Se habla desde hace años en América Latina de la politización de la justicia o de la judicialización de la política, con diferentes usos y aplicaciones de acuerdo a las conveniencias de quienes mueven los hilos del poder, o contrapoder. Hoy esa práctica se denomina en muchos países Lawfare (guerra jurídica), para combatir al adversario con el derecho y aminorarlo, obstruirlo, asfixiarlo, con encerronas jurídicas y no dejarlo gobernar. Lo que perdieron en las urnas lo quieren rescatar en los estrados judiciales. Pero los magistrados y jueces, dependiendo del lugar que ocupen dentro de la Rama Judicial tienen que resolver algunos asuntos con carácter político que no se resuelven en la Rama Legislativa o por autoridades administrativas.
Los delitos contra la hacienda pública (presupuestos estatales) conllevan a sancionar o exonerar a un político corrupto y esto conlleva un cariz político. O los magistrados de la Corte Constitucional al fallar con sentencias de inconstitucionalidad de las leyes, declaran inexequibles o inaplicables las normas que deben salir de la vida jurídica, entonces son calificadas de colegisladores negativos que pareciera entran a cogobernar; o los Magistrados del Consejo de Estado que resuelven sobre Decretos de la Rama Ejecutiva, o sobre asuntos electorales, por inhabilidades o faltas cometidas; etc., estos aspectos pueden verse como injerencias en la vida política. Y no todos porque existen muchos Magistrados y jueces que son ecuánimes y equilibrados. Pero cuando se alinean o coluden contra un gobierno que no está en el sendero del manejo tradicional del país, que no tiene sello bipartidista y bloquean la administración, sumado a ello el comportamiento de los órganos de control (Procuraduría o la Contraloría), se nota o brota el uso del derecho para obstaculizar las acciones del gobierno. Peor aún, cuando la fiscalía General de la Nación ha sido utilizada como aparato político en varios momentos (ejemplos: Alfonso Valdivieso, Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez, Francisco Barbosa, y sin formación de penalistas).
La misma Constitución, o sus reformas le dan a las Cortes Judiciales facultades para nominar y escoger, así se politiza la justicia y de allí devienen los intercambios de favores y los compromisos con los escogidos, pervirtiendo las instituciones y deteriorando la Democracia. Un análisis de Roberto Córdoba Triviño me hizo reflexionar sobre este tópico. Expuso Córdoba Triviño que, “Otro círculo vicioso, como gol a la justicia: 1. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) son electos por ellos mismos, se escogen de las listas enviadas por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura; 2. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, son elegidos por la Corte Suprema de Justicia; 3. Los Magistrados de la Corte Constitucional, son elegidos por ternas hechas por la Corte Suprema de Justicia; 4. La Corte Suprema de Justicia, nombra a los Magistrados de la CSJ y Magistrados de los Tribunales Superiores en provisionalidad; 5. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial; 6. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen fiscal general de la Nación; 7. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seleccionan candidato de la terna a procurador y a contralor general. Como se puede ver, son súper poderes que giran en torno a ellos mismos, y 50 millones de colombianos, estamos gobernados por la voluntad de 23 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por los cuales no votamos. Esta es la razón que explica: Colombia requiere una reforma estructural del Estado y eso, solo se lograría con el ejercicio del poder Constituyente a través de una Asamblea Nacional Constituyente o de un Referendo constituyente: el pueblo votando y reformando en el acto electoral”.
Esta es la forma de ver claramente cómo se conforma un partido político judicial, se cooperan y cooptan con los poderes establecidos de gobiernos anteriores y son reacios a los cambios. No se entiende que , el autor (hermano del ex presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño), este afirmando que deberían ser elegidos los magistrados en elecciones populares, la alusión es que no tienen ese respaldo popular comprobable, pero 23 personas togadas dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de reciente desprestigio por los miembros Cartel de la Toga, sigan ejerciendo un inmenso poder desde la rama judicial que repercute en la rama ejecutiva. Si comparamos el caso español , donde el Consejo General del Poder Superior Judicial (CGPJ) que, fue creado para garantizar la independencia de la justicia, no ha sido renovado hace al menos 10 años, y las mayorías de los magistrados apoyan de manera sibilina al Partido Popular (PP), partido de derecha de origen franquista, hoy refundido con el partido de ultraderecha VOX, han venido obstaculizando al Partido Socialista (PSOE) y a la coalición del Gobierno de Pedro Sánchez, ese CGPJ politizó la justicia, recientemente se escucharon audios del Juez Aguirre quien ha perseguido a los independentistas catalanes y se ha opuesto a la amnistía, donde expresa cómo se ha impedido las soluciones que buscan la concordia entre los partidos, y ha interferido los fallos. Y esto ha trastornado y enredado al actual gobierno español.
“Hasta el pasado 23 de abril, el actual gobierno español de coalición progresista surgido de las elecciones del 23 de julio de 2023 solo dependía de la aprobación de los presupuestos de 2025 a finales de este mes de diciembre y contaba, en principio, con los votos necesarios: los mismos de la moción de confianza que sustentó al segundo gobierno de Pedro Sánchez. Ni los resultados de las elecciones autonómicas gallegas, ni las muy diferentes por su contexto político de Euskadi o Cataluña -con buenos resultados para el PSE y, según las encuestas, mejores para el PSC-, podían cambiar una correlación de fuerzas legislativa que solo depende que los diferentes partidos que votaron a Sánchez sigan creyendo que es un mal menor imprescindible para frenar el mal mayor de un gobierno PP presidido por Feijóo, con apoyo o participación de Vox, UPN y Coalición Canaria. Poco más que un mal menor, pero un abismo entre lo que hay y lo que podría haber. Por una parte, la experiencia de los gobiernos autonómicos PP-Vox con ataques a la lengua catalana-valenciana-balear, a los derechos conquistados por las mujeres, la reivindicación tácita del franquismo. Por otra pero íntimamente de la mano, la campaña de bloqueo legislativo y extraparlamentaria de la acción de gobierno progresista, el rechazo de la amnistía y su control anti-constitucional del Poder Judicial no deja mucho lugar a la imaginación de lo que haría un gobierno reaccionario con el magro pero mantenido freno al neoliberalismo más descarnado, la recuperación lenta y para nosotros insuficiente de derechos laborales y otros derechos sociales, así como la memoria democrática o las políticas de igualdad de los últimos seis años”. (Buster, Raventós y Salas, 2024)
Estas situaciones me hicieron recordar una columna escrita en esta misma revista digital, la titulé : Obstáculo judicial para las reformas del cambio social ( www.sur.org,co), publicada el 6 de marzo del año 2023. En Colombia no es que los Magistrados tengan un partido político, pero se comportan como un partido político, aunque sus preferencias sean varios partidos, de la derecha o el centro político ambiguo: Parecen un partido político judicial. Otros factores son los que están generando la necesidad de una reforma constitucional por la vía donde se exprese el poder constituyente sin talanqueras. Como lo plantea la teoría pura del Abate Emmanuel Sieyés, en el libro “El tercer Estado”.
A manera de coletilla agregaría, para apoyar las frases de Roberto Córdoba Triviño, que, la Democracia imperfecta en Colombia, pese a los intentos de modernizarla con varias reformas constitucionales como lo expliqué en la columna titulada Asambleas Constituyentes en la historia de Colombia (www.sur.org.co), sobre historia de las fementidas asambleas constituyentes, solo 2 tienen esa connotación las de 1821 y 1991, la Democracia con el estado liberal de derecho, hoy constitucionalizado por los controles de la Corte Constitucional , pero las deformaciones de las leyes ya se habían dado en muchas legislaturas de consocios ( liberales y conservadores), fusionados por la contratación y desideologizados desde La Regeneración Nuñista con la égida de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro (1886/ 1905); por El Republicanismo desde los presidentes Rafael Reyes hasta Abadía Méndez (1905 hasta 1930) y el por Frente Nacional bipartidista otra vez (1958/1974), más el Postfrente nacional sin gobiernos de partido, sino compartidos (1974/1991) que, deformaron la Democracia al producir con sus bancadas mayoritarias desde el Congreso, leyes que alteraron la voluntad popular, con igualdad, equilibrio y justicia social; se desviaron hacia leyes sesgadas en benéficos para grupos, élites, castas y gremios, porque las leyes deben ser elaboradas y publicadas con sentido general, abstracto e impersonal, para todas las personas, no para asuntos particulares.
Ese cúmulo de leyes malformadas son un muro que impiden Gobernar para transformar, o sea impiden avanzar en sentido contrario a los intereses afincados; todo se agravó con el neoliberalismo galopante desde 1991 hasta hoy (desde el Gobierno de Cesar Gaviria hasta Ivan Duque) donde los derechos sociales de la excelente Constitución de 1991 fueron convertidos en negocios y mercancías (solo cito 2, la educación y la salud) en manos de empresarios.
Este tema de la justicia politizada como brazo político de las derechas ancladas, en varios países, y las desviaciones hacia Lawfare para desestabilizar, vale la pena seguir explorando las raíces y su comportamiento multiforme desde las Cortes Judiciales para sostener el viejo derecho o inmovilizar la evolución del derecho, con actitudes que fingen de “ecuánimes” para sostener ellos mismos los privilegios dentro de la carrera judicial que iniciaron en gobiernos del establecimiento bipartidista.
Son tres factores visibles los que ralentizan la justicia en un país sin cultura política y de atraso democrático. Por un lado, cuan asciende al poder un partido o una formación políticos nueva, no bipartidista, comienza a funcionar la justicia al servicio de grupos de presión y ponen en marcha el Lawfare, o sea la justicia como un brazo de partidos políticos o coalición de partidos moviéndole la tesitura a los jueces. 2). Sin descontar la corrupción interna que desvía y pervierte las decisiones judiciales, y 3). El miedo que inmoviliza o congela las sentencias judiciales por las amenazas que reciben los jueces tanto de la criminalidad común, de las mafias y de los actores armados.
Bibliografía:
Buster Gustavo, Raventós Daniel y Salas Miguel. “Reino de España: la estrategia de la reacción no debe pasar”. Columna publicada en la Revista catalana, Sin Permiso SP. www.sinpermiso.info / abril 28 del año 2024.
Alberto Ramos Garbiras, Abogado de la Universidad Santiago de Cali (USC); especialización en derecho constitucional de la Universidad Libre; Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional, ciencia política, derechos humanos y derecho ambiental, en la Universidad Libre, Cali.
Foto tomada de: Corte Suprema de Justicia en X
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