Una primera hipótesis para que la participación no avance en los términos expresados constitucionalmente, es la resistencia de la clase tradicional política que ve en ella una amenaza a la forma como se instituye el poder político en Colombia con fuertes relaciones clientelares y corruptas, si bien algunos autores han identificado como dificultades de la participación: la existencia de diversas normas desarticuladas y dispersas, y la sobreoferta de espacios de participación, estas por si mismas no explican la razón por la cuales se dan dichas dificultades.
La tensión que se expresa como resultado entre la ampliación de la democracia (democracia participativa) y la resistencia de los poderes políticos tradicionales, se puede observar incluso en el último pulso entre el gobierno y un sector del congreso que se opone a la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz, que fueron pactadas en el acuerdo de La Habana, aunque se ha querido mostrar como un “problema técnico jurídico” su trasfondo es la resistencia de la derecha a ampliar los espacios de participación, especialmente, considerando que quienes podrían llegar a ocupar dichas curules representan sectores con intereses distintos a ellos, son las víctimas del conflicto.
Esta tensión también se ve reflejada en el éxito que han tenido las consultas populares, especialmente sobre minería, en las que la ciudadanía, ejerciendo su derecho a decidir sobre los asuntos que la afectan, se ha manifestado en contra de la minería. A este avance de la participación ciudadana se ha opuesto el gobierno en defensa de los intereses de las multinacionales –conjugados con los intereses de clases políticas tradicionales-, intentando limitar e incluso desconocer las decisiones del pueblo[i]. Resulta paradójico y a lo sumo desvergonzado que dichos limites fueran introducidos en el Proyecto de ley estatutaria por medio del cual se buscara dar garantías y promoción de la participación ciudadana, el cual finalmente no fue radicado, pero sin lugar a dudas es un escenario clave para el futuro de la participación. La lucha ha llegado hasta la negación por parte del gobierno nacional de los recursos necesarios para adelantar las consultas, a través del Ministerio de Hacienda manifestó que no entregaría más dinero para la realización de los mecanismos de participación y que su financiación correspondería a las alcaldías y gobernaciones, colocando un nuevo obstáculo al avance de la participación en el país.
Otro escenario de tensión ha sido el de las revocatorias del mandato, un mecanismo de participación que no ha tenido éxito. Para el 2017 la registraduría muestra 115 procesos radicados, de los cuales solo 4, Icononzo, San Benito Abad, El Copey y Ocaña, fueron realizados y en ninguno se logró la revocatoria del mandato porque no lograron la cantidad de votos necesarios, el que más se acercó fue Ocaña, donde apenas hicieron falta 1.000 votos para que se tuviera en cuenta la decisión de la ciudadanía. Pero quizás el caso donde se expresa de mejor manera la tensión, es en la revocatoria de Enrique Peñalosa; en la cual se han desplegado todas las acciones posibles para impedir su realización, en este proceso ha jugado un papel importante el Consejo Nacional Electoral que quiso reglamentar el proceso de revocatoria imponiendo nuevas condiciones a los comités promotores, en palabras de Yanod Marquez “En su propósito de impedir la revocatoria de Peñalosa, el CNE ha recurrido a diversas opciones, todas derrotadas por la tozuda realidad legal.” Este mecanismo también fue limitado en el texto del proyecto de la ley estatutaria sobre garantías y promoción de la participación ciudadana, evidenciando que no se ahorraran esfuerzos en impedir que la participación de la ciudadanía avance.
Un aspecto clave es el ascenso que se registra en el país de las movilizaciones, protestas y/o acciones colectivas de 434 entre 1990 y 2002, pasaron 625, entre 2002 y 2010 y a 915 entre 2010 y 2015[ii], en el 2017 se han presentado protestas de indígenas (Minga Nacional Indigena) y campesinos por incumplimiento de los acuerdos con el gobierno, paro cívico en el Choco y en Buenaventura, paro cocalero en Tumaco y otros municipios de Nariño, paro de maestros, paro nacional agropecuario, paro de trabajadores de Avianca paro de taxistas, paro por el relleno de Doña Juana, y una multitud de movilizaciones relacionadas con los derechos de la víctimas, la paz y la salud entre otros.
El relato común al interior de la movilización social es el incumplimiento del gobierno a los acuerdos realizados con los distintos sectores y más allá de la existencia de una cultura de incumplimiento[iii], el ascenso de la movilización social es la constatación de la resistencia de los poderes tradicionales a realizar concesiones y a cumplir con el marco constitucional[iv]. El poder tradicional esta en jaque y ha acudido a diferentes estrategias para no perder terreno, entre otras; la interpretación y reinterpretación del marco constitucional para evitar que las decisiones de los distintos sectores y de la ciudadanía, que son contrarias a sus intereses, puedan prosperar e incluso echar para atrás las que ya se han tomado; el uso indiscriminado de normas y reglamentaciones que complejizan, dispersan y confunden el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos; la alianza con actores ilegales que da como resultado no solo el constreñimiento al elector sino el fortalecimiento de la corrupción; hasta el chantaje más “sutil” al mejor estilo de Trump, “Toman nuestro dinero y luego votan en nuestra contra. Estaremos observando esos votos. Que voten en nuestra contra, ahorraremos mucho. Nos da igual”.
La movilización social está activa pero afronta grandes retos, no solo porque continua la persecución y el extermino físico de dirigentes sociales, situación bastante preocupante, sino porque no logra articular una salida satisfactoria y queda atrapada en las relaciones ambiguas de los grupos de poder político más tradicionales, que aun estando en jaque, han desplegado todo su conocimiento y experiencia para mantenerse sin ceder poder. El futuro de la participación dependerá de la capacidad de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales de salir de las trampas del poder tradicional y de la articulación de procesos que vayan más allá de las agendas particulares, balance que no es nuevo, pero que en las distintas coyunturas vuelve a hacerse evidente recordando que la tarea aún no se ha hecho.
CARLOS ALBERTO LERMA: Director Ejecutivo Corporación Latinoamericana Sur.
NOTAS
[i] El Art 3°CPC; establece que: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.
[ii] http://www.semana.com/opinion/articulo/a-superar-el-temor-a-la-participacion/533412, la fundación ideas para la paz presenta otras cifras en https://colombia2020.elespectador.com/pais/preparemonos-para-una-protesta-social-amplia-y-menos-violenta-fip, sin embargo, lo que puede observarse es el aumento de la protesta social más allá de las cifras.
[iii] Abad Faciolince, H., Benavides Vanegas, F. S., Castillo, C., Cavalier Adarve, I., García Villegas, M., & García, C. (2009). Normas de papel: la cultura del incumplimiento de reglas. Bogotá (Colombia) Siglo del Hombre Editores; Dejusticia 2009.
[iv] La historia de la movilización social de estos últimos 26 años es la lucha por hacer posible la constitución de 1991
Deja un comentario