Dicha investigación nos trae a la memoria el informe sobre el MAS (Muerte a Secuestradores) que el Procurador Carlos Jiménez Gómez, presentó al entonces presidente Belisario Betancur, el 4 de febrero de 1983. El monstruo paramilitar era apenas un embrión pero Jiménez Gómez sintetizó tajantemente, sin que nadie le prestara atención: Se trata de un “mecanismo criminal de contraofensiva social, económica y política” al que han apelado sectores de la sociedad. “Esta organización es la suma de agentes violentos del país”.
Treinta y cuatro años después, las palabras del Procurador Jiménez Gómez retumban en toda su dimensión; el panorama que muestra la investigación actual, es sombrío, pero sobre todo aterrador, ante la sordera e incredulidad del gobierno nacional para reconocer y afrontar la gravedad de la situación: la pretendida desmovilización de los años 2003-2006 fue un fracaso con ribetes de farsa; el paramilitarismo continúa operando en el país. Del informe de 2017 destacan los siguientes apartes:
Las estructuras surgidas luego de la “desmovilización” de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- “aunque con variaciones, siguen ejerciendo poder territorial y violando los derechos humanos”.
Particularmente en el departamento de Antioquia, luego de la desmovilización paramilitar, estas estructuras se han reconfigurado y el 96% de sus municipios (121) reporta presencia paramilitar, la cual se refleja en la situación de violencia y violaciones de derechos humanos.
Un cuarto de la población de Antioquia es considerada víctima, lo cual se puede relacionar con el origen, desarrollo y consolidación del paramilitarismo iniciado desde el Magdalena Medio y Urabá, la fuerte presencia de la insurgencia y las acciones violatorias de agentes del Estado, que de manera individual o coordinada con paramilitares, llevaron a cabo graves violaciones a los derechos humanos.
En 2016 se presentaron 1.870 homicidios en el departamento, 757 de ellos en el Valle de Aburrá. En 2017, hasta septiembre, se habían presentado 1.381, de los cuales 565 fueron en el Valle de Aburrá.
Los paramilitares son los principales responsables de los homicidios de líderes sociales así como de amenazas individuales y colectivas en contra de procesos organizativos. A manera de ejemplo recordemos lo sucedido en el paro minero iniciado el 21 de julio de 2017, cuyos activistas y líderes fueron estigmatizados, señalados de tener vínculos con el Clan del Golfo y el ELN.
De igual manera, lo acontecido el 11 de julio, cuando aparecieron algunas casas del corregimiento de San José de Apartadó, con leyendas amenazantes: “Llegamos para quedarnos” y firmadas por las AGC; episodio constatado por la Defensoría del Pueblo y banalizado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien aseveró que “eso es cualquier muchacho que contratan en un municipio o corregimiento para que haga unas letras y salga corriendo”.
Entre 2016-2017 en el Nordeste Antioqueño y según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, se presentaron 1.241 casos de desplazamiento forzado, 592 en Segovia.
En el Urabá antioqueño se encuentra el 10.5% de la población de Antioquia, el 51.4% de la población de Urabá (356.690 personas) se hallan registradas como víctimas del conflicto en la UARIV.
En esa subregión, de cerca de 150 mil hectáreas de tierras despojadas o abandonadas a diciembre de 2016, se habían restituido alrededor de 6 mil hectáreas, es decir escasamente el 4%.
En 2008, apenas dos años después de la desmovilización de las AUC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- denominadas también “Clan del Golfo” y “Urabeños”, iniciaron un proceso de control y dominio sobre otros grupos. Actualmente es el grupo dominante sin que existan otras estructuras que disputen su control, con presencia en 97 municipios, indicativo de que es la de mayor control territorial, social y económico en el departamento.
Según la Defensoría del Pueblo, en la región del Urabá antioqueño, las AGC han llevado a cabo incursiones armadas en el corregimiento de San José de Apartadó y mantienen un implacable control en cabeceras municipales, como la de Apartadó. Allí, mantienen dos bases paramilitares, una en la vereda Rodoxalí de Apartadó y otra en el corregimiento Nuevo Antioquia de Turbo.
Su poder es tal, que desde 2013 construyen una carretera entre la vereda La Esperanza y el corregimiento Nuevo Antioquia, la cual les permite transportar armas e insumos para el narcotráfico, así como abastecerse fácilmente, pasando por la vereda Playa Larga donde se ubica la finca “La Marina” presuntamente de propiedad de alias “Otoniel”, máximo cabecilla de las AGC.
Y como si fuera poco, en la vereda Rodoxalí de Apartadó, construyen un complejo de 48 viviendas que habitan personas provenientes en su mayoría de Magdalena Medio y Córdoba; con ello ejercen control sobre la población a la vez que le dan tintes de “programa social” a su actividad ilícita.
La Defensoría del Pueblo ha emitido informes de riesgo a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) acerca de la situación de control y avance paramilitar en los municipios de Briceño (2), El Bagre, Medellín, Remedios, Segovia e Ituango; en Urabá en Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó. Sin embargo lo que se observa es que tales alertas no tienen respuesta alguna de los gobiernos departamental y nacional en algunos casos, o que no toman las medidas suficientes, en otros.
La presencia generalizada de grupos paramilitares en Antioquia es resultado del poder que han acumulado las AGC y la Oficina del Valle de Aburrá –OVA-, antes Oficina de Envigado, ahora expandida a todo el Valle de Aburrá.
La OVA se ha mantenido activa desde los 90 hasta la actualidad, gracias a sus alianzas con empresarios, ganaderos, comerciantes, funcionarios públicos, la fuerza pública, funcionarios judiciales y políticos, entre otros; el caso más reciente fue el del exsecretario de gobierno Gustavo Villegas a quien se señala de favorecer a esa organización.
Para el año 2016, según la Corporación para la paz y el Desarrollo Social –CORPADES-, en el Valle de Aburrá existían 500 estructuras armadas, con aproximadamente 13.000 integrantes.
La nueva fase paramilitar presenta cambios notables: no requieren exacerbar sus mecanismos de terror, para ello acuden a prácticas más sofisticadas de control y de relaciones con agentes estatales, entidades públicas y empresarios.
Uno de los aspectos críticos de la situación es la actitud negacionista del gobierno frente a la comprobada existencia del paramilitarismo “ignorando la relación entre estas estructuras y la imposición del modelo económico extractivista, la preservación de los poderes políticos locales, regionales y nacional, el control de la vida civil y las agresiones contra defensores de derechos humanos y organizaciones sociales”.
El informe concluye que el narcotráfico y las economías ilegales conforman el combustible que mueve a esas estructuras armadas. Sin embargo, los grupos paramilitares no solo tienen intereses económicos, también ejercen control social, coercitivo y disciplinario a través de la imposición de “reglas de convivencia”, requisito para conservar la vida y estar en los territorios: se busca “preservar el orden social vigente” de donde se puede explicar las agresiones contra líderes.
El paramilitarismo tuvo una rápida expansión y consolidación durante 2016-2017, en regiones dejadas por las FARC, ante la omisión de la fuerza pública para frenar su avance y por la continua relación de agentes estatales con esos grupos.
Estructuras urbanas como la Alianza Criminal del Norte –ACN- y Los Triana se expanden hacia la ruralidad como muestra de su crecimiento, a la vez que podrían copar territorios que eventualmente dejaran las AGC en una negociación.
Tras la lectura del informe 2017, confrontado con el informe de Jiménez Gómez, se evidencia el rotundo fracaso de la desmovilización de las AUC y se vislumbra el incierto futuro de los acuerdos Gobierno – FARC. La activa presencia paramilitar y la complaciente mirada gubernamental nos impiden hablar de fin del conflicto armado o de posconflicto.
Tres décadas después, las palabras del Procurador Jiménez Gómez en 1983 tienen plena vigencia, solo basta cambiar la palabra MAS por PARAMILITARISMO: “el MAS es representativo de una fase terminal de violencia crónica y generalizada y del grado ya abierto de su institucionalización espontánea dentro de una guerra civil no declarada que aquí y allá, en los sitios más apartados de la geografía nacional o del cuerpo de la sociedad colombiana, estalla en forma recurrente y masiva. […] el MAS no es una organización única sino una mentalidad de crisis y un tipo de delincuencia, manifestadas originalmente bajo la forma de una encubierta justicia privada y luego como instrumento de venganza, de castigo desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad, en todos los órdenes de la actividad privada”.
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
20 de diciembre de 2017
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