Si bien el gobierno nacional accedió a la matrícula cero para estudiantes de estratos 1 a 3, tanto las aspiraciones de la juventud, incluida la que no está en el sistema de educación superior, como las demandas de los demás actores sociales trascienden con mucho este tema y, por tanto, es obligación de la academia contribuir a la búsqueda de soluciones que, en el corto y largo plazo, atiendan la superación de la crisis. Quizás esto ayuda a entender que hay jóvenes que están saliendo a las calles y no se sienten representados por los negociadores.
Desde el 5 de mayo, en su carta a la Nación, los rectores de 7 universidades (incluida la UTP) hicieron un “reconocimiento al movimiento social en curso como expresión de las necesidades más sentidas de la sociedad”, y convocaron a “los distintos actores sociales e institucionales involucrados en la actual coyuntura de crisis nacional a fortalecer el diálogo amplio, inclusivo y honesto, alrededor de temas estructurales y urgentes que requieren soluciones construidas como parte de un gran pacto social”.
Los rectores proponen los siguientes temas estructurales:
Pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente.
Derecho a la salud y sistema de salud.
Fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991 como conquista democrática.
Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia democrática.
Estado de Derecho, protesta social y Fuerza Pública.
Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento.
Con estos y otros temas, desde las universidades debemos asumir colaborativamente la construcción de una agenda de futuro para el país.
La carta invita a “buscar convergencias para proponer soluciones a la actual crisis que vive nuestra sociedad y construir una Colombia en paz, democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible”. Y concluye ofreciendo al país las capacidades académicas y la construcción de espacios de diálogo para avanzar en la búsqueda de acuerdos.
Con iniciativas como la “Conversación más grande de Colombia”, impulsada por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), o la de “Convergencia por Colombia. Ideas desde la universidad para tiempos convulsos” promovida por la UN es posible construir documentos para ser entregados, tanto a la Mesa Nacional del Paro, como a las Mesas territoriales de Diálogo y al propio Congreso de la República.
En la búsqueda de alternativas, Sergio Jaramillo, excomisionado para la Paz, invita a “dar una discusión de puertas abiertas con los jóvenes –y las universidades están llamadas a convertirse en escenario central de debate y discusión– sobre una nueva agenda para Colombia”.
Las universidades, como ya lo han hecho algunas, pueden convertirse en plataformas abiertas y participativas en las que se incluya la mayor diversidad, pluralidad y se pueda generar contenido que ayude a encaminar el futuro del país. Se requiere un diálogo desde las diferentes orillas. Con los aportes de quienes se vinculen se pueden elaborar documentos para aportar en las discusiones de las políticas públicas que atiendan, prioritariamente los reclamos de la juventud.
También es importante que, desde la academia, se promueva la deliberación con las corporaciones públicas territoriales, los empresarios y las organizaciones sociales. Las universidades deben participar activamente de las mesas de diálogo en los departamentos y municipios. Al respecto ya existen importantes experiencias como la que se adelanta en Cali.
Sin duda, en cumplimiento de sus compromisos con el país, las universidades deben y pueden aportar el conocimiento de sus investigadores, docentes y estudiantes.
Línea roja contra la violencia
Las instituciones de educación superior, al lado de la Defensoría del Pueblo y otros organismos deben ofrecer pleno acompañamiento a los estudiantes que decidan salir a las marchas. De la misma manera, son convenientes diálogos institucionales con las autoridades de policía y del ejército encaminados a generar garantías para la protección de los derechos humanos de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios. Las mismas garantías que deben ofrecerse a la ciudadanía en general.
El uso desproporcionado de la fuerza, las desapariciones forzadas, los abusos sexuales o los civiles armados que disparan a los manifestantes son hechos que deben ser condenados públicamente por las universidades.
Pero, así mismo, los hechos de violencia contra la policía, o los actos de vandalismo, los incendios, la destrucción de estaciones del transporte público, de entidades públicas o el saqueo al comercio no deben tener aceptación alguna.
En todo caso, atendiendo la observación de Julián de Zubiría, desde la academia deben evitarse las lecturas fragmentadas sobre la violencia que hoy agobia a la nación colombiana.
Por su parte, los diálogos intrauniversitarios adelantados desde las mesas de concertación podrán ser fecundos si se desarrollan desde un marco del respeto, de la no violencia y la clara protección de los derechos humanos. Por lo tanto, estos espacios de deliberación no pueden estar sujetos a las amenazas que procedan de grupos de encapuchados o de artefactos explosivos. Las universidades tienen el compromiso de ser territorios de paz.
Es de esperar que la visita al país de la CIDH, anunciada para el próximo 8 de junio, contribuya a evitar la impunidad y a generar confianza en las investigaciones que se adelantan para esclarecer la violación a los derechos humanos y sancionar debidamente a los responsables.
En fin, como lo menciona Luis Sandoval, es necesario “negociar para democratizar por todos los medios por los que es legítimo y práctico hacerlo. El impulso para un cambio profundo está desatado y no se detendrá”.
Oscar Arango Gaviria, Profesor UTP, Coordinador Mesa Gobernabilidad y Paz, SUE
Como me alegra conocer la respuesta de las universidades a la crisis actual colombiana, pero sobre todo las propuestas. Gracias doctor Oscar Arango