalecimiento del modelo económico neoliberal que significa en todo caso la profundización del modelo extractivista, el impulso de leyes que recortan y desmontan derechos sociales de los y las trabajadoras y en todo caso profundizar la política privatizadora de la riquezas nacionales y del patrimonio público.
También hay un favorecimiento para que las fuerzas militares y policiales del país profundicen como es propio de su tradición, la vulneración de los derechos humanos, empezando por el derecho a la protesta, que a través de instrumentos tan lesivos como el Código Nacional de Policía, o los procesos de excarcelación a quienes han sido violadores de los derechos humanos que se encuentran privados de la libertad, alientan a la fuerza pública a continuar su política represiva contra todos aquellos sectores que se declaren favorables de la paz.
Como si fuese poco, la corrupción de la clase política sigue manifestándose como enemigo de los derechos, por cuanto todavía no existen en el país instrumentos y mecanismos que permitan procesos judiciales ágiles que encarcelen a los corruptos, les nieguen derechos políticos y en todo caso recuperen los patrimonios económicos por ellos usurpados.
Por cuenta del empoderamiento los sectores de ultraderecha, avanza en el país una vieja práctica anticomunista que ahora se disfraza como un discurso contra el Castro chavismo o por el rescate de las más profundas tradiciones cristianas y católicas, y detrás del cual se esconden prácticas chovinistas, patriarcales, homofóbicas y xenofóbicas.
Este panorama nos coloca ante la evidencia de la plena vigencia de la lucha de los defensores y las defensoras de los derechos humanos y los constructores de paz en nuestro país. Periodos históricos como éste, exigen que la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos se profundicen y proyecten entorno sectores de la sociedad colombiana, justamente, porque ante el panorama de confusión, incertidumbre, el tema de los derechos humanos cuenta con la potencia ética, y el prestigio político, que pueda convocar a distintos sectores de la sociedad en torno de promoción, defensa y exigibilidad de los mismos.
En ese sentido la labor no puede ser distinta que la durante muchos años se ha desarrollado, especialmente en los siguientes aspectos de manera más particular:
- Pedagogía porque la sociedad colombiana tiene que conocer la importancia y trascendencia para transformar nuestra realidad social política y económica que tienen tanto los acuerdos de paz, como la creación de un ambiente necesario para la edificación de un gobierno democrático y popular.
- La propia defensa de los derechos humanos que ante el panorama de violaciones a los derechos sociales y políticos con toda seguridad se va a traducir en un aumento de la movilización y la protesta social y con ellas el aumento de la represión por las fuerzas gubernamentales.
- Ampliar la movilización social y popular para ampliar los estándares a los que el gobierno con sus políticas neoliberales quiere reducir los derechos sociales, económicos y políticos de nuestra sociedad.
- Organizar a diversos sectores sociales los trabajadores, los jóvenes las mujeres los ambientalistas es un imperativo que se impone desde la perspectiva del trabajo de los derechos humanos.
Las tareas inmediatas entonces son:
- La defensa del proceso de paz
- La lucha por garantizar los mínimos derechos de los presos y las prisioneras políticas empezando por garantizar el pronto cumplimiento de la ley de amnistía e indulto
- Garantías para la protesta social
- Respeto o por los derechos de las diversidades sexuales y los derechos de las mujeres
- Garantías para la protección y defensa del medio ambiente.
ALFONSO CASTILLO
Bogotá, 30 de agosto de 2017.