“Es sumamente grave que el Estado colombiano no cumpla su obligación de proteger la vida y no cumpla con el derecho a la paz”.
Iván Darío Velázquez, Fiscal del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP, presentó la acusación ante los jueces de la sesión número 48, en Medellín, el pasado sábado 27 de marzo de 2021.
Phillppe Texier, presidente TPP, desde Paris, ha realizado una síntesis de este tribunal ético de movilización internacional, subrayando que “acabamos de pasar tres días intensos en Bucaramanga, Bogotá y Medellín. Estamos con una cantidad de trabajo increíble, muchas gracias a las víctimas, hemos pasado tres días oyendo testimonios muy impresionantes, que nos han mostrado la violencia en Colombia.
A pesar de todo lo que ha pasado el pueblo colombiano sigue vivo, sigue combatiendo. El trabajo de estos tres días y el trabajo que vamos a realizar en estos dos meses van a tener sus frutos.
En Colombia hubo muchos más desaparecidos que en las dictaduras del Cono Sur. Esta sesión la hicimos por las víctimas y la sentencia que vamos a dar va a ser por las víctimas y por esxs colombianxs que siguen de pie combatiendo las fuerzas oscuras”.
La fiscalía del TTP solicitó que sea declarada la responsabilidad del Estado colombiano por el genocidio sistemático y continuado que ha eliminado a grupos humanos y políticos en Colombia.
Iván Darío Velázquez realizó un breve recuento de los casos que se han presentado mediante testimonios en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Prácticas que han logrado destruir las identidades como ser social. En Colombia se ha vivido un genocidio continuado.
Los casos que se han presentado a ese jurado incluyeron no sólo lo prácticas genocidas mediante extermino físico sino prácticas para acabar con la oposición política ejecutadas por agentes del Estado: policía, ejercito o paramilitares.
La normalización de la impunidad hace que estas prácticas se sigan ejecutando. Las cifras de impunidad son alarmantes siendo el 99.5% en desapariciones forzadas.
En su intervención la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz destacó que “En Putumayo, sur de Colombia, puerta del Amazonas, perseguida y aniquilada por el interés petrolero, carteles de la droga tras la crisis petrolera de los años 70, ejecutaron masacres en Palestina, Valle del Guamuez y Orito.
Entre 2008 y 2014 el Gobierno impulsa las alianzas entre empresas y Ejército, luego de la desmovilización de paramilitares cambió de modelo de seguridad a empresas como Amerisur.
Desde el año 2016, luego de la firma del Acuerdo entre Farc y Estado colombiano, se han registrado 551 asesinados, 23 masacres, y 55.200 personas desplazadas en Putumayo”.
La Senadora Aida Avella denuncio el genocidio de la Unión Patriótica, subrayando este “Drama que avergüenza la historia política de Colombia. Un genocidio político de los cuales se han cometido varios en América Latina. Debemos emocionarnos, llevaremos estos testimonios de un continente a otro. Por primera vez en la historia del país un partido de izquierda propiciaba la ruptura del bipartidismo en Colombia. En 1986 UP Colombia eligieron 300 concejales, 24 alcaldes, 14 congresistas”.
Solicitud de los congresistas colombianos
Más de 20 Congresistas de la bancada alternativa, le dirigieron una carta al gobierno nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque, la Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum y el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, en la que les solicitan que asistan a las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, a las cuales fueron invitados, con el fin de ejercer su legítimo derecho a la defensa.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, es un tribunal internacional que se ha constituido como escenario de justicia subsidiaria para apelar a la conciencia ética de la humanidad, y que fue convocado para denunciar, juzgar y condenar la persistente violencia en el país, a lo que las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y paz, se han referido como genocidio político.
En la carta, los/las congresistas, igualmente le instan al gobierno nacional a participar en su calidad de Estado, para dar a conocer la verdad de los hechos de violencia que han afectado a víctimas, familiares y comunidades completas, así como para reconocer su responsabilidad ante la comunidad nacional e internacional, sobre la gravedad de los hechos denunciados.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, que fue convocado debido a las múltiples solicitudes de las organizaciones sociales, sesionó en su versión número 48, durante los días 25, 26 y 27 de marzo en Bucaramanga, Bogotá y Medellín, para presentar más de 40 casos, entre los que se encuentran, el genocidio contra el movimiento sindical, contra los pueblos étnicos, contra el Movimiento Estudiantil, contra líderes y lideresas sociales, contra el movimiento gaitanista, la Unión Patriótica, el Movimiento A Luchar, y otras corrientes políticas de oposición.
Esta instancia internacional – que funciona como cualquier otro escenario judicial – contará con su propia fiscalía, y tendrá como jurados internacionales a Luciana Castellina (Italia), Daniel Feierstein (Argentina), Luigi Ferrajoli (Italia), Mireille Fanon-Mendès-France (Francia), Philippe Texier (Francia), Don Raúl Vera (Mexico), Antoni Pigrau Solé (Barcelona), Esperanza Martínez (Ecuador), Andrés Barreda (México), Graciela Daleo (Argentina), Luis Moita (Portugal), Lottie Cunningham (Nicaragua) y Michel Forst (Francia) quienes serán los/las encargadas de juzgar al Estado Colombiano, por lo cual se hace urgente e importante que éste asista en su calidad de defensa del acusado.
Dentro de los/las Legisladores que firman la misiva, que espera que tenga respuesta positiva, se encuentran, Ángela María Robledo, María José Pizarro, Victoria Sandino, Griselda Lobo, Aída Avella, Iván Cepeda, Wilson Arias, David Racero, León Freddy Muñoz, Feliciano Valencia, Iván Marulanda, Pablo Catatumbo, Luis Alberto Albán, Jairo Cala, Cesar Pachón, Israel Zuñiga, Alberto Castilla y Carlos Carreño.
Llamado de parlamentarios europeos
“La Fiscalía solicita que sea juzgado el Estado colombiano por genocidio sistemático, continuado y extendido”, declaró Iván Darío Velázquez, Fiscal del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP.
Este tribunal exige una voluntad política para que el gobierno nacional haga presencia para aportar a la verdad sobre el esclarecimiento del exterminio político de más de 60 años en Colombia. El Gobierno nacional ha presentado una carta formal de escusas para no participar en TPP.
“Es sumamente grave que el Estado colombiano no cumpla su obligación de proteger la vida y no cumpla con el derecho a la paz, consagrado en la constitución colombiana.
Desde Europa apoyamos el TPP que juzgó 50 casos que acusan el Estado colombiano por genocidio político”, así la bancada de izquierda del Parlamento Alemán DIE LINKE ha respaldado el TPP a través de una declaración-video de la congresista Hansel Heike desde Berlín.
Desde Roma el congresista Erasmo Palazzotto, presidente de la comisión parlamentaria de investigación sobre el asesinato de Giulio Regeni (torturado por los servicios secretos de Egipto en 2016) ha pedido justicia para el cooperante de Naciones Unidas, Mario Paciolla, muerto en San Vicente del Caguan en julio de 2020 después que recogió el testimonio de las madres de 8 niños, bombardeados por el ejercito nacional.
El Eurodiputado Miguel Urban Crespo (Podemos-GUE-NGL) destacó: “Del 25 al 27 de marzo el TPP juzgará al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz. ¿Qué espera la Comisión Europea para activar la cláusula de DDHH del Acuerdo Comercial con Colombia?
Cristiano Morsolin, investigador italiano independiente
Foto tomada de: https://ail.ens.org.co/
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