Aunque pausada por el confinamiento provocado por la pandemia del Coronavirus, la protesta social dinamizada desde el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 se reactiva en 2021, inspirada en factores como los proyectos de reforma tributaria y el de privatización de la salud, enmarcados en una cantidad de elementos profundizadores de la pobreza, de la precarización social, de la desigualdad y de las violaciones a los derechos humanos. También, inciden la ineficiencia estatal y el retraso en la aplicación de las vacunas, mientras se clama por una renta básica frente al creciente desempleo y el incremento de la pobreza del 42,5% en 2020, con ingresos de $331.688 para 21,02 millones de personas; situación en deterioro hasta el extremo de devolver el país al nivel de hace ocho años, con 4,1 millones de colombianos desempleados, más de 500.000 negocios quebrados, 2,3 millones de hogares que solamente pueden consumir dos comidas al día y un 19% de familias sin ahorros para sobrevivir al confinamiento, en tanto que los bancos y grandes empresas incrementan sus utilidades, disfrutan de exenciones tributarias que superan los 9 billones de pesos y el gobierno planea invertir 24 billones en la compra de aviones de combate, al paso que se recrudecen las masacres, los crímenes contra defensores de derechos humanos y mueren niños reclutados, de manera forzosa, en bombardeos contra grupos armados ilegales.
Para muchos sectores, la insensibilidad social del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y su desconocimiento con respecto al costo de una docena de huevos fue como el “Florero de Llorente”; fue el detonante del “Grito de Independencia”, en un contexto en el que se pretendió generalizar el IVA del 19% a los productos de la canasta familiar, a la gasolina y a los servicios públicos, así como ampliar a zonas urbanas e incrementar el costo de los peajes.
Las movilizaciones sociales iniciadas el 28 de abril, a pesar del confinamiento, contaron ese día con la participación de más de cinco millones de ciudadanos en más de 600 municipios de todo el país, según el Comando Nacional del Paro, en contraste con la minimización que hiciera el gobierno al pretender reducir el índice de movilización a solamente 50 mil personas en todo el país. Lo cierto, es que las protestas han continuado durante todos los días y se han ampliado con la movilización de la Minga Indígena, el paro campesino, el paro camionero, de taxistas y motociclistas, así como la vinculación de estudiantes y profesores de universidades públicas y privadas.
La expresión de la Minga Indígena en Cali con el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar encendió las redes sociales y los medios de comunicación, a raíz de la confrontación generada desde Blu Radio por Néstor Morales, quien recibió una refutación contundente, por parte de Pedro Velasco el Gobernador Misak, en relación con la importancia de conocer la historia y la naturaleza del conquistador, para lo cual, Gustavo Álvarez Gardeazabal, gustosamente brindó sus explicaciones; de modo que la coyuntura llenó un espacio de debate y reflexión acerca de los símbolos imperantes en la historia colombiana y las problemáticas de valores que inspiran la construcción de la nación.
Quienes no han podido participar en las marchas, por razones personales, han expresado su protesta a través de las redes sociales, cacerolazos en sus áreas vecinales y expresiones culturales que amplifican la incidencia social de la protesta; al paso, el Gobierno pierde margen de maniobra, pretende encerrarse en consensos elitistas o demagógicos, mientras acude a la más cruda represión, estimulada por Álvaro Uribe llamando al uso de la fuerza militar.
Tal vez existan antecedentes de estas movilizaciones en los años sesenta, durante el Gobierno de Guillermo León Valencia y sus nefastas prácticas de lanzar a las fuerzas armadas a la calle para confrontar las luchas sindicales, populares y campesinas. Las generaciones posteriores, incluso, las formadas en la lucha contra el “Estado de Sitio” no vivieron semejante nivel de movilización popular. En parte porque, siempre, cualquier expresión de reclamo se chocó con la respuesta virulenta gubernamental y la deslegitimación en los medios de comunicación. La implementación de la doctrina de la seguridad nacional con su enfoque contrainsurgente se esforzó por acallar la lucha popular, por estigmatizar toda expresión de protesta y criminalizar a las organizaciones y liderazgos sociales. En parte, también, porque la dinámica de la insurgencia armada inhibió la movilización social, al reducirse los espacios democráticos, absolutizándose la confrontación en escenarios de conflicto armado y la fragmentación de la lucha social. Además, porque en las grandes mayorías nacionales tendió a imponerse el escepticismo frente a la capacidad de logro de la lucha social y porque el clientelismo hizo su tarea divisionista para torcer liderazgos y grupos sociales empobrecidos, sin hablar de la incidencia corrosiva del narcotráfico en todos los escenarios de la vida nacional, así como de su impacto en el afianzamiento de la subcultura mafiosa, especialmente, en las élites detentadoras del poder económico y político.
Es notable que el cambio generacional, con otra óptica de comprensión del país, dinamizadora de nuevos movimientos sociales, así como la precarización de una juventud sin opciones de futuro (en el marco del modelo neoliberal, depredador), acompañado del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Santos y las FARC EP, va permitiendo abrir nuevos espacios para otro entendimiento y perspectiva democrática convergente de las luchas sociales urbanas y rurales.
En este contexto, pese al triunfo electoral del uribismo en las elecciones presidenciales de 2018, dada la incidencia del voto urbano aturdido por la incidencia de la propaganda, la abstención, la indiferencia política y la campaña estigmatizante y promotora del odio por parte de la ultraderecha, al amparo del gobierno de Trump, el movimiento social siguió creciendo en cantidad y madurez. Las divisiones políticas que dieron al traste con la posibilidad de triunfo electoral de una alternativa democrática en favor de la implementación integral el Acuerdo de Paz no lograron afectar la claridad de objetivos que se ha venido forjando en procura de mejorar la calidad de vida de las y los colombianos; de adaptarse al cambio climático y de fortalecer la defensa de los derechos humanos desde perspectivas de inclusión y reconocimiento de la diversidad, con base en un enfoque de autonomía y de ejercicio de la democracia participativa.
Por el contrario, la lucha por la defensa del Acuerdo de Paz se ha integrado a la lucha por la defensa de la vida, del territorio, de los derechos de los pueblos indígenas, afros y campesinos, de género y diversidad sexual; a la lucha sindical y estudiantil frente a las privatizaciones, las reformas a la seguridad social que ha procurado el desmonte de lo público, a la lucha contra la corrupción en todas las esferas. Así mismo, junto a la lucha por la memoria, la verdad y la reparación de las víctimas frente a la impunidad en el conflicto armado y los negociados provocados dentro del contubernio entre clanes políticos, grupos financieros y terratenientes, se hicieron evidentes las maniobras y crímenes encaminados a garantizar la impunidad, como en el caso de Odebrecht y el sabotaje a la JEP. Así mismo, en los territorios ha cobrado fuerza la movilización social en defensa del agua, de los páramos, los bosques y la selva, por la consulta previa, frente al “extractivismo” de las grandes empresas mineras, del fracking y de la minería agenciada por grupos ilegales. Igualmente, frente a la pretensión de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, mediante la aspersión con glifosato que configura otro elemento de negación del Acuerdo de Paz.
En este contexto, el juego manipulador del uribismo pretendió esconder los contenidos de la reforma tributaria; intentó vanamente ocultar la naturaleza de la reforma de la salud, al compás del juego mediático. El propio expresidente Uribe jugó a erigirse en “opositor” de la reforma tributaria, con el fin de confundir la opinión y negociar con los partidos de la coalición de gobierno que, como el liberalismo, la U y Cambio Radical expresaron de labios para afuera el rechazo al proyecto, con la velada intención de obtener prebendas y beneficios propios de la mal denominada “mermelada”.
La movilización social, predominantemente pacífica y multitudinaria volvió a ser estigmatizada desde los días previos, mediante el aprovechamiento de la desinformación de los grandes medios de comunicación. Incluso, apoyándose en un Auto improvisado la Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar, el día 27 de abril pretendió impedir la movilización social programada para los días 28 de abril y la jornada del Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores y aplazar el legítimo derecho a la protesta social, hasta la implementación de protocolos de bioseguridad o el alcance de la inmunidad de rebaño, mediante la vacunación contra la pandemia del Covid-19. Se apoyó en una tutela extemporánea, ya resuelta y contraviniendo el Artículo 37 de la Constitución Política Nacional, así como la Sentencia 223 de 2017 de la Corte constitucional con respecto al Código de Policía, donde ampara los derechos fundamentales de reunión, manifestación pública, protesta ciudadana, libertad de expresión y los derechos políticos. En vez de neutralizar la participación, este pronunciamiento se entendió como manipulación desde el poder concentrado del gobierno y se convirtió en un factor dinamizador de la protesta, dada la indignación que provocó en la ciudadanía.
El día 28 de abril durante las protestas, un joven de veinte años (Juan Diego Perdomo) murió en Neiva por causas que siguen pendientes de investigación. Así mismo, en el Sector de Puerto Rellena al suroriente de Cali, más conocido hoy y para la posteridad como Puerto Resistencia, el joven menor de 17 años, Armando Agredo residente en el histórico barrio Mariana Ramos, se excedió en sus acciones en medio de una conmoción por un presunto ataque de una turba a unos puntos de venta: agredió mediante un puntapié en la espalda a un policía que iba en una moto. Según la información de Cuestión Pública (02, 05, 2021) la reacción del motorizado fue la de dispararle a la cabeza, quitándole la vida. El reclamo del padre del joven y de la comunidad, aun reconociendo el error del muchacho al golpear al policía fue el haber procedido a dispararle, en vez de actuar de manera proporcional a la agresión, como Agente del Estado, sin recurrir al homicidio.
No obstante, como muestra Riveros (01,05,2021), este hecho fatal sirvió de pretexto al expresidente Uribe para validar desde su cuenta de Twitter el uso de las armas por parte de la fuerza pública para defenderse. Su trino fue tan desatinado que llevó a Twitter a tomar la medida de borrarlo, dado el amplio rechazo que desató. Pero, al tiempo, exacerbó los ánimos de sus partidarios y sirvió de acicate al gobierno Duque para lanzar el Ejército a las calles, con las trágicas implicaciones que esto viene teniendo en las diversas regiones.
Aunque la presencia militar encabezada por el Ministro de Defensa, Diego Molano y el General Zapateiro, Comandante del Ejército se concentró en Cali, la militarización se ha venido extendiendo a las diversas regiones y se ha desbordado con la intervención armada de la policía, los agentes del ESMAD e, incluso, de civiles armados en ciudades como Pereira, como muestran infinidad de videos tomados por personas de la comunidad en diferentes regiones del país.
No parece casual que sea Cali el epicentro de la intervención seleccionado para el despliegue militar. Cali es la puerta de entrada al Suroeste colombiano, ligada a Buenaventura, al Cauca y al Océano Pacífico. Tiene una tradición de lucha social, una juventud progresista y una élite alineada a la ultraderecha, al paramilitarismo con fuerte incidencia del narcotráfico desde los tiempos de los Rodríguez Orejuela y el Cartel del Norte del Valle. Esto le confiere a dicha intervención probables dimensiones geopolíticas.
Así mismo, en Puerto Resistencia el día 29 de abril, como muestra Pluralidad (04, 05, 2021), después de más de cuatro horas de confrontación entre el ESMAD y grupos de manifestantes, luego de acabar su munición, la Policía decide retirarse dignamente, entre muestras de empatía, abrazos y cantos con miembros de la comunidad. Similares experiencias de fraternización se vivieron en Facatativá y en varias regiones rurales del país, en escenarios del paro camionero.
No obstante, desde cuando comenzó la intervención militar como muestra contagio Radio (30,04,2021) se dio inicio a los asesinatos de jóvenes manifestantes y al ejercicio sistemático de violación de los derechos humanos en todo el país.
Como muestra Temblores ONG (05, 05, 2021) con respecto a los casos de violencia policial en diversas regiones, se registran 1708 casos a la fecha, desde el 28 de abril hasta el 05 de mayo a las 12 P.M. así:
Víctimas de violencia física: 222 personas
Víctimas de violencia homicida: 37 personas con saldo trágico en la ciudad de Cali.
Detenciones arbitrarias en contra de manifestantes: 831 casos.
Intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública: 312 casos.
Víctimas de agresión en los ojos: 22 personas.
Casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía: 110 casos.
Víctimas de violencia sexual por parte de la policía: 10 casos.
A esto se suma la desaparición de 87 personas, como lo reporta Cuarto de Hora (05,05,2021).
Como lo muestra en un comunicado la misma organización Temblores ONG (5,05, 2021) durante los siete días consecutivos, la ciudadanía se ha manifestado masivamente en defensa de sus derechos en las calles, a pesar de la violencia desatada por el Estado. En la misma comunicación solicita a la Misión de Verificación de Naciones Unidas para que se instale una Mesa de Seguimiento de los casos registrados con respecto a la violencia policial. Al respecto, propone tomar como referencia las denuncias de las organizaciones sociales que vienen registrando los hechos y la reportada por los organismos de control. Sugiere a la Misión participar en los Puestos de Mando Unificado para constatar los casos de violencia policial sobre el terreno, en tiempo real y para instar al gobierno nacional a cesar el fuego en medio de las protestas, con el fin de garantizar la vida y la integridad de los manifestantes.
Como plantea Verdad Abierta (03,05,2020) la escena se ha generalizado en el país: los policías salen en manada, raudos y se regocijan golpeando compulsivamente a sus víctimas. Para ello, han desarrollado estrategias para esconder sus identidades: chaquetas al revés, ocultamiento de sus números de identificación y apellidos, uso de pasamontañas; disparan en forma desmedida. El libreto parece venir desde los días de intervención en la Cárcel Modelo cuando fueron ultimados a bala 23 internos y 83 resultaron heridos a raíz de la intervención del ejército y las fuerzas especiales de ejército y policía frente al motín realizado en 13 cárceles del país. En dicha ocasión, las fuerzas atacantes tuvieron la precaución de utilizar armamento no oficial y de no dejar registro de la asignación personalizada de material bélico, para complicar la investigación criminalística. Igual sucedió en Bogotá, durante los hechos luctuosos ocurridos entre el 9 y el 11 de septiembre de 2020, ocurridos a raíz del asesinato del ciudadano Javier Ordóñez por parte de policías asignados al CAI del barrio Villa Luz en la Localidad de Engativá. En esos hechos luctuosos murieron alrededor de 14 personas por arma de fuego y no todas las armas utilizadas fueron de dotación oficial. Algunos agentes han reconocido que generalmente, junto al arma de dotación, suelen llevar otra de tipo personal.
Ahora, con nuevo material bélico, despliegan helicópteros en las ciudades, incluso, violando el derecho internacional humanitario como lo denunciara la Comunidad Claretiana de Bosa, a raíz de la utilización indebida de su institución educativa por parte de la fuerza pública. Ver Infobae (4, 05, 2021). Junto con estos elementos, el ESMAD estrenó equipo y munición intimidante. Antes, en la ciudad de Cali el mismo ESMAD había utilizado indebidamente el Hotel a Luna, para guardar explosivos. Un video presentado a través de las redes sociales permite apreciar que dicho material explota en una situación en la que solamente hay personal uniformado, como se puede ver en Caracol (4,05,2021).
Como se ha podido conocer en los últimos días, a través de mensajes del propio líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se pretende tomar como base teórica de la actuación de guerra civil una pseudoteoría neonazi que han denominada “Revolución Molecular Disipada”. Según plantea Gómez (4,05,2021), doctor en derecho de la Universidad del Rosario y maestro en Filosofía de la Universidad Javeriana, Richard Tamayo, el tema es un planteamiento de Alexis López, entomólogo chileno quien se refiere a las pequeñas acciones de resistencia que, a medida que escalan, se convierten en revoluciones. Para validar sus tesis, se apoya en el filósofo francés Félix Guattari, quien desde el psicoanálisis institucional estudia la economía política y plantea como tesis central que el capitalismo debe ser comprendido como un problema de deseo y no solamente como producción de mercancías. Desde allí, menciona que los cambios sociales y de revolución, también suponen formas de producción de deseos que son particulares y que generan movimientos sociales que, eventualmente, producen cambios en el statu quo. Pero, como se puede observar, esto no tiene nada que ver con los planteamientos de Alexis López, quien añade el término “molecular” para afirmar que toda revolución comienza por las cosas pequeñas y termina escalando en guerra civil.
Desde esta perspectiva, toda protesta social no obedece al descontento popular, sino que forma parte de un plan continental y la fuerza Pública debe actuar como si se tratara de una guerra civil. Así, el manifestante se convierte en enemigo interno a quien hay que tratar militarmente. De allí, que se ha institucionalizado en los cuerpos de seguridad y en los medios de comunicación la denominación de “vándalo”, con lo que se deslegitima la protesta social. Si en nuestro contexto se le suma la infiltración y la provocación, como ha sido evidente, incluso, en el caso del agente herido en una marcha por sus propios compañeros, o los descubiertos en contactos con miembros policiales en diferentes situaciones y escenarios de protesta, filmados por ciudadanos, la situación retoma las dimensiones del “falso positivo”, tan entronizado en la práctica de la fuerza pública y en la narrativa mediática estigmatizante, deslegitimadora de la validez de la protesta social. Al respecto, siempre llama la atención que en contextos de protesta social y preparación de ambientes políticos se presenten situaciones relacionados con ataques provocados por grupos violentos ajenos a protestas ciudadanas y las cámaras de los noticieros se focalizan en ellos. Tampoco hay que desconocer la capacidad de estos grupos de provocadores para arrastrar a minorías de manifestantes cuya poca reflexión política les lleva a cometer actos que afectan la legitimidad de las protestas pacíficas de la ciudadanía.
Finalmente, al respecto, un periódico conservador como El Nuevo Siglo (05,05,2021), que concilia con esta supuesta teoría, afirma que el denominado “Socialismo del Siglo XXI” y la “Primavera Árabe”, que se presentó internacionalmente como una cadena de rebeliones no logró sus objetivos. Con base en ello, implícitamente invita a desestimar dicha teoría, a pesar de haberla pretendido implantar el rector de la Universidad Militar Nueva Granada como base teórica en la formación de la oficialidad, incluso, invitando en dos ocasiones al entomólogo Alexis López para exponer sus tesis.
A medida que se escalan las medidas represivas, que parecen encaminarse a la declaratoria de la Conmoción Interior, se sigue jugando con el ambiente de expectativa y zozobra. Gradualmente, el gobierno nacional ha ido avanzando en la limitación de la autoridad de los alcaldes, aprovechando posiciones frágiles y titubeos frente al temor a sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría con relación al rechazo de la intervención militar. Esto ha sido notable en cómo la militarización ha ido avanzando en las ciudades, a pesar de las manifestaciones expresadas por parte de la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín y con menos énfasis, por parte del alcalde de Cali, con respecto a la no necesidad de la incidencia militar. A ello, la dinámica de “vandalización” de estaciones de Transmilenio en Bogotá y el ataque a los CAI que lleva a la penetración militar y a la entrada de los tanques en las ciudades. También, sirve a estos propósitos la construcción de la narrativa de presencia de disidencias de las FARC, del narcotráfico y del ELN en las protestas, como pretexto para escalar el tratamiento de guerra civil.
Declarar la Conmoción Interior podría permitir a la ultraderecha prologar un mandato que se hunde en la crisis y dar un Golpe de Estado para afianzar el control de las alcaldías que, prácticamente, es lo que le falta para concentrar todos los poderes, ya que tiene a su servicio la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y avanza hacia el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Banco de la República. Le incomodan la Corte Suprema de Justicia y la JEP.
Igualmente, esto se ha visto en la ambientación de la censura y caída de las redes sociales, la limitación del internet, en casos como la comuna de Siloé de Cali, donde se ha desconectado a la población siguiendo un libreto de ambientación propuesto por Paola Ochoa a través de Blu Radio y, luego, puesto en práctica mediante dinámicas de parcheo y juego intermitente. Esto constituye flagrante violación de los derechos humanos, máxime cuando Colombia es país firmante del Derecho al Internet como servicio público esencial universal.
En contraste, la madurez de las organizaciones sociales ha permitido fortalecer la práctica de la movilización social pacífica, lo que le resta argumentos a la narrativa gubernamental. Esto coincide con el llamado de las comunidades negras, indígenas y campesinas, como lo muestra Contagio Radio (05, 05, 2021), para que se configuren corredores humanitarios en el contexto del Paro Nacional. Estos se conciben como un acuerdo urbano-rural para posibilitar el paso de bienes básicos de consumo, medicinas, circulación de personal de salud y de iglesias. A la vez, para facilitar el diálogo social en las localidades y comunidades rurales, para facilitar el retorno de comunidades desplazadas y la atención de personas heridas, de las mujeres violentadas y torturadas, así como para definir rutas de atención por el Covid-19 para personas de alto riesgo. Al tiempo, las comunidades llaman a que los participantes en las protestas se abstengan de atacar a la fuerza pública y llaman a los diferentes grupos armados ilegales para que decreten un cese al fuego de modo que se permita frenar la represión en contra de la protesta social.
Así mismo, el margen de maniobra del gobierno se reduce en la medida que se expresa el rechazo de la comunidad internacional a la represión y cruenta violación de los derechos humanos. Incluso, un ataque del ESMAD a una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos significó una alerta frente a esta grave situación de represión. Al tiempo, diversas plataformas de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales se han expresado. Convocan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, a la Unión Europea, al Congreso y al gobierno de Estados Unidos para que se retire el apoyo al gobierno colombiano. Para que no se venda más material de guerra ni de represión de la protesta social.
Al respecto, en la información suministrada por Cuarto de Hora, se reporta el pronunciamiento de la comisión Interamericana de derechos Humanos –CIDH pidiendo que se lleve a los responsables de la represión ante la justicia. Al tiempo, 23 organizaciones solicitan a la CIDH una visita in loco (presencial), por parte de un grupo e investigación sobre protesta social en Colombia, como muestra Dejusticia (5,05,2021).
Las organizaciones firmantes de la invitación son:
Asociación Minga
Católicas por el Derecho a Decidir – CDD
Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”- CAJAR
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB
Colombia Human Rights Committee
Colombia Diversa
Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité de solidaridad con presos políticos – CSPP
Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta – CCDHM
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado – CODHES
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares – CODACOP
Corporación Humanas -Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC
Corporación Reiniciar
Corporación Sisma Mujer
DH Colombia – Asociación Red de defensores y defensoras de derechos humanos
Fundación Nidia Erika Bautista – FNEB
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Women’s Link Worldwide
Fuentes:
Cuestión Pública. Monólogos del Adiós. Sbre la muerte de Marcelo Agredo. Mayo 02 de 2021.
Ver: https://cuestionpublica.com/monologos-del-adios-sobre-la-muerte-de-marcelo-agredo/
Riveros, Héctor. El policía que inspiró el trino de Uribe y viceversa. La Silla Vacía. Mayo 01 de 2021.
Ver: https://lasillavacia.com/opinion/policia-inspiro-trino-uribe-y-viceversa-81309
Contagio Radio. Denuncian masacre en Cali, serían 14 muertos a manos de la policía. Abril 30, 2021.
Ver: https://www.contagioradio.com/cali-esmad-catorce-muertos-policia/
Temblores ONG. Casos de Violencia Policial. Mayo 05 de 2021.
Ver: https://twitter.com/TembloresOng/status/1390051178491355137/photo/1
Verdad Abierta. Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social. Mayo 3 de 2021.
Ver: https://verdadabierta.com/piquetes-de-la-policia-como-perros-de-caza-en-la-protesta-social/
Gómez Polo Germán. Uribe, la revolución molecular disipada y la protesta como objetivo militar. El Espectador. Mayo 4 de 2021.
Off de record. El Nuevo Siglo. Mayo 05 de 2021.
Ver: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-05-2021-record
Infobae. Claretiano de Bosa denuncia aterrizaje de helicóptero de la Policía en el colegio sin autorización. Mayo 4 de 2021.
Caracol. Queman hotel La Luna en Cali, dicen, porque hospedó a un grupo de policías. Mayo 4 de 2021.
Ver: https://twitter.com/i/status/1389577589841399820
Cuarto de Hora. CIDH condena excesos de la fuerza pública en protestas. Mayo 5 de 2021.
Ver: https://cuartodehora.com/2021/05/05/cidh-condena-excesos-de-la-fuerza-publica-en-protestas/
Dejusticia. Ante grave escalamiento de la violencia en protestas, pedimos a la CIDH una visita ‘in loco’ a Colombia. Mayo 05 de 2021.
Contagio Radio. Comunidades negras, indígenas y campesinas proponen corredores humanitarios #ParoNacional. Mayo 05 de 2021.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: El Tiempo
NO PONGAN FOTOS VIEJAS PORQUE NADIE ESTA AHI SIN TAPABOCAS…